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sábado, 20 de agosto de 2022
Alberto Fernández encabezó la firma del acuerdo para el acueducto Santa Fe - Córdoba
La obra, a la que el Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe aportará U$S 50 millones, beneficiará a 1.200.000 habitantes de 83 localidades de ambas provincias.
El presidente Alberto Fernández encabezó ayer a la tarde en la Casa Rosada la firma del acuerdo de garantía para el financiamiento del acueducto interprovincial Santa Fe-Córdoba, una obra destinada a resolver las limitaciones de abastecimiento de agua potable a mediano y largo plazo, y que beneficiará a 1.200.000 habitantes de 83 localidades de ambas provincias.
Participaron de la firma del acuerdo, suscripto con el Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe, que aportará un monto de 50 millones de dólares, el gobernador santafesino, Omar Perotti; el vicegobernador cordobés, Manuel Calvo; el canciller Santiago Cafiero; el ministro de Economía, Sergio Massa, y el embajador de Kuwait, Abdullah Ali Alyahya, se informó oficialmente.
"Firmamos la garantía para el financiamiento de la primera etapa del Acueducto Santa Fe - Córdoba, que llevará agua potable a 410 mil personas en 54 localidades de ambas provincias, con el aporte del Fondo Soberano de Kuwait", expresó Fernández luego de la firma, en su cuenta de Twitter. "Seguiremos trabajando para que todas y todos los argentinos tengan agua potable en cada provincia del país", concluyó.
Por su parte, Perotti destacó tras el acto que “el desafío que hemos tomado en este emprendimiento de gran magnitud tiene que ver con el compromiso de seguir trabajando para que todos los habitantes de nuestras provincias tengan agua potable”.
Explicó que “se formalizaron las garantías por parte de la Nación para el financiamiento que van a recibir ambas jurisdicciones para la ejecución de la primera fase de la obra”, que comenzó a analizarse en el 2011, y que ahora se concretará como corolario de varios años de negociaciones entre las dos provincias que afrontarán en forma conjunta los compromisos.
Asimismo, apuntó que el financiamiento de Kuwait, junto con el acompañamiento de Emiratos Árabes Unidos, de Qatar, y de Arabia Saudita, cuyos embajadores se encontraban en la firma, “es el reflejo de las otras fases que vamos a buscar financiamiento y que tenemos iniciadas con todos estos países para la realización de la obra”.
En tanto, el vicegobernador Manuel Calvo dijo que se trata de “un entendimiento que nos va a permitir realizar una de las obras más importantes de carácter biprovincial que hemos tenido en nuestra historia” la cual “permitirá seguir avanzando en el desarrollo humano y en la creación de valor agregado para generar la prosperidad que necesitamos para nuestras provincias”.
La obra
Con los aportes del fondo kuwaití comenzará la construcción del acueducto en la Fase 1, Tramo A, cuyos primeros trabajos consistirán en la obra de toma ubicada a la altura de la localidad santafesina de Coronda, la construcción de la planta potabilizadora, la estación de bombeo y el primer tramo del ducto troncal.
El acueducto se concretará en dos grandes etapas: la primera se inicia con la obra de toma sobre el río Paraná en Coronda hasta la ciudad cordobesa de San Francisco, con una extensión de 143,7 kilómetros.
Contempla además los ramales con centros de distribución que abastecerán, en una primera etapa, a 33 poblaciones de la provincia de Santa Fe y a 21 poblaciones de Córdoba, lo que beneficiará a 410.000 habitantes.
En la segunda etapa se hará una extensión desde San Francisco hasta la ciudad de Córdoba, que una vez finalizada alcanzará a 83 localidades de ambas provincias y beneficiará a 1.200.000 millones de habitantes.
El Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe (Kuwait Fund for Arab Economic Development es su denominación en inglés) es una agencia del estatal creada en 1991 por ese país del medio oriente, luego de la guerra del Golfo, para asistir económicamente a naciones en desarrollo.
El propósito original del Fondo fue descubrir nuevas riquezas petroleras, pero actualmente sus operaciones abarcan a más de 100 países, donde ha proporcionado financiación a más de 1.000 proyectos de desarrollo y ha concedido préstamos especiales y técnicos.
En la actualidad administra un volumen de recursos de cerca de 400 mil millones de dólares, de acuerdo con fuentes financieras internacionales.
Si bien la relación entre el gobierno santafesino y los inversores kuwaitíes se inició a partir de 1994 con la asistencia financiera para construir rutas en esa provincia, luego se fue derivando a la realización de diversas obras de saneamiento y de acueductos.
La Liga de Gobernadores analizó las primeras medidas de Massa
Entre los principales temas estuvo la segmentación de tarifas. Los mandatarios provinciales señalaron la desigualdad que existe entre los valores que abonan los vecinos la zona del AMBA por los servicios públicos con aquellos que viven en el resto del país.
La Liga de Gobernadores se reunió en la ciudad bonaerense de La Plata, para analizar las primeras medidas del ministro de Economía, Sergio Massa, y cómo impactan en el presupuesto destinado a las provincias, las obras en ejecución y en el esquema de subsidios a la energía y el transporte. Es el primer encuentro de los mandatarios provinciales tras la asunción del tigrense al frente del Palacio de Hacienda.
Uno de los principales reclamos de los mandatarios provinciales fue "resolver las asimetrías en materia de subsidios de transporte público y ratificar un sendero de tarifas energéticas compatibles con el mayor consumo en zonas específicas del país", en consonancia con el anuncio hecho por la secretaria de Energía, Flavia Royón, y su equipo, donde explicaron que las tarifas se cobrarán teniendo en cuenta las condiciones de cada región del país.
"No es fácil gobernar en este contexto internacional complejo, pero al mismo tiempo este desafío nos debe unir más que nunca con una única bandera: la bandera argentina", expresaron en un comunicado en el que manifestaron que "Unidad Nacional, Federalismo real y Desarrollo Económico con justicia social son los principios que nos unen" y que es necesario que estos "se traduzcan en acciones para construir nuevos tiempos que nos permitan unir sueños de generaciones en realidades tangibles".
Asimismo, señalaron la importancia de "transformar planes en trabajo". Se estima que en las próximas horas se publique el decreto que Massa había anunciado y que habilitaría que empresarios privados contraten por un año a quienes cobran el plan Potenciar Trabajo pagando solo las contribuciones sociales.
En el texto, los gobernadores realizaron un punteo con demandas:
👉 Propiciar un amplio consenso para obtener la sanción del presupuesto 2023 con criterio federal e inclusivo, a los efectos de evitar que la Ley Fundamental de la Nación no sea objeto, una vez más, de disputas sectoriales ni especulaciones electorales.
👉 Garantizar la continuidad de los programas de obras públicas y viviendas con el objeto de dinamizar la actividad económica y facilitar el acceso de los derechos sociales de nuestra comunidad.
👉 Promover la disponibilidad para nuestro pueblo de la producción de alimentos de buena calidad y precios accesibles, coordinando acciones entre los distintos niveles estatales (Nación, Provincias y Municipios) a través de redes de proveedores locales y mercados populares.
👉 Fortalecer la articulación entre nuestras provincias de una red federal de laboratorios públicos y proveedores locales para reducir el precio de insumos y medicamentos genéricos.
👉 Desarrollar los mayores esfuerzos de coordinación para transformar planes sociales en empleos genuinos, y al mismo tiempo proteger el ingreso de las familias mediante políticas tarifarias que contemplen principios esenciales de equidad y accesibilidad, en el sentido de preservar la estructura de ingresos y consumos. En este sentido, es necesario resolver las asimetrías en materia de subsidios de transporte público y ratificar un sendero de tarifas energéticas compatibles con el mayor consumo en zonas específicas del país.
La previa del encuentro
Los mandatarios comenzaron a llegar pasado el mediodía a la residencia del gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien ofició de anfitrión con un asado.
Los primeros gobernadores en arribar a la residencia, que se conecta a través de un patio con el edificio de la Gobernación bonaerense, fueron el pampeano Sergio Ziliotto y el fueguino Gustavo Melella.
Luego llegaron el formoseño Gildo Insfrán, el santiagueño Gerardo Zamora, el entrerriano Gustavo Bordet, el puntano Alberto Rodríguez Saá, el tucumano Osvaldo Jaldo, el riojano Ricardo Quintela, el chaqueño Jorge Capitanich y el vicegobernador de Santa Cruz, Eugenio Quiroga. Previamente, en horas de la mañana, Gildo Insfrán y Gerardo Zamora estuvieron reunidos en la Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Juan Manzur.
La Liga
"Para nosotros es esencial esta reunión de análisis y evaluación de las medidas", subrayó el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, quien remarcó que habrá un respaldo a lo hecho por Massa hasta el momento, pero también a lo que vendrá.
En ese sentido, sostuvo que "depende de la gestión de los próximos meses como se sale de esta situación. Debemos lograr estabilidad cambiaria, que es la precondición de estabilidad macroeconómica, que a su vez alimenta dos metas que tenemos que promover y lograr, como es bajar la inflación y generar la sostenibilidad con crecimiento".
Los mandatarios nucleados en esta Liga de Gobernadores también volvieron a exponer sus planteos sobre la distribución de los recursos coparticipables y la disputa legal que se encuentra en la Corte Suprema de Justicia.
Es que la ciudad de Buenos Aires reclama fondos que eran girados por el Gobierno macrista para el pago de la Policía porteña y que luego fueron reasignados por el Gobierno de Alberto Fernández.
El primer encuentro de la Liga de gobernadores que nuclea a peronistas y aliados del Frente de Todos fue en Chaco, y el segundo estaba previsto en Bariloche pero cambió de lugar sobre la hora.
En aquella oportunidad, a fin del mes pasado, el encuentro pasó al Consejo Federal de Inversiones (CFI) en la Ciudad de Buenos Aires, y ese mismo día los mandatarios fueron a un encuentro con Alberto Fernández en la Casa de Gobierno. Al día siguiente, Sergio Massa fue anunciado como nuevo ministro de Economía, en reemplazo de Silvina Batakis.
El Gobierno invertirá $ 25.600 millones en economía del conocimiento
"Decidimos avanzar en la actualización de los bonos e incentivos" sostuvo el ministro de Economía, Sergio Massa, en referencia a la decisión de aliviar la situación de un sector que genera "capital humano" y también "dólares para el país".
El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció ayer "la transferencia de $ 25.600 millones" para las empresas beneficiarias de la Ley de Promoción de la Economía del Conocimiento, y aseguró que es "una de las industrias más importantes para el futuro".
"Con (el secretario de Economía del Conocimiento) Ariel Sujarchuk decidimos avanzar en la actualización de los bonos e incentivos para aliviar la situación de las empresas que no solamente generan capital humano, sino dólares para el país y avanzamos en la transferencia de $ 25.600 millones", indicó Massa en su cuenta de Twitter.
Asimismo, subrayó que "la economía del conocimiento es una de las industrias más importantes para el futuro de la Argentina, porque lo que vendemos al mundo es lo más importante que tenemos los argentinos y argentinas, el talento y el conocimiento que se define como capital humano".
Por su parte, Sujarchuk destacó en declaraciones a Télam que "esta iniciativa es otra medida para fortalecer la economía del conocimiento, un área estratégica de generación de divisas y creación de nuevos empleos".
"Es un primer paso para acelerar la dinámica de este sector, que sumó US$ 6.500 millones en exportaciones en 2021. Para eso estamos estudiando otros proyectos, como un DNU para crear un dólar tecno y brindar mayores facilidades de facturar en dólares a los profesionales que exportan servicios", indicó el funcionario.
En el misma línea, el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, destacó el aporte de la economía del conocimiento al sector agroindustrial y a las exportaciones argentinas.
"En el sector agroindustrial también es clave la economía del conocimiento", señaló Bahillo en su cuenta de Twitter, quien asimismo indicó que "en la Argentina contamos con productores que quieren invertir y con los recursos humanos para producir más y mejor, aplicando innovación tecnológica y valor agregado, y generando más exportaciones".
Incentivos para la economía del conocimiento
La economía del conocimiento es un sector que utiliza la información como elemento fundamental para generar valor y riqueza por medio de su transformación a conocimiento, y alcanza a áreas como la educación, investigación y desarrollo, alta tecnología, informática, telecomunicaciones, robótica, nanotecnología e industria aeroespacial.
En el Presupuesto 2021 se estableció un cupo fiscal de $ 24.000 millones para ser asignado a los beneficios promocionales previstos en los artículos 8 y 9 de la Ley de Promoción de la Economía del Conocimiento, 27.506.
Este cupo fiscal comprendió tanto al ejercicio 2021 como el 2020 dado que la adhesión al régimen se dispuso en forma retroactiva al 1 de enero de ese año.
En lo que hace al 2022, atento a la falta de aprobación de ley presupuestaria, se dictó el Decreto 882/2021 que estableció las disposiciones del ejercicio anterior. A esto se suman los recursos del régimen regulado de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
De acuerdo con la ley de promoción, los beneficiarios pueden convertir en un bono de crédito fiscal intransferible hasta el 70% de las contribuciones patronales que hayan efectivamente pagado con destino a los sistemas y subsistemas de la Seguridad Social.
Este beneficio asciende al 80% cuando se trate de nuevas incorporaciones laborales debidamente registradas, de mujeres; personas con discapacidad; beneficiarias de planes sociales; travestís, transexuales y transgénero; profesionales con estudios de posgrado en materia de ingeniería, ciencias exactas o naturales; y residentes de zonas desfavorables o provincias de menor desarrollo relativo.
Estos bonos pueden utilizarse por el término de 24 meses desde su emisión para la cancelación de tributos nacionales, en particular el IVA y otros impuestos nacionales y sus anticipos, en caso de proceder, excluido Ganancias.
Exclusivamente aquellos beneficiarios que acrediten exportaciones provenientes de su actividad podrán optar que el beneficio se utilice para la cancelación del impuesto a las Ganancias, en un porcentaje no mayor al de exportaciones informado durante su inscripción.
El Gobierno aprobó contratos de financiamiento de la CAF por U$S 665 millones
Estarán destinados al Programa Argentina contra el Hambre, obras viales y de saneamiento, acciones ambientales y el acceso de pymes agropecuarias a mercados externos. La entidad buscará duplicar la cartera actual de U$S 3.400 millones en préstamos de la Argentina en los próximos cuatro años.
El Gobierno nacional aprobó cinco modelos de contratos de financiamiento de la Corporación Andina de Fomento (CAF) por U$S 665 millones para el Programa Argentina contra el Hambre, obras viales y de saneamiento, acciones ambientales y el acceso de pymes agropecuarias a mercados externos.
Lo hizo a través de cinco decretos 508/2022, 509/2022, 510/2022, 511/2022 y 512/2022, publicados en el Boletín Oficial.
El titular de la CAF Banco de Desarrollo de América Latina, Sergio Díaz Granados, manifestó durante su exposición en el Consejo de las Américas que se desarrolló en Buenos Aires luego de un intervalo de tres años por la pandemia de coronavirus, que la entidad buscará duplicar la cartera actual de U$S 3.400 millones en préstamos de la Argentina en los próximos cuatro años.
En ese sentido, Díaz Granados destacó la relación de "confianza y apoyo mutuo entre" el país y el organismo de crédito, desde su creación en el 2001.
En particular, recordó que en la última década generó una tasa de crecimiento de la cartera del 7,3% anual, hasta alcanzar los U$S 3.400 millones en préstamos invertidos actualmente en el país.
En qué programas se utiliza el financiamiento
A estos decretos publicados ayer en el Boletín Oficial se suma el Decreto el 513/2022 que aprueba un contrato de garantía de la Nación con la CAF y otro de contragarantía con la provincia de Buenos Aires, en el marco del Programa de Ampliación y Mejora de la Infraestructura Escolar, con financiamiento por U$S 75 millones, que para el caso de no producirse la cancelación respectiva, el gobierno bonaerense autoriza al nacional a debitar los fondos de la Cuenta de Coparticipación Federal de Impuestos.
En cuanto a los otros decretos, el primero de ellos es un financiamiento de U$S 75 millones para el Programa para Recuperación y Desarrollo de Complejos Agroexportadores, cuyo objetivo es fomentar la reconversión de los medios de producción y procesamiento y el acceso a mercados externos de pequeños y medianos productores frutícolas y de los esquemas asociativos que integran sus cadenas de valor para promover incrementos de la productividad y de la capacidad exportadora.
El siguiente es por U$S 100 millones para el Programa de Apoyo al Plan Nacional Argentina contra el Hambre en la Emergencia Socio-sanitaria Covid-19, Fase III, para contribuir a la seguridad alimentaria de familias en situación de vulnerabilidad social y priorizar a la niñez.
En el Consejo de las Américas, Díaz Granados manifestó: “Nos interesa seguir ampliando la cartera, doblarla en los próximos cuatro años, con nuevos proyectos que impacten en los ciudadanos” profundizando la relación con el Gobierno y proyectos con el sector privado.
Además, el titular de la CAF mostró su interés para que “el sector privado se expanda", como ocurre actualmente en Uruguay y en Colombia, donde la CAF tiene una cartera de U$S 1.500 millones en cada país con el sector privado.
Otros U$S 75 millones de los préstamos serán para el Programa de Apoyo al Sistema Vial Argentino II; y la misma cifra para el Proyecto de Enfoque Sectorial Amplio para el Apoyo a la Acción Ambiental y Climática, que consiste en asistir al uso sostenible de los ecosistemas naturales y la reducción de la presión extractiva sobre los recursos naturales.
Asimismo, la CAF financiará con U$S 340 millones el Programa de Obras Básicas, Primarias y Redes Secundarias para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que consiste en contribuir a mejorar la calidad de vida, higiene y salubridad de los y las habitantes del AMBA, de manera ambientalmente sustentable, a través de la ampliación y mayor acceso, y la mejora de la eficiencia de los servicios de agua y saneamiento.
"Queremos que la región ocupe un lugar relevante en las discusiones globales” en temas como la “transición energética”, afirmó Díaz Granados, y mencionó como ejemplo que América Latina “tiene 9 trillones de dólares para desarrollar sólo en gas”.
Por último, en julio pasado, Díaz Granados se reunió con el presidente Alberto Fernández y se formalizaron créditos por U$S 175 millones.
El Ministerio de Educación y la ANSeS lanzaron cursos gratuitos de idiomas para 400.000 becarios en todo el país
El programa tiene por objetivo que los beneficiarios del Plan Progresar y del programa de Becas Estratégicas Manuel Belgranoa ccedan a cursos de inglés, francés, portugués, alemán, italiano y chino mandarín; y se dictarán cursos de español como segunda lengua para estudiantes de pueblos originarios, migrantes y refugiadas/os.
El ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, y la directora ejecutiva de la ANSeS, Fernanda Raverta, encabezaron ayer el acto de presentación del Programa de Formación y Certificación en Lenguas Extranjeras, mediante el cual 400.000 becarias y becarios del Plan Progresar y del programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano podrán acceder a 20.000 cursos gratuitos de lenguas extranjeras que dictarán universidades nacionales, se informó oficialmente.
El programa, que tuvo una inversión superior a los 5.000 millones de pesos, tiene por objetivos "el fortalecimiento de la trayectoria académica de las y los becarios; el incremento de las competencias lingüísticas e internacionales de quienes participen del programa; y la federalización y democratización del acceso a oportunidades de formación y empleo".
Los becarios podrán acceder a cursos de inglés, francés, portugués, alemán, italiano y chino mandarín; y se dictarán cursos de español como segunda lengua para estudiantes de pueblos originarios, migrantes y refugiadas/os.
Los cursos serán impartidos por 35 universidades de gestión pública y 65 institutos superiores de formación docente de todo el país, en modalidad virtual, con una duración de 64 horas cuatrimestrales.
Además, quienes cumplimenten esta formación recibirán un monto adicional al pago de su beca de 1.500 pesos mensuales durante cuatro meses, que se acreditará al finalizar el curso, con la certificación de la institución formadora.
“Estas becas fueron creadas por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner para estimular y acompañar a los jóvenes que querían estudiar pero a sus familias les resultaba difícil. Hoy nuestro horizonte y desafío sigue siendo que no haya ningún joven sin la oportunidad de estudiar”, resaltó Raverta.
“Por eso volvimos a reconstruir las becas, pese a los recortes que habían tenido durante la gestión anterior, pero además sumándole un incentivo a la conectividad, ampliándola para las chicas y chicos de 16 y 17 años, y con este anuncio que forma parte de un Estado cada vez más cerca de las argentinas y argentinos”, agregó la titular de la ANSeS.
El funcionario destacó que a través de las becas "Argentina tiene un sistema de protección para que las y los jóvenes puedan estudiar y ser mejores", y resaltó que los cursos de lengua extranjera "son una propuesta de federalismo profundo porque pueden participar a lo largo y ancho de todo el país".
Del lanzamiento participaron también el intendente de Ezeiza, Gastón Granados; la secretaria de Cooperación Educativa y Acciones Prioritarias, Andrea García; el secretario de Políticas Universitarias, Oscar Alpa; el director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni; titulares de las carteras educativas provinciales y representantes de las universidades que dictarán los cursos.
Durante el acto, además, se firmaron convenios para la implementación del Programa con autoridades de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la Universidad Nacional del Chaco Austral, la Universidad Nacional de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Córdoba y el Instituto de Educación Superior Docente y Técnica N° 9-001 "General José de San Martín", de Mendoza.
Manzur: las medidas del Gobierno "cambiaron la tendencia y se acumulan reservas"
Al ingresar a la Casa Rosada, el jefe de Gabinete sostuvo que la gestión se encamina a la estabilización de la macroeconomía y eso tiene su correlato en el crecimiento de la producción y la baja de los niveles de desempleo.
El jefe de Gabinete, Juan Manzur, sostuvo ayer que "cambió la tendencia y ha habido acumulación de reservas", en respuesta a las últimas medidas del Gobierno nacional para "estabilizar la macroeconomía".
"En las últimas ruedas se ha cambiado la tendencia, ha habido acumulación de reservas y esto tiene que ver con los datos que estamos conociendo: si esto continúa de esta manera vamos a tener un récord de exportación, ingresos de divisas al país como nunca antes lo tuvimos", dijo.
En declaraciones a los periodistas al ingresar a la Casa Rosada, el funcionario consideró que "eso se expresa también en la capacidad instalada en cuanto a la producción que hay en la Argentina, que está marcando niveles muy importantes y a lo que nos conduce es a los indicadores de niveles de desempleo que siguen mejorando".
"Por eso la estabilización de la macroeconomía y, a partir de ahí, seguir incentivando la inversión y la producción, y que esto desencadene en trabajo: esa es la dirección de lo que hoy está buscando el Gobierno", enfatizó.
En tanto, valoró la participación del ministro de Economía, Sergio Massa, en el encuentro del Consejo de las Américas en el hotel Alvear, donde -indicó- expuso "cuáles son los principales lineamientos de la política económica, que tiene que ver con el plan de trabajo que se ha trazado el Gobierno en función de lograr el objetivo de estabilizar la economía fundamentalmente".
Al ser consultado sobre la reunión que la Liga de Gobernadores peronistas en la ciudad de La Plata, el ministro coordinador dijo que hay que "celebrar" ese tipo de encuentros ya que "es un hecho muy importante en la idea de aunar esfuerzo" y el marco de un "país profundamente federal".
"Lo que buscamos es el crecimiento y a partir del crecimiento la inclusión y a partir de la inclusión lo que buscamos siempre es cerrar asimetrías. La Argentina no es igual y partir de ahí tenemos que generar las condiciones para cerrar brechas. Estos son los desafíos más importantes", recalcó.
En tanto, fue consultado sobre los pedidos de buscar consensos básicos entre oficialismo y oposición que se escucharon en el marco del Consejo de las Américas. "Siempre hay que buscar el diálogo y más en momentos difíciles en momentos complicados. Es muy sano, es bueno", sostuvo Manzur y sostuvo que la Argentina "se encamina a cumplir 40 años de democracia ininterrumpida".
"La Argentina no es una isla; todo lo que sea acercar posiciones, generar diálogos y generar vínculo y trazar un objetivo que lleve a una Argentina que incluya, que genere oportunidades y con esta sensación linda de un futuro mejor para todos nosotros, lo celebramos", concluyó.
De Mendiguren destacó el crecimiento de la industria "en un mes de turbulencia financiera"
El secretario de Industria subrayó además que la construcción continuó en julio operando "en máximos históricos", luego del crecimiento del 7,2% interanual de junio. "El objetivo es ordenar las variables macro sosteniendo el nivel de actividad, la producción y el empleo", afirmó.
José Ignacio de Mendiguren destacó ayer el crecimiento del 3,5% interanual que tuvo la actividad fabril en julio, en un mes al que caracterizó de “turbulencia financiera y cambiaria”.
“Julio fue un mes de turbulencia financiera y cambiaria. Aun así, la industria creció 3,5% en la comparación interanual”, puntualizó De Mendiguren sobre las estimaciones preliminares del índice adelantado de actividad industrial que elabora el Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI), dependiente del Ministerio de Economía.
El funcionario indicó en su cuenta de Twitter que “el objetivo es ordenar las variables macro sosteniendo el nivel de actividad, la producción y el empleo”.
La producción industrial "creció 3,5% interanual en julio, con un mayor consumo en plantas de las industrias más relevantes, salvo tabaco, productos de metal, otro equipo de transporte y alimentos", adelantó el CEP XXI.
En la misma línea, proyectó que la actividad de la construcción continuó en julio operando "en máximos históricos", luego del crecimiento del 7,2% interanual obtenido en junio, lo que le significó ser el mejor sexto mes desde que se tiene registro. En tanto, la actividad en la industria automotriz fue "la mayor desde 2015" para el séptimo mes del año.
El índice adelantado de actividad industrial que elabora el CEP anticipa la evolución de los principales indicadores de la actividad productiva tomando como insumo el consumo de energía en las principales ramas industriales.
Por otra parte, ayers se conoció el relevamiento del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA), que dio cuenta de que la actividad industrial creció 8,3% interanual en junio y 0,9% respecto al mes anterior, con algunos sectores que componen al sector con incrementos superiores a 50%. A esto se suma que los 12 sectores que componen el índice tuvieron aumentos de actividad en comparación al mismo mes de 2021.
Flavia Royón sobre la segmentación de tarifas: "Al margen de la coyuntura, era necesario ir hacia un sistema de subsidios más justo"
"Si hay un subsidio, que sea al que realmente lo necesita”, destacó la secretaria de Energía. Adelantó que la semana próxima se publicarán los topes de consumo subsidiados del gas, al igual de lo que se realizó con la energía eléctrica.
La secretaria de Energía, Flavia Royón, subrayó que, “al margen de la coyuntura internacional”, resultaba necesario “ir hacia un sistema de subsidios de energía mucho más justo”, y adelantó que la semana próxima se publicarán los topes de consumo subsidiados del gas, al igual de lo que se realizó con la energía eléctrica.
“Al margen de la coyuntura internacional y de esta situación que hizo que todos los precios de la energía suban, teníamos que caminar hacia un sistema de subsidios de energía mucho más justo donde si hay un subsidio sea al que realmente lo necesita”, afirmó la funcionaria en declaraciones televisivas.
En ese sentido, reiteró que, en “esta primera etapa”, no habrá actualización ni tope de consumo subsidiado de energía eléctrica para los usuarios encuadrados dentro de la tarifa social.
Este grupo de usuarios será el único en mantener los subsidios pese a no inscribirse en el formulario a tal fin, mientras que, por el contrario, recordó que “una persona de ingresos medios o altos que no haya solicitado (el subsidio) los va a perder”.
“Anteriormente veníamos de un esquema donde el subsidio era para todos y hoy pasamos a un registro voluntario”, indicó la funcionaria, y recalcó que las quitas de subsidios –del 20% en el primer tramo- aplicarán al consumo realizado desde el 1 de septiembre, y se reflejarán en las facturas mensuales de octubre o bimestrales de noviembre, según corresponda.
Señaló que el límite de consumo subsidiado de 400 kilowatts hora (kWh) mensuales es “generoso” ya que –indicó- “el 80% de las familias consume menos que esto” y “un hogar tipo consume entre 200 y 250 kWh”.
En relación con el gas, y al igual que con el tope de 550 kWh en provincias del norte sin acceso al gas natural, Royón recalcó que se tuvo en cuenta la “variabilidad y dispersión” y que no se puede “tener la misma consideración con una persona del sur”.
Al respecto, adelantó que la próxima semana se van a publicar -y se actualizarán mensualmente- los topes mensuales de consumo subsidiado de gas “de acuerdo a la categoría y la distribuidora”.
Por otra parte, en declaraciones radiales, expresó que los aumentos en los servicios de energía eléctrica y gas natural serán "razonables" en el marco de un esquema de "tarifas más justas y mejor pensadas", al tiempo que abogó por un "uso eficiente de la energía" y el "orden fiscal".
Asimismo, sostuvo que los incrementos en el servicio eléctrico para comercios, oficinas y consorcios serán variables, de acuerdo con la superficie y a cómo estén declarados, pero que en todos los casos su impacto en las tarifas, así como en la inflación, será "menor".
También puntualizó que "no hay un aumento de tarifas como se ve en otros lugares del mundo, donde los salarios promedio directamente se destinan al pago de la energía", un caso que "no es el de la Argentina", en la que "estos aumentos van debajo del Coeficiente de Variación Salarial, son aumentos razonables y hoy se necesitan para llevar orden fiscal".
Al respecto, indicó que "en 2019, la cobertura del costo de energía en un salario promedio pesaba el 5,4% y hoy, con este ajuste, el promedio del 2022 va a pesar el 2,5%".
Al preguntársele si correspondía catalogar a este ajuste como un "tarifazo", Royón aclaró que "los aumentos en promedio, depende de lo que uno consuma, van entre 200 y 550 pesos, son razonables".
En cuanto a cómo impactarán los aumentos en los consorcios de edificios, señaló que "no hay un registro oficial" y así como algunos están como usuarios residenciales, otros están encuadrados como generales, al igual que muchas oficinas.
"En cualquiera de los casos, los aumentos son razonables", reiteró, además de explicar que "se les retira el 20% del subsidio en el primer tramo" y remarcar que "el peso de la energía eléctrica sobre lo que pueden ser las expensas es menor, no debería disparar su valor".
En el mismo sentido, indicó que "a un comercio chico se le va a aumentar un promedio de $ 1.500, con una superficie más grande podría estar en el orden de los $ 8.000 sobre una factura estimada de $ 33.000, son aumentos relativamente menores".
Cuánto hay que ganar para ser de clase media en la ciudad de Buenos Aires
El costo de la vida que mide la Dirección de Estadísticas y Censos porteña para el estrato medio subió 8% en julio.
Una familia tipo que vive en la ciudad de Buenos Aires requirió ingresos de al menos $ 173.917,50 en julio para ser considerada de clase media según los criterios de estratificación social que utiliza el distrito gobernado por Horacio Rodríguez Larrata. Ese umbral, de unos $ 5.610 por día, subió 8,12% respecto de junio, por encima de la inflación medida por el INDEC para ese mes, del 7,4 por ciento.
En términos interanuales, los ingresos necesarios para alcanzar ese nivel socioeconómico aumentaron 69,23% en comparación con mismo mes del año pasado.
La Dirección General de Estadísticas y Censos (DGEC) de la CABA publicó ayer los datos de Costo de vida, Líneas de pobreza y Canastas de Consumo para la Ciudad de Buenos Aires de julio de 2022. El informe, entre otros datos, establece los criterios actualizados que toma el distrito para delimitar los niveles socioeconómicos en base al nivel ingreso.
De esta manera, una familia de cuatro integrantes necesitó disponer de entre $ 173.917,50 y $ 556.535,99 durante el mes pasado para entrar en “sector medio”. Cabe aclarar que la familia tipo en cuestión es propietaria del inmueble en el que vive en la simulación del ente estadístico, por lo cual las necesidades de ingreso mensual no incluyen alquiler.
El reporte mensual que elabora la DGEC de la ciudad de Buenos Aires establece una estratificación social en base a cinco niveles socioeconómicos:
✔ En situación de indigencia: hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza para cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA - Línea de indigencia). A julio, se consideraba indigentes a las familias que no alcanzaron los $ 61.244,88 mensuales.
✔ En situación de pobreza no indigente: hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza para cubrir la Canasta Básica Total (CBT – Línea de pobreza) pero permite al menos adquirir la CBA. El rango de ingresos para este estrato quedó entre $ 61.244,89 y $ 112.765,52 por mes.
✔ No pobres vulnerables: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos la CBT y no alcanza la Canasta Total (CT) del Sistema de Canastas de Consumo. Ganan entre $ 112.765,53 y $ 139.133,99 al mes.
✔ Sector medio frágil: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos la CT y no alcanza 1,25 veces la CT del Sistema de Canastas de Consumo. Tienen ingresos mensuales entre $ 139.134,00 y $ 173.917,49 pesos.
✔ Sector medio “clase media”: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos 1,25 veces la CT y no alcanza cuatro veces la CT del Sistema de Canastas de Consumo. Ganan desde $ 173.917,50 y hasta $ 556.535,99 por mes.
✔ Sector acomodado: hogares cuyo ingreso mensual es de cuatro veces o más la CT del Sistema de Canastas de Consumo. Son los ingresos de $ 556.536 al mes o más.
“Esta estratificación brinda, por un lado, la posibilidad de identificar a los sectores más desprotegidos de la sociedad en términos de situaciones de indigencia y de pobreza y, por el otro, da cuenta de la heterogeneidad de los sectores no pobres de manera de facilitar un análisis más integral de la situación social de la ciudad de Buenos Aires, la de cada uno de los estratos definidos y su evolución en el tiempo”, explica el informe.
En base a esos estratos, los ingresos teóricos necesarios de una pareja de clase media compuesta por una mujer y un varón de 35 años de edad, ambos económicamente activos y propietarios de la vivienda en la que viven, con dos hijos varones de 9 y 6 años, se dispararon en el último año y superaron el ritmo de avance del nivel general de inflación que marcha en el orden del 69,23% anual, según la Dirección de Estadisticas y Censos porteña.
Visto en términos de necesidades diarias, esa misma familia tipo necesitó al menos $ 5.610,24 por día para alcanzar un nivel de consumo consecuente con el estrato medio.
Para no caer en la pobreza, mientras tanto, se necesitaron $ 104.489,46 al mes, mientras que quienes superan los $ 112.765,53 al mes pero no alcanzan los $ 139.133,99 mensuales son considerados “sector medio frágil”.
El velorio del salario mínimo
Distintas organizaciones sociales marcharon por el centro porteño para reclamar un aumento en el Salario Mínimo, Vital y Móvil.
Con la publicación de un aviso fúnebre y la parodia de una carroza mortuoria, militantes de distintas organizaciones sociales marcharon por el centro porteño para reclamar un aumento en el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) que, en su opinión, “murió” con la inflación que desde los últimos meses sacude la economía.
La movilización comenzó en Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen, y de allí partió a Plaza de Mayo donde reclamarán un incremento "acorde con el aumento inflacionario en el país", según informaron a través de un comunicado el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), MTD Aníbal Verón, Frente Popular Darío Santillán, MRP Resistencia Popular y MTR por la Democracia Directa.
Con un cajón mortuorio y coronas de flores, las organizaciones marchan en esta oportunidad en el marco de la teatralización de un velorio: "El salario ha muerto. Los trabajadores de las organizaciones sociales, cooperativistas, precarizados, despedimos sus restos en Plaza de Mayo", decía la convocatoria de las organizaciones.
La iniciativa fue impulsada de cara a la reunión del próximo lunes en el Ministerio de Trabajo, donde representantes de gremios y cámaras empresarias se encontrarán en el marco del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil.
Allí se prevé el debate, acuerdo y definición de un nuevo piso salarial que actualice ese monto que en la actualidad es de 47.850 pesos.
Marianella Navarro, una de las voceras del FOL, indicó en declaraciones a Télam que la movilización de ayer a Plaza de Mayo tuvo como objetivo un SMVM "por arriba de la inflación" y una quita del 21 por ciento del IVA a los alimentos de la canasta básica alimentaria, entre otros puntos.
"Al salario se lo defiende con lucha, para el sostén de una vida digna para los millones de trabajadores más humildes de este país", señalaron las organizaciones en un comunicado conjunto.
Nueva reducción del servicio nocturno de colectivos en el AMBA
No hay servicio desde las 22 horas de ayer y hasta las 5 de la mañana de este sábado en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Las empresas reclaman "compensaciones tarifarias".
Un centenar de líneas de colectivos que circulan en el AMBA no prestan servicios desde las 22 de ayer y hasta las 5 de este sábado, y mantendrán restricciones en las frecuencias durante el día, en reclamo del pago de subsidios atrasados.
El conflicto por la demora en los giros de las compensaciones tarifarias se inició a principios de julio y aún sigue sin resolverse, por lo cual los empresarios continúan recortando prestaciones para compensar costos.
Las líneas que no circularán son las que están agrupadas en la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA) y la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (C.T.P.B.A.).
"Ante el cada vez mayor atraso en el pago de las compensaciones tarifarias que se vienen generando desde marzo del corriente año y la asfixiante situación financiera, se impone la necesidad de suspender los servicios nocturnos, adaptar la cantidad de servicios diurnos a las prestaciones de día sábado y continuar con este tipo de restricciones hasta tanto cuenten con los recursos necesarios para regularizar las prestaciones", señalaron las cámaras en un comunicado. Según precisaron, la deuda acumulada es de un mes sobre el total de aportes que realiza el Estado.
Los empresarios dicen que no están en condiciones de seguir financiando la operación y advierten que de mantenerse el desfasaje se llegará a una "paralización del sistema".
Ante medidas similares, el Ministerio de Transporte recibió semanas atrás a los representantes de las cámaras, quienes se mostraron conformes con las promesas obtenidas pero que a la luz de los hechos no se materializaron, al menos en su totalidad.
A partir del 1° de agosto, las tarifas del transporte automotor aumentaron un 40% en promedio. El boleto mínimo pasó de $ 18 a $ 25,20, mientras que el más utilizado pasó de $ 20 (de 3 a 6 kilómetros de distancia) a $ 28. Los empresarios afirman que, pese al incremento, el costo del pasaje cubre apenas el 20% real del valor del servicio.
La Cámara de Casación fijó la echa de la audiencia para analizar el sobreseimiento de Cristina en la causa Los Sauces - Hotesur
Será el próximo 10 de noviembre. El máximo tribunal penal del país debe resolver si confirma el cierre de la causa o vuelve a imputar a la vicepresidenta.
La Cámara Federal de Casación Penal fijó ayer una audiencia para el próximo 10 de noviembre a las 10:30 horas para analizar el sobreseimiento de la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner en la causa “Los Sauces-Hotesur”.
La noticia se conoció mientras se desarrollaba la octava audiencia de alegatos de la Fiscalía en el juicio oral a la ex presidenta por la obra pública en Santa Cruz.
Fuentes judiciales informaron que el presidente de la Sala I de Casación, Diego Barroetaveña, dispuso la fecha de la audiencia para tartar los sobreseimientos de Cristina Kirchner y el resto de los acusados que en noviembre del año pasado dispuso por mayoría el Tribunal Oral Federal 5. Barroetaveña y los jueces Daniel Petrone y Ana María Figueroa tienen que resolver si confirman el sobreseimiento o lo revocan y ordenan que se haga el juicio oral.
Casación le dio a todas las partes del caso tres días para que informen si quieren la audiencia oral y si presentan sus argumentos por escrito. Para eso convocó a una audiencia preliminar para el 4 de octubre “a los efectos de ordenar los eventuales informes orales” y en la que se establecerá “el orden y duración de las exposiciones”. El tribunal también adelantó que si se requieren otra audiencia, además de la del 10, se continuará el 22 de noviembre a las 11 horas.
Los acusados pueden hablar en la audiencia. Cristina ya lo hizo ante los mismos jueces en la causa dólar futuro, en la que Casación confirmó su sobreseimiento. Pero el mismo tribunal tiene otra audiencia con la vicepresidenta. Es en la causa por la firma del memorándum con Irán, en la que fue sobreseída. Será el próximo 29 de septiembre a instancia de la apelación de la Fiscalía y de las querellas que pidieron que se haga el juicio.
En la causa Hotesur - Los Sauces -dos empresas de la familia Kirchner- se investiga un presunto lavado de dinero y asociación ilícita en el alquilar de hoteles y propiedades a los empresarios Lázaro Báez, Cristobal López y Fabián De Sousa bajo la sospecha que fue una devolución de favores por los negocios públicos que obtuvieron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
En noviembre del año pasado, por mayoría, el Tribunal Oral Federal 5 aceptó un planteo de la defensa de Cristina Kirchner y otros acusados y los sobreseyó. La medida alcanzó a la treintena de imputados. Además de Cristina fueron sobreseídos sus hijos Máximo y Florencia; Romina de los Ángeles Mercado, sobrina de Cristina Kirchner e hija de la gobernadora de Santa Cruz Alicia Kirchner; el contador Osvaldo Sanfelice; los empresarios; los hijos de Báez, entre otros.
Los jueces del Tribunal Adrián Grünberg y Daniel Obligado dijeron que no hubo lavado de dinero porque los hechos comenzaron cuando para combatir ese delito había una ley más benigna que la actual, entonces eso favorece a los imputados. Luego señalaron que cuando comenzaron los hechos no era punible el autolavado ya que por entonces no se castigaba a quien “convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare o aplicare dinero o bienes provenientes de un delito en el que no hubiera participado”.
En disidencia, la jueza Adriana Palliotti votó porque se haga el juicio oral. “Estoy convencida que el único ámbito para discutir la totalidad de los planteos formulados por los defensores resulta ser, inexorablemente, el debate oral, público, contradictorio y continuo”, sostuvo.
El fiscal del caso, Diego Velasco, apeló la decisión y pasó a la Cámara de Casación. Allí el fiscal mantuvo la apelación y pidió que se revoquen los sobreseimientos y se haga el juicio. Ahora Casación convocó a la audiencia para escuchar a las partes y luego resolver.
Tanto la audiencia en Casación por Los Sauces-Hotesur y por la firma del memorándum con Irán serán en la etapa final del juicio por la obra pública. El primero de agosto los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola comenzaron sus alegatos y acusaron a Cristina Kirchner y al resto de los imputados por las irregularidades en la obra pública que Báez recibió durante los gobiernos kirchneristas para la provincia de Santa Cruz, El próximo lunes harán el pedido de pena. De hecho, la causa Los Sauces-Hotesur fue parte de la prueba de los fiscales. Las audiencias de Casación llegarán en la etapa de alegatos de las defensas en el juicio.
Sorpresa en el nuevo juicio contra Milagro Sala: el primer testigo denunció que lo presionaron para que acuse a la Tupac
A la dirigente social se la acusa de planificar el supuesto robo de un expediente en 2007. El primer testigo de la fiscalía sorprendió cuando dijo que fue "presionado" por el Ministerio Público para perjudicar a un ex abogado de la Tupac.
El nuevo juicio contra Milagro Sala, donde se la acusa de planificar el supuesto robo de un expediente, empezó con sorpresas. Un testigo, que al momento de los hechos denunciados era el empleado de mesa de entradas, declaró ante el tribunal oral que la semana pasada fue presionado en nombre del jefe del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Sergio Lello Sánchez, funcionario leal al gobernador fascista Gerardo Morales, para que “declare bien” en el caso.
“Declarar bien” significaba, según el mensaje que recibió, comprometer por lo menos a uno de los acusados, Alberto Bellido, que por entonces era abogado de la Tupac Amaru.
A cambio le devolverían el trabajo, de donde lo echaron a hace algo más de tres años, y le darían los sueldos no percibidos todo este tiempo. El hombre se llama José Luis Ruiz y hoy vive en situación de indigencia.
El apriete y la presión sobre el testigo
“No soy un corrupto, estuve 39 años en la justicia, nadie me va a hacer decir lo que no es”, declaró Ruiz ante el Tribunal Oral 3 de Jujuy. El ex empleado judicial detalló dos “aprietes” distintos. Por un lado, dijo que la policía lo viene siguiendo en los últimos tiempos y que incluso lo pararon en la calle, algo inusual.
El jueves de la semana pasada, contó también, lo convocaron a la oficina del secretario del fiscal Walter Rondón, que se llama Joaquín Campos, y que allí el mensaje que recibió fue que por instrucciones de Lello Sánchez y el abogado Juan Carlos Dávalos esperaban que “declare bien” para “voltear a Bellido” a cambio de devolverle el empleo.
Esperaban que dijera que Bellido había participado de la sustracción del expediente y la supuesta quema posterior. Lello Sánchez, que tiene a Rondón como mano derecha, es una suerte de gran titiritero de las causas que involucran a Milagro Sala y su entorno que, como queda a la vista incluso con este caso, no paran de multiplicarse a fuerza de armados y relatos bajo presión.
El testimonio generó gran revuelo en la sala de audiencias. Ruiz dijo que el día que figura la desaparición del expediente, el 17 de diciembre de 2007, al mediodía, no recordaba haber visto a Bellido cerca de ese horario en tribunales. Comenzaron a interrumpirlo, e incluso una de las juezas -la presidenta del tribunal, María Margarita Nayar- parecía obstaculizar que terminara de hablar.
Bellido pediría la palabra después. Estaba conmocionado y al borde del llanto. Al final de la audiencia avisó que pedirá que se abra una investigación con el relato del testigo e increpó a los fiscales. También harán la denuncia los abogados de Milagro Sala.
El único otro testigo del día fue el denunciante original, otro empleado, Nelson Echenique, que ratificó su viejo relato. Hizo la presentación judicial inicial en 2009, aunque la aparente sustracción del expediente fue en 2007. Era una causa sobre un tiroteo entre integrantes de la Tupac Amaru. Milagro Sala no tenía relación alguna con la agresión en cuestión. Sin embargo, terminó arrastrada en la causa junto con el empleado judicial Marcos Romero y con Bellido.
Desde el jueves están los tres sentados en el banquillo. La dirigente, en rigor, está en su casa dado su delicado estado de salud en pleno tratamiento de una trombosis venosa profunda. Sus propios peritos decían que no estaba en condiciones de enfrentar el proceso, pero el tribunal decidió seguir adelante igual, y ordenó su presencia por videoconferencia.
La insólita resurrección de la causa
El caso había sido cerrado en 2012 por prescripción con sobreseimientos para todos los imputados, pero en 2017 apareció en tribunales, recién salido de la cárcel debido a una causa por un secuestro extorsivo, un hombre llamado Alejandro Pilo Mansilla, exintegrante de la Tupac. Fue a declarar ante el fiscal Diego Cussel que él sabía del robo del expediente, que presenció su quema y que la orden la había dado Milagro Sala. Pese a esta aparente confesión, nunca fue imputado, pero logró la resurrección de la causa.
Lo concreto es que el relato de Ruiz, en las narices del tribunal y bajo juramento, dejaba al desnudo el mecanismo que, todo indica, se aplicó en múltiples causas para perseguir a Sala y otras organizaciones. Es curioso que desde la semana pasada volvieron al centro de la escena las acusaciones contra la dirigente de la Tupac: se reflotó una causa con acusaciones de lavado de dinero contra Sala y otras 16 personas, incluidos familiares suyos, con el relato de Mirta Guerrero, alias “Shakira” -quien integraba la Tupac- ante Jorge Lanata, sobre viajes y supuestos gastos millonarios. En teoría, tanto ella como otros dos imputados podrían convertirse en arrepentidos ahora, justo cuando las defensas reclamaban frenar el juicio, y el gobernador Morales inicia su campaña a nivel nacional.
Quien relató aprietes y ofrecimientos públicamente esta semana también fue la dirigente social Graciela López, quien contó que le ofrecieron dinero, trabajo y liberarla de acusaciones si comprometía a Sala en la causa conocida como la de los “huevazos”, sobre una protesta contra Morales en 2009. “Estimo que lo han hecho con todos mis compañeros presos”, dijo López.
Bellido pidió custodia y garantías para el testigo Ruiz en el juicio oral que sigue la semana próxima. “Por la gravedad institucional de lo denunciado”, le dijo el abogado a este diario. “Estamos viendo frente a nosotros cómo se arman las causas. A mí me metió preso este gobierno nefasto de Morales. Un día me desperté en el penal y tenía cinco causas. Por eso insistimos en que se debe intervenir también la justicia de Jujuy”, reclamó.
¿Por qué es tan difícil juzgar a los espías de la dictadura?
El aparato de inteligencia fue el cerebro del terrorismo de Estado, pero sus agentes logran evadir a la Justicia gracias a una estructura legal aún vigente. Funcionarios y referentes de los derechos humanos reflexionan sobre cómo avanzar en el proceso de memoria, verdad y justicia.
Todo en el Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal Argentina (PFA) era secreto. Los espías que transitaban esos pasillos -como Isabelita, la infiltrada en Madres de Plaza de Mayo- no debían nunca decir que integraban ese organismo de inteligencia. El recelo era tan grande que la ley orgánica -que nunca fue modificada- habilitaba al jefe de la PFA a mentir si un juez preguntaba por un agente. Con esas dificultades se topan los tribunales a la hora de investigar la estructura de inteligencia de la dictadura, que fue el cerebro de la represión y que sigue funcionando como una caja negra.
Cuando entró al Cuerpo de Informaciones, Isabelita dejó de ser llamada como la llamaban en su casa. Solo conservó las iniciales de su nombre y su apellido. Desde entonces ésa sería la identidad con la que la PFA se iba a referir a ella, especialmente para evitar que se filtrara información sobre esta mujer que debía salir a las calles a conseguir datos para la inteligencia policial.
Las leyes que regulan el funcionamiento del Cuerpo de Informaciones son secretas y están ancladas en el secreto. Nada se puede contar. Allí radica parte de su éxito y parte de las dificultades que encuentran magistrados y magistradas así como integrantes de organismos de derechos humanos para entender el funcionamiento de éste y otros organismos de inteligencia. “Es difícil poder investigar porque históricamente ha funcionado bajo el secreto, lo que dificulta reconstruir las orgánicas, la estructura, la cantidad de empleados y el presupuesto”, explica Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
“Reconstruir una estructura como la del Cuerpo de Informaciones -que históricamente funcionó bajo el más absoluto secreto y con la posibilidad de infiltrar organizaciones sociales y partidos políticos- viene siendo complicado. Por eso, reclamamos políticas de desclasificación de la información y que el Estado transparente este tipo de estructuras”, dice la referente del CELS.
“El camino para poder interpretar la estructura de inteligencia está en analizar todos los reglamentos y la actividad burocrática que tuvieron. De esta forma se puede ver cómo esa inteligencia se volvía operativa, pero nos falta información aún”, dice la fiscal Ángeles Ramos, titular de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH).
Parte de estas discusiones se volverán a dar en los próximos días cuando el juez federal Ariel Lijo tenga que decidir si reabre la denuncia que había presentado el Ministerio de Seguridad en 2013 por la presunta responsabilidad de Isabelita en los secuestros de la Iglesia de la Santa Cruz en diciembre de 1977.
El cerebro del exterminio
El Cuerpo de Informaciones –que integró Isabelita– funcionó bajo la órbita de la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF). Era la estructura de la PFA que formaba parte de la comunidad informativa junto con otros organismos de inteligencia como la Jefatura II o el Batallón 601 del Ejército, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea o de la Marina.
Desde antes del golpe de Estado, la responsabilidad de la represión quedó en cabeza del Ejército. La inteligencia –dijo el Tribunal Oral Federal 4 de San Martín que juzgó los secuestros de la Contraofensiva– fue el cerebro de la represión. “Hay que investigar el aparato de inteligencia para hablar de quiénes fueron los responsables del exterminio”, dice la auxiliar fiscal Gabriela Sosti, que representó al Ministerio Público Fiscal en ese juicio que terminó con condenas a prisión perpetua. No en vano, remarca Sosti, los jerarcas de la dictadura decían que la “guerra” la ganaron con la inteligencia. “No hablaban de los torturadores sino de los integrantes del aparato de inteligencia que hicieron su aporte a la empresa criminal”, agrega.
Para Andrea Pochak, subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos, la estructura de inteligencia fue central en el armado represivo. “Siempre se consideró que fue el sistema medular, el sistema nervioso, del aparato represivo de la dictadura”, remarca y dice que, por eso, el Programa Verdad y Justicia –que depende de la Secretaría de Derechos Humanos– estuvo abocado en los últimos años a desentrañar cómo funciona esta estructura e incluso cómo se financió. Una de las tareas de los expertos fue analizar alrededor de 200 legajos de integrantes del Cuerpo de Informaciones -entre ellos, el de Isabelita- y la normativa que rige a este organismo.
“Está demostrado que las estructuras de inteligencia fueron las que guiaron el accionar represivo, mediante un plan de operaciones”, resalta Pochak. “Sin embargo, justamente por la división de tareas, muchos de sus responsables permanecen impunes ya que los sobrevivientes, principales testigos del proceso de verdad y justicia, rara vez tuvieron contacto con ellos para poder identificarlos y reconocerlos”, explica la subsecretaria.
La sobrevivencia de la estructura de inteligencia
¿Para qué se usaba la información que recolectaban los espías? ¿Se los puede responsabilizar si no hay un testigo que los haya visto en un operativo o en un centro clandestino? “Hay una falencia en la lógica imputativa que está pensada en la inmediatez con el hecho o en una lógica causal que conduzca a la persona sentada detrás del escritorio”, marca Emanuel Lovelli, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo. “La inteligencia está detrás de la estructuración represiva”, dice Lovelli. En La Plata, el representante de Abuelas cuenta cómo el Destacamento 101 no sólo articulaba con distintos esquemas represivos –de la Policía, el Ejército y la Marina– sino que también estuvo detrás de al menos tres casos de apropiaciones de niños y niñas en esa jurisdicción.
“Hace muchísimos años que venimos marcando la necesidad de visibilizar estas estructuras, pero por alguna razón el Poder Judicial no direccionó de esa forma las investigaciones”, apunta la abogada Guadalupe Godoy, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH). “En el juicio de Circuito Camps (2012), pedimos que se investigara a la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) o en el juicio de la Unidad 9 sostuvimos que había que investigar a la inteligencia del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) por las muertes de los familiares de los presos políticos”, agrega.
Para Sosti, hay que investigar el aparato de inteligencia “desde atrás para adelante”. Hay que ver cuándo los agentes de inteligencia operaron al descubierto y, para ella, esa oportunidad la da ver quiénes fueron a Centroamérica a exportar los conocimientos adquiridos en los centros clandestinos argentinos.
“Es difícil investigar la estructura de inteligencia de la dictadura porque se recicló o continuó en gobiernos constitucionales”, dice el abogado Matías Aufieri, quien lleva, junto con Myriam Bregman, causas contra espías de la PFA. “Ya no son las cloacas sino los cimientos del Estado por su continuidad durante tantas décadas. Si no logramos derrotar la impunidad de los que actuaron en la dictadura, no vamos a poder hacerlo con los que usan el espionaje contra los que luchan”.
Por Luciana Bertoia para Página/12
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