La ex interventora de la Agencia Federal de Inteligencia aseguró que detrás de la causa contra la vicepresidenta está “el Poder Judicial, los políticos neoliberales, los grupos económicos concentrados y los medios de comunicación hegemónicos”.
La ex interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, aseguró ayer, en declaraciones a la AM750, que “parece que en la causa por presunta corrupción en la obra pública contra la vicepresidenta Cristina Kirchner ya está todo hecho”. “La sentencia ya está hecha incluso antes de que se termine el juicio”, señaló.
En este sentido, consultada sobre si la exmandataria tendrá, a su entender, acceso a una verdadera Justicia antes de que termine el proceso, señaló: “Con este Poder Judicial que tenemos, que juega con el establishment, neoliberal, no tenemos ninguna posibilidad”.
Caamaño aclaró que no habla de “la Justicia”, sino del “Poder Judicial”, porque no es todo al aparato en su totalidad el que funciona de forma irregular. “Hay un sector de ese Poder que tiene que ser encausado de alguna manera. Hay una persecución judicial que sigue a dirigentes populares”, señaló.
“Acá está la Justicia, están los políticos neoliberales, los grupos económicos concentrados, los medios de comunicación hegemónicos y antes estaba la AFI. Eso es lo único que podemos festejar. Que no está más la AFI en esa mesa”, dijo, con firmeza, la ex encargada de la inteligencia en el país.
Los ingresos de Mola a la AFI
En tanto, señaló que en lo personal esta situación, el accionar de “esta justicia corporativa”, le da “vergüenza”. Lo hizo para referirse a los ingresos del fiscal por la denominada Causa Vialidad, Sergio Mola, a la sede de la AFI durante el gobierno de Miauricio Macri.
Es que, a través de un pedido de acceso a la información pública, Página/12 pudo constatar que el fiscal Mola no sólo ingresó a la casa de gobierno en junio de 2016, sino que tiene dos ingresos a la sede de la central de espías, uno el 22 de abril de aquel mismo año y otro el 15 de febrero de 2018.
“Es como si cuando yo era fiscal y necesitaba que la Policía hiciera una medida, fuera en persona a la comisaría y hablara con el comisario. El tipo me iba a decir que mande un oficio firmado diciendo qué necesito. Si voy a la comisaría a pedirle algo en secreto al comisario es, evidentemente, porque no le estoy pidiendo algo legal”, explicó Caamaño.
“Estuve el fin de semana leyendo lo que significa la imparcialidad. Lo que dice la doctrina es que el mero temor a sospecha de parcialidad es causal suficiente para posibilitar la exclusión de la tarea de juzgar el caso. O sea, no habla de que tiene que probar algo. El mero hecho de sospechar”, agregó.
“Acá no se está hablando ni siquiera de la honestidad del juez y el fiscal. No pasa por ahí. Es justamente la sospecha y no la seguridad de que podría suceder una situación así lo que hace que se tengan que apartar”, concluyó.
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