Pese a que la izquierda, Evolución, el kirchnerismo, el socialismo, el GEN y el Bloque Peronista se opusieron, el PRO y Coalición Cínica de Carrió, con 34 votos propios, impusieron el proyecto denunciado por violatorio de las garantías constitucionales.
Con sólo 34 votos, el PRO y Coalición Cínica aprobaron ayer las modificaciones al Código Procesal Penal. Contaron con el rechazo de la oposición: Evolución, Unidad Ciudadana (UC), Partido Socialista, GEN el Bloque Peronista (BP), el FIT y Autodereminación y Libertad (AyL), que aportaron 24 negativos, y no hubo abstenciones.
El presidente de la Comisión de Justicia, Daniel Presti (PRO), insistió ante el resistido proyecto que “se apunta a una agilización, modernización y la protección integral de las víctimas; también proponemos nuevas herramientas de investigación”.
A la hora de los rechazos a las reformas al código, fueron varias las voces que sumaron. Myriam Bregman (Frente de Izquierda) manifestó que “los cambios que se hicieron el miércoles a la noche no fueron hechos para consensuar con la oposición, lo hicieron porque los diputados de Vamos Juntos no quisieron votar esto” y advirtió que “este Código ataca derechos, libertades y garantías; pero tiene el objetivo de implementarse en esta ciudad, que es el epicentro de las protestas sociales”.
“Nos quieren robar todos los derechos, la libertad de expresión y nuestra posibilidad de manifestarnos; esto es inconstitucional, es muy abusivo, quieren controlar y especiar a quienes viven y transita esta Ciudad”, agregó y, además, apuntó contra el oficialismo al asegurar que “con caretas tendrían que haber venido a votar esto y con caretas van a tener que salir quienes lo acompañen”.
Por su parte, Santiago Roberto (Bloque Peronista) subrayó que “las modificaciones propuestas arrasan con los derechos de privacidad e intimidad de los vecinos de la Ciudad”.
A su turno, Carlos Tomada (Unidad Ciudadana) afirmó que “sabemos y creemos que en el contexto del traspaso de competencias es necesario realizar cambios en el Código, pero que respeten las garantías constitucionales, no con este texto”.
En tanto, Leandro Halperín (Evolución) dijo que “hay límites, pasos y formas que el Estado tiene que respetar para alcanzar la verdad judicial” y acotó que “incorporar al Código la figura de ‘victima’ es algo para celebrar pero lamentablemente avanza poco en los derechos de estos, también falta la reglamentación de un juicio por jurados, algo que está contemplado en nuestra Constitución”.
Fernando Vilardo afirmó que “repudiamos esta medida ya que es profundamente regresiva” y explicó que “la población tiene que tomar en sus manos la lucha por la defensa de los derechos democráticos, este proyecto los vulnera, está dirigido en contra de los ciudadanos”. El legislador de Autodeterminación y Libertad agregó que “nos llenan las cárceles con personas que no tienen condena, pero siguen presos”.
Gabriel Solano (Partido Obrero) consideró que “la Ley revela el propósito que tiene el Gobierno de la Ciudad y es el de aumentar el poder represivo” y manifestó que “nadie puede olvidarse que habían presentado un proyecto que era aún más represivo que el que estamos tratando hoy”.
“Sacaron los artículos relacionados a la vigilancia remota, pero ya nos advirtieron que van a buscar avanzar en ese sentido”, argumentó y aseveró que “este proyecto le da más poder a la justicia, la policía y al Gobierno para avanzar sobre los derechos de los ciudadanos y las organizaciones sociales”.
Finalmente, Hernán Arce (Partido Socialista) precisó que “el texto que estamos tratando fue modificado en las últimas 16 horas, nos llega una propuesta de último momento, nosotros solicitamos que vuelva a Comisión para continuar con el debate” e insistió en que “teníamos tiempo para seguir debatiéndolo, recién a principios del año que viene se van a traspasar los delitos”.
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