El jefe del interbloque de senadores de la alianza de derecha Cambiemos, Luis Naidenoff, y el jefe del bloque de la UCR, Angel Rozas, formalizaron la presentación del proyecto de ley anunciado hace una semana para convocar a una consulta popular no vinculante sobre la despenalización del aborto.
El expediente 350/18 fue presentado en la Mesa de Entradas de Proyectos del Senado y fue girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud, que deberán comenzar su tratamiento en los próximos días.
La propuesta de los jefes radicales del Senado establece el llamado a una consulta popular para que la sociedad conteste si está de acuerdo con que se regule la interrupción voluntaria del embarazo y si está a favor de incluir el aborto en la prestación médico obligatoria y gratuita.
Naidenoff argumentó que sería "un error" dejar librado sólo a las posturas de los legisladores una definición sobre la despenalización del aborto y que deben ser los ciudadanos quienes se expresen.
"La propia sociedad tiene que expresarse porque cada legislador tiene sus propias creencias y convicciones y aquí se entremezclan cuestiones éticas, religiosas, jurídicas y de salud pública y al estar en juego todos estos matices, con una democracia consolidada, ya tenemos madurez para sostener una consulta popular", analizó Naidenoff.
El proyecto presentado en el Senado deberá ser tratado por las comisiones de Asuntos Constitucionales que preside el senador por Catamarca del PJ, Dalmacio Mera, y de Salud, que será conducida por el radical de Jujuy, Mario Fiad.
La Justicia ordenó al presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Javier Ibáñez, a reincorporar en 48 horas a dos trabajadores delegados gremiales despidos del organismo.
Los beneficiarios del fallo fueron Romina Albertotti y Nicolás Pérez Fiorentino, sindicalistas de ATE y miembros de la Agrupación Naranja. "Esto sienta un gran antecedente para la reincorporación del resto de los 258 despedidos y es fruto de una presentación realizada en consenso", destacaron desde ATE y el Partido Obrero.
"Las autoridades del INTI cometieron un acto ilegal al echar delegados, quienes están amparados por el derecho de la tutela sindical, por el simple hecho de que el Ministerio de Modernización pidió impugnar la cantidad de delegados elegidos, facultad que dicha cartera no posee de acuerdo con la Ley de Asociaciones Sindicales", agregaron.
Según el fallo sobre Pérez Fiorentino, al que accedió Currín, el juez subrogante Fernando Vilarullo recordó que el hombre fue electo el 19 de diciembre de 2016 con mandato hasta el 15 de diciembre de 2018 y que los jefes del INTI le comunicaron el despido el 29 de enero de 2018. "Por lo que -prima facie- la cesantía se habría efectuado durante el período de tutela previsto en la ley 23.551", resaltó.
En otro tramo de la sentencia, el magistrado destacó que esa norma "se encuentra dirigida a garantizar la libertad sindical reconocida no sólo en el Artículo 14 bis de la Constitución nacional, sino también en numerosas normas internacionales con jerarquía constitucional y receptadas por los órganos que integran la Organización Internacional del Trabajo".
Desde a Comisión de prensa y difusión ATE-INTI aseguraron que con este fallo "se ratifica la importancia de las medidas realizadas a lo largo y a lo ancho de todo el país y desde hace ya 42 días" y se mostraron ilusionados en que las "mesas de diálogo" que se armaron puedan llegar a una "auténtica solución a este conflicto que afecta a 258 familias".
Los trabajadores del Instituto revelaron que fueron convocados a una reunión para el próximo martes en el Ministerio de Trabajo de la Nación para destrabar el conflicto y normalizar la actividad laboral. Al mismo tiempo, no descartaron la inmediata apertura de una discusión entre sindicalistas de ATE Nacional, Ibáñez y los ministros Francisco Cabrera y Andrés Ibarra.
Hay preocupación por el revés que sufrió el régimen fascista de Mugrizio Macri Blanco Villegas en la Cámara. Los posibles escenarios.
El blanqueo de capitales que lanzó el régimen macrifascista en 2016 volvió a entrar en zona de turbulencias. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal desestimó el jueves un recurso de la Procuración del Tesoro para evitar que Felipe Solá pueda seguir reclamando la inconstitucionalidad del decreto del ex hijastro de Flavia Palmiero que permitió a familiares de funcionarios ingresar en el blanqueo de capitales.
Lla decisión de la Sala V de la Cámara generó ruido y cierta paranoia no sólo en la Casa Rosada, también en el ambiente empresarial (los principales beneficiados por el blanqueo), por las posibles consecuencias que podría traer el proceso judicial en contra del decreto mediante el cual Macri Blanco Villegas avaló que cónyuges, padres e hijos de funcionarios puedan blanquear activos, pese a que la ley aprobada por el Congreso lo prohibía.
Solá presentó el amparo en diciembre del 2016, pero en marzo de 2017 la jueza María Alejandra Biotti lo rechazó bajo el argumento de que no tenía legitimidad para actuar, ni como ciudadano ni como legislador. La "falta de legitimidad" es una formalidad bastante habitual entre los magistrados para sacarse de encima temas complejos.
Ocho meses después, la Cámara revirtió ese fallo y le dio la razón a Solá, al tiempo que ordenó que se sortee un nuevo juez y que se cite a la AFIP para que intervenga en el proceso. Ante esto el Procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, presentó recurso extraordinario federal que ayer fue rechazado por la Sala V por considerar que la resolución anterior no es una sentencia definitiva.
Fuentes de la Procuración consultadas evitaron hacer comentarios sobre el tema y sobre los pasos a seguir, dado que Saravia Frías está fuera del país, según explicaron.
No obstante, el abogado de Solá, Martín Yañez, dijo que lo más probable es que el régimen macrifascista presente un recurso de queja ante la Corte Suprema. "Pero ese recurso no tiene efectos suspensivos, por lo tanto debe cumplirse con la sentencia de Cámara. Es decir, se debe sortear un nuevo juez para que entienda en el caso, para que decida", detalló el letrado.
Yañez explicó que la Corte puede aceptar o no el recurso de queja, y no tiene un tiempo para definirlo, por lo que mientras tanto debe seguir el trámite. "Lo más importante es que le reconocieron a Solá la legitimidad para actuar porque muchas veces los casos mueren ahí", comentó el abogado y agregó que "el próximo juez debe decidir, debe fallar, no se puede escudar en que Felipe no tiene legitimación".
El objetivo ahora de Solá es que la Justicia determine que el artículo 6 del decreto 1206/2016 (de reglamentación del blanqueo) es inconstitucional porque contradijo el espíritu de la ley aprobada por el Congreso. ¿Pero qué efectos podría tener esto en la práctica?
El régimen, en sus presentaciones judiciales, sostuvo que el blanqueo ya se cerró y quienes ingresaron tienen derechos adquiridos, por lo que no se podría volver para atrás. En cambio, Yañez sostuvo que la AFIP cuenta con los medios técnicos suficientes para retrotraer la situación en cada caso y, si corresponde, multar o sancionar a los familiares que hayan logrado blanquear activos gracias a ese decreto.
"Si resulta que el decreto es anticonstitucional, la AFIP tiene que cobrarle a todos los parientes incluidos en la ley como prohibidos. Es mucha plata, es la plata que les robaron a los argentinos. Si ganamos esto vamos a poder saber quiénes son los familiares", declaró por su parte Solá.
Yañez admitió que ese objetivo es bastante complejo y aún si la Corte les diera la razón, podría derivar en múltiples juicios de los beneficiados. Pero también tiene un costado político relevante y es sentar un precedente sobre este tipo de maniobras mediante la reglamentación de leyes. "Que no sea tan fácil que con un decreto se altere o modifique el espíritu de la ley", resumió.
El lunes será la reunión de conciliación. El régimen hablará de la reforma laboral y del blanqueo. Los industriales pedirán por la informalidad del 40%, el alza de los combustibles de YPF, tasas del Banco Central y apertura “inteligente” al mundo.
Miguel Acevedo, presidente de la UIA
La Unión Industrial Argentina (UIA) concurrirá el lunes a la Casa Rosada en son de paz. Al punto que, según la definición de uno de los negociadores del encuentro de reconciliación entre los industriales y el régimen macrifascista, se buscará "encapsular las posiciones de José Ignacio de Mendiguren". La referencia no es menor.
Según el macrifascismo, el diputado nacional del Frente Rejuntador, representaría las posiciones más duras y críticas contra la política económica del oficialismo. Aquellas que llevaron a la confrontación de las últimas semanas. Incluso, muchos industriales responsabilizan a De Mendiguren y su intervención en el Consejo Directivo de la entidad, las declaraciones más radicales denunciativas de una "invasión" de productos importados y de "crisis terminal" de las economías regionales; las que al hacerse públicas enojaron al macrifascismo y derivaron en la catarata de declaraciones que, al acelerarse, crearon el mal clima entre Mugrizio Macri Blanco Villegas y la UIA.
Dos consecuencias hicieron que desde ambas orillas del río se decidiera comenzar a bajar los decibeles. Por un lado, al copar el tema a la tapa de los diarios, desde el exterior comenzaron a llegar consultas de potenciales (y siempre temerosos) fondos de inversión del exterior. Fueron varias las llamadas desde los centros financieros consultando en oficinas gubernamentales importantes de que se trataba la pelea con los industriales, y cual sería el alcance. Aparentemente, los días de los enfrentamientos entre los privados y el kirchnerismo aún están frescos en el recuerdo, al menos en el exterior.
El segundo motivo que provocó el acercamiento fue una conversación que el jefe de Gabinete, Marcos Peña Braun Menéndez, mantuvo con dos directivos importante de la conducción de la UIA, José Urtubey y Daniel Fines de Rioja en el almuerzo anual del Rotary Club de CABA. Finalmente el conflicto se dio por terminado, y se consignó que en el encuentro de la semana próxima estarán presentes Peña Braun Menéndez y el ministro de Producción Francisco Cabrera; mientras que por la UIA estarán presentes el presidente Miguel Acevedo, Funes de Rioja, José Urtubey y Luis Betnaza de Techint, entre otros.
Arriadas las banderas del conflicto, las partes comenzaron a definir el temario de la reunión del lunes. Desde el régimen se les anunció a los industriales que se presentarán, nuevamente, los lineamientos de la reforma laboral, incluyendo el proyecto de blanqueo laboral (que ya tiene el aval tanto de la UIA como de la CGT), los nuevos contratos laborales de corto y mediano plazo, los cambios en los regímenes indemnizatorios y en los términos de seguridad laboral.
Por el lado de los industriales, el temario a llevar a la reunión es más amplio e incluye los niveles de las tasas de interés del mercado formateadas por las Lebac del BCRA de Federico Sturzenegger; a las que se las califica como "desestimulantes para la inversión real". También se reclamará por la manera en que el macrifascismo maneja la apertura comercial del país (lo que enoja a De Mendiguren).
Los industriales se mostrarán activos a una integración mundial e incluso ponderarán que esté abierta la importación de insumos y bienes de capital. Pero se pedirá por productos finales como los textiles y alimentos. Se hablará del 40% de informalidad que se mantiene en el país y la competencia desleal que esto representa, especialmente en el pago de impuestos. Prometerá el Ejecutivo atención directa de Leandro Cuccioli, el próximo titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), y la creación de departamentos de fiscalización de sectores complejos de evasión.
Los industriales también pedirán por la política de liberación de los precios de los combustibles y la influencia que tienen estos aumentos en las naftas en la inflación. La tesis de los industriales será que la política de subas de servicios públicos (electricidad, gas y agua), si bien es compleja, ya está siendo dominada por los sectores privados; pero que lo que está complicando la estrategia al mediano plazo son los aumentos imprevistos de los combustibles que decide YPF primero y luego sigue el mercado. La queja es, en realidad, similar a la de muchas dependencias oficiales importantes.
Si todo sale bien, el encuentro será rubricado con una muy sonriente foto, con Macri Blanco Villegas interviniendo. En definitiva, su despacho está ubicado a metros de donde Peña Braun Menéndez tiene pensado recibir a los industriales.
El empresario industrial y diputado nacional del Frente Rejuntador José Ignacio De Mendiguren replicó la estrategia que el régimen macrifascista nacional planea llevar a la mesa de diálogo con la UIA rel próximo lunes."Pueden encapsular cualquier cosa, menos la realidad", aseguró el ex titular de la entidad fabril.
De Mendiguren respondió así luego que se conociera la posición del macrifascismo en la reunión de conciliación a llevarse a cabo el próximo lunes en la Casa Rosada (ver nota aparte en esta misma edición).
Los funcionarios consideran que el legislador nacional representa las posiciones más duras y críticas contra la política económica del oficialismo, aquellas que llevaron a la confrontación de las últimas semanas entre ministros y directivos de la UIA.
Incluso, muchos industriales responsabilizan a de Mendiguren y su intervención en el Consejo Directivo de la Unión, las declaraciones más radicales denunciativas de una "invasión" de productos importados y de "crisis terminal" de las economías regionales; las que al hacerse públicas enojaron al macrifascismo y derivaron en la catarata de declaraciones que, al acelerarse, crearon el mal clima entre Mugrizio Macri Blanco Villegas y la UIA.
Los cruces se originaron con una declaración del ministro de Producción, Francisco Cabrera. "Que dejen de lloran e inviertan", les reclamó el jefe de negocios del régimen a los empresarios. De Mendiguren minimizó la exclamación. "No me calienta lo que dijo el ministro Cabrera porque es parte de la política, si me calentaría si lo piensa", afirmó ayer en declaraciones a FM Blue.
"Este gobierno de Cambiemos no tiene nada, ésto es sigamos", agregó y cuestionó la apertura irrestricta de importaciones y el masivo y constante envío de remesas al exterior. "La fuga de capitales no ha parado", advirtió. "La Argentina que genera dólares está mal", resumió.
Los popes de la UIA plantearán sus quejas por las altas tasas de interés del mercado formateadas por las Lebac del BCRA de Federico Sturzenegger; la apertura comercial del país; pedirán mayor protección local a los productos finales como los textiles y alimentos; remarcarán que la informalidad laboral todavía representa el 40% en el país; exigirán frenar la competencia desleal; frenar el impacto inflacionario de los aumentos en las naftas; y los tarifazos, entre otros temas.
El titular de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, Armando Cavalieri, empresarios y el ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, realizaron la firma de la paritaria sectorial que dispone un aumento del 15%.
Con la bendición del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, el sindicato de comercio y las cámaras del sector firmaron lo que hasta ahora es la única paritaria que acata el techo exigido por el régimen fascista de Mugrizio Macri Blanco Villegas: 15 por ciento sin cláusula gatillo y con una de revisión, que permitirá rediscutir los salarios recién en enero del año próximo.
El acuerdo fue firmado por el presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Jorge Di Fiori, el de la Confederación de la Mediana Empresa (CAME), Fabián Tarrío, y el titular de la Federación de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), Armando Cavalieri, uno de los sindicalistas más afines al macrifascismo.
Hasta ahora, este fue el acuerdo paritario más alto del sector privado y, por lo tanto, se descuenta que el régimen intente convertirlo en una referencia para las restantes discusiones salariales tanto de ese sector como del público.
El arreglo consiste en una suba del 15 por ciento en dos tramos, el primero de 10 por ciento a pagarse en abril y el segundo de 5, desde agosto. No habrá cláusula gatillo, es decir un aumento que se dispare de manera automática no bien la inflación supere ese porcentaje. Lo que se convino fue una “cláusula de revisión” a enero de 2019. Es decir que las partes volverá a reunirse recién el año que viene.
Los mercantiles habían hecho lo mismo en la paritaria 2017, cuando se estableció una nueva negociación que terminó con un 6 por ciento más convenido en enero de este año.
Luego de poner su firma, Tarrío admitió que “el sector comercial pyme atraviesa una situación de baja rentabilidad y variabilidad, pero considera correcto mejorar el salario de los trabajadores para fortalecer el mercado interno".
El jefe del bloque de diputados del PRO estaba en medio de una entrevista televisiva y, al creer que no estaba al aire, dijo que después de Cambiemos asumirá un “justicialismo reciclado”, desestimó al radicalismo como posible sucesor y admitió que “pobreza cero” es “un proceso de 20 años”.
Nicolás Massot, brindó una larga entrevista en simultáneo a los canales A24 y AméricaTV. Cuando se hizo el pase para seguir al aire sólo en América, el legislador pensó que ya no estaba al aire y habló sobre la vuelta del peronismo al poder.
También defendió el ajuste y argumentó en favor de la pérdida de calidad de vida: "nos acostumbramos a vivir en buenas zonas, nos acostumbramos a tener planes altos en las obras sociales".
“Es un proceso de 20 años que posiblemente lo termine el peronismo, ojalá lo termine el peronismo”, dijo Massot al referirse a la reducción del déficit y a la promesa electoral de “pobreza cero” hecha por Mugrizio Macri Blanco Villegas.
Sin saber que estaba al aire, se esperanzó de que el próximo gobierno “sea una continuación de lo grueso del plan económico que se está haciendo ahora” para “volver al superávit, equilibrar la balanza, volver a tener las exportaciones que teníamos”.
Sobre el futuro del macrifascismo, aventuró que “nos podemos quedar seis años más, diez años más, y después va a venir el partido justicialista reciclado”.
“¿Y los radicales para cuándo?”, le preguntaron los periodistas y el diputado respondió socarronamente que “los radicales están gobernando”.
“Este está filmando”, se percató en ese momento Massot y señaló a una de las cámaras.
En ese momento, con un gesto entre la sorpresa y la preocupación, el sorete mal cagado entendió que nunca había salido del aire.
Más tarde, a través de su cuenta de Twitter, el legislador calificó a la situación como un "gracioso momento" y aseguró que "pienso y ratifico todo lo que dije 'al aire'. Solo hubiera gesticulado menos y omitido la palabra quilombo".
El ex hijastro de Flavia Palmiero se comunicó con su par estadounidense. Le pidió que la Argentina sea exceptuada de las nuevas tasas a la importación de acero y aluminio que impuso Estados Unidos, adonde las empresas argentinas que producen esos metales realizan exportaciones anuales por 770 millones de dólares. La Casa Blanca, a su turno, confirmó que “los dos líderes discutieron los aranceles potenciales al aluminio y al acero extranjeros".
Mugrizio Macri Blanco Villegas habló por teléfono ayer con Donald Trump para pedirle una excepción a la Argentina de los aranceles a la importación de acero y aluminio a Estados Unidos.
El diálogo tuvo lugar después del mediodía y aunque la Cancillería no difundió el contenido de la conversación, trascendió que, en caso de que los productos argentinos no sean exceptuados del gravamen, el idiota confeso pretendería al menos negociar una rebaja del impuesto a la importación.
Trump dispuso antes de ayer una suba arancelaria del 10 por ciento en aluminio y del 25 por ciento en acero. Tras el anuncio, el Palacio San Martín difundió un comunicado en el que anunció que entablaría un diálogo “con las autoridades correspondientes” de Estados Unidos, con miras a conseguir “la excepción de esos aranceles para las exportaciones argentinas” de esos metales.
La semana pasada, antes de que se confirmara el anunció oficial de la víspera, el canciller Jorge Faurie y el ministro de Producción, Francisco Cabrera, habían solicitado al Departamento de Comercio que la Argentina quedara exceptuada de la nueva disposición. Lo que reclama el régimen macrifascista es un trato similar al de México y Canadá, que quedaron exceptuados de los nuevos aranceles.
La nueva barrera proteccionista que impuso Washington en un mundo cada vez más globalizado, fue tema de conversación el jueves entre el jefe de Gabinete, Marcos Peña Braun Menéndez, y el CEO de Techint, Paolo Rocca, una multinacional de origen argentino que exporta a Estados Unidos 200 mil toneladas anuales de acero, por valor de 300 millones de dólares, y que el año pasado inauguró una planta de tubos sin costura en Texas, que el propio Macri Blanco Villegas celebró como si la fábrica hubiera sido inaugurada en territorio nacional.
El Palacio San Martín, por su parte, destacó la “baja participación” argentina en el mercado norteamericano y recordó que “las exportaciones argentinas representan sólo 0,6 por ciento del acero y 2,3 por ciento del aluminio de todas las importaciones que hace Estados Unidos en ambos rubros”, y que, por lo tanto, el país “no es causante ni contribuye a las distorsiones que afectan a los mercados mundiales y a los Estados Unidos”.
Tras la conversación telefónica entre Trump y el hijo bobo de Franco Macri, la Casa Blanca emitió un comunicado en el cual confirmó que “los dos líderes discutieron los aranceles potenciales” al acero y al aluminio y que coincidieron en “mantenerse en contacto para fortalecer” lo que Washington definió como una “sólida relación bilateral”.
También hizo saber que Trump “subrayó la necesidad” de trabajar de manera conjunta en la región “para devolver la democracia al gran pueblo de Venezuela”.
El ex hijastro de Flavia Palmiero viajará el domingo a Valparaíso, Chile, para asistir a la asunción del electo jefe de Estado del país trasandino.
La ceremonia se llevará a cabo a partir de las 11 en el Palacio del Congreso Nacional, ubicado en el barrio El Almendral de Valparaíso, a unos 135 kilómetros al noreste de Santiago, con la asistencia de mandatarios americanos y europeos, así como otras autoridades.
Al igual que en 2010, la actual presidenta Michelle Bachelet le entregará la banda presidencial al jefe de Estado electo en noviembre pasado, que ya fue presidente de Chile entre 2010 y 2014.
El último encuentro entre los dos mufas, que tienen en común su origen como empresarios, fue en agosto del año pasado en la residencia de Olivos, cuando el chileno -que era candidato para un nuevo mandato- lo visitó tras haber sido intervenido quirúrgicamente en la rodilla derecha.
Cuando ganó las elecciones en noviembre pasado, Macri Blanco Villegas fue uno de los primeros jefes de Estado en felicitar al innombrable chileno, tras confirmarse su triunfo en segunda vuelta ante el candidato Alejandro Guillier.
Durante el encuentro que mantendrán este domingo, el idiota confeso buscará avanzar en un acuerdo entre la Alianza del Pacífico -que integran Chile, Colombia, Perú y México- y el Mercosur, y también analizarán la marcha de los proyectos de obras conjuntas para los 26 pasos fronterizos que potenciarán el intercambio internacional, entre otros temas, indicaron fuentes oficiales.
La Oficina Anticorrupción (OA) renovó su "Plan de Acción" y puso énfasis en propuestas para la presentación de declaraciones juradas y para el análisis de los conflictos de intereses, entre otros puntos relevantes de la modificación sobre el plan, que databa del 2001.
La nueva normativa de la OA plantea la necesidad de "redefinición del universo de sujetos obligados a presentar DD.JJ.", en el apartado "Control de Declaraciones Juradas, conflictos de intereses, obsequios y otros deberes éticos". Además, subraya el objetivo de "reformulación y modernización de los procedimientos de gestión y administración del sistema" de declaraciones juradas.
Otro de los puntos destacados del plan de la OA es el referido a los conflictos de intereses, que tantos dolores de cabeza trajeron a la administración de la alianza de derecha Cambiemos. Según fuentes oficiales, más de 40 funcionarios públicos del régimen macrifascista fueron investigados por conflicto de interes. Muchos de ellos por figurar en directorios o ser accionistas de empresas proveedoras del Estado, aparecer vinculados a compañías y cuentas offshore o como el caso del ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, que tuvo que devolver un bono de $ 500.000 a la Suciedad Rural Argentina.
En ese marco, entre los ítems que figuran en el "Diseño de políticas de integridad y transparencia en la Administración Pública Nacional" aparece el "diseño del procedimiento de análisis de conflictos de intereses previo al proceso de designación de funcionarios de alta jerarquía".
Otras áreas contempladas en el Plan de Acción son "Posicionamiento de la agenda anticorrupción"; "Investigación para la prevención de la corrupción"; "Posicionamiento de las políticas de integridad y anticorrupción del Estado Argentino a nivel Internacional", y "Transparencia e Integridad en sectores de riesgo".
"Este plan quinquenal es producto del debate interno de la propia OA y de las nuevas realidades y demandas que han surgido dentro de la administración pública y la sociedad. Sólo en 2001, la OA produjo un plan similar", afirmó Laura Alonso, la incogible titular de la oficina y ex diputada nacional del PRO, en un comunicado. La última acción del plan coincidiría con el fin del segundo mandato de Mugrizio Macri Blanco Villegas, tras una hipotética reelección en 2019.
Alonso señaló que el objetivo del plan es también "informar a la ciudadanía y a muchos actores nacionales e internacionales que siguen nuestra actividad sobre las prioridades y acciones que profundizaremos e iniciaremos".
El último Plan de Acción de la OA se había redactado en marzo de 2001 y definía 12 "cuestiones estratégicas" para el organismo, entre las que aparecían "analizar, diseñar y desarrollar políticas de transparencia" y "elaboración de normas". Esta última incluía, por ejemplo, los objetivos de "redactar un proyecto de Ley de Lobby" y otro de "acceso a la información".
La mujer fue sorprendida besando a su esposa Roció Girat en público. Fue detenida por efectivos de la Policía de la Ciudad con la excusa de negarse a apagar un cigarrillo en un hall del Subte C y procesada por "resistencia a la autoridad y lesiones graves". La Cámara de Apelaciones ratificó la decisión original. El defensor adjunto porteño denunció que "el fallo atrasa".
La Sala 6 de la Cámara Nacional de Apelaciones Criminal y Correccional confirmó el procesamiento contra Mariana Gómez, la joven que fue detenida durante casi 8 horas en octubre del año pasado en el Centro de Trasbordo del Subte C, cuando se encontraba junto con su esposa Rocío Girat. Los jueces confirmaron los cargos de "resistencia a la autoridad", por negarse a apagar un cigarrillo, y de "lesiones graves", por algunos raspones y la perdida de pelo que sufrieron dos oficiales de la Policía de la Ciudad durante el forcejeo para detener a Gómez, y minimizaron la denuncia de lesbofobia presentada por la acusada, quien aseguró que, en realidad, la policía avanzó sobre ella por besarse con su mujer. “Se presenta brutalmente desproporcionado detener a una persona por no apagar el cigarrillo. Sin dudas, es un fallo que atrasa”, lamentó el defensor adjunto de la Ciudad, Luis Duacastella.
"Gómez originó la intervención policial y su respuesta fue violenta", sostuvieron los jueces al rechazar el pedido de revocatoria del procesamiento impuesto por jueza María Fontbona de Pombo, e insistieron en que "dando por sentada esa trasgresión, comprobamos que lo que empezó siendo un nimio conflicto alcanzó una dimensión desmesurada por la actitud desafiante de Gómez".
Según los jueces la transgresión cometida por Mariana fue la de fumar en un lugar público, prohibido por la ley 1799 de la Ciudad, y no apagar el cigarrillo cuando se lo pidió el empleado de Metrovías José María Pérez y luego el oficial Jonathan Rojo, quien posteriormente tuvo que "pedir auxilio" a la oficial Karen Villegas para arrebatarle el cigarrillo e impedir que siguiera fumando, hecho para el cual la propia ley porteña no prevé sanciones.
Lucini y Palazzo también ratificaron la imputación por "lesiones graves" en base al informe médico que, tras el forcejeo de los policías para detener a la fumadora, constató una lesión en la mano y la pérdida de un mechón de pelo que "sanaría en más de treinta días" en el caso de Villegas, y “traumatismo facial leve" y un raspón en la rodilla en el caso de Rojo. No hay referencias al accionar de la policía sobre Gómez, a quien según su esposa "le dijeron que de ahí no se iba; una mujer policía la agarró del cuello, la tiró al piso y Rojo se le subió arriba para esposarla, sin dejarla respirar".
Los jueces reconocen que una empleada de la Fundación Huésped testimonió y reconoció que "las vio antes de que se desencadenara el episodio" y que "había otros usuarios fumando en el lugar. Sin embargo nunca les habían dicho nada". Pero descartan la versión de las jóvenes que aseguran que el motivo por el cual avanzaron sobre ellas fue censurar sus besos antes de que Gómez siguiera viaje hacia su trabajo.
"Si bien la parte sostiene que Pérez y Rojo decidieron dirigirse a ellas por haberse percatado de su elección sexual y no aceptaban que se besaran (...) la razón invocada por la policía para actuar era legítima", sostuvieron los jueces.
El defensor adjunto de la Ciudad, quien al igual que el Colectivo para la Diversidad (COPADI) no fueron aceptados como amicus curiae en la causa, ratificó que "la ley de la Ciudad no prevé sanciones para los fumadores y el derecho penal debe intervenir como 'última ratio'", y denunció "la desproporción entre la conducta de la mujer y la respuesta de los uniformados".
Otro aspecto del maltrato denunciado por la pareja de mujeres fue que la policía siempre trató a Gómez como un hombre, ignoraron su condición de casadas y les pidieron la libreta de casamiento.
A pesar de que Rocío había denunciado que en la comisaría de Boedo, donde estuvo hasta las 21, a Mariana "la hicieron desnudar para revisarle los genitales para ver si no ocultaba droga y después la encerraron", los jueces respondieron que "todo lo ocurrido con posterioridad a la detención de Gómez es materia de investigación".
"Todo beso es político, pero ningún beso heterosexual es reprimido", fue la consigna de los activistas por los derechos LGBTI que a principios de febrero habíaN acompañado a Mariana y a Rocío al presentar la apelación. Ahora, la causa continuará en manos de la jueza Pombo.
Es en la causa por la firma del memorándum de entendimiento con Irán y por la que está preso el ex secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini.
El fiscal Carlos Giménez Bauer hizo una presentación para que el juicio oral por el memorándum con Irán vuelva a ser sorteado y no quede en manos del Tribunal Oral Criminal 9, ya que este tiene a su cargo otros dos procesos iniciados contra la la senadora y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El planteo fue dirigido al mismo TOF 9 para que reasigne la causa y así la Cámara Federal de Casación Penal vuelva a sortearla. El argumento del representante del Ministerio Público fue que el cambio es necesario para evitar que el tribunal caiga en la parálisis por el cúmulo de expedientes.
El sorteo para el juicio oral contra CFK estuvo rodeado de polémicas. El procedimiento terminó con la designación del Tribunal Oral Federal 9, conformado por una ley especial impulsada por Cambiemos y que le permitió a la alianza fascista gobernante, con mayoría simple en el Consejo de la Magistratura, designar tres magistrados a dedo, sin que hubieran concursado por el cargo.
Ese mismo tribunal había resultado también designado en un polémico sorteo, igual de oscuro, para llevar adelante el juicio por lavado de dinero contra Lázaro Báez y otras 22 personas.
Para redondear las cosas, con una resolución interna, la Procuración designó, también a dedo, al fiscal ante el tribunal. Carlos Gimenez Bauer, que era fiscal en el fuero criminal y pasó a ser fiscal federal con la simple firma del procurador Eduardo Casal. Las defensas presentarán recursos de inconstitucionalidad contra la designación de los jueces del TOF 9.
La fiscal federal Alejandra Mángano solicitó la ampliación de la investigación por enriquecimiento ilícito contra el detenido ex ministro de Planificación del kirchnerismo, Julio De Vido, hasta el 2015 e incluyó a sus tres hijos como sospechosos del delito.
En un dictamen entregado al juez del caso, Luis Rodríguez, la fiscalía requirió ampliar el período de investigación contra De Vido y su esposa, Alessandra Minnicelli, hasta diciembre de 2015, cuando el ahora preso ex funcionario dejó de comandar el Ministerio de Planificación Federal.
Hasta ahora, De Vido y su esposa eran investigados por el incremento de su patrimonio sin aparente justificación desde 2003 al 2007 pero ahora la fiscal amplió la imputación hasta diciembre de 2015. "Dado el avance que se ha logrado en la pesquisa, entiendo que resulta sumamente útil a los fines de obtener mayores evidencias respecto de la maniobra delictiva imputada, evaluar todo el período de tiempo en el que los dos acusados se desempeñaron en cargos dentro de la Administración Pública", afirmó la fiscalía.
De Vido fue ministro de Planificación Federal desde el 2003 hasta diciembre de 2015, pero la denuncia en su contra se presentó en 2007 y por eso el período investigado hasta ahora se limitó hasta ese año. Una pericia contable ya entregada al juzgado arrojó que, hasta 2007, De Vido no podría justificar $ 1 millón de su aumento patrimonial.
"Únicamente valorando todo el conjunto temporal podremos obtener un monto que permita evaluar sus conductas a la luz del tipo penal aquí atribuido. Si limitamos la investigación al año 2007 quedarán fuera del marco de análisis aproximadamente ocho años en los que el acusado De Vido se encontraba en el ejercicio de un cargo público", agregó la fiscal.
También sostuvo que "es de público conocimiento que sobre el nombrado pesan distintas imputaciones por delitos de corrupción económica presuntamente cometidos a lo largo de su gestión".
La fiscal Mángano -esposa de Juan Tomás Rodríguez Ponte, director ejecutivo de la Dirección de la Oficina de Escuchas Judiciales de la Corte Suprema y ex secretario judicial del juez federal Ariel Lijo-, requirió medidas de prueba referidas al patrimonio de sus tres hijos Santiago, Facundo y Valeria De Vido, "por cuanto al ser los hijos del aquí imputado, Julio De Vido, entiendo que pudieron haber tenido algún tipo de participación en la maniobra delictiva objeto de la presente", argumentó en su dictamen.
Por ello, y "eventualmente para descartar cualquier tipo de intervención en estos sucesos", pidió a Rodríguez que libre oficio a la AFIP para que en diez días se envíen a la Justicia las declaraciones juradas de impuestos, ganancias, bienes personales de los tres hijos.
Además la fiscal pidió al juez evaluar como parte "una misma maniobra delictiva" el resultado de las pruebas que ya se ordenaron en una causa vinculada que se tramita de forma conexa, la que investiga a una ex empleada de los De Vido por el incremento de su patrimonio, con la sospecha de que pudo actuar como testaferro de la pareja.
La Corte Suprema de Justicia dejó firme el procesamiento y prisión preventiva del ex jefe del Ejército César Milani por el secuestro y tormentos a Pedro Olivera y su hijo Ramón en marzo de 1977, en La Rioja, durante la última dictadura cívico militar.
El máximo tribunal del país rechazó por "inadmisible" un recurso de queja presentado por la defensa del detenido Milani, según la resolución difundida este viernes.
La abogada de Milani, Mariana Baritta, se presentó en queja a la Corte para intentar sin éxito obtener una revisión del procesamiento y prisión confirmado por distintas instancias judiciales inferiores, el último de ellos proveniente de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación.
Sin embargo, los ministros de la Corte Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti rechazaron el planteo.
Pedro Olivera fue secuestrado en marzo de 1977 por un grupo en su casa y estuvo desaparecido durante dos días. Al ser liberado, denunció que haber sufrido graves torturas, que le provocaron una hemiplejia. Cuando esa patota dejó a Pedro en la puerta de su casa, se llevaron a su hijo Ramón, quien estuvo detenido desaparecido diez días hasta que fue "blanqueado". Ramón quedó preso durante cuatro años más.
El 17 de febrero de 2017 MIlani fue detenido por su presunta participación en los casos de Pedro Olivera, Alfredo Olivera y Verónica Matta. En marzo siguiente fue procesado por como integrante de una asociación ilícita que secuestró y torturó a personas y fue embargado por la suma de $ 1 millón. Este expediente, ya tiene pedido de envío a juicio oral por parte de la fiscalía del caso.
Milani era subteniente del Batallón de Ingenieros de Construcción 141 en La Rioja cuando ocurrieron los hechos. Además, fue denunciado por el encubrimiento de la desaparición del soldado Alberto Ledo, y la de Gustavo Cortiñas, por espionaje ilegal y fue procesado por enriquecimiento ilícito.
La Justicia allanó ayer oficinas de la Casa de Gobierno de la provincia de Chaco en el marco de una investigación por supuesta evasión y lavado de activos administración fraudulenta y asociación ilícita que involucra al secretario general de la Gobernación, Horacio Rey.
El operativo en las oficinas del funcionario fue ordenado por la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger con el objetivo de recabar información vinculada a la investigación ligada a movimientos de fondos públicos a través de fideicomisos privados.
Por eso mismo, además de la gobernación también fueron allanadas las sedes de Fiduciaria del Norte y del Fideicomiso de Pautas Publicitarias Oficiales así como en una dependencia del Ministerio de Desarrollo Social y una agencia de publicidad.
Sin embargo, los operativos comenzaron este jueves cuando se concretaron allanamientos en guarderías náuticas en la localidad costera de Antequeras, ubicada a 10 kilómetros de Resistencia. Allí mismo se secuestraron entre tres y cinco embarcaciones.
Tras los allanamientos de ayer, la oficina de prensa del gobierno provincial indicó que se entregó documentación y resoluciones de la Secretaria Legal y Técnica de los años 2016-2017 como también de otros organismos.
El gobernador Peppo "ordenó a todas las áreas colaboración y disposición con la justicia, a fin de ayudar al esclarecimiento de la denuncia formulada y la determinación de eventuales responsabilidades", indicó un comunicado oficial.
"Esta investigación preliminar sin dudas servirá para que el juez de la causas determine oportunamente la imputación del delito a persona alguna", concluyó el parte oficial.
Al menos tres cadáveres de un hombre, una mujer y un niño fueron encontrados ayer calcinados dentro de un carro de cartoneros en la Villa 31 de Retiro y se investiga si se trata de una venganza narco.
“Por el estado de los cuerpos todavía no está claro si son tres o más víctimas. Todos los cadáveres fueron remitidos, tal cual estaban, a la morgue judicial. Podría haber más niños entre los restos”, dijo un investigador judicial.
El hallazgo se produjo a las 3 de la madrugada en la manzana 103, a la altura de la casa 80 de la Villa 31, en el barrio de Retiro Al lugar fueron convocados bomberos de la Policía de la Ciudad que apagaron el fuego y personal del SAME que constató que había al menos tres muertos que, a simple vista, parecía tratarse de un hombre, una mujer y un niño de unos 10 años por su contextura, aunque tal como aclararon fuentes judiciales podría haber más víctimas.
“Creemos que podrían pertenecer a una misma familia”, sostuvo uno de los jefes policiales involucrados en la investigación, quien agregó que la pesquisa se orienta a un posible crimen por un ajuste narco o por el control del territorio.
Según uno de los testimonios recogidos en el lugar, el carro que apareció incendiado en la manzana 103 con los cadáveres habría sido empujado hasta allí desde la manzana 99 por tres ciudadanos de nacionalidad peruana que responderían a César Humberto Morán de la Cruz (41), más conocido como “El Loco César”, un capo narco de la villa de Retiro que cumple condena por homicidio y otros delitos.
“Aún nadie se sentó en la fiscalía o frente a un policía a contar esta versión firmando una testimonial. Este tipo de crímenes son difíciles de esclarecer porque nadie se atreve a contar lo que sabe. Estamos trabajando para que quienes puedan aportar algo se presenten como testigos”, señaló la misma fuente judicial.
El caso es investigado por el fiscal Martín Mainardi, de la Fiscalía nacional en lo Criminal y Correccional 25, quien ordenó remitir el carro con los cadáveres tal cual fueron hallados a la morgue.
El fiscal le pidió a los expertos del Cuerpo Médico Forense que le confirmen la cantidad de víctimas, que en lo posible las identifiquen y que determinen si murieron calcinadas o si fueron asesinadas previamente de otro modo.
“Es un barrio complejo, donde también hemos tenido homicidios vinculados con disputas por la ocupación de viviendas. No descartamos ninguna hipótesis”, agregó el investigador judicial consultado.
"El Loco César" fue juzgado en 2012 ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 24 de Capital Federal, que lo condenó 15 años de prisión por el asesinato de Kevin Beltrán Goicochea, un adolescente de 16 años que se negó a vender droga para él, y por la tentativa de homicidio de otro joven.
Pero Morán de la Cruz quedó preso no sólo por sus actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico sino porque también se lo acusa de haber ideado, desde la cárcel donde cumple su condena, el crimen de una mujer para lo cual contrató a tres sicarios, quienes se confundieron de víctima y terminaron matando por error a otra mujer en 2016 en el partido bonaerense de Moreno.
Miles de personas se movilizaron este jueves en todo el país, en el marco del segundo Paro Internacional de Mujeres, que tuvo el pedido de "aborto legal, seguro y gratuito" entre sus principales reclamos.
Las calles del centro porteño se llenaron de pañuelos verdes, en un día de huelga al que adhirieron alrededor de 60 países. Integradas en su mayor parte por mujeres, las columnas se concentraron en Avenida de Mayo y comenzaron a marchar pasadas las 17 hacia el Congreso, donde se llevó a cabo el acto central.
El Colectivo Ni Una Menos -junto a otras organizaciones de mujeres, lesbianas, travestis y trans- encabezó la convocatoria que además de la despenalización del aborto pedían por la igualdad laboral, la paridad y el fin de la violencia machista.
"Paramos porque no queremos que nos sigan matando y porque el aborto tiene que ser legal y gratuito", dijo un grupo de chicas adolescentes en Plaza de Mayo, donde a primeras horas de la tarde ya había algunos grupos de izquierda con banderas que llevaban duras consignas contra el ajuste del régimen macrifascista.
"Macri=Macho", llevaban escrito algunas chicas en los brazos. No se veían carteles de militantes del macrifascismo -esquivo a las manifestaciones populares- aunque sí había una gran bandera de la Juventud Radical en las afueras del Congreso, que no sorprendió toda vez que el radicalismo porteño ya se expresó a favor de la despenalización del aborto.
Algunas agrupaciones peronistas llevaron sus banderas a la marcha en la que también se pudo ver a los titulares del PJ Bonaerense, Gustavo Menéndez y Gustavo Gray. El massismo también se manifestó con algunas banderas de "Mujeres por el Frente Renovador".
Otro de los reclamos que tomó fuerza fue contra la violencia, un día después de que se diera a conocer que la primera encuesta del INDEC, que indicó que se cuadruplicaron las denuncias sobre violencia de género en los últimos 4 años.
Liliana Daunes, la oradora principal del acto, dijo en declaraciones televisivas desde la puerta del Congreso que uno de los objetivos fundamentales de la marcha es "que los estados tomen conciencia de la importancia de la lucha de las mujeres, porque es un paro es internacional, que trascendió fronteras".
Malena Galmarini afirmó que decidió movilizarse porque cree firmemente que se necesitan más políticas de Estado para que las mujeres tengan la posibilidad de ser "libres de violencia" y sostuvo que "las mujeres seguimos siendo las más pobres entre los pobres".
Además, si bien celebró que Mugrizio Macri Blanco Villegas haya enviado al Congreso el proyecto de ley de salario igualitario, dijo que antes de opinar quiere ver la norma porque no cree que a este régimen le importe verdaderamente que las mujeres sean las más "precarizadas" del mundo laboral. "Las mujeres seguimos siendo las más pobres entre los pobres", afirmó.
El documento final acordado previamente entre las organizaciones fue consensuado en asambleas previas en las que hubo muchas y encendidas discusiones.
“Ya nada volverá a hacer como antes”, remarcó Cristina Fernández de Kirchner a propósito del grado de movilización al que llegaron las mujeres en los últimos años, como conclusión de una serie de publicaciones que realizó en Twitter por el 8M.
La ex presidenta señaló también que “si tuviera que elegir, el mayor logro del colectivo feminista en Argentina es el auténtico proceso de cambio cultural que está construyendo”.
Como otros dirigentes políticos, la actual senadora no dejó de aportar su reflexión en este Día de la Mujer en que miles de mujeres salieron a la calle en la Capital Federal y muchas ciudades del país a reclamar por sus derechos. Las manifestaciones se dieron también en el marco del Paro Internacional de Mujeres.
“Ya nadie podrá insultar impunemente a una mujer por su condición de tal y ser festejados por los medios de comunicación. Y si lo hacen, sabremos que son machistas”, escribió en su cuenta de Twitter la ex presidenta, que acompañó cada uno de sus posteos con el hashtag #8M. Además, publicó una foto rodeada de mujeres.
“Ya nadie podrá preguntarle a una mujer como iba vestida cuando la agredieron sexualmente. Y si lo hacen, sabremos que son machistas. Ya nadie criticará a una mujer por decir presidenta en lugar de presidente, ni se burlará cuando se dirija a todos y a todas. Y si lo hacen, también sabremos que son machistas. Ya nadie criticará a una mujer por decir presidenta en lugar de presidente, ni se burlará cuando se dirija a todos y a todas. Y si lo hacen, también sabremos que son machistas”, apuntó también la ex mandataria.
Cristina señaló que “parecen cambios menores. Pero créanme, no lo son. El machismo, el patriarcado (este concepto se lo debo a mi hija feminista), es antes que nada una construcción cultural. Y de su derrota dependen todas las otras victorias: la política, la económica y la social” y concluyó señalando que “en este segundo Paro Internacional de Mujeres -tercero nacional en Argentina- hay una primera victoria: ya nada volverá a ser como antes”.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, el ex hijastro de Flavia Palmiero ratificó su "compromiso absoluto" para avanzar en la "igualdad de género y de oportunidades entre las mujeres y los hombres", y anunció que ayer se presentaría en el Congreso un proyecto de ley para avanzar en materia de equidad.
“Quiero agradecer a las mujeres que hicieron que yo sea un hombre feliz”. Esa fue la frase que eligió Mugrizio Macri Blanco Villegas para colocarse en el centro de su discurso por el Día Internacional de la Mujer.
El acto realizado por el régimen macrifascista comenzó de una manera poco feliz, cuando el locutor presentó a “Mauricio Macri y señora de Macri”.
Luego el subnormal anunció que ayer mismo enviaría un proyecto de ley de “salario igualitario” entre hombres y mujeres, que fue el único aporte concreto durante su discurso.
Antes, la directora ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, María Fabiana Túñez, lo había presentado como “Mauricio Macri, el feminista menos pensado”, antes de que comenzara a hablar en el Centro Metropolitano de Diseño. Entonces habló el mismo que había dicho que "a todas las mujeres les gustan los piropos, aunque les digan ‘qué lindo culo tenés’".
“Llego el momento de que demos un paso superador, que demos avances concretos, igualdad de enero, igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres”, dijo el sorete y anticipó que “vamos a presentar un proyecto de ley para avanzar en la igualdad de género”.
De este modo, notificó sobre el avance del proyecto del que había anticipado el 1º de marzo, durante la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. Esta vez dijo que “no podemos permitir que una mujer gane menos que un hombre, no tiene sentido no tiene explicación para aquellos que trabajamos con ellas todos los días”.
“Sepan que cuentan con un presidente y un equipo que las va a acompañar en toda su trayectoria”, afirmó y agregó que “confió en ustedes y que trabajo para que puedan llegar tan lejos como ser lo propongan”.
“Además de atender la urgencia trabajamos para prevenir”, dijo sobre la violencia de género y amplió al señalar que “no se trata solo de salir de una situación peligrosa, se trata de terminar con la violencia para siempre”.
"Este jueves las mujeres pueden dedicarse a limpiar, cocinar y planchar! Todo el día tienen", escribió Daniel Zornitta en su cuenta de Facebook, al inicio de la conmemoración del 8M. Lo grave y más repudiable del mensaje es que Zornitta es fiscal de Río Negro.
Según informó el Procurador General provincial Jorge Crespo, por la magnitud del escándalo se lo sancionará.
"(El posteo) no representa en lo absoluto el sentir, la opinión y los ejes estructurales del Ministerio Público en relación a una lucha tan íntegra, valorable y genuina como la que encabezan diariamente las mujeres de todo el mundo", indicó el organismo en un comunicado oficial.
"El Ministerio Público adhiere y sostiene la necesaria igualdad de género y el fortalecimiento de políticas públicas tendientes al pleno ejercicio de los derechos de todas las mujeres", afirmaron desde la jefatura de los fiscales rionegrinos.
"El Fiscal General Marcelo Álvarez adelantó que de forma inmediata se iniciarán las acciones disciplinarias pertinentes por tal manifestación que reiteramos, repudiamos enfáticamente", agregó la Procuración.
En medio de la polémica, Zornitta, que es fiscal de Valle Medio, pidió disculpas. "En mi perfil de la red social Facebook escribí con motivo de la Conmemoración del día internacional de la Mujer y las actividades previstas tales como el paro, escribí un comentario del cual me encuentro profundamente arrepentido y no tengo excusas ni explicación de su motivación", indicó en un comunicado.
"Me pongo a disposición de cada una de las personas que requieran una explicación y una disculpa personal, para brindarla en forma oportuna. Reitero el pedido de mis más sinceras disculpas por ello", dijo el fiscal, en un texto publicado por diario Río Negro.
Presionado, Zornitta finalmente renunció ayer a la tarde. Lo hizo con otro mensaje en la misma red social. “Para evitar situaciones difíciles, acabo de presentar la renuncia al cargo de agente fiscal”, posteó .
Distintas voces provinciales habían puesto en duda que una persona con la mentalidad revelada por Zornitta pueda continuar en un cargo donde se dirimen hechos de violencia de género, entre otros actos criminales de la localidad.
Los concejales del bloque del FPV aseguraron que en la ciudad del Valle Medio los agresores tienden a desobedecer las órdenes de restricción sin tener consecuencias judiciales. “Un funcionario público de Justicia no puede ejercer este tipo de violencia simbólica y mucho menos (pensando como piensa) puede garantizar los derechos de las víctimas de violencia machista a quienes debería proteger”, señalaron en un documento. “No sería casual entonces que en Choele Choel existiese tanta impunidad en los casos de violencia de género, donde los agresores desobedecen sistemáticamente las medidas cautelares dictadas por los jueces de Paz y no tienen ningún tipo de sanción”, agregaron.
El propio gobernador no tardó en rechazar las palabras de Zornitta. “Repudio totalmente las declaraciones machistas del fiscal de Choele Choel, Daniel Zornitta, y exigimos su renuncia inmediata al cargo. Ese tipo de expresiones no representan el sentir de los rionegrinos. Lo sucedido es gravísimo y carece de legitimidad para ejercer el cargo”, indicó el mandatario en su cuenta de Twitter adelantando una sanción ejemplar.
Dos colores tiñeron ayer la jornada del segundo Paro Internacional de Mujeres que concluyó con una movilización de Plaza de Mayo a Congreso, pues al tradicional violeta en remeras y banderas asociado desde hace décadas a la lucha contra la violencia de género, se agregó el pañuelo verde, símbolo del aborto legal, seguro y gratuito.
¿Cómo y por qué fueron elegidos el verde y el violeta?
La referente de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), Marta Alanis, dijo que la elección del color verde como insignia del reclamo por la legalización del aborto surgió un año antes de la creación de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en el seno del movimiento de mujeres, que lo adoptó como propio.
"Es un color que tiene que ver con la vida: lo usa el ecologismo y algunos profesionales de la salud; pero al mismo tiempo es un color que no refleja identidades partidarias", explicó Alanis.
La activista continuó explicando que "entonces nos parecía que si bien el lila del feminismo también nos representa, el derecho al aborto tenía que tener un color propio que no fuera ni rojo ni negro ni ningún otro color con mucha carga simbólica".
Por otro lado, la prenda usada en el cuello, muñecas o cabezas es un pañuelo y no otra cosa porque remite a los de las Madres de Plaza de Mayo "cuya lucha está tan asociadas a los derechos humanos en nuestro país", afirmó y dijo que "ver hoy que tantas personas usan y se identifican con el pañuelo, es una alegría muy grande".
En cuanto al color violeta no hay una explicación certera de cómo surgió y las historias que hablan de su origen podrían considerarse parte de la mitología del movimiento feminista.
Entre ellas, por ejemplo, se dicen que eran de ese color las telas que trabajaban las 123 obreras textiles que murieron quemadas en un incendio provocado por su patrón en el galpón donde llevaban adelante una huelga en Nueva York en marzo de 1911.
"El incendio de la fábrica textil Cotton de Nueva York y el color de las telas forman parte de la mitología del feminismo más que de su historia, pero tanto el color como la fecha son compartidos por las feministas de todo el mundo", asegura Nuria Varela es su libro "Feminismo para principiantes".
Otras teorías dicen que se eligió el violeta porque es el resultado de unir el rosa con el azul, los colores tradicionalmente asociados a los géneros femenino y masculino, siendo la mezcla un símbolo de la igualdad entre los dos sexos.
En mayo, el Máximo Tribunal había dado el beneficio a un condenado por delito de lesa humanidad. Qué dijo ahora.
El fallo generó repudio como pocas veces lo había logrado la Corte Suprema y la indignación llenó las calles en su contra. Ahora, a poco de cumplirse un año del fallo "Muiña" que le dio el beneficio del 2x1 (una ley derogada en 2001) a un represor de la última dictadura militar, el máximo tribunal del país resolvió dejarlo sin efecto.
Con tan solo tres renglones, los jueces Lorenzetti, Maqueda y Rosatti declararon inadmisible el pedido del represor Jorge Appiani y se echaron sobre sus pasos en torno a la jurisprudencia para los casos de delitos de lesa humanidad. Luego de la fuerte reacción social y la sanción de una ley en el Congreso, la Corte había anunciado que sacaría un fallo aclaratorio, algo que cumplió recién esta semana.
Según consigna el portal Página/12, los jueces tenían listo un fallo para seguir la nueva línea desde diciembre con una vasta argumentación, pero finalmente optaron por un camino más sencillo. Aquel caso en el que pensaban justificar el rechazo al 2x1 era, paradójicamente, el pedido de libertad del ex presidente de facto Reynaldo Bignone, que falleció este miércoles.
Los supremos se ampararon en el artículo 280 del Código Procesal, que les permite rechazar un planteo sin argumentos. Así, optaron por vía rápida para desandar sus pasos.
El polémico fallo "Muiña" le había dado el beneficio del cómputo del 2x1 del tiempo que pasó en prisión preventiva, lo que le daba por culminado su condena. La ley había sido derogada en 2001, pero los jueces habían determinado que le correspondía la aplicación de la "ley penal más benigna", pese a que la causa se inició luego de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, en 2003.
El expediente 350/18 fue presentado en la Mesa de Entradas de Proyectos del Senado y fue girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud, que deberán comenzar su tratamiento en los próximos días.
