El embargo asciende a 1.000 millones de pesos. Recae sobre las empresas que intervinieron en la obra del soterramiento del tren Sarmiento, por sospechas de pago de sobornos por parte de la constructora Odebrecht.
El fiscal federal Franco Picardi pidió dictar un embargo de 1.000 millones de pesos sobre las empresas que intervinieron en la obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, por sospechas de pago de sobornos por parte de la constructora Odebrecht.
El pedido de embargo recayó sobre Angelo Calcaterra, primo de Mugrizio Macri Blanco Villegas, que era dueño de la firma IECSA y ahora en poder del empresario Marcelo Midlin, también involucrado en la causa de las fotocopias de los supuestos cuadernos y amigo íntimo del retrasado mental.
La fiscalía también reclamó la intervención judicial de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Odebrecht, IECSA, Ghella y Comsa S.A.
Para Picardi existió un "direccionamiento" para la adjudicación de las obras a esas empresas y también "modificaciones" en el contrato original a favor del consorcio, detrás de lo que se esconden los supuestos sobreprecios.
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