2011 - 7 de enero - 2023
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sábado, 7 de enero de 2023
El Gobierno denunció penalmente a Marcelo D'Alessandro
El ministro de Justicia de la Nación afirmó que presentó una denuncia contra el ministro de Seguridad por incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho y peculado, entre otros. "La promiscuidad entre sectores del poder político, de la justicia y grupos empresarios debe investigarse en profundidad a fin de garantizar el cabal cumplimiento de la Constitución y salvaguardar nuestras instituciones democráticas", sostuvo.
El ministro de Justicia, Martín Soria, anunció que "por instrucción del Presidente" Alberto Fernández denunció penalmente al ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, por "incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho y peculado, entre otros".
"Por instrucción del Presidente presenté una denuncia penal en la justicia nacional para que investigue al ministro de Seguridad y Justicia de CABA, Marcelo D’Alessandro: se imputan los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho y peculado, entre otros", afirmó el ministro a través de su cuenta de Twitter.
El funcionario señaló que "los hechos a ser investigados involucran además a empresarios contratistas del Gobierno de la Ciudad, fiscales nacionales y la ex subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia durante el Gobierno de Mauricio Macri, Silvia Majdalani".
"La promiscuidad entre sectores del poder político, de la justicia y grupos empresarios debe investigarse en profundidad a fin de garantizar el cabal cumplimiento de la Constitución y salvaguardar nuestras instituciones democráticas", añadió.
Las grúas del GCBA
En un documento adjuntado por Soria se especifica que la denuncia presentada por el Ministerio pide investigar los presuntos hechos de corrupción relacionado a la contratación por parte del Gobierno de la Ciudad del servicio de grúas de remolque operado por la empresa Dakota S.A.
El escrito destaca que “la empresa Dakota S.A. fue la encargada de la concesión del servicio de grúas y playas de estacionamiento de la Ciudad de Buenos Aires hasta que un escándalo sin precedentes en la historia de la Capital Federal terminó de forma abrupta el contrato: el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, solamente cobraba un canon de $55.000 por mes”, y agrega que el irrisorio canon mensual fue mantenido “por decisión política del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a pesar de que la Auditoría General de la Ciudad emitió informes advirtiendo que la relación entre lo recaudado y la cuota mensual que paga la concesionaria no tenía sustento alguno ya que el canon estaba sin actualizar desde el 2014”.
El documento señala también la presunta existencia de “un canal de pago de retornos y de negociados compuesto por D’Alessandro y Marcelo Violante”, que podrían ser la razón por la cual la administración de Horacio Rodríguez Larreta mantuvo congelados los montos que debía pagar a Dakota S.A. por usufructuar el servicio público porteño.
El celular de D’Alessandro
En las últimas semanas, el ministro de Seguridad porteño se ha visto salpicado por dos filtraciones de chats que lo obligaron a dar un paso al costado y pedir una "licencia temporaria".
Estos intercambios lo involucran en un viaje a Lago Escondido con jueces, fiscales y empresarios de medios y muestran su conexión con Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, en los que conversan sobre la estrategia opositora para impedir el tratamiento de la conformación del Consejo de la Magistratura.
En la denuncia presentada por Soria se exige que se secuestre el celular del funcionario porteño, así como de “todos los que en el devenir de la investigación resulten implicados en los hechos denunciados”, para realizar “una pericia informática sobre dichos teléfonos a la búsqueda de elementos de interés de la presente causa, resguardando debidamente su privacidad”.
Además, el titular de la cartera de Justicia pidió la habilitación de la feria judicial “para que la denuncia sea admitida y pueda iniciarse el proceso penal correspondiente cuanto antes”.
Denuncian que la jueza Capuchetti cobra un sueldo del nefasto régimen de la ciudad de Buenos Aires
Mientras lleva adelante la causa del Atentado a Cristina Kirchner, está contratada como "investigadora". Así lo publicó el ministro de Justicia, Martín Soria.
Otro escándalo salpica al corrupto Poder Judicial y al infame régimen de la ciudad de Buenos Aires. Ayer se dio a conocer que la jueza María Eugenia Capuchetti, quién lleva adelante la causa del Atentado a Cristina Fernández de Kirchner, cobra un sueldo del régimen porteño, incompatible con su rol en la justicia.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria denunció en su cuenta de Twitter que Capuchetti está contratada como investigadora.
"La jueza Capuchetti está contratada por el Gobierno de Larreta desde 2019 en el órgano encargado de asesorar a la conducción política de Seguridad de CABA: el ministerio de Marcelo D'Alessandro", escribió en la red social y agregó: "Los vínculos económicos y políticos entre Comodoro Py y el PRO parecen no tener límite alguno".
El funcionario nacional indicó que "desde hace 4 años la Jueza encargada de investigar el atentado contra Cristina, la Mesa Judicial M y la criminal deuda de Macri con el FMI cobra un sueldo mensual de 'investigadora', a pesar de que los jueces tienen prohibida toda actividad, con excepción de la docencia". La vicepresidenta compartió esta información en su propia cuenta de Twitter.
En el mismo sentido, Soria destacó que el Instituto Superior de Seguridad Pública, que emplea a Capuchetti, no dio a conocer ninguna investigación o publicación cientifica. Además, reveló que "tiene como autoridad al viajero de Lago Escondido Juan Bautista Mahiques".
Soria concluyó que "mantener una relación remunerada para asesorar a la máxima autoridad política de la justicia y seguridad de CABA no tiene nada ver con la docencia" y por lo tanto "desbordan las relaciones promiscuas y corruptas entre el PRO y algunos jueces federales de Comodoro Py".
Horas antes, y por expresa instrucción del presidente de la Nación, Martín Soria presentó una denuncia penal en la Justicia Nacional, para que se investigue penalmente los hechos publicados por fuentes periodísticas durante la última semana que dieron cuenta de acciones que, de corroborarse, configurarían graves hechos de corrupción y/u otros delitos contra la administración pública.
La denuncia requiere que se investigue al ministro de Seguridad y Justicia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo Silvio D’Alessandro, por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y exacciones ilegales, en los términos de los artículos 248, 256, 260, 261, 265, 266 y 268 del Código Penal.
El presidente buscará el fin de semana desde Chapadmalal sumar el respaldo de más gobernadores al juicio político contra la execrable Corte Suprema
En el oficialismo intentan que los mandatarios que responden a partidos provinciales se sumen al pedido de juicio político. También algunos de los peronistas que hasta ahora se mostraron reticentes.
El presidente Alberto Fernández se instaló en la residencia oficial de Chapadmalal y permanecerá allí al menos hasta el lunes, cuando tendrá una actividad en Miramar, a unos pocos kilómetros de Mar del Plata. Hay un tema que lo desvela: conseguir que avance en la Cámara de Diputados el proyecto de juicio político a los integrantes de la nefasta Corte Suprema de Justicia por “mal desempeño de sus funciones”.
Para que sus intenciones se concreten, el miércoles citó al jefe del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, y a la titular de la comisión de Juicio Político en la Cámara Baja, Ana Carolina Gaillard, para entregarles en mano la iniciativa. A ambos los instó a acelerar su tratamiento, por más que todavía no se concretó el llamado a sesiones extraordinarias. En esa Comisión, donde se espera el dictamen de mayoría, el oficialismo debe reunir 16 de los 31 votos posibles. En eso no se puede fallar. Después en el recinto, donde se debe lograr que las dos terceras partes de los 257 legisladores lo voten, la historia puede ser distinta.
Si se tiene en cuenta que hubo jefes provinciales que no se sumaron al pedido del presidente cuando se los convocó el 3 de enero para sumar respaldos, la tarea de convencer a los gobernadores díscolos, para luego asegurar el quórum, será complicada. Por eso puso a uno de sus laderos más fieles, el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, en un rol más preponderante incluso que el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y que el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, con el objetivo de persuadirlos sobre el papel clave que sus legisladores cumplirán en el Congreso.
Las cuatro provincias que son lideradas por partidos provinciales afines a las políticas impulsadas por Alberto Fernández no acompañaron esta embestida contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Tanto Omar Gutiérrez (Neuquén) como Gustavo Sáenz (Salta), Oscar Herrera Ahuad (Misiones) y Arabela Carreras (Río Negro) firmaron un documento más cauto cuando salió el fallo de la Corte por la coparticipación pero esta vez decidieron mantenerse al margen.
No explicitaron las razones y ni siquiera la visita reciente que el presidente realizó a Posadas para inaugurar recientemente viviendas en la provincia del noreste consiguió torcer la voluntad de Herrera Ahuad, uno de los nueve “convocados” que por ahora no suscribió el documento en contra de los cortesanos. Tuvieron una reunión a solas, aunque el gobernador mantuvo su postura equidistante.
En ese contexto, este “grupo de los cuatro” es justamente uno de los objetivos al que apunta el gobierno nacional para sumar voluntades para la causa. Conseguir el apoyo de alguna/s de estas provincias gobernadas por partidos provinciales es esencial para que el oficialismo pueda fortalecer su avanzada contra el máximo tribunal de Justicia del país.
Tampoco Alberto Rodríguez Saá (San Luis) y Mariano Arcioni (Chubut) entraron entre los que apoyaron el proyecto presidencial. El puntano se mantiene en sugestivo silencio. En el caso del chubutense su situación es más confusa y ambigua. Arcioni, cercano al ministro de Economía Sergio Massa, está de licencia hasta el 8 de enero. En la reunión que se hizo en Casa Rosada, participó su vice, Ricardo Sastre, en modo virtual. Apareció su firma entre las que difundió Presidencia, pero él sostiene que no la avaló. A ellos dos también habrá que invitarlos a rever su posición.
En el caso del entrerriano Gustavo Bordet hubo idas y venidas. También con presencia por videoconferencia el 3 de enero, en un primer momento se lo contó entre los que estaban de acuerdo con el jefe de Estado para impulsar el juicio político. Pero después el gobernador hizo trascender que se cambió lo que había conversado previamente con Fernández.
Para lograr los 16 votos necesarios en la Comisión de Juicio Político en Diputados también ya hubo sondeos con la finalidad de asegurarse que no habrá trabas. La diputada Gaillard es entrerriana y la encabeza. Se diferenciará de Bordet y apoyará el dictamen.
También Germán Martínez y el camporista Marcos Cleri la integran y respaldarán. Representan a Santa Fe, cuyo jefe provincial Omar Perotti está enrolado en el peronismo aunque decidió tomar distancia de las intenciones presidenciales.
Vanesa Massetani, Ramiro Gutiérrez y Micaela Morán -los tres responden al Frente Renovador de Sergio Massa- se alinearán. Leopoldo Moreau, Rodolfo Tailhade, Ricardo Daives, Mario Leito, Juan Manuel Pedrini, Hernán Pérez Araujo, Vanesa Siley, Leonardo Grosso, José Luis Gioja (enfrentado con el gobernador sanjuanino Sergio Uñac, que marcó sus diferencias con la determinación presidencial de enjuiciar a la Corte) y Hugo Yasky, adoptarán la misma posición. Después en el recinto, donde la oposición liderada por Juntos por el Cambio ya anticipó que no se sentará a discutir, la historia puede ser otra.
Para Kicillof, Clarín "quiere ocultar la gravedad de lo que pasa con la Corte"
El gobernador de Buenos Aires cuestionó "los métodos de desinformación de (Héctor) Magnetto" a raíz de un título sobre el pedido de juicio político a los integrantes del máximo tribunal que consideró "ridículo".
Axel Kicillof cuestionó ayer el título de una información publicada por el pasquín envuelve huevos Clarín, al asegurar que el medio de comunicación intenta "ocultar la gravedad de lo que pasa con la Corte Suprema" y desestimar el juicio político a sus integrantes impulsado por el presidente, Alberto Fernández, y varios mandatarios provinciales.
El gobernador bonaerense posteó en su cuenta de Twitter la foto de una nota que en su título afirma: "Sin Kicillof, los que firmaron contra la Corte representan el 14% del país", en alusión a los mandatarios que acompañaron la iniciativa del jefe de Estado.
"Los métodos de desinformación de (Héctor) Magnetto (CEO de Clarín) se superan día tras día. Titular así es tan ridículo como decir: 'Sin la Provincia de Buenos Aires, el país tiene 30 millones de habitantes'”, señaló Kicillof en un texto que acompaña la foto.
En ese sentido, Axel remarcó que "lo cierto es que es la primera vez en la historia que un Presidente junto con gobernadores le inician juicio político a la Corte Suprema. Quieren ocultar la gravedad de lo que pasa" con el máximo tribunal.
Diputados de Entre Ríos se despegan del cagón Bordet: "Es momento de actuar con contundencia"
“Lamento la decisión del gobernador”, dijo la diputada Blanca Osuna. Aseguró que hay razones para avanzar en el pedido de juicio político y lamentó la actitud de Gustavo Bordet, que no acompañó la solicitud que sí firmaron 11 gobernadores del oficialismo.
Diputados nacionales por la provincia de Entre Ríos se despegaron del gobernador Gustavo Bordet respecto a la postura del pedido de juicio político al presidente de la execrable Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti.
Con críticas al mandatario que no firmó junto a otros 11 mandatarios el comunicado donde se pide avanzar en esta dirección, la diputada del Frente de Todos, Blanca Osuna, consideró que “es momento de actuar con contundencia”.
“Creo que la Corte se ha venido manejando como una junta de Gobierno. Se ha mostrado con una connivencia perversa con el sector económico de la Argentina. Yo celebro con las propias reglas de juego que la democracia nos da vayamos buscando alternativas para revertir”, sostuvo en declaraciones a AM750.
Para la legisladora, avanzar con el juicio político es central. “Sin reacción, esto generaría una implosión al sistema democrático”, advirtió. Y dijo que “lo que nos compete como legisladores es asumir que es momento de actuar con contundencia para revertir este estado”.
En este sentido, Osuna consideró que “el valor principal del juicio político es abrir un camino que eche luz y aporte a la consciencia social de cómo están las cosas y afecta la vida cotidiana de los argentinos y argentinas”.
“Me consta que hay efectiva y concreta voluntad de legisladores y legisladoras que están convocados más allá de lo que definan sus propios gobiernos provinciales. Es la responsabilidad propia del ejercicio de su tarea”, reveló.
Sobre su caso particular, dijo que “lamento la decisión del gobernador. Al mismo tiempo quiero decirles que confío en que su decisión va a ser fundada y le corresponderá a él explicarla oportuna y debidamente. Yo estoy concentrada en lo que corresponde a los legisladores de mi bloque que representa a Entre Ríos”.
Piden que la Legislatura porteña investigue negociados con grúas y estacionamientos
El bloque del Frente de Todos propuso crear una Comisión Investigadora para indagar en los negociados del empresario Marcelo Violante con el nefasto y corrupto régimen de la ciudad de Buenos Aires.
El bloque del Frente de Todos en la Legislatura porteña presentó un proyecto para crear una Comisión Investigadora que evalúe todas las contrataciones entre el nefasto régimen porteño y las empresas de Marcelo Violante, quien se vio envuelto en escandalosas conversaciones con el Ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro.
Allí se hablaba de pagos al ministro -hoy en uso de licencia- a cambio de gestiones ilegales que el empresario solicitaba en beneficio de sus empresas de grúas y estacionamiento.
“Es indispensable investigar estos hechos. Violante operó las grúas durante 21 años con un contrato vencido, sin que su empresa presentara balance y con un cánon congelado en 55.000 pesos. El gobierno de Larreta mientras tanto le otorgaba subsidios y predios públicos para hacer negocios con playas de estacionamientos que a su vez eran contratadas para guardar los autos de funcionarios. Un negocio redondo que solo podía existir por hechos como los que se verifican en los chats de Marcelo D’Alessandro”, apuntaron desde el Frente de Todos. Para aprobar dicho proyecto, serián necesarios 31 votos del recinto.
Según el contenido de chats filtrados recientemente, D’Alessandro llevaba adelante gestiones para que las empresas de Violante recibieran contratos de parte del Gobierno de la Ciudad, así como también gozaran de impunidad ante denuncias por infracciones y faltas.
A cambio, apareció la entrega al Ministro de sobres con cincuenta mil dólares, que no alcanzaban al “100%” de lo que Violante se había comprometido a “reintegrarle” al funcionario. Violante cuenta que gracias a sus gestiones ha conseguido que un funcionario del GCBA de nombre “Gastón” le anticipe un borrador del nuevo pliego de la tan postergada licitación del servicio de acarreo que durante 21 años estuviera sin realizarse por presiones de Violante y del otro concesionario.
"Es sugestivo que en este contexto, el 21 de septiembre de ese mismo año, Violante le preguntara a D'Alessandro si le ‘da para proponer negocios a Horacio’, el ministro le responde que sí", indicaron desde el Frente de Todos.
El informe de los legisladores señaló que el servicio de acarreo en la ciudad de Buenos Aires estaba en manos de Dakota SA y BRD Sociedad Anónima, Industrial, Comercial, Financiera e Inmobiliaria (SAICFI) hasta el miércoles 17 de agosto del 2022, cuando se puso fin a la concesión.
"Fue tras la constitución del frente antigrúas entre el Frente de Todos y los distintos bloques opositores de la Legislatura, que convocaron una sesión especial exigiendo el fin de las irregularidades sostenidas en el servicio de acarreo", remarcaron.
Ferraresi afirmó que el Frente de Todos mantiene "la aspiración" de que Cristina pueda ser candidata
“Me quedo con la frase de Cristina 'voy a hacer lo que tenga que hacer'", dijo el intendente de Avellaneda. La ex mandataria había anunciado que no se presentará para los comicios de este año porque se sentía "proscripta", luego de ser condenada en diciembre a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos púbicos en la sentencia del juicio de la causa Vialidad.
El intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi señaló ayer que hay muchos dirigentes y militantes que mantienen “la aspiración” de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner “sea la candidata" en las elecciones de este año y consideró que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, debería presentarse a la relección.
“Me quedo con la frase de Cristina 'voy a hacer lo que tenga que hacer'. Muchos tenemos la aspiración de que nos pueda representar en las elecciones de este año. Cuando dijo que no iba a ser candidata nos imaginamos un montón de postulantes y eso no sucedió", señaló Ferraresi en declaraciones a radio Nacional.
Tras ser condenada a seis años de inhabilitación e inhabilitación perpetua para ejercer cargos púbicos en la sentencia del juicio de la causa Vialidad, la ex mandataria anunció que no sería candidata en 2023 porque se sentía "proscripta".
Sin embargo, el jefe comunal de Avellaneda afirmó que pese a la decisión de la Vicepresidenta, el Frente de Todos ), "tiene una gran oportunidad de plasmar una propuesta en una elección que se ganará desde abajo hacia arriba con cada militante ocupando el lugar donde haga el mejor aporte".
“Este 2023 será clave para el Frente de Todos porque tiene la posibilidad de plasmar una propuesta de gobierno desde los distintos sectores de la coalición. Tenemos que tener otra dinámica y valorar lo que se hizo y saber que nos queda un camino por recorrer. Tenemos que respetar las distintas visiones, perfiles y miradas que tenemos sobre algunos temas”, remarcó.
Ferraresi estimó además que en la provincia de Buenos Aires, el candidato del espacio debería ser Axel Kicillof, porque es el dirigente que "más votos tiene" en el FdT y por eso "debería presentarse a una relección".
"En la provincia de Buenos Aires ningún candidato sacará más votos que Axel. Es necesario que sea candidato a gobernador y vaya por su relección para que le aporte los votos que necesita el proyecto nacional", subrayó.
A la hora de reflexionar sobre el 2022, Ferraresi aseguró que “la crisis más grande del Frente de Todos se vivió cuando en el congreso se trató el acuerdo con el FMI (Fondo Monetario Internacional) por la deuda externa” y surgieron diversas posturas dentro de la coalición en torno a la conveniencia de ese arreglo con el organismo de crédito.
"Tenemos que fijar posturas sobre temas como el salario, los precios, la suma fija y construir un programa con todas las visiones. Hay que ponernos de acuerdo entre todos los espacios del Frente de Todos para abordar las PASO. Es importante constituir una mesa política para ordenar la elección nacional”, puntualizó.
El Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley de blanqueo de capitales en el exterior
La iniciativa se llama "Declaración voluntaria del ahorro argentino no exteriorizada", es decir, un blanqueo de capitales para acompañar la puesta en marcha del acuerdo IGA 1 con Estados Unidos, en el marco de la ley FATCA.
El Gobierno nacional envió al Congreso la nueva ley de blanqueo de capitales argentinos en el exterior para ser tratada en sesiones extraordinarias del Congreso.
La iniciativa lleva el nombre de “Declaración voluntaria del ahorro argentino no exteriorizada”, es decir, un blanqueo de capitales para acompañar la puesta en marcha del acuerdo IGA 1 con Estados Unidos, en el marco de la ley FATCA.
El proyecto de ley de blanqueo de capitales será una de las prioridades en las 7 iniciativas económicas que podrían incluirse en el temario de las extraordinarias.
A partir de la puesta en marcha del acuerdo automático de intercambio de información tributaria con Estados Unidos, el Ministerio de Economía, que encabeza Sergio Massa, trata por un lado, de “seducir” con alícuotas bajas para que los evasores ingresen.
Mientras tanto, espera recibir los datos a nivel masivo, que llegarán en 2024, va en busca de las “cuentas espejo” a través de grupos de contribuyentes.
Tributaristas consultados consideraron que son las “bajas alícuotas la principal arma de seducción” que tiene este régimen, según aseguró el contador Martín Caranta, socio en Litvin & Asociados.
Las alícuotas van entre el 2,5%, el 5% y el 7,5%, según el momento en que se blanquee, tal como figura en el borrador del proyecto de ley. De todos modos, Caranta anticipó que estas fechas seguramente sea modificadas, dado que la primera alícuota del 2,5% estaba prevista inicialmente hasta el 31 de marzo. Por más que estos penalidades se dupliquen para los casos en los que los bienes se mantengan en el exterior, Caranta opinó que eso no necesariamente va a significar repatriación. “Las alícuotas siguen siendo bajas, un 5% también es atractivo”, agregó.
En la misma línea, el tributarista Sebastián Domínguez también aseguró que el proyecto es “económicamente conveniente”. Esto es porque además, explicó que los bienes que deben valuarse en dólares se transforman a pesos al tipo de cambio oficial, y el impuesto se puede pagar convirtiendo los dólares en pesos al tipo de cambio implícito MEP, por lo que “la alícuota efectiva del impuesto termine siendo de alrededor del 1,4% en términos reales, o 2,8% en los casos donde no haya repatriación".
“La relación costo versus liberación de impuestos, intereses, sanciones y resolución del tema de la persecución penal es muy beneficiosa”, aseguró Domínguez, socio de SDC Asesores Tributarios. Sin embargo, los expertos marcan algunos desafíos. Por un lado, el político. “En Senadores está descartada la aprobación, pero la incógnita es el quorum en Diputados”, afirmó Domínguez. Pero además, alertan por la “falta de confianza”, debido a los cambios de reglas de juego, en los aumentos que hubo en el impuesto a los bienes personales, tanto en este gobierno, como en el anterior.
Según Caranta, una forma que tiene el Gobierno para generar confianza es dar “estabilidad de reglas a futuro”, en el caso del impuesto a los bienes personales y a las ganancias, “para que vuelva a ser progresivo y no grave rentas ficticias, aquí podría estar la zanahoria del régimen”, agregó.
Además, aseguró que en el proyecto podría detallarse si se libera a los contribuyentes del aporte solidario del año 2020, dado que podrían incrementarse los patrimonios y más personas podrían verse alcanzadas. “No parece conveniente al régimen porque algunos van a tener que pagar la alícuota del blanqueo y el impuesto a la riqueza”, afirmó.
La quita de retenciones aumentará las ventas de vehículos en U$S 1.700 millones
ADEFA celebró la quita de retenciones a las exportaciones incrementarles de vehículos que anunció el Gobierno para este año y anticipó aumentos en la producción.
La Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) destacó que el anuncio del Gobierno de eliminar las retenciones para las exportaciones incrementales de vehículos durante 2023 permitirá la venta de 70.000 unidades adicionales, equivalente a unos U$S 1.700 millones. Asimismo, en el caso de las exportaciones, se destacó el impacto positivo de la continuidad del decreto que exime del pago de derechos a los envíos incrementales para 2023.
Las terminales automotrices que integran ADEFA mantuvieron un encuentro con el ministro de Economía, Sergio Massa, y el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, para dialogar sobre el desempeño que el sector registró en 2022, las proyecciones previstas para este año y repasar la agenda sectorial En ese marco, Massa anunció la quita de retenciones para las exportaciones incrementables de vehículos para 2023.
El anuncio llegó justo tras conocerse los datos de producción de la industria automotriz de 2022, año que cerró con una producción de 536.893 unidades, y un crecimiento de 23,5% respecto al desempeño de 2021. También en los doce meses del año pasado se exportaron 322.286 vehículos, con una suba de 24,3% respecto al mismo período de 2021.
Subas en la producción en 2022
El presidente de ADEFA, Martin Galdeano, expresó que, "si bien a lo largo del año se registraron dificultades en la provisión de insumos derivadas del contexto global y local, se logró cerrar el ejercicio 2022 con una suba superior al 20%, que fue impulsada por la demanda externa".
En ese sentido, el sector confirmó que se realizaron desembolsos en torno de los u$s1.400 millones desde 2020 a la fecha, incluso a pesar de la pandemia del Covid 19. "Estas inversiones están destinadas a aumentar la producción y a nuevos modelos globales. Permitirán potenciar las exportaciones, el empleo y el desarrollo de proveedores, además de incluir mejoras tecnológicas en las plantas", detalló Galdeano.
Con los planes de inversión en marcha y la meta que el 2022 sea el piso para el nivel de las operaciones para este año, los directivos de las terminales adelantaron que, “de mantenerse las condiciones actuales, se podría registrar un aumento de más del 10%, tanto en producción como exportaciones”.
Las proyecciones para 2023
Durante el encuentro, en el que Massa aseguró que "avizoramos para 2023 un escenario de mínima de producción de 620.000 vehículos", en comparación con los 536.000 autos de 2022, los representantes de la industria destacaron que aun en el escenario desafiante y se celebró la aprobación de la Ley de Promoción a las Nuevas Inversiones y el objetivo de mantener e incluso mejorar de forma significativa los niveles de producción y exportación.
Cómo es la línea de créditos hipotecarios que prepara el Gobierno con bancos públicos
Desde la cartera de Desarrollo Territorial y Hábitat se anunció el estudio de una línea de créditos atada a los salarios.
El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti, afirmó que el Gobierno está estudiando con bancos públicos el lanzamiento de una línea de crédito hipotecario ajustable por los índices salariales, aunque remarcó que "tendría que modificarse alguna normativa que tiene el Banco Central sobre esta temática".
En declaraciones a FutuRöck, Maggiotti aclaró que la posible iniciativa del Gobierno aún no ha terminado de definirse, y es por eso que prefirió enfocarse en los desarrollos y presupuestos con los que cuenta actualmente su cartera.
En este sentido, hizo eje en las 148 mil viviendas en construcción que se están realizando a través de programas del Estado, así como en las 77 mil que ya fueron entregadas, agregando asimismo que el ministerio cuenta este año con una partida de $ 360 mil millones frente a los $ 290 mil millones del año pasado. Incluso, Maggiotti señaló que en 2022 “terminamos ejecutando $ 320 mil millones" y que este año también planean contar con mas recursos que los originalmente presupuestados.
En ese sentido, Maggiotti remarcó la importancia de “promover la construcción de viviendas en desarrollo urbanístico, porque construir una vivienda vale alrededor de 700 dólares el metro cuadrado, y cuando uno va a comprar quien vende pide 1.500 o 2.000 dólares el metro cuadrado", con lo que concluyó que “para un trabajador es mucho más económico comprar una vivienda de un desarrollo urbanístico que tiene el Estado o construir la vivienda”.
El proyecto sobre créditos hipotecarios atados a los salarios y la construcción de vivienda, son también una respuesta del gobierno frente a la fallida experiencia de los créditos UVA atados a la inflación, cuya suba costos a raíz de los altos índices, provocó fuerte reclamos por parte de sus tomadores.
Según los últimos registros oficiales, brindados por el jefe de Gabinete Juan Manzur en su último informe de gestión ante el Senado, de los 1.573 pedidos de refinanciación a causa de dificultades en el pago, los bancos sólo accedieron a dar ese beneficio a 366 personas, aduciendo, ante el alto nivel de rechazos, que en un 72,2% de los casos no se cumplió correctamente con la presentación de los ingresos, en un 13,8% evidenciaba una relación cuota/ingreso menor al 35%, mientras que en el 14% restante existieron otros motivos, entre los que se encontraba, por ejemplo, poseer más de una vivienda.
Según la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, dijo que el sistema de créditos UVA "tenía previsto un descenso de la inflación, lo cual no sucedió, y entendemos también que hay varias propuestas presentadas en el Congreso para dar algún tipo de solución y estamos dispuestos a escucharlas".
Aún quedan un total de 95.270 deudores de créditos UVA que adeudan, en promedio $8,2 millones cada uno, aunque la morosidad alcanza a apenas 1.535 personas, es decir el 1,6% de los deudores.
La Aduana denunció a empresas multinacionales por subdeclarar importaciones en los sectores petrolero, automotriz, indumentaria y alimentos
El organismo que conduce Guillermo Michel las intimó a que paguen un monto millonario en dólares; cómo es la maniobra investigada.
La Aduana intimó a empresas multinacionales importadoras a pagar cerca de U$S 140 millones por presuntas inconsistencias en sus declaraciones al fisco.
El organismo que dirige Guillermo Michel detectó “errores y omisiones en las declaraciones de importaciones de mercancías sujetas al pago de regalías por el uso de marcas registradas”, se informó.
Las autoridades aclararon que “la legislación vigente establece que los cánones y derechos de licencia no incluidos en el valor de la factura de las mercaderías, en efecto, forman parte de la base imponible de las importaciones”.
En la Aduana explicaron que “un trabajo de inteligencia del organismo descubrió prácticas que tendieron a ahuecar la base imponible de 35.000 importaciones en más de U$S 140 millones, por lo cual ha intimado a las empresas involucradas a reparar sus acciones”.
En particular, “la investigación del organismo que dirige Michel se centró en las importaciones de mercadería sujeta al pago de regalías por el uso de una marca registrada”.
De este modo, “agentes especializados de la Dirección General de Aduanas-AFIP detectaron errores u omisiones en las declaraciones de más de 40 firmas importadoras multinacionales, que no daban cuenta de giros de fondos que estaban obligadas a realizar para poder hacer uso de marcas registradas”.
La Aduana explicó que el artículo 8 de la Ley N° 23.311 -el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio- establece claramente: “Para determinar el valor en aduana (…) se añadirán al precio realmente pagado o por pagar por mercancías importadas (...) los cánones y derechos de licencia relacionados con las mercancías (...) que el comprador tenga que pagar directa o indirectamente como condición de venta de dichas mercancías”.
Por esta razón, “la documentación que debe ser presentada obligatoriamente ante cada importación exige que los importadores informen si existen cánones o derechos de licencia que no estén incluidos en el valor de la factura de las mercaderías”.
Según se explicó, las regalías “constituyen el elemento intangible que el importador paga por el uso de los elementos de propiedad intelectual (marcas y patentes, entre otros), necesarios y constitutivos para la obtención de la mercancía importada”.
Las condiciones
De inmediato, se aclaró que solo integran el valor en aduana cuando se cumplen las siguientes condiciones:
• Que no estén incluidas en el precio de la mercancía importada.
• Que se relacionen con la mercancía importada.
• Que sean condición de la venta. Este eje, se admitió, es controvertido dado que “da lugar a interpretaciones encontradas respecto a las situaciones en las que se cumple el requisito de la condición de venta”.
“Tanto la doctrina y la jurisprudencia no especifica en cuanto a qué situaciones deben presentarse como para entender que la venta está condicionada al pago de regalías”, indicaron en la Aduana.
En este sentido, afirmaron que “cuando se realiza un estudio de valor relacionado con cánones y derechos de licencia y se concluye que los pagos de los mismos son condición de la venta, se practica un ajuste de valor y se calcula simplemente la diferencia de tributos por el incremento del valor en aduana”.
En tanto que, “cuando ya existen antecedentes jurisprudenciales en los que considera que para las mismas circunstancias de hecho existe condición de venta y el importador persiste en no declarar las regalías como parte del valor en aduana, se le da al caso un tratamiento de carácter infraccional bajo los términos del artículo 954 del código aduanero, lo que implica la imposición de multas más la diferencia de tributos”.
Los controles
En este contexto, Michel dijo que “nos encontramos constantemente trabajando en la implementación y fortalecimiento de los controles aduaneros, de manera tal de proteger la industria nacional y evitar que las grandes empresas busquen mecanismo de planificación para ahuecar la base imponible aplicable al pago de tributos aduaneros”.
Los rubros de las mercaderías en cuestión y las omisiones detectadas en las declaraciones de los importadores fueron las siguientes: en telefonía celular, omisiones por U$S 112,5 millones; en el sector automotriz, U$S 6,8 millones; en envases y embalajes, U$S 4,5 millones; en indumentaria, U$S 4 millones; en neumáticos, USD 3,3 millones; en productos cosméticos, USD 3,2 millones; en juguetes, U$S 1,3 millones; en alimentos y bebidas, U$S 1,2 millones; en industria química y perfumes, U$S 869 mil; en cemento y materiales para la construcción, U$S 810 mil; en autopartes, U$S 800 mil; en productos de consumo masivo, U$S 800 mil; en la industria petrolera, U$S 565 mil; motos U$S 357 mil; bienes de consumo durables U$S 260 mil; y equipajes U$S 107 mil”.
“Frente al hallazgo de estas irregularidades, la Aduana ha diseñado un Plan Sistémico de Fiscalización sobre la importación de mercaderías sujetas al pago de regalías, a fin de detectar nuevas inconsistencias que puedan impactar en la recaudación por derechos de importación”, concluyó el funcionario, que actúa como el arquero de los dólares en la Argentina.
El mercado de granos, al borde de una fractura: Cargill y ADM desataron un terremoto al cuestionar los valores que define la Bolsa de Rosario
Anunciaron que desconocerán como precio de referencia la cotización de pizarra en Rosario, por considerarla "distorsionada". Durísimas críticas por la actitud y tensión en la bolsa rosarina.
De manera inesperada, las cerealeras Cargill y ADM, dos de las más poderosas exportadoras de granos y derivados del país, provocaron un terremoto en el mercado de granos y, en especial, en la principal plaza de operaciones del rubro, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Ambas empresas decidieron que, a partir de ahora, desconocerán a las cotizaciones de pizarra de dicha institución como "referencia de precio" para las operaciones de compra de maíz que realicen, y así se lo comunicaron por vía de whatsapp a sus clientes.
La postura no sólo mereció expresiones de repudio de buena parte de los actores de esta actividad, sino que además generó un clima de zozobra en la propia BCR, por lo que implica el cuestionamiento a la representatividad de la institución lanzado por dos de los mayores operadores del negocio agroexportador. Las reuniones y consultas dentro de la entidad rosarina se suceden a estas horas y muchos esperan que este viernes, sean convocados referentes de diferentes sectores para encontrar una salida o una solución que evite el quiebre de las operciones entre los que se mantengan fiel a la BCR y los que sigan o se alineen con Cargill y ADM.
"Cero ventas a Cargill y a ADM. Nada de nada. Hay otros exportadores que no se creen el ombligo del mundo. Digamos BASTA a estas patoteadas de energúmenos. Señor productor: consulte al acopiador/cooperativa de su zona y va a ver que le conviene. !No permita que le metan la mano en el bolsillo!", bramó el miércoles por la tarde desde su cuenta de twitter Fernando Rivara, presidente de la Federación de Acopiadores que directamente conovcó a un boicot contra las dos firmas de origen norteamericano.
Otros representantes del sector, con tono más medido pero sin dejar de reconocer la magnitud del conflicto planteado, aseguraron que fue más por un error de método, que por la manifestación de las dos empresas en sí, lo que provocó que las réplicas del incidente llegaran tan lejos.
"ADM y Cargill consideran que los precios de pizarra del maíz en Rosario están distorsionados, demasiado elevados para la realidad del mercado y que esa distorsión se da por el impacto que genera el dólar soja. No está muy claro por qué, pero el aumento de la soja como reflejo del dólar diferencial provoca también que suba el precio del maíz. Pero el dólar para la exportación del maíz no subió como el de la soja, entonces a las exportadoras "no le cierran los números". Eso dicen, entonces avisan que no van a tomar más la cotización de pizarra de Rosario como referencia. Hasta ahí, está dentro de las prácticas habituales, históricas y reconocidas de estas empresas a nivel local. Lo curioso es que lo hagan por cadena de whatsapp, eso cayó muy mal, es una tocada de c... innecesaria a la Bolsa de Rosario", describió una fuente muy allegada al sector.
Cargill Argentina ya es una empresa tradicional del negocio en Argentina, donde inició su actividad en 1947, y se ha posicionado durante muchos años como líder en agroexportación y control de los distintos eslabones del negocio: molinos harineros, terminales portuarias, plantas de acopio, producción de nutrientes, alimentos balanceados, aeites vegetales y biodiesel, etc.
ADM Argentina S.A. es la filial local del procesador de productos agrícolas estadounidense Archer Daniels Midland Company (ADM). Fue creada en 1999 y se dedica a la exportación de maíz, sorgo, harina de soja, semillas de soja, trigo y pellets de salvado de trigo. Posee tres centros de aprovisionamiento con una capacidad de almacenamiento total de 477.000 toneladas métricas y una planta de procesamiento de cacao y otras semillas.
El portal de noticias Agrofy News titulò ayer "Se rompió el mercado", y tras relatar los hechos informa que "bajo este marco, este viernes habrá un encuentro en la Bolsa de Comercio de Rosario para intentar destrabar el tema y resguardar la institucionalidad del mercado de granos. En la previa a este encuentro, una fuente cercana al directorio de la BCR graficó que la decisión de ADM y Cargill es similar a que "si no te gusta el resultado del partido, agarrás la pelota y te vas".
Por Raúl Dellatorre para Página/12
Primera incursión electoral de Rodríguez Larrata en la Costa: selfies en la playa y el escándalo de los chats
El alcalde porteño arrancó en San Bernardo y Pinamar el año en el que se juega su futuro político. Los diálogos con Macri, la dura respuesta al kirchnerismo y la incómoda defensa del ministro D’Alessandro.
Fue la primera incursión electoral del año en el que se va a definir su futuro político. Horacio Rodríguez Larrata puso primera como precandidato presidencial en recorridas y encuentros con vecinos y turistas en la Costa Atlántica. Se trató de su reaparición pública después de los días que pasó en el exclusivo country patagónico Cumelén, donde tuvo al menos tres encuentros -dos sociales y uno personal, extenso- con Miauricio Macri.
El jefe de gobierno porteño llegó a las playas bonaerenses en medio de las críticas del kirchnerismo -y de contenidas murmuraciones en la oposición- tras el pedido de licencia que presentó su ministro de Seguridad, Marcelo D’Alessandro, originado en la difusión de chats a través de la cual se revelaron conversaciones con Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y con el empresario de las grúas, Marcelo Violante, entre otros.
Es la segunda vez en pocos días que el titular de un área tan sensible como la seguridad quedaba en el ojo de la tormenta. Por otra filtración clandestina, se conoció que D’Alessandro participó de un viaje con jueces, fiscales directivos de medios, empresarios y un ex agente de inteligencia a la estancia del magnate británico Joe Lewis, en Lago Escondido, en la zona cordillerana sur de Río Negro.
Antes de iniciar una recorrida por las playas pinamarenses, donde no se negó a ninguna selfie que le pidieron a su paso, Rodríguez Larrata defendió a su ministro de Seguridad, aclaró que no renunció sino que pidió una licencia -que supone un plazo para su regreso- y acusó al oficialismo de estar detrás de “un atentado a la privacidad”. Sin medias tintas, calificó como “un golpe tremendo a la democracia” la difusión de comunicaciones “íntimas”, y evitó ahondar en el contenido.
Es que el responsable político de la muerte del doctor Favaloro le cree a D’Alessandro y a la versión que le dio acerca de que los chats de su cuenta de Telegram que se difundieron fueron alterados. “Muchos de los mensajes fueron editados y tergiversados”, dijo el jefe de gobierno porteño, durante la conferencia de prensa que dio en un predio ubicado frente al mar.
“El escándalo tiene que ver con el espionaje ilegal en la Argentina”, insistió Rodríguez Larrata, que arrancó el año en el centro del ring político porque el kirchnerismo lo empujó a ese lugar tras el fallo de la execrable Corte Suprema, que le dio la razón en su pelea por la coparticipación federal. Ese fue el inicio de una embestida que el kirchnerismo encaró contra el Poder Judicial y la oposición.
Los chats son esgrimidos por el Gobierno nacional como una prueba irrefutable de que el Poder Judicial y la alianza opositora de ultraderecha Juntos por el Cambio forman un mismo cuerpo, con el objetivo de quitar de la carrera electoral a la vicepresidenta y forzar, así, una derrota del peronismo. La conversación entre D’Alessandro y el vocero de Rosatti sobre, supuestamente, el fallo de la coparticipación y la conformación del Consejo de la Magistratura documenta esa combinación espuria.
Más allá de lo que haya manifestado en público, Rodríguez Larrata sabe que quedó en medio de fuegos cruzados. Es que haber sido elegido por el kirchnerismo como el principal enemigo generó de manera inmediata cierto recelo en el entorno de dos figuras centrales del PRO, que son, a la vez, sus adversarios en la carrera por la presidencia: Patricia Bullrich Luro Pueyrredón y, en cierto punto, Macri.
En la conferencia de Pinamar, de hecho, a Horacio Rodríguez Larrata le preguntaron sobre si hablaron de candidaturas, principalmente la del anfitrión: “No dijo ni que sí ni que no va a ser candidato”, manifestó el jefe de gobierno, que bajó en Trirremes a la playa y caminó hasta la Avenida Bunge y, luego, fue a recorrer el centro comercial ubicado en Libertador.
Miauricio Macri -que se reunirá con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, el que le puso la túnica ritual con la que Lionel Messi levantó la Copa del Mundo- mantiene la incógnita sobre su futuro, mientras se mueve a veces como consejero, a veces como mentor, y más veces como candidato. Según pudo saberse, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón ya tiene agendado un encuentro para los últimos días de enero.
La presidente del PRO mantiene la palabra que dio en la última reunión que tuvieron en noviembre en un hotel del centro porteño con Macri, Rodríguez Larrata y varios invitados, donde acordaron usar una línea roja para evitar que las tensiones se fueran de madre. Ese encuentro, del que tampoco se difundieron fotos, hubo un compromiso de que se frenaría la escalada entre Bullrich Luro Pueyrredón y el jefe de Gobierno.
Pero esa paz podría entrar en las próximas horas en crisis. Es que la resolución del caso D’Alessandro generó en el entorno de la presidenta del PRO fuerte malestar. “Si hizo algo malo, se tiene que ir y si no hizo nada, hay que defenderlo, sostenerlo y mantenerlo en su cargo. La licencia es una solución a medias que no deja conforme a nadie, solo a Horacio”, decía anteanoche uno de sus colaboradores.
La coparticipación
El jefe de Gobierno tomó la decisión de encarar este año crucial para su futuro político con un solo objetivo: ganar la PASO de Juntos por el Cambio y si es contra Macri y Bullrich Luro Pueyrredón, mejor. Una competencia le permitirá, al mismo tiempo, evitar el tutelaje del ex presidente y consolidar la jefatura en la coalición opositora.
La profundización de la pelea con el kirchnerismo, en esa lógica, fortalece las expectativas porque lo pone del lado de los duros, de los halcones. Por eso no apuró una definición de la Corte Suprema sobre la causa principal de la discordia: la devolución de los 2.95 puntos de coparticipación federal que ordenó el máximo tribunal que le reintegren a la ciudad de Buenos Aires.
El Gobierno de Alberto Fernández no sólo no está dispuesto a cumplir esa cautelar, sino que pretenden someter a los ministros de la nefasta Corte Suprema a un juicio político.
“La ciudad de Buenos Aires tiene su presupuesto aprobado. Recursos no le falta. No depende de la plata de la coparticipación para gestionar. El problema lo tiene ahora el kirchnerismo que está violando una decisión de la Corte y la Corte, que no puede hacer un cumplir su cautelar. Vamos a esperar. Apenas se ordene pagar y el Estado Nacional lo cumpla, se van a bajar los impuestos, como fue prometido”, explicaban ayer.
La política en la Costa
Rodríguez Larrata primero fue a San Bernardo, en el Partido de la Costa, que gobierna el kirchnerismo; y luego a Pinamar, a cargo de Martín Yeza, uno de los intendentes jóvenes que tiene el PRO. Esa elección tuvo una lógica que el propio jefe de gobierno expresó durante el contacto con la prensa frente a la playa, en Avenida del Mar y De los Trirremes. Habló del contraste entre ambas gestiones, la primera afectada por la falta de agua y construcciones en riesgo de derrumbe por el avance del frente marítimo, y la segunda con reformas y un reordenamiento urbano y costero.
La Costa Atlántica se puso en las últimas horas como el centro de gravedad de la política en el arranque de un año eminentemente electoral. Los actos del presidente Alberto Fernández, los del gobernador Axel Kicillof y las recorridas y actividad de los principales dirigentes de la oposición indican que las localidades balnearias, con epicentro en Mar del Plata, Pinamar y el Partido de la Costa, serán los escenarios elegidos para el debate público de cara a las próximas elecciones.
De hecho, el sábado habrá una reunión de los equipos económicos de la UCR y el PRO, y una foto conjunta de Gerardo Morales, gobernador fascista de Jujuy y precandidato presidencial; y Rodríguez Larrata, jefe de gobierno porteño y también anotado en la carrera nacional. Si bien hablarán de la economía y los planes de estabilización sobre los que vienen trabajando, también será un gesto hacia la interna de la coalición opositora.
Ni Patricia Bullrich Luro Pueyrredón y menos Macri mantienen una relación fluida con las estructuras del partido radical. Rodríguez Larrata, en cambio, cultiva ese vínculo y apuesta a un acuerdo que le permita robustecer una propuesta que contenga a los dos socios principales de Juntos por el Cambio. Lo cierto es que en el encuentro del sábado presentarán sus propuestas Eduardo Levy Yeyati, Hernán Lacunza y Javier Okseniuk, que trabaja con los equipos de Martín Lousteau.
El falso abogado Marcelo D’Alessio seguirá preso
El cómplice del procesado fiscal Stornelli está bajo prisión preventiva por extorsión, tráfico de influencias y asociación ilícita.
El falso abogado Marcelo D´Alessio continuará detenido en el penal de Ezeiza debido a que la Cámara de Casación Penal le rechazó el pedido de suspensión de la prisión preventiva que cumple desde hace 4 años, cuando fue detenido por extorsión, tráfico de influencias y asociación ilícita, entre otros delitos.
La decisión le llegó hoy a sus abogados, que fueron notificados por la Sala de Feria del máximo tribunal penal del país, que ratificó la prórroga de prisión por seis meses más, a contar desde el 15 de diciembre del año pasado.
D’Alessio está detenido desde febrero de 2019 luego de que un empresario probara a través de testimonios y filmaciones los “aprietes” que este le hacía a través de maniobras en expedientes judiciales. Según la denuncia, el falso abogado le prometía no involucrarlo en causas en curso y también invocaba para ello al fiscal Carlos Stornelli, quien sigue en funciones a pesar de estar procesado en esa causa.
No es la primera vez que el acusado pide el beneficio de la libertad o de la prisión domiciliaria en un country de la localidad bonaerense de Canning. Realizó un planteo similar el año pasado y quien lo rechazó fue el juez Julián Ercolini, ahora cuestionado por los viajes a Lago Escondido con empresarios y funcionarios porteños.
Esta vez, la defensa oficial de D´Alessio pidió que se le concediera el "cese de prisión preventiva y el pedido de morigeración formulado en subsidio". Una de sus abogadas, Verónica Blanco, había tildado la prolongación de la preventiva "como desproporcionada” y consideró que su defendido “se encontraría en condiciones de acceder a la libertad condicional en caso de recaer condena por el mínimo de la escala penal".
Los juicios que le esperan al falso abogado
Los jueces Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci rechazaron de plano esos argumentos y recordaron que D'Alessio tiene dos condenas, que no están firmes, y está a la espera de otros juicios orales.
En ellos se lo acusa de “asociación ilícita destinada a realizar, sin estar facultados para ello, actividades de investigación, recolección, clasificación, ordenamiento, almacenamiento y análisis de información vinculada a personas, devenir de causas judiciales e integrantes de los medios masivos de comunicación".
Además, se le imputa "extorsión, tráfico de influencias agravado por hacer valer indebidamente dicha influencia ante un miembro del Ministerio Público y coacción".
Finalmente, en otro expediente "fue acusado por el delito de asociación ilícita dedicada a efectuar de forma habitual, organizada, con división de roles específicos y de manera estable en el tiempo”.
También por “transferencias financieras internacionales a sabiendas del origen ilícito de los fondos y con la finalidad de simular dicho origen ilícito, dar apariencia de licitud a los mismos y ponerlos en circulación en el mercado".
Robo y toma de rehenes en una fábrica textil de Parque Chas: la policía de Rodríguez Larrata montó un descomunal operativo y los ladrones se les escaparon
Delincuentes ingresaron armados al edificio, ubicado en Andonaegui al 1200. Liberaron a todos los rehenes tras varios minutos de negociaciones y se dieron a la fuga.
Un grupo de delincuentes intentó ayer robar una fábrica textil en Parque Chas. Al verse imposibilitados de escapar, tomaron el establecimiento con cinco trabajadores de rehenes.
La policía montó un megaoperativo en la zona. Según informaron fuentes policiales, minutos antes de las 12 del mediodía, todas las personas fueron liberadas.
Sin embargo, al ingresar a la fábrica, los uniformados no encontraron a los ladrones.
El hecho fue notificado en horas de la mañana y la policía, junto al equipo de negociadores, trabajaba en la zona. La fábrica textil está ubicada en Andonaegui al 1266, en el barrio porteño de Parque Chas, entre las calles Llerena y Arismendi.
Tras una denuncia en el 911, se desplazaron hacia el lugar móviles de la Comisaría Vecinal 15C de la Policía de la Ciudad, una vez allí los oficiales establecieron un perímetro de seguridad en la zona y se solicitó la presencia del SAME.
Al lugar también fue personal de la División Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM), mientras que un helicóptero de la Policía de la Ciudad sobrevolaba la zona.
Según se informó, todos los empleados salieron de la fábrica ilesos. La mayoría abandonó el recinto por sus propios medios, algunos fueron bajados desde el techo y el resto salió junto a oficiales del DOEM.
Una vez que los empleados estuvieron a salvo, el personal del DOEM hizo una revisión exhaustiva del predio de la fábrica sin que se hallen delincuentes, tras lo cual procedían a verificar viviendas linderas.
Por el caso, interviene la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional 30, a cargo de la Dra. Marcela Sánchez, Secretaría del Dr. Matías Campana.
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