La Justicia jujeña resolvió iniciar ayer un nuevo proceso contra la dirigente de la Túpac Amaru, pese a que los informes médicos de la defensa muestran que está en riesgo la vida de Sala. Qué hay detrás de las acusaciones de Mirta "Shakira" Guerrero.
Pese a los informes médicos que presentó la defensa de Milagro Sala, y que muestran que está en riesgo de vida en pleno tratamiento de una trombosis venosa profunda –por la que estuvo internada– ayer comenzó un nuevo juicio en su contra, como para sumar un capítulo más al show con el que medios afines a la oposición intentan reflotar la demonización de su figura, en paralelo a la de Cristina Fernández de Kirchner, con relatos de supuestos “arrepentidos” que apuntan contra la dirigente.
Las audiencias, en un caso tan insólito como otros, se basan en el relato de un ex integrante de la Tupac Amaru, quien acusó a Sala por la desaparición de un expediente judicial, que no tenía ninguna relación con ella. En medio de todo esto, una novedad de la Justicia jujeña pasó algo inadvertida: el régimen de Gerardo Morales designó a tres nuevos integrantes afines para su Superior Tribunal, después de conseguir las vacantes a fuerza de denuncias.
El nuevo juicio
El juicio que se inició a las 8.30 de ayers, a cargo del Tribunal Oral 3, está basado en el relato de Alejandro Pilo Mansilla, un ex integrante de la Tupac Amaru –antes preso por un secuestro extorsivo– que en 2017 se acordó de denunciar ante el fiscal Diego Cussel un hecho de 2009: la supuesta desaparición y destrucción de un expediente sin relación con Sala.
El juez fue Pablo Pullen Llermanos, quien concentró causas contra la dirigente social. El Poder Judicial de Jujuy mandó una nota a los medios para que las y los periodistas se acrediten que titula así: “Cobertura periodística juicio oral y público a Milagro Sala, un abogado y un empleado”. Es notable que sólo detallan el nombre de la dirigente pero no el de los otros dos acusados, Alberto Bellido y Marcos Romero.
La defensa de Milagro había presentado un informe médico que indica que no está en condiciones de afrontar el proceso, pero tres peritos de tribunales dijeron que sí puede estar en las audiencias por videoconferencia. Para los peritos de parte, el riesgo no es sólo el traslado sino la exposición al estrés que implica el contexto de enjuiciamiento cuando enfrenta un tratamiento por una enfermedad con riesgo de vida. Habrá audiencias también el 22 y el 25 de agosto.
El supuesto lavado
Mientras tanto, el último fin de semana una de las mujeres imputadas en otra causa con la que se apunta a Sala, llamada Mirta Guerrero y conocida como “Shakira”, apareció en una entrevista para referirse, entre otras cosas, a supuestos viajes a China y El Vaticano –por ejemplo– y otros gastos.
Se trata de un expediente por lavado de dinero, que inició la AFIP con una presentación de Jaime Mecicovsky, un hombre poderoso en el organismo, que trabajó en la ofensiva judicial contra el kirchnerismo desde su cargo como subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior.
El objetivo fue lograr una causa adicional, derivada de la conocida como “Pibes Villeros”, donde Sala fue condenada a 13 años. En esta última se le adjudica el desvío de fondos destinados a la construcción de viviendas. El caso está en la Corte Suprema hace más de dos años.
Cuando debería estar resolviendo esto el alto tribunal, se reactiva el expediente por lavado (estuvo casi parado hasta diciembre pasado), con 17 imputados que vienen reclamando la suspensión de la elevación a juicio, pero aún no tuvieron respuesta.
En rigor, la respuesta es el anuncio a través de los medios de que ahora hay tres arrepentidos en este caso que van a complicar a Sala, con lo cual “ampliarán el objeto” de la investigación. Una es Shakira, los otros son José Augusto Choque (que era chofer de Raúl Noro, pareja de Sala) y Juan Carlos Valero (quien estaba casado con una escribana que certificaba actas).
Las y los defensores no han podido acceder en el expediente más que al anuncio de que van a incorporar, a futuro, declaraciones. El jefe del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez, reconoció públicamente que deben citar a estas personas para “circunstanciar” los hechos: es decir, si dijeron algo, no fueron precisos.
Para ser “arrepentido/a” en una causa hay que aportar datos novedosos y comprobables. Está visto de todos modos, que la Justicia jujeña parece tener criterios propios. El fiscal de este caso, Diego Funes, fue recusado, igual que Lello Sánchez. Funes es el mismo que allanó a todas las organizaciones sociales que no comulgan con el gobernador Morales y que, además, ordenó infiltrarlas. El juez es Rodolfo Fernández.
La dirigente social Graciela López reveló días atrás que miembros del régimen jujeño intentaron persuadirla en la causa de los “Huevazos” (por una protesta contra Morales en 2009) de que declarara contra Sala a cambio de “mucho dinero un contrato en el Estado en relación de dependencia” y contó que le prometían “que no me devolverían al penal hasta que termine mi condena en septiembre de 2024”. “Estimo que lo han hecho con todos mis compañeros presos”, dijo López, quien igual que Sala fue condenada.
La Corte de Morales
El gobernador fascista Gerardo Morales empujó la salida de tres miembros del Superior Tribunal que consideraba que ya no le eran funcionales (pese a que integraron una Corte ampliada por él mismo para tener su mayoría asegurada).
La semana pasada juraron los nuevos integrantes. Uno es el ex fiscal de Estado Mariano Miranda, que impulsó las causas contra Sala (antes había sido apoderado de la UCR). También fue nombrada María Eugenia Nieva, ex diputada provincial por el radicalismo. Y el tercero es Martín Llamas, antes apoderado del PJ local (que maneja Rubén Rivarola, dueño también del diario El Tribuno), socio de Morales en el régimen jujeño. Ninguno de ellos tiene carrera judicial.
Fuente: nota de Irina Hauser para Página/12
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