Los fallidos despidos que ordenó Hernán Lombardi en Télam ahora pueden ser habilitados por la Justicia. La feroz interna dentro de la Cámara del Trabajo. El efecto de la fórmula Fernández-Fernández.
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Los jueces de la Cámara del Trabajo Leonardo Ambesi y Mario Fera
ingresan a deliberar en medio de una protesta de los trabajadores de Télam.
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El anuncio de la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner atizó el serpenteante mundo judicial. En su primera aparición pública tras el disruptivo video del 18 de mayo, Fernández visitó una radio y proclamó que “lo que hicieron con Télam fue imperdonable. A Télam la vamos a poner de pie”.
La promesa operó como un rayo fulminante para los jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que al día siguiente se disponían en analizar, por enésima vez, los expedientes judiciales de los 357 despedidos en la agencia pública.
Resolver un expediente judicial sensible con decoro, conciliando el contexto político, el derecho y la realidad social solía ser una de las virtudes de los magistrados de la Cámara. Pero el de Télam es un hilo que todavía no pudieron enhebrar.
Los trabajadores de Télam despedidos en 2018 fueron reincorporados el año pasado por la justicia laboral, pero la Cámara se había pronunciado sólo sobre algunos casos. Se esperaba, casi como una formalidad, que la Sala V extendiera las reinstalaciones a medida que los casos fueran llegando a su estudio, al ritmo macerado de los tiempos judiciales. Pero los jueces Enrique Arias Gibert y Beatriz Ferdman quebraron la concordia interna del fuero laboral fragmentando esta semana el expediente y dividiéndolo en tantas partes como camaristas existen. Multiplicaron y socializaron el problema.
La reacción inicial de los camaristas fue la rabia con sus colegas de la Sala V, pero ahora se desgañitan para encontrar una solución que dé respuesta a la demanda social sin ignorar el mapa electoral. Claro que establecer una posición uniforme en ese cuerpo es un acto más cercano a la magia que a la ciencia jurídica.
El bumerang del juicio político
La descomposición del expediente de Télam se inició con la promoción de un juicio político a Enrique Arias Gibert y Miguel Rodríguez Brunengo, los dos camaristas que ordenaron, el 22 de agosto de 2018, las primeras reincorporaciones de los trabajadores de Télam despedidos por Hernán Lombardi. Al principio se la observó con alguna indiferencia (el gobierno no tiene mayorías en el Consejo de la Magistratura y era además un movimiento de presión que el gobierno ya había montado sin éxito sobre otros jueces); incluso no faltó quien mostrara una mueca de sorna, producto de algún revanchismo personal, por la desgracia de Gibert.
Pero la atmósfera actual de la Cámara del Trabajo está atrapada una preocupación que no reconoce trincheras ideológicas: si Arias Gibert y Rodríguez Brunengo fueron enjuiciados “por el contenido de sus sentencias”; esto es, por su simple criterio jurídico, bueno o malo; y eso habilita un jury, qué garantías hay de que eso no le ocurra a sus pares, incluso los que suelen consultar a los voceros del poder antes de redactar sus sentencias.
No es una cuestión menor. Y por eso a todos les tiembla el pulso en firmar una resolución sobre Télam, más porque es obvio que se trata de un expediente que abandonó hace rato el tono circunspecto propio de los actos judiciales. Y el terreno político está en movimiento. Pero sus dudas van más allá de Télam. Una cosa es enjuiciar a los jueces por violar la ley o por cohecho, pero otra es hacerlo por el contenido de sus fallos. En un país en el que hubo Acordadas de la Corte Suprema de Justicia que avalaron Golpes de Estado y fallos que revalidaron las “leyes” sancionadas en la dictadura militar, atacar a los jueces por el contenido de las sentencias implica alentar un revisionismo sin control. ¿Qué camarista tiene hoy garantías de no ser cuestionado si esta semana acepta la competencia extrañamente delegada por la Sala V o si suma su firma a un expediente que tuvo este año un recorrido inexplicable hasta para el más heterodoxo manual de derecho procesal? La sensatez los llama a alejar sus manos de ese berbecho.
Un camarista recibió la semana pasada un regalo anónimo en su despacho. Un viejo libro titulado “La responsabilidad de los jueces por el contendido de sus decisiones jurisdiccionales”, dirigido por Santiago Alfonso, de la usina ideológica de la Universidad Austral. Se aprendió un fragmento del capítulo IV -que presenta la tesis de la irresponsabilidad de los jueces como principio-, que no es otra que la doctrina clásica que el macrismo erosionó con sus embates judiciales. Quizá sea la hora de volver al derecho.
El pecado original
Varios de los vaivenes del expediente de los trabajadores de Télam nacieron de la interpretación de una modificación reglamentaria que hizo la Cámara sobre los sorteos de los jueces, el 8 de noviembre de 2018. Leído fuera de contexto, nada raro sobresale más allá del aburrimiento que impera en un texto de tono administrativo. Pero a poco de escarbar, aparecen dos hechos inusuales: el cambio no lo promovió un juez sino un abogado del gobierno, Juan José Etala (el autor jurídico intelectual de los despidos en Télam) y el registro de la votación en las actas revela que el cambio era el deseo de la minoría de la Cámara. Alguien borró los registros sobre cómo la minoría se convirtió en mayoría.
El que bramó como nunca fue Gregorio “Goyo” Corach, presidente de la Sala X, que sabe quizá mejor que ninguno de sus pares de los recodos del poder. Cercano al menemismo y al macrifascismo, pero jamás a la torpeza, Corach reprochó que “las actas no son claras, no figuran los nombres de quienes integran las mayorías ni las minorías y se priva de la necesaria transparencia”. Y dejó traslucir que se alentaba un regreso al “forum shopping”. No se quejó bajo la discreción extraoficial. Zorro viejo, consignó su queja en el Acta 2681 de la Cámara cuando el expediente de Télam comenzaba a desmadrarse.
Corach, ex presidente de la Cámara, bien conoce el padecimiento que hoy sufre Luis Alberto Catardo, quien ahora debe hacer frente a la tormenta. Ingresado al Poder Judicial en 1969, Catardo no necesita que le cuenten trucos ni secretos del mundo judicial. Hace muchos años escribió un artículo sobre “La alegoría de la caverna” de Platón, aquel relato retórico en la que los hombres atrapados al interior de una cueva confundían la realidad con las sombras que de ella se proyectaban. En esa línea, Catardo anima a los suyos (muchos no concuerdan con él pero se ha ganado el derecho a ser oído) y les recuerda que no es tiempo de confundirse con las sombras que se mueven en el microclima del fuero laboral. La realidad está afuera de la caverna. Y allí, en esa realidad, resuenan -de nuevo- las palabras de Alberto Fernández.
Una historia, múltiples protagonistas
Todos se reacomodan. Y en ese juego sobresale en destreza, cual gimnasta rumano, Mario Fera, otro conocedor de las intimidades judiciales. El ex secretario letrado de Juan Carlos Maqueda en la Corte Suprema de Justicia alguna vez fue relator de la Sala V, mucho antes de que aquellas avejentadas oficinas del primer piso de Lavalle 1554 se convirtieran en el escenario del conflicto de Télam.
Fera fue presidente del Consejo de la Magistratura, cargo al que escaló con los votos kichneristas, pero fue él mismo quien descalificó la reforma que aquel gobierno ensayó para cambiar la conformación de ese cuerpo. Las páginas de La Nazión lo encumbraron aquella vez cuando salió a elogiar la declaración de inconstitucionalidad que hizo la Corte Suprema.
Algún colaborador le comentó a Fera con malicia que el “sorteo” le deparó dos de los expedientes de los despedidos en Télam en danza, como si alguien quisiera arrojarle un hierro caliente. No lo creyó. Pero lo cierto es que esta semana debe resolver si acepta la competencia en esos expedientes y su posición es una incógnita. Algunos que observan sus movimientos se entusiasman con sus fallos como cuando, en 2010, firmó la orden para que el Ministerio de Trabajo admitiera la inscripción gremial de los Metrodelegados en conflicto con la UTA, pero Fera siempre juega varias cartas a la vez y su interés se prioriza en todas. Eso sí: mira preocupado las protestas en la puerta de la Cámara -y festeja por demás que su despacho no esté ubicado en Lavalle 1554, el edificio principal del cuerpo- porque su construcción pública no admite encontronazos con visibilidad.
Otro que escucha todas las posiciones es Daniel Stortini (también firmante de aquel fallo del Subte), quien ahora convive con Leonardo Ambesi en la Sala X, el incontinente enviado del macrismo. Como las aguas se mueven, también vacila, incluso, Héctor Guisado, integrante de la Sala IV, que alguna vez revisó la letra chica del reglamento para ver si se podía sancionar a los abogados del Sindicato de Prensa de Buenos Aires por aquello que los trabajadores y delegados declaraban en los medios. Pero quizá el tiempo político lo ayude a sosegar sus posiciones más taxativas. En esa faena tiene una pieza incómoda en su sala, el recién nombrado Pablo Manuel Diez Selva. No será la primera vez que camine por un desfiladero estrecho.
La política por otros medios
Cuando Catardo leyó hace días la resolución 349/2019 publicada en el Boletín Oficial saltó por el aire. El presupuesto oficial de Télam contemplaba el pago íntegro de cada peso de los salarios de los 743 empleados para todo el año, incluso los cientos de despedidos que le arruinan sus antes amables horas de oficina. Una cosa es que la justicia llegue tarde o sea ineficaz para resolver un conflicto sindical en curso -de hecho, es lo que usualmente ocurre- y otra bien diferente es que la Justicia reavive un conflicto donde el fuego ya se apagó. El PDF con el presupuesto de Télam circuló por los whatsapp de los magistrados como un llamado a la racionalidad perdida.
Hay evidencias que ayudan. Juan José Etala se promocionaba como el ministro de Trabajo del segundo mandato de Miauricio Macri Blanco Villegas, con credenciales que iba a ganar, justamente, mostrando el cuchillo en el conflicto de Télam. Aquel dato -que no era sólo un deseo de Etala- hoy apenas se cuenta como chiste. Tampoco nadie envidia la suerte de Leonardo Ambesi que consume su crédito a toda velocidad: actúa con el libreto del gobierno como si no hubiera un día después. Pero allí no hay desacuerdos. Ambesi afronta ese papel en extraordinaria soledad. Un camarista -por naturaleza- es alguien que piensa en el día después.
A veces todos se olvidan, pero para recordarlo les basta con mirar por la ventana de sus despachos y observar que todos los días hay una concentración de los trabajadores de Télam frente a la Cámara del Trabajo: el problema no se trata sólo de sus propias internas y sus infinitos egos; todavía existe, detrás, un conflicto jurídico-sindical por resolver.
Ante la duda, decía Mark Twain, cuenta la verdad. Lo leyeron millones. Algún camarista quizá también lo haya leído. Toda frase tiene una traducción personal. La de ellos dice: “Ante la duda, quizá, sea hora de hacer justicia”.
Fuente: nota de Justo C. Simón para Infonews
