Se conocieron los detalles del acuerdo, con el ajuste que exige el FMI

Según consigna el Fondo Monetario Internacional en su Staff Report, el régimen macrifascista ofrece postergar la rebaja de las retenciones a las exportaciones de soja y reducir la cantidad de empleados públicos. El organismo advierte sobre la sustentabilidad de la deuda externa.

El Fondo Monetario Internacional publicó su evaluación interna sobre la economía argentina. Postergar la rebaja de las retenciones a las exportaciones de soja, reducir la cantidad de empleados públicos y establecer un techo para los aumentos salariales de esos trabajadores del 8 por ciento hasta junio de 2019 son algunas de las medidas ofrecidas por el Ministerio de Hacienda para acceder al programa de financiamiento condicionado. 

El demorado paquete de documentos consta de 125 páginas donde los técnicos del organismo multilateral ofrecen detalles hasta ahora desconocidos del acuerdo que habilitó el crédito stand-by por hasta 50.000 millones de dólares durante tres años. El informe reitera la intención oficial de “amortizar” los activos del Fondo de Garantías de Sustentabilidad de la ANSeS y suma a ese listado la venta de tierras. Aunque el Staff del FMI afirma que la deuda externa es sustentable advierte que “no con una alta probabildad”.

“Hay riesgos importantes para la sostenibilidad de la deuda”, advierte el documento del organismo conducido por Christine Lagarde. “El tamaño de las necesidades brutas de financiamiento fiscal en un escenario de estrés (financiero). La gran participación de la deuda en moneda extranjera (lo que hace que la dinámica de la deuda de Argentina sea susceptible a un debilitamiento sostenido del tipo de cambio real) y las grandes necesidades de financiamiento externo que, según la experiencia internacional, ha demostrado ser un fuerte predictor de una crisis de deuda”, afirma el documento al advertir sobre los riesgos asociados a los niveles de endeudamiento externo.

De acuerdo al Staff Report, el programa de ajuste fiscal asumido por el régimen fascista de Mugrizio Macri Blanco Villegas con el FMI contempla:

○ “Mantener el impuesto promedio a las exportaciones de soja en el 25,5 por ciento”.

○ “Reducir más los ineficientes subsidios a la energía y el transporte”.

○ “Reducir la nómina salarial ajustando el empleo público a través del desgaste sostenido de empleados no prioritarios en 2018 y congelando las contrataciones en la administración federal".

○ “Demorar la implementación de la recientemente aprobada reforma fiscal a 2020 como mecanismo para preservar ingresos (la postergación de las reducciones en los aportes patronales y la posibilidad de deducir del impuesto a las Ganancias a las transacciones financieras)”.

○ “Racionalizar el gasto en bienes y servicios, con un recorte del 15 por ciento en términos reales en 2018 y continuando en 2019”.

○ “Reducir los gastos de capital 0,6 puntos porcentuales del PBI para 2019 con la expectativa de que los proyectos de PPP protejan el nivel global de desembolsos en infraestructura pública”.

○ “Reducir las transferencias discrecionales a las provincias en 1,2 puntos del PBI para 2019”.

Obligada por la Justicia, Vidal cedió y convocó a los docentes para el lunes 23

Tras 84 días sin diálogo y vienticuatro horas después de que el Tribunal N° 1 de La Plata le ordenara reabrir las negociaciones con los maestros, la gobernadora fascista de la provincia de Buenos Aires citó a los gremios del sector. "El tiempo claramente nos da la razón", afirmó la titular de la FEB, Mirta Petrocini.

Tras casi seis meses sin diálogo, presionada por el Poder Judicial provincial, la gobernadora fascista bonaerense, María Eugenia Vidal, convocó al Frente de Unidad Docente a reanudar la paritaria 2018. La reunión será el próximo lunes 23 en el Ministerio de Economía bonaerense y participarán SUTEBA, FEB, UDOCBA, AMET y SADOP, gremios que ayer realizaron plenarios en todos los distritos para analizar los pasos a seguir. 

La última reunión paritaria convocada por Vidal fue el 20 de abril, cuando ofreció un aumento semestral del 10 por ciento, que fue rechazado por los docentes, quienes denunciaron que a esa altura de las negociaciones esa propuesta era inferior a la original, que contemplaba un 15 por ciento de aumento en tres cuotas, que el Ejecutivo provincial había hecho en febrero. 

Mientras tanto los docentes recibieron tres pagos a cuenta de la paritaria definitiva, que quedaron por debajo de la suba de la inflación del primer semestre, situación que contempló antes de ayer el Tribunal N° 1 de La Plata, que sostuvo que luego de 84 días sin diálogo y "en el actual contexto económico" se hace "necesario mantener activas las negociaciones paritarias con las asociaciones profesionales peticionantes". 

El régimen fascista provincial apeló el fallo ayer a la mañana, pero al mismo tiempo convocó a la reapertura de las negociaciones. Los jueces Stella Maris Marcasciano, Mauricio Javier Bordino y Víctor Hugo Guida le habían dado al Ministerio de Trabajo un plazo de cinco días para reabrir la discusión salarial. 

El conflicto sostenido por Vidal se transformó en uno de los más largos en la historia de la Provincia de Buenos Aires. "El tiempo claramente nos da la razón. Cada vez que los representantes de los docentes hemos manifestado nuestra disconformidad, cada vez que tomamos medidas o exigimos la reapertura de la paritaria hemos dado los argumentos y hemos cuestionado la falta de diálogo", destacó la titular de la FEB, Mirta Petrocini.

Los docentes bonaerenses reclamarán un 30 por ciento de aumento y condicionan su plan de lucha a la propuesta de Vidal

El Frente de Unidad Docente confirmó que asistirá a la reunión convocada por el régimen fascista bonaerense para el lunes 23 antes de analizar nuevas medidas de fuerza y adelantaron que solicitarán una suba salarial del 30 por ciento con cláusula gatillo. 

"Estamos facultados por las asambleas docentes para tomar medidas, pero dependerá de la reunión del lunes", adelantó la titular de la FEB, Mirta Petrocini, en conferencia de prensa, junto con los titulares de SUTEBA, UDOCBA, AMET y SADOP. 

El Frente gremial destacó que el tiempo les dio la razón respecto de la insuficiente propuesta del 15 por ciento de aumento anual hecha en febrero por la gestión de María Eugenia Vidal, y aseguró que volverá a reclamar una suba del 30 por ciento. 

"No tenemos por qué perder poder adquisitivo", aseguró el titular de SUTEBA, Roberto Baradel, mientras que el secretario general de UDOCBA, Miguel Ángel Díaz, consideró que "dinero hay, lo que no hace la gobernadora es resolver el conflicto políticamente". 

Los sindicatos docentes bonaerenses ofrecieron una conferencia de prensa luego de una jornada de consulta en todos los distritos para definir los pasos a seguir en el conflicto abierto por el Gobierno bonaerense, uno de los más extensos de su historia. 

"Siempre hemos estado dispuestos al diálogo, por eso vamos a asistir a la convocatoria del lunes 23", adelantó Petrocini tras 84 días de silencio de parte de la administración de María Eugenia Vidal, quien esta misma semana reconoció que "la inflación es más de la esperada". 

"Cada gremio hizo sus consultas, hicimos asambleas y estamos facultados para tomar medidas, pero dependerá de la reunión", agregó Petrocini.

Fuentes del régimen bonaerense aseguran que la reapertura de la paritaria ya estaba contemplada en la propuesta realizada a fines de abril, cuando la administración de Vidal ofreció un aumento del 10 por ciento en el primer semestre del año y una revisión en julio, aunque el llamado se produjo un día después de que el Tribunal N° 1 de La Plata fallara a favor de una demanda presentada por los maestros, cuyos salarios están prácticamente congelados desde septiembre pasado. 

"Vamos a esperar al lunes 23 para ver qué nos proponen y entonces decidiremos qué medidas tomar", insistió Petrocini, quien aclaró que "hay una decisión absoluta y categórica de pelear y seguir la lucha por los derechos, el cuidado y el respeto hacia los docentes y la escuela pública, que tanto quieren bastardear".

Vidal contra las cuerdas: Teresa García aseguró que "vamos a ampliar la denuncia por los aportes falsos en la campaña electoral"

La presidenta del bloque de senadores bonaerenses de Unidad Ciudadana-FPV, sostuvo además que la gobernadora fascista y la tesorera, María Fernanda Inza, "son las dos responsables".

La presidenta del bloque de senadores provinciales de Unidad Ciudadana-FPV, Teresa García, dijo que ratificará y ampliará la denuncia penal contra María Eugenia Vidal y las demás autoridades del PRO bonaerense en la causa que investiga las afiliaciones y aportes falsos durante la campaña electoral de 2017.

“María Eugenia Vidal es la presidenta del Pro de la provincia de Buenos Aires y María Fernanda Inza es la tesorera, son las dos responsables. Inza también tiene una causa de 2015 cuando tuvo relación con el financiamiento de la campaña pero puso a cargo como responsable financiera a su tía abuela de 84 años. Esto también está denunciado”, explicó García.

Durante una entrevista en el canal de noticias C5N, la senadora de Unidad Ciudadana adelantó que va a ratificar la denuncia y a presentar nuevos casos de vecinos que integran los listados de aportantes al PRO, pero que desconocen haber contribuido.

"La respuesta de la Gobernadora de ayer es grave, porque dice que la denuncia la hizo el kirchnerismo. Además de que eso es falso e irrelevante ¿tenemos que explicarle a Vidal que por la gravedad de los hechos descubiertos cualquier persona con responsabilidad tenía que haber hecho la denuncia?”, aclaró García.

“La gobernadora debería responder si la denuncia sobre falsificación de documento público, usurpación de identidad y lavado de activos es cierta o no, porque semejante acusación que ha tomado estado público, merece una única respuesta. A esta altura María Eugenia Vidal debería poder decir si los hechos denunciados son ciertos o no lo son”, añadió.

“Por el contrario, Vidal también sostuvo que la ley de partidos políticos tiene lagunas, algo que no es cierto. La ley es muy clara y dice que los aportes que reciba una agrupación política deben realizarse mediante transferencia bancaria, tarjeta de crédito o cualquier otro medio que permita la identificación fehaciente del donante. La ley también señala como responsables al Presidente y Tesorero del partido, los responsable políticos y económicos de la campaña y establece el tipo de sanción que corresponde en cada caso cuando no se puedan acreditar debidamente el origen y o destino de los fondos recibidos. Y este es el caso, ya que hasta ahora no se puede acreditar el origen”, aseguró la legisladora.

“Además de los delitos que denunciamos, lo que nos genera mucha tristeza es que han pisotado la dignidad de la gente porque los vecinos de Villa Itatí que se presentaron ante la justicia electoral quizás esta noche no tengan el dinero necesario para comprar una garrafa y sin embargo figuran en una lista de aportantes para una campaña política”, concluyó García.

Los rectores amenazan con paralizar las universidades por el ajuste del régimen macrifascista

En el interior y el conurbano bonaerense quieren sumarse al paro de los docentes. Inquietud en la UBA por la baja de los convenios.

El ajuste del régimen macrifascista sobre las cuentas públicas amenaza con detonar un grave conflicto en las universidades nacionales, donde por estas horas se discute una paralización total de las actividades en agosto.

Lo novedoso del conflicto sería que la medida la tomarían los rectores de las universidades, que se sumarían así al paro que ya anunciaron los docentes ante la indefinición de la paritaria. En lo que va del año sólo recibieron un adelanto del 5 por ciento a cuenta del aumento.

La posibilidad de una paralización de las actividades fue reconocida por el rector de la Universidad de Tierra del Fuego (UNTDF), Juan José Castellucci. "En agosto nos volvemos a sentar los rectores en el comité ejecutivo y hay versiones de que quieren enfrentar más firmemente esto que está ocurriendo", explicó.

La queja en las casas de estudio es porque en los últimos meses Nación cortó las partidas presupuestarias que se utilizan para el funcionamiento cotidiano (los únicos fondos al día son los destinados a salarios) y no está ejecutando el presupuesto. Ya son varias las universidades que hicieron formal su reclamo, apoyado incluso por algunos gobernadores como el neuquino Omar Gutiérrez. La Universidad del Comahue atraviesa una serie crisis y ya avisó que no está en condiciones de funcionar después del receso.

El mes pasado, las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional -que agrupa a los rectores- mantuvieron un encuentro con Marcos Peña Braun Menéndez, Mario Quintana y Alejandro Finocchiaro, donde estos se comprometieron a reducir los atrasos en las transferencias de fondos y a ejecutar el presupuesto. Pero eso no está ocurriendo.

El vicepresidente del CIN y rector de la Universidad de Hurlingham, Jaime Perczyk, explicó que en julio se recibieron la mitad de las partidas correspondientes a febrero, lo que se sumó al ajuste automático que provocó la devaluación. El Presupuesto votado por el Congreso el año pasado era de 100 mil millones de pesos, que equivalían a 5 mil millones de dólares. Hoy esos 100 mil millones de pesos son 3,3 mil millones de dólares.

Ante esta situación es que surge la idea de empujar una medida de protesta institucional inédita de parte de las universidades, que sería la paralización total de las actividades. Por ahora la propuesta es empujada por algunas instituciones del interior del país y del Conurbano y se está analizando en las más importantes, como la UBA, Córdoba, La Plata y Rosario.

"Si la UBA acompaña, esto va a tener un vuelco favorable en poco tiempo. Por lo menos tiene que participar Buenos Aires, Córdoba, La Plata, Rosario, y creemos que van a participar", se entusiasmó el fueguino Castelucci.

Fuentes del rectorado de la UBA dijeron que por ahora lo que existe es un intento por sumar más universidades a esta amenaza de no arrancar el segundo cuatrimestre, aunque aseguraron que es difícil que la institución se sume formalmente a una protesta de este tipo.

De todos modos admitieron que la situación está difícil y que el régimen también le debe fondos a la Universidad de Buenos Aires, algo que es materia de negociación por estas horas. La preocupación mayor es ahora la paritaria docente y a futuro inmediato el tratamiento del presupuesto para 2019.

Otras fuentes de la UBA explicaron a este medio que la principal amenaza es la baja de los convenios definida por el macrifascismo, lo que implica que a partir del próximo año se cortarían unos 6 mil contratos con universidades de todo el país.

En el caso de la universidad porteña, las fuentes explicaron que esto le complica mucho los recursos propios a algunas facultades (que realizan por ejemplo servicios de auditoría) e impacta principalmente en Derecho y Ciencias Económicas, donde se estiman unos 500 contratos que se cortarían.

Tras la crisis cambiaria se dispara el temor a perder el trabajo

Una encuesta además muestra que los trabajadores consultados vieron reducido su poder adquisitivo y vieron empeorar su situación laboral.

Una encuesta muestra cómo impactó la crisis cambiaria en las percepciones de los trabajadores y en las condiciones laborales. 

El relevamiento, realizado por el Monitor Sociolaboral de Opinión Pública desarrollado por el Centro de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETyD), revela que hay un aumento creciente del pesimismo y una caída en el poder adquisitivo de los salarios.

De acuerdo al estudio, la percepción social en junio sobre el presente y el futuro de la situación laboral empeoró considerablemente con respecto a marzo y también en relación a junio de 2017. Incluso, en varias de las dimensiones indagadas se advierten las visiones más pesimistas desde que comenzó a realizarse la encuesta, en noviembre de 2016.

Uno de los datos que se muestra es que crece de manera pronunciada el miedo a perder el trabajo: el 54% de los trabajadores se manifiesta preocupado o muy preocupado por perder su empleo actual.

El dato representa un incremento de 5 puntos porcentuales con respecto a marzo, pero al examinar la tendencia se advierte un proceso de agudización del temor que se inicia en septiembre de 2017.

El 76,3% de los trabajadores coincide en que ha perdido poder adquisitivo en los últimos tres meses.Se trata de la tercera medición consecutiva en la que el indicador muestra una evolución negativa. En marzo, por ejemplo, el 67,1% sostuvo que venía perdiendo poder adquisitivo.

Además del pesimismo, tras la crisis cambiaria aumentó la cantidad de trabajadores que consideran que sus condiciones laborales se vieron perjudicadas. El 42,2% de los trabajadores sostiene que sus derechos son respetados, un 37,9% manifiesta que algunos derechos sí se respetan y otros no, mientras que un 13,2% dice que no se le respeta ningún derecho.

La disminución en el poder adquisitivo y la desmejora en las condiciones de trabajo llevó a que la mayoría de los encuestados afirme que se encuentra no satisfecho con su empleo actual.

La Justicia dictaminó la ilegalidad de los despidos en Télam y ordenó reincoporar a un grupo de trabajadores

La medida dictada por el magistrado Ricardo Tatarsky alcanza a cinco de los despedidos de la agencia estatal de noticias, pero podría ser extendida para cada uno de los 357 trabajadores echados. Según el fallo, la empresa debió haber pedido un proceso preventivo de crisis antes de pretender echar al 40 por ciento de la planta.

La Justicia falló a favor de los trabajadores despedidos de Télam y pidió la inmediata reincorporación de un grupo de los cesanteados. La medida cautelar dispuesta por el juez laboral Ricardo Tatarsky sostiene que la agencia estatal debía haber iniciado el plan preventivo de crisis, algo que nunca hizo antes de proceder con los despidos masivos. El fallo hace referencia sólo a los cinco trabajadores que firmaron el amparo pero sienta jurisprudencia con respecto al resto de los despedidos que en los próximos días presentarán recursos de amparo de manera individual.

El magistrado resolvió “hacer lugar a la medida cautelar peticionada por Sipreba y Fatpren contra Telam SE y, en consecuencia, ordenar a esta última que en forma inmediata disponga la reincorporación" de los cinco trabajadores que interpusieron el recurso. El fallo sostiene que la reincorporación debe estar garantizada hasta "la culminación del procedimiento administrativo previo a los despidos colectivos”.

De esta forma, el juez consideró ilegales los despidos ya que la empresa no presentó previamente un plan preventivo de crisis. A pesar de ser una empresa estatal, la Agencia Télam se rige por el derecho privado y eso la obliga a tener que presentar dicho plan cuando los despidos superen el diez por ciento del personal.

“Es una muy buena noticia. El juez pidió la reincorporación de los cinco despedidos que presentaron el amparo porque la empresa no presentó un plan preventivo de crisis”, explicó Ariel Bargach, uno de los delegados de Télam, que aclaró que en los próximos días el resto de los 357 trabajadores despedidos presentarán amparos individuales que deberán ajustarse a la misma jurisprudencia.

El dirigente gremial contó además que el magistrado se reunió con el abogado del Sindicato de los Trabajadores de Prensa (Sipreba) y otro delegado de la agencia para explicarles la situación. “En dos o tres días van a estar todas las cautelares presentadas. Por lo que dijo el juez iba a fallar de la misma manera”, aseguró Bargach. 

“Tuvimos una sentencia favorable, de la justicia laboral, que consideró que la empresa para despedir masivamente debió cumplir con un procedimiento preventivo de crisis que no se realizó. Por lo tanto esos despidos son nulos e ilegales y los trabajadores deben ser reincorporados tal como lo demandamos desde el primer día, hace 18 días”, agregó Mariano Suárez, delegado de los trabajadores que participó de la reunión con el juez.

Los trabajadores de Télam continúan con la permanencia pacífica en el edificio de la Agencia desde que fueron informados de los despidos. Ayer a la mañana marcharon a los tribunales para exigir una resolución judicial antes del inicio de la feria.

Revelan que hubo “varias llamadas” que habrían sido del ARA San Juan

Un suboficial de la Armada que estaba de guardia en la estación de radio el día en que desapareció el ARA San Juan reveló haber recibido “varias llamadas” que pudieron haber sido del submarino siniestrado. Sostuvo que en ese momento no dejó constancia de ellas porque nunca pudo establecerse un buen contacto, pero aclaró que lo hizo tres días después.

La revelación fue hecha por Rubén Darío Espínola durante su declaración del jueves ante la comisión bicameral que investiga la desaparición de la nave y de sus 44 tripulantes. Dijo que escuchó la señal por tres de las cuatro frecuencias asignadas al ARA San Juan. “Yo sabía que ese submarino había sacado ese mensaje secreto que decía que el submarino venía con inconvenientes”, declaró y agregó que “no logré establecer contacto, fui saltando las frecuencias pero no tuve suerte. No pude nunca establecer el enlace”.

“Le dije al cabo que estaba conmigo ‘llamá hasta la estación de puertos que estén atentos, que está emitiendo el submarino’. Para mí era el submarino porque era la frecuencia del submarino. No podía ser otra cosa”, declaró ante senadores y diputados, en el Congreso.

El suboficial dijo tener una experiencia de seis años en comunicaciones e indicó que aquel 15 de noviembre se desempeñaba como auxiliar de una de las cinco estaciones que prestaban asistencia al submarino, que “ya venía con inconvenientes”.

En su declaración dijo que la señal recibida en cuatro frecuencias distintas asignadas al ARA San Juan “no era nítida” pero remarcó que como “está acostumbrado” a interpretar ese tipo de llamados, infirió que se trataba del submarino siniestrado. En lo que hizo hincapié fue que él sólo transmitió el intento de comunicación.

“Nosotros lo que tenemos que hacer es recibir y trasmitir porque no sabemos qué dice el mensaje, porque es cifrado. Lo mandamos por otro medio a la Cencomsub (Central de Comunicaciones del Submarino). De todos modos, insistió con que “a la señal no la logro establecer” y que por ello fue “saltando las frecuencias tratando de ver si puedo captar esa señal, pero no tuve suerte”.

También explicó que no hay registros de ello en los partes del día porque tampoco quedó grabada la señal en el módem con que operó, pero aclaró que “por una cuestión de responsabilidad” lo inscribió tres días después cuando debió hacer guardia nuevamente.

A pesar de no haber registrado inmediatamente esos datos, Espinola dijo estar “tranquilo” de haberlos transmitido de manera oral a sus superiores de la Cencomsub.

Pablo Moyano: “Con la continuidad del triunvirato de la CGT, los más beneficiados son Macri y Triaca”

Tras el aplazamiento de las elecciones, el secretario adjunto de Camioneros afirmó que “ya casi tienen arreglada la reforma laboral” con el ministro de Trabajo.

El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, criticó al triunvirato de la CGT por la cancelación de las elecciones del 22 de agosto, al señalar que “es un día muy triste para los trabajadores, muchos estaban pidiendo una renovación de dirigentes”.

En ese sentido los acusó al asegurar que “con la continuidad del triunvirato de la CGT, los más beneficiados son Macri y Triaca”. Luego afirmó que “hacía falta una renovación”. 

“Muchos gremios se van a sumar a la oposición del triunvirato, si no es ahora será el año que viene o en 2020 que tengamos una CGT en defensa de los trabajadores”, dijo en declaraciones a FM La Patriada.

“Me sorprende que Schmid siga al lado de los dirigentes que aprobaron la reforma laboral con Menem y que ya casi tienen arreglada la reforma laboral con Triaca”, agregó sobre el triunviro.

"Que no se vengan a hacer los Rambos porque el paro general fue por la presión que hicimos desde Camioneros", advirtió Moyano. 

Por otra parte, subrayó que “mientras ellos corrían a firmar paritarias al 15%, nosotros luchábamos en la calle para lograr romper el techo”. 

"Que se queden tranquilos que Camioneros y Hugo Moyano estamos más fuertes que nunca”, concluyó el secretario adjunto de Camioneros.

Schmid defendió la continuidad del triunvirato de la CGT y negó la salida de Moyano

“La fecha del 22 de agosto no estaba enmarcada dentro del estatuto”, argumentó el sindicalista sobre el aplazamiento de las elecciones y advirtió que “el horizonte es de conflictividad”.

Juan Carlos Schmid, integrante del triunvirato que conduce a la CGT, defendió la cancelación de los comicios de autoridades que iba a hacerse el próximo el 22 de agosto y no descartó una nueva medida de fuerza: “el que agita el malestar social es el mismo Ejecutivo”.

“No es la primera vez que ratificamos al triunvirato. No está mal que sigamos hasta 2020 si contamos con el apoyo de los secretarios generales”, sostuvo el titular de Dragado y Balizamiento y agregó que “la clave es discutir la estrategia a seguir hacia adelante, cómo nos plantamos frente a la situación social y económica que atraviesa el país”.

“La fecha del 22 de agosto no estaba enmarcada dentro del estatuto de la CGT, por eso no se podía hacer el Congreso”, argumentó en declaraciones a FM La Patriada, al tiempo que reveló que “a finales de agosto los secretarios generales vamos a definir si se pone fecha a las elecciones o no, y cómo seguimos hacia adelante”.

Por otro lado, aseguró que “no sería una locura hablar de otro paro general antes de fin de año, no descartamos nada”, ya que “el horizonte es de conflictividad”.

Consultado sobre las diferencias planteadas por el sindicato de Camioneros hacia adentro de la central obrera, Schmid señaló que “Pablo Moyano no se fue nunca de la CGT, aunque han mantenido posturas diferentes siempre” y subrayó que “espero que ningún sindicato rompa con la CGT”.

"La CGT nunca debatió institucionalmente el tema del aborto, pero advirtió sobre la situación”, concluyó el sindicalista en relación al proyecto de Ley para la Interrupción Voluntaria del Embarazo que actualmente se debate en el Senado.

El dólar anotó su segunda caída semanal consecutiva: bajó 69 centavos a $ 27,95

Las altas tasas en pesos, que se ubican entre el 55 y el 65% en el mercado secundario de Lebac, desalentaron la demanda en el mercado cambiario, donde el dólar retrocedió 69 centavos (2,4%) durante la semana a $ 27,95 en bancos y agencias de la city porteña. 

El billete anotó su segunda caída semanal consecutiva (acumula descenso del 5,8%), tras haber tocado su máximo histórico de $ 29,66 el 29 de junio, nivel que llevó al gobierno a incrementar los encajes bancarios, lo que se sumó a la subasta de otros U$S 100 millones y el anuncio de una nueva licitación de Letes, a la que podrá suscribirse con Lebac. 

En esta rueda, el billete se desacopló del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa descendió dos centavos a $ 27,21 en una rueda que, al comienzo, presagiaba una recuperación de los valores pero terminó en baja por el empuje de la oferta instalada en el mercado. 

Los máximos se anotaron a poco de comenzada la sesión en $ 27,33, diez centavos arriba del cierre previo. Las órdenes de venta volvieron a instalarse en el sector donde operan los grandes jugadores provocando un desarme de la tenue presión inicial que derivó en una baja de la cotización. 

Los ingresos fueron acomodando los precios en niveles inferiores a los del comienzo barriendo con la resistencia de la demanda haciéndole tocar mínimos en los $ 27,15 al promediar el comienzo de la última parte del día. Con algunos altibajos, los valores fueron oscilando sin poder recuperarse totalmente y anotaron sobre el final un nivel inferior al del jueves. El volumen operado subió a u$s 622 millones. 

El analista Gustavo Quintana indicó que "el costo financiero derivado de la alta tasa de interés doméstica sigue manteniendo muy acotada la evolución del dólar y justifica su caída llevándolo a un rango por ahora bastante del nivel que supo alcanzar alcanzar en los momentos de mayor tensión cambiaria".

Por su parte, Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, puntulizó que "en estos momentos, el negocio financiero se pasó a nuestra moneda doméstica después de la suba del dólar que se había registrado -en junio cerró a $ 28,85 el Banco Nación- y estamos en un nivel de $ 27,20 que representa una devaluación anual de 45,9% directo, con una tasa de 86,81%TNA".

Casación revocó la exención de prisión y la diputada macrifascista Aída Ayala está más cerca de la cárcel

Un mes después de que sus compañeros de bancada rechazaran en la Cámara baja el desafuero de la legisladora radical, Casación revocó la exención de prisión de la diputada chaqueña Aída Ayala. La oposición había denunciado el caso como una nueva demostración de la "doble vara del oficialismo".

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal revocó la exención de prisión de la diputada oficialista Aída Ayala, imputada por lavado de dinero.

Los jueces Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky votaron por revocar el fallo de la Cámara Federal de Resistencia que le había otorgado ese beneficio a la legisladora chaqueña de la alianza de derecha Cambiemos, cuyos compañeros de bancada el 5 de junio pasado firmaron un dictamen para rechazar el desafuero de su aliada, solicitado por la jueza federal Zunilda Niremperger, quien la acusó de haber sido la “jefa de una banda” dedicada al lavado de activos “con la finalidad de malversar fondos provenientes de las arcas de la municipalidad de Resistencia” cuando era intendenta.

Los integrantes oficialistas de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja argumentaron en su momento que la Cámara Federal de Chaco le había concedido la eximición de prisión. El kirchnerista Marcos Cleri, por su parte, comparó el caso de Ayala con el de Julio De Vido y denunció que la “arbitrariedad política” del oficialismo tenía como objetivo “perseguir a todo aquel que piensa distinto”.

“Corresponde rechazar el desafuero porque fue prematuro, porque su objeto se ha vuelto abstracto y porque no hay posibilidad de detenerla”, interpretó el macrifascista Pablo Tonelli en defensa de su colega.

Cabe preguntar ahora si Tonelli, titular de la comisión, podrá seguir sosteniendo que los importante del caso era que la Cámara Federal la había eximido de prisión.

El diputado kirchnerista Leopoldo Moreau, a su turno, afirmó que la actitud del oficialismo frente al desafuero de Ayala había dejado al desnudo “el doble estándar en el Parlamento, en los medios de comunicación y en el Poder Judicial”.

Cleri había denunciado también el apuro del oficialismo para tratar el desafuero de Cristina Fernández de Kirchner por la causa del Memorándum con Irán, finalmente postergado, y había recordado que en aquella causa “no hay nadie detenido”, mientras que en la causa en que se investiga a Ayala “están todos presos, excepto ella”.

La Cámara de Casación le concedió la prisión domiciliaria a Facundo Jones Huela y ordenó que salga de la cárcel con "celeridad"

La Cámara de Casación Federal convalidó el rechazo a la excarcelación de Facundo Jones Huala, pero le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria. 

El tribunal ordenó que el líder mapuche, detenido en el marco de la causa en la cual se tramita su extradición a Chile, deje con celeridad la de la Unidad 14 de Esquel, donde está detenido, y sea trasladado a un domicilio.

Con su decisión, la Sala II de la Cámara de Casación Federal hizo lugar parcialmente al recurso presentado por la defensa de Jones Huala. Además, actuó de conformidad con lo plateado por el fiscal Javier De Luca, quien se había pronunciado a favor de la concesión del arresto domiciliario. El rechazo de la excarcelación, en tanto, seguirá en apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

No todos los jueces que integran la Sala II de la Cámara de Casación Federal coincidieron en otorgarle el beneficio a Jones Huala. Alejandro Slokar y Ana María Figueroa se expidieron en ese sentido. Eduardo Riggi, en cambio, se manifestó en contra.

El acuerdo fue liderado por Slokar, quien se basó en la obligatoriedad del dictamen fiscal favorable, a la vez que consideró imperativo y superior a las leyes el Convenio 169 OIT sobre pueblos indígenas y tribales, que establece que “deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento”. El camarista también utilizó como fundamento la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. 

En esa línea, el beneficio de la domiciliaria de la mayoría del tribunal se fundó en obligaciones internacionales propias del derecho de los pueblos originarios. Así lo sostuvo también la jueza Ana María Figueroa, con base en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La CSJN, en un fallo sobre los derechos de los pueblos indígenas en Salta, ya había dicho que el Convenio 169 de la OIT era supralegal, o sea, de obligación superior a las leyes. Slokar ponderó imperativo ese fallo del máximo tribunal en la causa “Eben Ezer” fundado en el Convenio OIT y afirmó ineludible la derivación domiciliaria de Jones Huala en razón del dictamen fiscal.

Timerman declaró por segunda vez en la causa del Memorándum con Irán: "A Estados Unidos y a Israel les conviene que la causa no avance"

El ex canciller Héctor Timerman reiteró ante el fiscal Marcelo Colombo que nunca estuvieron en duda las alertas rojas que pesaban contra los acusados del atentado a la AMIA. Subrayó que fue él mismo quien pidió a Interpol que las ratificara. "Yo no vivo solo en la Argentina", concluyó.

El ex canciller Héctor Timerman negó ayer, al declarar en su domicilio, haber participado de una reunión secreta en Alepo, Siria, como parte de las negociaciaciones por el Memorándum de Entendimiento con Irán.

"Cuatro años pasaron... ¿Pueden decirme en qué avanzó la causa? ¿En qué avanzó la causa? Lo único que avanza es mi cáncer y esa es una gran frustración. El avance chiquito siempre va a ser mejor que la nada", sostuvo Timerman.

"¿A quién le conviene que en cuatro años estemos en silencio? No hay nadie que siquiera reemplace a Nisman. ¿A quién le conviene esto? Es muy difícil. Yo creo que hay alguien que está frenando esto y no es iraní. Sé que a Estados Unidos y a Israel le conviene", afirmó el ex canciller al responder las preguntas del fiscal de juicio.

Luego de un primer intento de videoconferencia fallido, los jueces se trasladaron al domicilio de Timerman, quien a pesar de las dificultades técnicas contestó todas las preguntas del fiscal Marcelo Colombo.

Timerman negó la supuesta reunión en Alepo. "Yo siempre negué su existencia", señaló el ex canciller de Cristina Fernández de Kirchner, aunque sí dijo que mantuvo un encuentro con el presidente Sirio en otro ámbito.

"No recuerdo mucho el año que comenzaron las conversaciones por el Memorándum con Irán", dijo Timerman aunque sí mencionó que la primera reunión que solicitaron los iraníes fue en Isla Margarita, durante una cumbre de países no alineados.

Timerman explicó que "Irán negoció con la Argentina porque necesitaba mostrarle al mundo que podía negociar con un país extranjero" y "no porque le interesara" la cuestión AMIA.

Según explicó, los iraníes dijeron que "revisaron el expediente y no encontraron una sola prueba que dijera que fueron ellos" los responsables del atentado a la AMIA y aclaró que "si la Justicia argentina dice que son culpables, son culpables para nosotros".

"Se nos ocurrió hacer soberanía argentina en territorio iraní, porque Irán no extradita ciudadanos y porque Argentina no hace juicios en ausencia", agregó acerca de la propuesta para interrogar en Teherán a los iraníes acusados.

Además, explicó que el Ejecutivo no había informado al Poder Judicial acerca del desarrollo de las negociaciones porque "era un acuerdo político, no judicial"  y acotó que "los iraníes no querían que se hiciera público, nosotros pensamos que algo se tenía que decir (…) pero no queríamos parar las negociaciones si se hacía público o no".

Respecto de las alertas rojas que pesaban sobre los acusados de haber participado del atentado, Timerman subrayó que le pidió a Interpol que fueran ratificadas para que no cupiera ninguna duda. “Yo no tenía dudas, pero no vivo solo en la Argentina”, concluyó.

La declaración del ex canciller estaba pautada para ser trasmitida mediante videoconferencia por su delicado estado de salud, debido a que padece un cáncer en etapa avanzada. Sin embargo, la indagatoria adelantada, solicitada por el propio Timerman, debió ser suspendida porque el personal judicial ayer a la mañana no contaba con un micrófono adecuado para la videoconferencia.

La causa se originó el 14 de enero de 2015 tras la denuncia realizada por el fiscal Alberto Nisman por presunto encubrimiento de Irán en la investigación del atentado a la AMIA. En dos oportunidades la denuncia fue desestimada por el juez federal Daniel Rafecas, finalmente apartado del caso, y luego impulsada por su par Ariel Lijo, aunque finalmente una maniobra judicial hizo que recale en Claudio Bonadio por un expediente conexo que este tenía por supuesta "traición a la Patria" por la firma del Memorándum con Irán.

La audiencia de hoy, había sido solicitada por Timerman haciendo uso de un artículo del Código Procesal Penal que permite la indagatoria de forma anticipada al comienzo del juicio por problemas de salud. "Mañana declaro en el juicio por encubrimiento. Es la segunda vez que lo hago a mi solicitud. Cada vez tengo menos fuerzas y quiero demostrar quién miente y quién dice la verdad", posteo el jueves el ex funcionario en su cuenta de Twitter.

"Pity" Álvarez se negó a declarar ante el juez de la causa y se dispuso su traslado al penal de Ezeiza

Cristian "Pity" Álvarez se negó a declarar ante el juez de la causa, Martín Yadarola, en el Centro de Detención Judicial Unidad 28 y fue trasladado a la cárcel de Ezeiza donde permanecerá detenido.

El músico de rock que se entregó en la madrugada de ayer en la Comisaría 52ª de la Policía de la Ciudad, acusado de asesinar a Cristian Díaz, de 36 años en el barrio porteño de Villa Lugano.

"Lo maté porque era él o yo. Cualquier animal haría lo mismo", afirmó en declaraciones ante la prensa poco antes de ingresar al destacamento policial de la comuna 8. 

Ayer a la mañana una ambulancia del servicio de emergencias SAME llegó hasta la comisaría para asistir al cantante, luego de una descompensación previo a su traslado a Tribunales. 

"Lo maté porque si no me iba a matar él", señaló el líder de la banda "Viejas Locas", quien arribó acompañado por su abogado, Sebastián Qeuijeiro, a la sede policial. También sostuvo que con Díaz no eran amigos y que la víctima "era un pibe que choreaba".

Álvarez fue acusado por varios testigos de matar con una pistola calibre 7.35 a Díaz, de 36 años, en el complejo habitacional Samoré, de Villa Lugano. Trascendió que la víctima vivía en el Gran Buenos Aires, pero tenía parientes en esa zona de Villa Lugano. El cantante estuvo prófugo durante un día, hasta que se entregó a la Policía a las 7:00 de la mañana de ayer.

Según informaron fuentes policiales, Álvarez, que cuenta con una serie de escándalos y antecedentes policiales en el marco de su adicción a las drogas, tras presuntamente asesinar a Díaz, escapó en un auto en dirección a la autopista Dellepiane.

La Policía encontró luego el vehículo del músico, un Volkswagen Polo verde de patente DQP 320, abandonado en la localidad bonaerense de Ramos Mejía, partido de La Matanza.

El rodado fue hallado por los efectivos durante la tarde de del jueves estacionado sobre la calle Vicente Casares al 725, a pocas cuadras del boliche Pinar de Rocha.

Según surge de los videos captados por las cámaras del lugar, el cantante habría entrado al local bailable junto a unos acompañantes, luego de haber tirado un arma por una alcantarilla.

La Policía de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires buscó al músico de rock por la zona, aunque no pudo dar con su paradero, hasta que ayer a la mañana se entregó por sus propios medios.

Lagostena fue condenado a 22 años de prisión por el crimen de Érica Soriano

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) número 8 de Lomas de Zamora condenó a 22 años de prisión a Daniel Lagostena por encontrarlo culpable del homicidio de Érica Soriano, vista con vida por última vez el 20 de agosto de 2010.

“Estamos muy emocionados. Siento que se hizo justicia y que por fin podemos tener un cierre de todo esto. Es como si Érica estuviera con nosotros”, dijo Verónica, una de las hermanas de Érica después de escuchar la sentencia.

El miércoles pasado los jueces anticiparon el fallo condenatorio por el “homicidio simple en concurso real con aborto en contexto de violencia de género” de la joven. Lagostena escuchó la pena en la sala del tribunal y custodiado por policías se retiró detenido. 

El tribunal integrado por los jueces Darío Bellucci, Juan Manuel Rial y Victoria Ballvé resolvió por unanimidad la culpabilidad de Lagostena en el femicidio de Soriano. Tanto la fiscal Rocovich como el abogado de la familia Soriano, Marcelo Mazzeo, pidieron 25 años de prisión, tres años más de la pena finalmente dispuesta por los jueces.

Al momento de su desaparición en 2010, Soriano estaba embarazada y fue vista por última vez el 20 de agosto en el partido bonaerense de Lanús. “No sabemos cómo la mató, ni con qué la mató, pero sí que la mató”, había dicho el abogado de la familia de la víctima cuando se conoció la sentencia. Según el abogado, Lagostena además incurrió en “violación contra los derechos de la mujer, destruyó el cuerpo de Erica y ocultó pruebas”.

Por su parte, la fiscal Rocovich afirmó que el acusado mató e hizo desaparecer a su pareja con la complicidad de personas vinculadas a casas crematorias. La familia de Lagostena tenía una casa velatoria y sospechan que utilizó esos contactos para deshacerse del cuerpo.

El tiro por elevación de Solá a Massa: "El que trabaja para que haya dos peronismos, trabaja para Macri"

En clara alusión al vende humo lider del Frente Rejuntador, Sergio Massa, el diputado nacional Felipe Solá afirmó no querer "ir a una elección con dos peronismos".

La interna del peronismo en todas sus vertientes empieza a marcar los límites. 

Fue en ese sentido que el diputado nacional Felipe Solá, virtual candidato presidencial para 2019, dijo que "el que trabaja para que haya dos peronismos, trabaja para Macri".

Claramente y sin nombarlo, Solá apuntó contra el patético e impresentable líder del Frente Rejuntador, Sergio Massa. 

"Yo no quiero ir a una elección con dos peronismos. El que trabaja para que haya dos peronismos trabaja para Macri. Y yo quiero ganarle a Macri representando a un peronismo unido", sentenció.

Solá sigue integrando la bancada del Frente Rejuntador, aunque hace rato que no responde a Massa y busca posicionarse dentro del PJ bonaerense.

"Si sos más antikirchnerista que antimacrista no sirve. Es una locura esta idea de buscar el peronismo puro. Yo quiero a todos los que quieren ganarle a Macri porque es a Macri a quien hay que ganarle. Y aunque hace años que no hablo con Cristina necesitamos también de los votos kirchneristas para ganarle a Macri", dijo el ex gobernador bonaerense, en una entrevista que brindó al portal ultraoficialista Infobae.

Solá comenzó a participar de los congresos del PJ, y del grupo UMET que es integrado por Alberto Fernández, Fernando Navarro, Daniel Filmus, Víctor Santa María, Daniel Arroyo y Agustín Rossi, entre otros.

La Justicia obliga a Vidal a negociar con los docentes

El Tribunal de Trabajo Nº 1 de La Plata falló a favor de los docentes y le ordenó a la gobernadora que convoque a los gremios para retomar la negociación paritaria que fue cerrada unilateralmente por el Ejecutivo bonaerense. Vidal tiene cinco días para acatar la resolución.

La Justicia bonaerense falló a favor de los docentes y le ordenó a María Eugenia Vidal convocar a los gremios para retomar la negociación paritaria. El Tribunal de Trabajo Nº 1 de La Plata puso un plazo de cinco días como límite para la convocatoria, caso contraria multará a la provincia. 

El amparo había sido presentado por el Frente de Unidad Docente Bonaerense, que agrupa a los gremios con mayor representación en la provincia (AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA), tras la decisión unilateral de la gobernadora fascista bonaerense de cerrar la negociación con los sindicatos. Vidal dispuso un aumento salarial de 15 por ciento en tres cuotas más una serie de sumas anuales no remunerativas por presentismo y capacitación. 

La medida cautelar le ordena al Ministerio de Trabajo provincial “que dentro del plazo de cinco (5) días de notificada la presente resolución, proceda a la reapertura de la negociación sobre el reajuste salarial de los empleados docentes para el año en curso y convoque a las partes”. El fallo lleva la firma de los jueces Stella Maris Marcasciano, Mauricio Javier Bordino y Víctor Hugo Guida.

“La última reunión la tuvimos el 20 de abril y nunca más fuimos convocados. Se cerraron todos los canales de comunicación, no hubo ningún tipo de contacto ni siquiera por vías informales. Ya van 82 días desde la última reunión”, señalaron desde la Federación de Educadores Bonaerenses. 

“La Justicia nos está dando la razón frente a la negligencia y la desidia de la gobernadora que nos mantiene los sueldos del año pasado”, sostuvo Roberto Baradel, titular del SUTEBA, con el fallo ya en la mano. El dirigente espera que ahora la gobernadora fascista cumpla con la resolución judicial y convoque a los gremios “a no ser que elija quedarse al margen de la Justicia”.

Según Baradel, el adelanto que otorgó Vidal a cuenta del acuerdo paritario significó una suma no remunerativa del seis por ciento en promedio, lejos del diez por ciento prometido por la conchuda hija de puta como pago a cuenta.

Un relevamiento sobre la situación laboral durante el primer semestre del año arroja que hubo más de 4300 despedidos mensuales

El dato implica un aumento del 17 por ciento con respecto al mismo período del año pasado. De acuerdo al relevamiento elaborado por el CEPA, los más afectados fueron los empleados estatales, seguidos por los del sector industrial.

Un promedio de 4368 trabajadores y trabajadoras por mes fueron despedidos o suspendidos por empresas públicas o privadas durante el primer semestre de 2018. El dato implica un aumento del 17 por ciento con respecto al mismo período del año pasado y surge de un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), titulado “Sin rebote en el empleo. Análisis de los despidos en 2018”. 

El mayor grupo afectado por las políticas económicas del régimen fascista de Mugrizio Macri Blanco Villegas es el de los empleados estatales (46 por ciento del total) seguidos por los del sector industrial (38 por ciento). “La cantidad de despidos y suspensiones en la industria no se ha detenido desde la asunción de Cambiemos”, destaca la consultora que encabeza el economista Hernán Letcher, que contabiliza 76.359 desde noviembre de 2016 hasta fines de junio último.

“Estamos atravesando una tormenta… pero el rumbo seguirá siendo el mismo. Entre todos tenemos que generar más trabajo, porque el trabajo digno es justicia social”, dijo el ex hijastro de Flavia Palmiero el lunes en la histórica Casa de Tucumán. La cita encabeza las conclusiones del informe elaborado por el Equipo de Estudios Laborales del CEPA en base a un relevamiento de datos originados en sindicatos, centrales obreras, comisiones internas, trabajadores organizados y notas periodísticas.

Hasta el 30 de junio el CEPA contabilizó 26.206 despidos y suspensiones (a un promedio de 4368 por mes), que implican 3837 más que los del primer semestre de 2017. Los perjuicios a los trabajadores no discriminan entre sector público o privado. El 46% de los expulsados (12.191) son o eran empleados estatales: 7.635 bajo la órbita del Poder Ejecutivo y 4.556 pertenecientes a empresas de capital estatal. El grueso de los despidos se produjeron en los primeros dos meses del año.

Dentro del universo de las empresas privadas, la rama industrial encabeza el listado de víctimas con 9.872 trabajadores (38% del total, incluidos 2.466 suspendidos), seguida por el sector de servicios con 3.593 afectados. El estudio permite observar una continuidad en el proceso de expulsión de obreros de la industria, con un promedio de 1.645 expulsados por mes. La suma total de despidos en la industria desde noviembre de 2015 asciende a 76.359 trabajadores, calcula el CEPA, cifra que se corresponde con los 74.320 que computó el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) hasta abril último.

De los 26.206 afectados registrados por el CEPA, 13.924 casos corresponden a despidos, 3.529 a despidos derivados de cierres de empresas o plantas, 1.092 a retiros voluntarios, en tanto 3.179 fueron suspensiones, la mayoría en el sector industrial (2.458). En el segundo trimestre, destacan, uno de cada seis despidos se relacionaron con el cierre de plantas o empresas, porcentaje aún mayor (uno cada cuatro) en el caso de la industria.

Si se consideran los diversos sectores de actividades, dentro de la industria el más perjudicado fue el sector textil (suspensiones en Alpargatas y Dass, despidos en Alpargatas, Karavell y Coteminas), seguido por alimentos y bebidas (sobresale el caso del ingenio San Isidro, de Salta, con 730 despidos, así como los de El Tabacal, Alijor/ La Salteña –300 expulsados en su planta de Garín–, Citrus Alem, La Campagnola y Villa del Sur) y el sector metalúrgico (despidos en Emepa, Epson, Stockl e Indequil). Luego aparecen el de autopartes (Itec de San Juan, 350 despidos, y Metalpar) y los frigoríficos (Beltrom, Pehuajó y BRF).

En el ámbito de los servicios, el sector de comercio representa casi la mitad de los despedidos y suspendidos, a partir de los casos de los supermercados Disco, Jumbo, Carrefour y Coto, el Mercado Central y Winery. Luego aparecen salud, gastronómicos, estaciones de servicio, comercios mayoristas, seguridad, peajes, medicina y juegos.

En el sector público, la mayor cantidad despidos se registró en entes descentralizados como el Conicet, Vialidad, el INTI, Coros y Orquestas, y el Senasa, y en municipalidades como las de Tucumán, Morón, Quilmes, Tres de Febrero o La Plata. Dentro del Poder Ejecutivo, el grueso de los expulsados pertenecía a los ministerios de Agroindustria, de Desarrollo Social y de Economía. También se registran despidos en el gobierno bonaerense y en empresas de capital estatal como Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Ferrobaires (más de 800 si se suman las sedes de Buenos Aires, Tandil, Bahía Blanca, Mar del Plata, Bragado y 25 de Mayo), Nucleoeléctrica Argentina, YPF, Fadea y FM.

La Justicia adicta rechazó un amparo que pedía la reincorporación de los despedidos de Télam, pero sigue en pie la cautelar de los trabajadores

El amparo rechazado había sido interpuesto por la Mesa Nacional por la Igualdad, para quien las cesantías se produjeron "en un marco arbitrario y discriminatorio". El juez laboral Santiago Zarza no falló sobre la cuestión de fondo sino que negó la representación de la asociación civil. Sigue en curso el amparo que presentaron los trabajadores.

La Justicia laboral desestimó el amparo interpuesto por la Mesa Nacional por la Igualdad que pedía la reincorporación de los 354 trabajadores despedidos de la agencia Télam y que contaba con un dictamen favorable del fiscal Gabriel de Vedia. 

El juez Santiago Zarza no se expidió sobre la cuestión de fondo sino que rechazó al organismo como representante de los trabajadores. 

Sigue su curso, en cambio, el amparo presentado por los propios despedidos que de no contar con una resolución antes del viernes entrará en la feria judicial. 

A contramano del pronunciamiento fiscal De Vedia, que había pedido una resolución “expeditiva”, el juez del Juzgado de Trabajo 71 rechazó la presentación interpuesta por la asociación civil Mesa Nacional por la Igualdad, que había argumentado que los despidos fueron inconstitucionales, ya que se produjeron "en un marco arbitrario y discriminatorio", sin motivación alguna y sin sumario previo.

"No puedo soslayar que no consta en la causa que los sujetos comprendidos mediante el despido directo y denunciado por la parte actora, no hubieran sido indemnizados. Dicha circunstancia hace ceder, por el momento el carácter alimentario invocado por la accionante, a fin de habilitar la medida cautelar aquí pretendida, sin perjuicio de lo que pudiere resolverse en otra etapa", argumentó el juez en su resolución.

La decisión judicial no sorprendió a los trabajadores despedidos, que continúan con la permanencia pacífica en el edificio de Télam y esperan una resolución de la demandan iniciada por ellos mismos. “Este amparo no era nuestro y era el que más posibilidades de ser rechazado tenía. De todos modos no es un rechazo de fondo, sino que le niega la representación de los despedidos. Nosotros tenemos nuestro amparo sobre el que la Justicia aún no se pronunció”, explicó Ariel Bargach, uno de los delegados.

“Siguen en pie las cautelares que presentamos los trabajadores. Esperamos tener una respuesta favorable antes de que empiece la feria judicial”, dijo también el delgado Mariano Suárez, en declaraciones a la AM 750.

Por su parte, el juez laboral Zarza no emitió dictamen sobre si hubo o no actos discriminatorios en relación a los despidos, como alegó la Mesa Nacional para la Igualdad ya que "tal situación no puede inferirse prima facie” a fin de habilitar la medida cautelar, sino que "por el contrario debería sustanciarse en un proceso con debate amplio de la prueba".

"Debe considerarse que la medida cautelar requerida no implique adelantar la decisión, que pudiere recaer como resultado en un proceso de conocimiento; situación ésta que contradiría el otorgamiento en esta instancia de la aquí peticionada", advirtió el magistrado al rechazar el amparo.

El fiscal De Vedia en cambio había destacado que las expresiones vertidas por el patético titular del Sistema de Medios Públicos, Hernán Lombardi, en cuanto a que los despidos "responden a cuestiones ideológicas", darían "prima facie suficiente sostén" para habilitar la demanda.

El recorte de las jubilaciones, en la cuerda floja: la Fiscalía dictaminó que la retroactividad es inconstitucional

El Fiscal Gabriel de Vedia afirmó que en marzo pasado el aumento de las jubilaciones se debería haber pagado con la fórmula de la ley de movilidad jubilatoria, sancionada en 2009. No se pronunció sobre la nueva fórmula pero reconoció "la progresividad" de los derechos de los jubilados.

De Vedia firmó cinco dictámenes a favor de los amparos que reclamaron la inconstitucionalidad de la reforma previsional de Cambiemos, sancionada en diciembre en medio de una violenta represión de Gendarmería en las inmediaciones del Congreso Nacional. 

El fiscal señaló que la retroactividad de la norma aprobada por el oficialismo, que cambió la fórmula de actualización de las jubilaciones, no se ajusta la Constitución Nacional y advirtió que los aumentos de las jubilaciones, las pensiones y la Asignación Universal por Hijo deberán ser revisados para determinar si fueron inferiores a los establecidos por la ley de movilidad jubilatoria, sancionada en 2009. 

El fiscal indicó en los diferentes escritos, radicados en distintos juzgados, que los aumentos de marzo debieron calcularse con la vieja fórmula, que contemplaba un incremento de las jubiliaciones del 14,5 por ciento, en lugar del 5,7 aplicado, según él, de manera inconstitucional. 

“La retroactividad es inconstitucional, no quedan dudas y no creo que a esta altura alguien sostenga que es constitucional porque estaba vigente la otra ley”, afirmó. La ley 27.426, vigente desde el 29 de diciembre de 2017, retrotrajo su aplicación a julio del mismo año, momento durante el cual regía la Ley 26.417, que establecía otra fórmula para el cálculo de la movilidad jubilatoria. De Vedia ratificó, tal como señalaban los jubilados, que la ley anterior era más beneficiosa. 

La reforma previsional de la alianza de derecha Cambiemos contemplaba la modificación de la fórmula para calcular los aumentos, que dejaba de estar supeditada al aumento de los salarios y de la recaudación y pasaba a calcularse por una combinación de la inflación y, en menor proporción, de los salarios. Tras su aprobación, los jubilados reclamaron que el Estado respetase la progresividad de sus derechos y que pagara los incrementos de acuerdo con la fórmula anterior. Respecto de este último punto, el fiscal no fue concluyente. “Todavía no digo que es inconstitucional porque hay que ver qué sucede y cómo evolucionan los índices. Pero sí advierto un viso de regresividad”, advirtió De Vedia. 

El impacto sobre los jubilados a partir del haber de marzo es el siguiente: en marzo, abril y mayo, los jubilados deberían haber cobrado una suba del 14,5 por ciento y no del 5,7 por ciento. Son 8310 pesos frente a 7660 pesos, una diferencia acumulada de 1950 pesos en el trimestre. En junio, julio y agosto comenzó a regir el segundo aumento de la nueva fórmula, que fue del 5,7 por ciento y elevó el haber a 8096 pesos. La diferencia entre 8310 pesos y 8096 pesos es de 642 acumulados en el trimestre. Hasta ahí, el efecto negativo acumulado del pago cuestionado por la Justicia es de 2592 pesos en la jubilación mínima. 

Por eso la Cámara Federal de la Seguridad Social declaró en junio inconstitucional el pago de marzo a los jubilados porque, tal como De Vedia, entendió que tenía que aplicarse la fórmula anterior. Al fundamentar su decisión, el fiscal recordó que fue el propio gobierno el que admitió la pérdida de valor adquisitivo al otorgar un bono por única vez. De Vedia declaró inconstitucional también al decreto 1058/2017 porque afirmó que “no zanja la diferencia” y además “es discriminatorio con los que cobran más de 10 mil pesos de jubilación porque no les permite cobrarlo”. 

Ese decreto presidencial, sancionado en diciembre del año pasado, otorgó además un pago extraordinario, por única vez, de 750 pesos para los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que hubieran cumplido los años de aportes y edad para acceder al beneficio y cuyos haberes devengados al mes de marzo de 2018 fueran inferiores a $ 10.000; $ 375 para los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que hubieran accedido al beneficio a través de moratorias y cuyos haberes devengados al mes de marzo de 2018 fueran inferiores a $ 10.000, como así también para los beneficiarios de la Pensión Universal para Adulto Mayor (PUAM) y pensiones no contributivas y $ 400 para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUHPS).

La venta de autos usados cayó 4,1% en junio y esperan un segundo semestre "muy difícil"

La venta de autos usados en todo el país bajó 4,1% en junio último con relación a igual mes del año pasado, al comercializarse 136.787 unidades, y los concesionarios advirtieron que "la crisis se está profundizando" en este mercado.

Al compararse con mayo de este año, la baja fue mayor: 15,4%, de acuerdo con un informe de la Cámara del Comercio Automotor (CCA). En cambio, durante el primer semestre de 2018 las ventas de vehículos usados crecieron 7,7% interanual, al sumar 874.325 unidades.

En este marco, el presidente de la CCA, Alberto Príncipe, advirtió que "la crisis se está profundizando en el mercado del auto usado: comenzó en junio con una caída del 4,10%, mucho menor de lo esperado viendo otros sectores de la industria automotriz". 

"La situación económica y financiera del país nos crea más incertidumbre para el futuro inmediato", alertó el dirigente, en un comunicado. Además, señaló que "a principios de este año, habíamos comenzado con un crecimiento constante e interesante, que nos daba una luz de esperanza de un posible equilibrio".

"Pero los aumentos constantes de los costos operativos y la exigua rentabilidad en nuestros negocios nos indica lo contrario", reconoció. 

Príncipe vaticinó que el segundo semestre "va a ser muy difícil a medida que pasen los meses. Ante este cuadro, la profesionalidad del sector será fundamental para sostener los empleos".

Según dijo, a esta situación "se le suma la falta histórica de planes de financiación, hoy inexistentes por las tasas de interés. Todo este combo hace que prácticamente no tengamos mercado".

De acuerdo con el informe, las provincias en las cuales más subieron las ventas de usados (en la comparación interanual) entre enero y junio de 2018 fueron: Santiago del Estero: 33,59%; San Luis: 21%; Río Negro: 18,12%; Tucumán: 15,63%; Chaco: 14,75%; La Pampa: 14,11%; Corrientes: 14,09%; Formosa: 13,84%; Chubut: 13,27%; Mendoza: 13%; Catamarca: 10,41%; San Juan: 10%; Córdoba: 9,97%; Neuquén: 8,86%; Entre Ríos: 8,26%; Santa Fe: 8,19%; Salta: 7,95%; Tierra del Fuego: 7,71%; Jujuy: 5%; La Rioja: 4,45%; Provincia de Buenos Aires: 4,36%; ciudad de Buenos Aires: 4,34%; Misiones: 2,87% y Santa Cruz: 0,41%.

Avanza la investigación de los aportantes truchos: Casanello citará a algunos donantes

El juez Sebastián Casanello llamará a declarar en calidad de testigos a algunas de las cientos de personas que aparecen como aportantes a la campaña bonaerense de la alianza de derecha Cambiemos en 2017, mientras los donantes analizan presentar acciones legales por separado. "Nos vendieron humo durante tanto tiempo", se quejó un ex candidato bahiense.

El senador Esteban Bullrich y la diputada Graciela Ocaña siguen sin dar explicaciones sobre el escándalo de aportantes truchos en la campaña durante las elecciones bonaerenses de 2017. Mientras tanto, la investigación judicial sigue su curso y se replican los testimonios de personas que se encontraron en la lista de donantes pero aseguran no haber dado su consentimiento. Según trascendió, el juez Sebastián Casanello, llamará a declarar en calidad de testigos a algunos de ellos, quienes están analizando presentar acciones legales por separado. 

La causa que lleva Casanello se abrió el 3 de julio a pedido del fiscal Carlos Stornelli, quien imputó a dos responsables financieros que hicieron la rendición de aportes ante la Cámara Electoral. Stornelli advirtió que detrás de los aportes truchos podría estar el delito de lavado de dinero, ya que el núcleo de la maniobra es la utilización de la identidad de al menos 467 personas, en su mayoría beneficiarias de planes sociales, para hacerlos aparecer como donantes de entre 300 y 2 mil pesos. 

En un comienzo las revelaciones del portal El Destape mencionaban una lista de 205 personas que aparecen haciendo aportes en la rendición de Cambiemos ante la Cámara Electoral, la mayoría de ellos habitantes de barrios muy humildes y beneficiarios de planes sociales. Luego, surgieron más nombres, incluido ex miembros del PRO, y la lista se acerca ya a los 500 donantes truchos. Ayer el mismo medio afirmó que el juez citará próximamente a los donantes en carácter de testigos. 

La lista de aportantes truchos mientras tanto se sigue engrosando y la inclusión en ella de ex candidatos a intendente, concejales y consejeros escolares del PRO, agita las filas internas del oficialismo. “Estos muchachos que nos vendieron humo durante tanto tiempo han demostrado ser más de lo mismo o peor. Yo los voté en 2015 pero después me di cuenta que me había equivocado. Nunca pensé que podían llegar a esto, porque venían a 'moralizar' la política”, señaló ayer a la mañana Fabián Balut, dueño de una automotriz y ex candidato a intendente en Bahía Blanca en 2003 con el partido Recrear de Ricardo López Murphy.

Balut advirtió en declaraciones a FM La Patriada que siente “indignación por haber sido usado de esta forma” y que “hayan manipulado su identidad”. Además, evaluó que su inclusión en la lista fue “al azar” porque Bullrich jamás lo hubiese elegido debido una disputa política que tienen hace tiempo.

"Cuando participé en política, el senador Esteban Bullrich ya nos había robado el partido en 2008, se quedó con todos los afiliados de la provincia en ese momento", afirmó. 

Adelantó además que está evaluando una presentación judicial con su abogado y exhortó al resto de las víctimas a hacer lo mismo. "Quiero incentivar a todos los que están en este lugar incómodo a que vayan a la Justicia para que salga a la luz qué pasó y cómo fue todo, para que las próximas elecciones sean mas transparentes", agregó.