sábado, 6 de junio de 2020

Alberto Fernández: "Si se resuelve el pago de la deuda, el despegue de la economía va a ser magnífico"

El presidente se pronunció así durante una conferencia de prensa que ofreció ayer en la localidad neuquina de Villa La Angostura.



Alberto Fernández pronosticó que si se resuelve el pago de la deuda a los bonistas externos "el despegue de la economía argentina va a ser magnífico", consideró que el desarrollo de Vaca Muerta "ocupa un rol central" para el país e insistió con la necesidad de elaborar un "nuevo contrato social para diseñar" una Nación más "igualitaria".

El presidente se pronunció así durante una conferencia de prensa que ofreció ay en la localidad neuquina de Villa La Angostura, adonde llegó en una segunda etapa de un viaje que comenzó más temprano en La Pampa, en el marco de una recorrida semanal que realiza por las provincias desde el 21 de mayo pasado para interiorizarse de la situación de los distritos en el marco de la pandemia de coronavirus.

“Nosotros tenemos que terminar de resolver el problema de la deuda, que es un fuerte condicionante para la Argentina; resolverlo es una condición necesaria para planear el futuro porque no es lo mismo gobernar un país en default, que un país que no lo está”, dijo Fernández, al responder preguntas en el Centro de Convenciones de Villa la Angostura, luego de inaugurar una planta de tratamientos de efluentes.

Aseguró que su Gobierno hizo "todos los esfuerzos necesarios para decirle a los acreedores que no queremos caer en default" y reafirmó su intención de "cumplir las obligaciones", sin "seguir postergando a la Argentina".

En ese contexto, evaluó que el desarrollo de Vaca Muerta, en Neuquén, “ocupa un rol central” para la economía argentina, una vez superada la negociación con los acreedores internacionales y en una etapa posterior a la pandemia.

“Para que ellos cobren necesitan que la Argentina se desarrolle y crezca, produzca y exporte y creo que Vaca Muerta tiene un rol central porque es esencialmente producción que se exporta y genera divisas para el país”, argumentó.


"Haber resuelto el barril criollo (precio sostén de 45 dólares) fue pensando en los que trabajan en Vaca Muerta y todas las explotaciones hidrocarburíferas y también en darle un aliento a los inversores que sepan que estamos como Estado para ayudar cuando hace falta”, agregó.

El jefe de Estado dijo vislumbrar que, si se logra "resolver con los acreedores, el despegue de la economía argentina va a ser magnífico” y reiteró su postura a favor de revertir las desigualdades en Argentina, a partir de “construir otro país más federal”.

Renovó el compromiso de su gobierno de construir una "Argentina integrada", a diferencia del país diseñado con "un epicentro en el puerto de Buenos Aires", que tiene "un centro que disfruta y una periferia que padece".

“Con esa periferia en el norte y en el sur del país, nadie puede estar en paz con su conciencia”, enfatizó y aseguró que “Argentina necesita prestar atención a lo que le pasa a cada ciudadano en cada rincón del país” para que las personas "en el pueblito más alejado puedan desarrollarse, tener salud, educación, construir una familia y morir dignamente en ese mismo lugar”.

Volvió a plantear que la pandemia da la "oportunidad de construir otro país, más igualitario” y le pidió “a cada argentino que sea paciente” ante el aislamiento social preventivo y obligatorio porque, advirtió, “hay que ser cuidadosos a la hora de liberar actividades”.

Asimismo, destacó que los gobernadores son “los que más conocen su realidad” y, por eso, está en sus manos elaborar propuestas para flexibilizar actividades, pero aseguró todavía no es posible reanudar la actividad turística, que -en una primera etapa- debería ser habilitado sólo para movimientos de cercanía.

"Hace falta un nuevo contrato social para diseñar otra Argentina”, insistió el mandatario durante la conferencia, de la que participaron el gobernador neuquino Omar Gutiérrez y los ministros de Interior, Eduardo de Pedro, y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y el intendente local, Fabio Stefani.

Alberto compartió anoche una cena con el gobernador Gutiérrez y permanecerá hasta hoy al mediodía en Villa la Angostura, donde se alojará junto a la primera dama Fabiola Yáñez en la residencia “El Messidor”.

Tras visitar La Pampa, Fernández llegó a Villa La Angostura poco después de las 18 y recorrió las instalaciones de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales, una obra desarrollada por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENHOSA) que demandó una inversión de 196 millones de pesos y beneficia a 13.000 vecinos.

En La Pampa, Alberto Fernández aseguró que le economía "se va a recuperar" después de la pandemia

El presidente dijo que "en épocas de inequidades hemos descubierto las inequidades e injusticias que existen en el país", al dar una conferencia de prensa junto al gobernador pampeano Sergio Ziliotto.


El presidente Alberto Fernández se mostró convencido de que la economía "se va a recuperar" cuando pase la pandemia de coronavirus y prometió terminar con las desigualdades que "avergüenzan a todos" los argentinos.

"Con esta pandemia, los argentinos hemos aprendido de las desigualdades en la que hemos quedado atrapado durante muchos años y estoy seguro que nos avergüenzan a todos. Queremos terminar con ellas y lo vamos hacer, se los prometo, una vez que podamos volver a transitar tranquilos, cuando ya el virus no esté entre nosotros", afirmó el presidente.

El jefe de Estado visitó a La Pampa para firmar con el gobernador, Sergio Ziliotto, convenios por más de 2.020 millones de pesos para obras y viviendas.

Sobre la situación económica del país, Fernández se mostró convencido que "después de la pandemia Argentina comenzará con un nivel de producción muy alto y la economía se va a recuperar" .

"Con la lógica que aplicamos en estos días, seguiremos auxiliando a todas las Pymes para que no se produzca desempleo", remarcó Fernández, quien destacó que en medio de la actual emergencia sanitaria, el Estado nacional asistió a 250 mil Pymes y a 141 grandes empresas.

"En La Pampa fueron asistidos 12 mil trabajadores por un total de 248 millones de pesos. Y donde la ayuda no llegó es porque nos encontramos con una Argentina que se encuentra en un alto nivel de informalidad, con 9 millones de argentinos no registrados", sostuvo y, en ese sentido, agregó que "es un tiempo en el que hemos encontrado muchas desigualdades, inequidades y mucha injusticia en el país".


"En estos días, muchos de nosotros nos hemos dispuesto a cambiar ese país, para hacerlo mas justo, mas equitativo e igualitario. Sabemos que la política tienen un contenido ético central. No podemos hacernos los distraídos ante la desigualdad y esa es la tarea que debemos construir entre todos", aseveró.

Asimismo, el presidente sostuvo que "no puede haber un país central y un país periférico" y afirmó que se "necesita una Argentina más integrada".

Sobre el histórico reclamo de La Pampa por la interprovincialidad del Río Atuel, Fernández señaló que "conoce mucho sobre ese planteo", que data de más de un siglo, y opinó que "ese es un problema que debemos resolver entre todos los argentinos".

"El Río Atuel no es de una provincia. No hablo en contra de nadie, llamo a la reflexión a todos porque quien tiene la suerte de que en su territorio nace un río, no le da derechos hacer de él lo que le plazca", apuntó sobre el diferendo que La Pampa mantiene con Mendoza por la utilización de este curso de agua.

En relación con la obra de la represa de Portezuelo del Viento, que se planifica en Mendoza, sobre la cuenca del Atuel, Fernández observó que "entiendo que es un proyecto que debe servir a todos".

Sobre las medidas que se proyecta implementar tras la "post pandemia", puso como ejemplo la actividad que desarrolla el frigorífico Carnes Pampeanas, que visito durante su recorrida por la provincia y que produce y exporta carne a Europa y a China.

"La post pandemia son éstos convenios, que ponen en marcha la construcción de obras, viviendas, estamos trabajando ya en todo eso; espero que esto no dure tanto tiempo mas", señaló.

A su turno, el gobernador Ziliotto agradeció al presidente por haber cumplido los dos puntos del Pacto Argentina Federal, por los cuales Nación pagó la deuda previsional a la provincia de 2017 y aportó fondos para la realización de obras públicas y viviendas.

"Usted es el gran gran conductor de la construcción de la economía una vez que hayamos vencido el virus y hayamos rescatado la mejor salud para los argentinos", elogió el mandatario provincial.

Coronavirus en la Argentina: confirmaron 24 muertes y 840 casos en las últimas 24 horas

El número total de contagiados se elevó a 21.037. Del total de enfermos confirmados este viernes, 420 son de la Ciudad de Buenos Aires, 371 de la Provincia, 29 de Chaco, 3 de Chubut, 2 de Córdoba, 4 de Entre Ríos, 1 de Mendoza, 1 de Neuquén, 8 de Río Negro, y 1 de Santa Fe.


El Ministerio de Salud de la Nación informó ayer que durante las últimas 24 horas se registraron 24 muertes y 840 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 21.037 y las víctimas fatales suman 632.

Del total de esos casos, 980 (4,7%) son importados, 8.883 (42,2%) son contactos estrechos de casos confirmados, 7.770 (36,9%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Por la mañana se reportaron siete nuevas muertes: cinco mujeres, tres de 42, 84 y 95 años, residentes en Capital Federal; una de 79 años, residente en la Provincia de Buenos Aires: y una de 48 años, residente en la provincia de Chaco; y dos hombres, de 69 y 75 años, residente en la CABA.

En el reporte vespertino se registraron 17 nuevas muertes: 12 hombres, cuatro de 77, 84, 76 y 31 años, de la provincia de Buenos Aires; ocho de 38, 61, 50, 57, 46, 54, 92 y 93 años, de la ciudad de Buenos Aires; y cinco mujeres, dos de 76 y 63 años, de Capital Federal; y tres de 73, 67 y 35 años, de la provincia de Buenos Aires.

De los 840 casos nuevos, 420 son de la ciudad de Buenos Aires, 371 de la provincia de Buenos Aires, 29 de Chaco, 8 de Río Negro, 4 de Entre Ríos, 3 de Chubut, 2 de Córdoba, 1 de Mendoza, 1 de Neuquén y 1 de Santa Fe.

A la fecha, el total de altas es de 6.088 personas. Antes de ayer fueron realizadas 5.414 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 183.862 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 4.051,9 muestras por millón de habitantes.

El número de casos descartados hasta el jueves es de 132.402 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico), mientras que las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 33 años.

Hasta el momento hay 16 provincias sin nuevos casos confirmados. En La Pampa, por ejemplo, solo hubo casos importados; mientras que Formosa y Catamarca continúan sin infectados. En las Islas Malvinas hay 13 casos.

En los últimos 14 días, en tanto, las provincias de Jujuy, San Luis, La Pampa y La Rioja no registraron nuevos casos. Pero sigue habiendo circulación comunitaria en el AMBA, Gran Resistencia (Chaco), Córdoba Capital, Trelew (Chubut), Bariloche, Choele Choel y Cipoletti (Río Negro).

Cuarentena: qué cambia en la ciudad de Buenos Aires en la nueva fase

Horacio Rodríguez Larrata anticipó una "cuarentena quirúrgia" en la que se irán tomando medidas en función de la situación y del avance de la pandemia para priorizar "el bienestar" de las personas.


Tras el anuncio junto a Alberto Fernández de la continuidad del aislamiento con otra modalidad, Horacio Rodríguez Larrata ayer brindó una conferencia de prensa para precisar cómo será la nueva fase. Como definición central de lo que viene, el jefe de Gobierno porteño anticipó una "cuarentena quirúrgia" donde se irán tomando medidas en función de la situación y del avance de la pandemia para priorizar "el bienestar" de las personas.

Durante la conferencia de prensa, Rodríguez Larrata descartó que haya malestar con el Gobierno nacional o el de la provincia de Buenos Aires por el tipo de medidas que implementará la CABA. “No hay rispideces”, subrayó. Las de la Capital y el territorio bonaerense “son realidades diferentes” y “todas las medidas las propone la ciudad luego las aprueba el gobierno nacional”. Con lo cual, añadió, “estas medidas de oxigenación son decisiones conjuntas”.

También se refirió al documento impulsado por miembros y adherentes de Juntos por el Cambio, que refirió a una presunta “infectadura”. El jefe de gobierno dijo que “mejor no entrar en polémica y discusiones. Estamos para ayudar y cuidar” a la población y “entrar en polémicas no colabora a la tranquilidad de la gente. Todas las decisiones que tomamos (desde el gobierno de la CABA) están fundadas en datos y evidencias” sobre la pandemia.

De la misma manera, relativizó la posibilidad de que la nueva apertura de actividades genere “riesgos” a futuro. “Si adoptamos medidas que están protocolizadas y de no aglomeración de gente, las actividades no generan riesgos”, señaló. Es más, anticipó que en el curso de los próximos 21 nuevos días de cuarentena “podremos sumar actividades” con permisos.

“El anuncio de los 21 días hace más al marco general (de la extensión del aislamiento social), pero en el medio se toman medida. No necesariamente tenemos que esperar 21 días para tomar nuevas medidas”, remarcó.

Respecto de la situación en la Villa 31, Rodríguez Larrata destacó la “baja significativa de los contagios luego del brote” de mediados del mes pasado. Atribuyó esto a la puesta en marcha del operativo Detectar y advirtió que, no obstante, “con esta enfermedad nunca hay que cantar victoria”.

En este sentido, el ministro de Salud, Fernán Quirós, pidió a la población “no subvalorar los síntomas” e informar de cualquier variación en su salud a fin de que los agentes sanitarios inicien el operativo de testeos, que se van a irradiar en todos los barrios de la ciudad.


Hubo también una definición sobre las movilizaciones anticuarentena: no las prohibirán sino que controlarán que no haya violencia. El vicejefe de gobierno, Diego Santilli, dijo que “preferiríamos que hubiera algún otro tipo de modalidad (distinta a las concentraciones), pero nuestra ciudad tiene tradición de manifestaciones en diferentes ámbitos".

"Nosotros cuidamos que no haya un hecho de violencia, eso es lo que la fuerza policial va a proteger” así como también se “controlará que se guarde el distanciamiento” y el uso de tapabocas, indicó.

Las actividades que se suman en esta etapa de la cuarentena

Salidas recreativas para chicos los fines de semana

▪Se extiende el paseo a ambos días.

▪Sin restricción por día según el DNI.

▪A 500 metros del domicilio de residencia.

▪Distanciamiento social y uso de tapabocas para mayores de 6.

▪De 8 a 20 horas.

▪Duración máxima: 60 minutos por día.

Ejercicio físico

▪Entre las 20 y las 8 de la mañana.

▪No más de 2 personas.

▪Distanciamiento mínimo de 2 metros.

▪El tapabocas no es de uso obligatorio mientras se realiza la actividad.

▪Se mantiene restringido el uso de las postas aeróbicas.

▪No está permitido el traslado en auto o transporte público para hacer ejercicio.

Apertura de comercios de cercanía de ropa y calzado

▪En zonas de barrio permitidas, atenderán según el número de documento, los días pares quienes tengan DNI par y los días impares quienes tengan DNI impar.▪Sigue la restricción en los ejes comerciales de alta circulación.

▪Atención al público a partir de las 11, con medidas de higiene y distanciamiento. Sin el uso de probadores.

▪El traslado es responsabilidad del empleador y no se puede usar el transporte público interurbano, reservado para trabajadores de áreas esenciales.

Servicios de culto

▪Los ministros religiosos que no viven en sus templos podrán ir para realizar su celebración litúrgica online vía streaming, sin público.

▪Deberán guardar distancia de seguridad y saneamiento de lugares y objetos, según protocolos.

▪Siguen restringidas las celebraciones religiosas y socio pastorales.

Música y shows

▪Solo vía streaming o grabados, sin público.

El Gobierno otorgará un bono especial de $ 3.000 para los beneficiarios de planes sociales que no cobraron el IFE

Lo definió el Ministerio de Desarrollo Social con los movimientos sociales y será por única vez para unos 260.000 beneficiarios de los programas Hacemos Futuro y Salario Social. También se evalúa un incremento en el salario social.


El ministro Arroyo reunido ayer con representantes de los movimientos sociales
En un nuevo gesto del Gobierno tendiente a atender a los sectores vulnerables en medio de la pandemia, el Ministerio de Desarrollo Social dispondrá de un bono complementario de 3.000 pesos para los beneficiarios de planes sociales sólo por el mes de junio y evaluará en adelante un incremento en el salario social complementario que hoy es de $ 8.500 mensuales.

Luego de una reunión con los dirigentes de los principales movimientos sociales -donde hubo nuevos reclamos por la situación que transitan miles de familias desprotegidas y los problemas alimentarios que se deben enfrentar en los barrios vulnerables-, el ministro Daniel Arroyo acordó otorgar un bono complementario de los programas sociales de $ 3.000 que se cobrará este mes y alcanzará a unos 260.000 beneficiarios.

Este beneficio es para aquellos que forman parte del programa Potenciar Trabajo y no recibieron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que creó el Gobierno para que los sectores informales reciban una ayuda en medio de la pandemia.

El IFE lo cobraron cerca de 8 millones de personas que eran trabajadores informales y monotributistas de las categorías más bajas. Pero quedaron afuera unas 3 millones de personas además de los beneficiarios de planes sociales.

Este pago adicional que ya se había pagado en abril se volverá a abonar este mes. “El objetivo es sostener los ingresos familiares en un contexto difícil que genera la pandemia del Covid-19”, dijo Arroyo al terminar el encuentro con los movimientos sociales.

El programa Potenciar Trabajo reúne a los beneficiarios del plan Hacemos Futuro y el Salario Social Complementario. Respecto de este último beneficio que hoy es de $ 8.500 mensuales los movimientos sociales reclamaron un incremento para llevarlo a $ 11.500. El Ministerio de Desarrollo Social se comprometió a analizar este reclamo.

Por otra parte, se prevé un salario social complementario para los titulares individuales y créditos ministeriales a unidades de gestión como los gobiernos provinciales y los municipios.

En otro tramo de la charla con los movimientos sociales el ministro de Desarrollo Social se comprometió a darle fuerza al proyecto de ley que se está debatiendo en la Cámara de Diputados y que contempla un bono especial de $ 5.000 para las personas que están al frente de comedores escolares y merenderos.

En la reunión con Arroyo hubo también quejas y reclamos de dirigentes sociales que ven que en muchos comedores escolares o barrios no están llegando los alimentos en medio de la cuarentena.

Los movimientos sociales que estuvieron en Desarrollo Social están nucleados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y son los mismos que el lunes pasado le llevaron a Alberto Fernández un documento para salir de la crisis. En ese texto hay propuestas para intervenir la economía, estatizar empresas energéticas, trabajar tierras del Estado y promover un parate en el pago de la deuda, entre otras cosas.

CEPAL y FAO destacan a la Argentina como el país latinoamericano con mayor cantidad de medidas sociales

Según un reporte de ambas organizaciones, la Argentina tiene más del doble de iniciativas para mitigar los efectos de la pandemia que la mayoría del resto de las naciones analizadas. El estudio destacó además "la expansión vertical de los programas de asistencia social".


La Argentina es el país de Latinoamérica que mayor cantidad de medidas de protección social y laboral adoptó para mitigar los efectos de la pandemia de coronavirus en la economía y en sus habitantes, de acuerdo con un análisis publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Según el reporte, la Argentina figura a la cabeza de la región con 13 medidas contabilizadas, más del doble que la mayoría del resto de los 12 países tomados como ejemplos, que son Jamaica, con 8; Costa Rica, 7; Barbados y Guatemala, 6; El Salvador, San Cristóbal y Nieves, y Trinidad y Tobago, 5; Chile 4; y Paraguay, Perú y Panamá, 3.

El estudio destacó "la expansión vertical de los programas de asistencia social" y agregó que estos atienden a "beneficiarios de la pensión universal para el adulto mayor, personas que reciben la asignación universal por hijo (AUH) y las mujeres que reciben la asignación universal por embarazo (AUE)".

Además, señaló que "se ha creado un nuevo cupón de ingresos familiares de emergencia, el que consiste en un pago único a las familias de trabajadores informales" y puso de relieve "la ampliación horizontal en entrega de alimentos a través de la tarjeta de AUH".

También subrayó "el control de precios en los productos de la canasta básica, la entrega de alimentos en los establecimientos escolares, la exención de pago en alquileres hasta setiembre, así como del pago de los servicios básicos, como agua, luz, gas, internet y televisión".

Hizo énfasis en que "se prohíben los desalojos" y remarcó que se tomaron "medidas de seguridad social como licencias médicas para todas aquellas personas que sean factores de riesgo, como mayores de 60 años, mujeres embarazadas, enfermos crónicos, y también para personas con hijos dependientes".

Además, indicó que hubo "aumento vertical en el pago de pensiones, seguros de desempleo y exención de pagos contributivos para empresas".

Asimismo, señaló que en el mercado laboral se otorgaron "subsidios para las empresas de hasta 100 trabajadores", medida tomada por el Gobierno a principios de abril, que antecedió al definitivo beneficio de Salario Complementario que actualmente contempla a todas las compañías que hayan visto afectados sus ingresos.

En términos generales, el informe indicó que "conforme ha progresado la pandemia, los gobiernos han tenido que enfrentar nuevos desafíos" y señaló que "si en una primera etapa los países se abocaron a mitigar los efectos de las estrictas restricciones sanitarias, con el correr de las semanas su atención se ha desplazado a una amenaza especialmente grave: la crisis económica y social".

Destacó que "los pronósticos, desafortunadamente, no son alentadores" y consideró que "los recursos tienen que ser destinados a los principales afectados por esta crisis, la población vulnerable".

Precisó que se trata de "las personas sin fuentes de ingreso, como desempleados, ancianos, niños, niñas y dependientes" y añadió que esto también incluye a "trabajadores informales, grupo compuesto principalmente por jóvenes, mujeres, migrantes e indígenas".

Sostuvo que "las medidas de protección social tienen un doble rol en el contexto del coronavirus, que son mitigar el impacto económico inmediato y reconstruir los medios de vida de los más vulnerables".

Según la CEPAL, "al 27 de mayo el 67% de los países de la región han implementado medidas de protección social, de las cuales la mayoría corresponden a transferencias monetarias, implementadas en 61%, es decir, en 20 de ellos".

Además, puntualizó que "trece países han implementado medidas de transferencias de alimentos o en especies" y añadió que "otros siete países aplicaron medidas de garantías en servicios básicos".

De "bomba periodística" a todo lo contrario en 22 minutos: el increíble derrape de Diego Leuco

En su afán por demoler la imagen oficial, en este caso acusando de mentiroso a Axel Kicillof, el conductor del programa Ya somos Grandes, de TN, dejó de lado todas las exigencias de la labor periodística. El papelón minuto por minuto. 


Apenas había terminado la conferencia de prensa del Presidente junto a Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larrata del jueves por la noche cuando Diego Leuco inició su programa por TN, Ya somos Grandes, con el anuncio de una "bomba" periodística. 

"¿De dónde sacó Kicillof que se hicieron 60.000 testeos en la provincia de Buenos Aires? Estamos investigando pero no es verdad, no es verdad que se hicieron 60.000 testeos, en un ratito te lo estamos contando"

Eran exactamente las 22:11 de la noche. A las 22:18, Diego Leuco volvió a la carga, "No es cierto", confirmó aunque ya no a los gritos.

A las 22:23, en una pantalla compartida con la beoda preisdenta del PRO, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, Leuco insistió pero con una sutil diferencia. "Como dicen los sitios que chequean noticias: en principio de entrada (sic) es dudoso"

A las 22:24 volvió a preguntar si "¿es cierto que la provincia de Buenos Aires hizo prácticamente el doble de testeos que la Ciudad?"; y en la respuesta apareció otro pequeño deslizamiento. "Nadie sabe, pero en principio no, no es cierta esa cifra que dio el Gobernador", aseguró siempre ante la atenta mirada de la ex montonera entregadora de compañeros.

A las 22:25 aparece un nuevo elemento. "Kicillof incluye en esa cifra la preguntas que le hacen a la gente. Aparentemente eso es lo que se pudo reconstruir", dijo sin aclarar quiénes y cómo estaban "reconstruyendo" la información.


A las 22:32 apareció el momento de las reflexiones. "Ojalá estemos equivocados. Ojalá el ministro (sic)... el Gobernador tenga razón, ojalá hayan hecho los 60.000 testeos", retrocedía un Leuco con la mecha de la "bomba" más que humedecida.

A las 22:33 llegó el momento de cambiar la estrategia. Imposibilitado de insistir en su "primicia", Leuco recurrió al modus operandi habitual de las usinas "periodísticas" dedicadas a demoler la imagen oficial: aunque cambió 180 grados el ángulo de la denuncia, persistió en su ataque al Gobierno: "Aunque fuera verdad... es poco igual".

Una investigación no muy difícil

Semejante disparate se habría evitado, si alguien hubiese estado interesado en evitarlo, con solo consultar la página web del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Allí aparecen actualizados los datos básicos de seguimiento de la enfermedad en todo el ámbito provincial. Por supuesto, también se informa sobre el número de test realizados y los resultados de los mismos.

Al momento de hacer esta nota era posible verificar un total de 66.271 personas testeadas, con 7686 casos confirmados, 1738 recuperados y 264 fallecidos, lo que implica una tasa de letalidad de 3,43 por ciento. 

Pero si en realidad hubieran investigado, en el programa Ya somos grandes podrían haber dado otra primicia, aunque quizás no hubiese sido tan entusiastamente presentada por Diego Leuco, ya que afectaba al régimen de Horacio Rodríguez Larrata y no al gobierno de Axel Kicillof.

Unos cinco días atrás las comunicaciones del régimen de la CABA mostraban que los testeos realizados ya eran 49.354 en la Capital (ver imagen a continuación).


Pero esas cifras contenían una pequeña trampa. Consideraba como testeos hechos en territorio porteño a unos 10.000 casos que en realidad la UBA, ubicada en la ciudad de Buenos Aires, estaba procesando sobre hisopados tomados en la provincia.

Una vez que los funcionarios provinciales se lo hicieron notar, los responsables porteños corrigieron en silencio sus números, que este viernes mostraban un total de 38.111 hisopados (ver imagen a continuación). Una actitud más digna, hay que decirlo, que los gritos sin autocrítica de Diego Leuco.


El Presidente dijo que quiere un acuerdo por la deuda, pero "sin hipotecar el futuro de Argentina"

"Lo que los acreedores corroboran día a día es nuestra voluntad de encontrar una solución", dijo Alberto Fernández.


El presidente Alberto Fernández afirmó ayer que los acreedores de la deuda externa "corroboran día a día" la "voluntad" del Gobierno argentino en "encontrar una solución", pero advirtió sobre la necesidad de que "el acuerdo que hagamos lo podamos cumplir en el futuro", ya que "no se va a hipotecar el futuro de la Argentina".

"Lo que los acreedores corroboran día a día es nuestra voluntad de encontrar una solución. No nos hemos encerrado en dogmas ni en actitudes tercas, lo que sí queremos es garantizar que el acuerdo que hagamos lo podamos cumplir en el futuro", dijo Fernández en declaraciones al ultra opositor canal 13.

En ese aspecto, advirtió además que "hoy estamos mucho más necesitados" que antes de la pandemia por coronavirus, "por eso tenemos que ser mucho más prudentes".

"Yo tengo confianza en que podamos encontrar un acuerdo en tanto y en cuanto los acreedores entiendan que no vamos a hipotecar el futuro de Argentina", remarcó.

En ese marco, agregó que "yo siempre digo lo mismo, yo no tengo ningún interés en decir que resolviste el problema para tu gobierno y le dejaste el problema al que viene. Yo quiero que esto no sea más un problema para los argentinos, que la deuda no sea un condicionante para el desarrollo de los argentinos".  Asimismo, contó que les explicó ese tema al grupo de empresarios que recibió el martes en la residencia de Olivos. 

"Lo que ocurre también, como siempre pasa en una negociación, es que hay posiciones más tercas, más duras, más firmes, y algunos acreedores que hacen más difícil la negociación, pero es una negociación", apuntó.

En ese sentido, reafirmó que el Gobierno "va a seguir negociando", y señaló que se ha "escuchando la contrapropuesta de los acreedores y estamos trabajando con el ministro (de Economía, Martín Guzmán), para ver de qué manera podemos acercarnos a la propuesta de ellos sin que esto signifique poner en riesgo el presente y el futuro argentino".

"Argentina tiene hoy muchas más necesidades que cuando empezamos esta discusión, porque esta discusión la empezamos antes de que el coronavirus se desatara", concluyó el mandatario.

Nuevo escándalo de espionaje ilegal durante el macrifascismo: periodistas, empresarios y políticos investigados durante el G-20

Encontraron las fichas en la caja fuerte de una oficina. La AFI colocaba consideraciones como "Siempre con posturas contra el Gobierno" o "Hay una foto con Estela Carlotto" para rechazar las acreditaciones a las cumbres. 


La AFI colocaba verde, rojo o amarillo a los periodistas que pedían acreditación
Un nuevo escándalo de espionaje ilegal involucra al macrifascismo. La interventora de la AFI, Cristina Caamaño, presentó una denuncia contra los ex titulares de la agencia y Miauricio Macri Blanco Villegas por "producción de inteligencia ilegal" en perjuicio de unas 500 personas, entre periodistas, dirigentes de organizaciones sociales y políticas, académicos y empresarios. 

El escrito se fundamenta en las carpetas con fichas encontradas en una caja fuerte del organismo, confeccionadas por la Dirección de Eventos Especiales, que se dedicó a investigar afinidades políticas y vínculos de quienes se acreditaron para cubrir las cumbres de la OMC y del G-20 realizadas en Buenos Aires en 2017 y 2018, en flagrante violación de lo establecido en la ley de Inteligencia Nacional. 

El lunes, Caamaño presentará la prueba material hallada en la AFI a fines de enero pasado en tres sobres con las leyendas "2017", "Periodistas G20" y "Varios". Se trata de 403 fichas confeccionadas a cronistas, reporteros gráficos y camarógrafos argentinos y del exterior acreditados para los eventos que luego de la investigación recibían la calificación de verde, amarillo o rojo, de acuerdo al veredicto de la agencia. Entre los considerandos de cada ficha se analizaba su participación en los medios y en las redes sociales con frases como "Siempre con posturas contra el Gobierno", "Hay una foto con Estela Carlotto" o "Utiliza las redes como herramienta de viralización de contenido feminista". También había favorables: "Se destaca que en Facebook la única página de políticos a la que le dio 'Me Gusta' es a la de Laura Alonso", subraya sobre un editor del pasquín envuelve huevos de derecha La Nación. 

Además, se encontraron 28 fichas de personas vinculadas al mundo académico y otras 59 adicionales, principalmente empresarios y sindicalistas, confeccionadas con motivo de la Conferencia de la OMC de diciembre de 2017. Estas fichas, muy en el estilo de los servicios de inteligencia, cuentan con la correspondiente fotografía personal y entran en detalles de la vida privada tales como cuentas bancarias, vínculos familiares, propiedades y automóviles a su nombre, participación en sociedades y hasta el salario que percibían sus empleadas domésticas. 

La documentación también incluye informes de inteligencia sobre las organizaciones que planteaban objeciones a los eventos como el Trasnational Institute y el Instituto del Mundo del Trabajo "Julio Godio", con varias páginas detalladas sobre sus miembros y sus contactos. Entre las observaciones figuraba su pertenencia a "grupos economistas de izquierda con fuerte presencia en medios de comunicación y de corte kirchnerista como Página/12". También hay otro informe elaborado a partir de "fuentes propias" -es decir, que tuvieron un informante o un espía que concurrió- sobre un acto del PTS en el Hotel Bauen contra la organización de la cumbre.

Sótanos de la democracia 

A propósito de la reciente denuncia de la AFI sobre el espionaje de mails de políticos y periodistas, el presidente Alberto Fernández sostuvo en La Pampa que "la Argentina no soporta más la miseria del Estado espiando a otros ciudadanos. Y los que han hecho esto en democracia, que se hagan cargo de la responsabilidad que les cabe". Las afirmaciones del presidente sirven también para este nuevo caso. "Tengo un compromiso frente a la sociedad argentina, y es que a esos sótanos de la democracia, donde estas miserias se asomaron, los vamos a clausurar para siempre y no vamos a dejar que los recursos de inteligencia del Estado se usen en desmedro de ningún ciudadano argentino, piense como piense", agregó. Añadió un párrafo dedicado a los periodistas, que aparecen como el principal blanco: "la mayor tranquilidad que tienen que tener los periodistas es que el Gobierno no los va a espiar".

Según se detalló en la denuncia, que quedó radicada en el juzgado federal 11 a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi y en la fiscalía de Paloma Ochoa, el origen de semejante trabajo de inteligencia es un documento interno elaborado por el Ministerio de Seguridad -a cargo de Patricia Bullrich Luro Pueyrredón-, calificado como "Confidencial", donde adelantaba las locaciones y recursos necesarios para la organización de cada evento. En un anexo, titulado "Criterios para la acreditación de los Medios de Comunicación para la OMC en las Conferencias Ministeriales", establecía los lineamientos a tener en cuenta para otorgar las acreditaciones. Una metodología similar se utilizó meses después para el G-20, evento muy promocionado como la gestión de la alianza de derecha Cambiemos como su certificado de "ingreso al mundo", en el que el hijo bobo deFranco Macri lloró de emoción en el Teatro Colón. 

"Las tareas de inteligencia que en ese acto se denuncian no se encuentran ordenadas ni autorizadas por ningún magistrado; sólo fueron dispuestas por las autoridades del organismo que hoy se encuentra intervenido, ello con manifiesta connivencia de la autoridad máxima del Ministerio de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich", sostiene Caamaño en el escrito. Allí se detalla que a partir del documento interno de la ministra, las autoridades de la AFI que encabezaba Arribas dispusieron la producción de inteligencia ilegal. La Dirección de Eventos Especiales se encargó de la producción de las fichas que eran remitidas a la Dirección Operacional del Área de Contrainteligencia que se encargaba de la evaluación.

"A partir de la producción de inteligencia ilegal llevada a cabo por las áreas mencionadas, se negó el acceso a los eventos internacionales mencionados a las personas que subjetiva y arbitrariamente no cumplían con los requisitos políticos, sociales o incluso de vínculos que desde la Agencia entendían como los correctos para poder asistir a este tipo de eventos", sostiene la denuncia por la que solicita la indagatoria de los agentes de inteligencia involucrados -de quienes se reserva el nombre-, de Arribas y de Macri Blanco Villegas como "responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional".
Fuente: nota de Fernando Cibeira para Página/12

La Justicia citó a Cristina, a Rodríguez Larrata, a Vidal, a Duhalde, a Moyano y al juez Irurzun, como víctimas de espionaje durante el régimen macrifascista

Deberán presentarse como presuntas víctimas en el juzgado de Lomas de Zamora. En que consiste la investigación sobre una red de espías que seguía a políticos, gremialistas, periodistas y jueces. 


La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larrata; la ex gobernadora fascista bonaerense María Eugenia Vidal, el ex presidente interino Eduardo Duhalde y los gremialistas Hugo Moyano y Luis Barrionuevo, entre otros, fueron citados ayer por la Justicia para informarles que una organización ilícita en las entrañas del nefasto régimen de Miauricio Macri Blanco Villegas los siguió y espió sin ninguna causa legal que lo justificara. 

Entre las víctimas del espionaje ilegal macrifascista hay una veintena de dirigentes, jueces, periodistas y hasta integrantes de la comunidad mapuche.

El juez federal Federico Villena los convocó para los próximos días en el juzgado federal de Lomas de Zamora para informarles de la existencia “una organización criminal dedicada a la realización de actos de espionaje interno, prohibidos por la ley” de inteligencia. Esa estructura funcionaba desde “el Estado Nacional, Provincial y Local” y sus integrantes cumplían diferentes roles estratégicos. Así “valiéndose de su calidad de empleados públicos y agentes y/o dependientes de las fuerzas de seguridad y/o de la Agencia Federal de Inteligencia, habrían llevado a cabo distintas maniobras ilícitas de carácter indeterminado y realizado tareas de inteligencia y/o espionaje en infracción a la ley 25.520, en distintos períodos y abarcando diversas jurisdicciones".

El juez esta citando a los espiados para mostrarles la documentación que se encontró en poder de un abogado y ex agente de la AFI, F.M. (o Facundo Melo, porque él mismo se presentó en televisión), pero también de otros integrantes de esa red que quedaron bajo sospecha. Los alcances de esa organización todavía se desconocen.

“Me llegó la citación en calidad de víctima pero no tengo ningún dato más, ningún otro detalle. Nunca sospeché ni tuve ningún dato de que me podían espiar, pero hasta que no hable con el juez no sé nada", comentó ayer Rodríguez Larrata cuando le preguntaron por radio tras recibir la cédula del juzgado. Otros de los involucrados también confirmaron haber recibido la notificación.

Es que Cristina Fernández de Kirchner, Rodríguez Larrata y su vicejefe de Gobierno Diego Santilli; la ex gobernadora Vidal y su ex ministro de Seguridad Cristian Ritondo -hoy jefe de bloque de diputados del PRO- fueron informados de esta causa. También los ex diputados Nicolás Massot, quien fue jefe de la bancada macrista en Diputados; y Emilio Monzó, quien comandó la Cámara de Diputados durante la gestión. Y uno de los referentes del PRO, Waldo Wolff.

En la lista también figuran el senador Maurice Closs y los intendentes de Lomas de Zamora Martín Insaurralde, de Avellaneda Jorge Ferrari. También el el ex intendente de La Plata Pablo Oscar Bruera.

Pero no solo dirigentes de la política figuran en la lista de víctimas de este entramado. Del mundo judicial, uno de los espiados fue Martín Irurzun, el presidente de la Cámara Federal porteña. Y del ámbito gremial, en primera fila están el camionero Hugo Moyano y el gastronómico Luis Barrionuevo, cuya esposa, la diputada Graciela Camaño, también fue monitoreada. El presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, monseñor Jorge Lugones y el sacerdote José María Di Paola, referente algunos curas villeros, así como también los periodistas Hugo Alconada Mon y Marcelo Veneranda, del pasquín envuelve huevos de derecha La Nación.

Entre los citados figuran también integrantes de la Comunidad del Pueblo Mapuche en Argentina. Un nombre que llamó la atención dentro de los que vigilaban fue Salvatore Pica, quien era el novio de Florencia Macri.

Las notificaciones se giraron en el marco de la ley de víctimas. Pero esos nombres no serían los únicos a los que habrían vigilado. “La lista es larga. Todavía no se terminó de analizar toda la prueba, pero sigue todo bajo secreto”, remarcaron con hermetismo las fuentes consultadas. “Hay mucho material sobre cómo operaban”, decían los que pudieron tener acceso a la investigación.

El juez Villena logró que, por ahora, no le quiten la causa del espionaje ilegal

El fiscal Guillermo "medio polvo" Marijuán apelará para que la investigación se lleve a cabo en Inodoro Py.


El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, ganó la primer batalla contra los intentos de sacarle la causa por el espionaje macrifascista. Villena tenía una disputa inicial con el magistrado de Inodoro Py, Sebastián Ramos, quien investigaba el atentado-amenaza contra el ex subsecretario de Defensa, José Luis Vila. 

Pero ayer, Ramos, con argumentos muy sólidos, aceptó dar un paso al costado y dejarle la cancha a Villena argumentando que la investigación del juez de Lomas es de mayor envergadura y más grave que la tramitada por él. 

Lo que se viene es la apelación del fiscal Guillermo "medio polvo" Marijuan, aquel que hizo punta en la remoción de tierras patagónicas en la búsqueda de bóvedas, contenedores y bolsas de billetes de los Kirchner, todos inexistentes. Esa apelación, que busca traer el expediente al edificio de Retiro, ahora pone la pelota en la Cámara Federal, en gran parte armada a medida por el macrifascismo.

Los argumentos de Ramos para que la investigación continúe en Lomas son demoledores:

• Que la caja con trotyl puesta en el edificio de Callao era sólo una amenaza, mientras que los delitos que investiga Villena son mucho más graves: "la existencia de una organización destinada al espionaje ilegal durante un largo período de tiempo". "Las consecuencias jurídicas son sustancialmente más gravosas", sostuvo Ramos respecto del expediente que tramita en Lomas.

• Ramos dice que pese a que su expediente es anterior, el atentado-amenaza contra Vila fue cometido en el marco de esa organización que investiga Villena.

• También, por economía procesal, el juez de Inodoro Py sostiene que es mejor acumular su causa a la de Lomas de Zamora, porque ésta es más vasta, con más personas imputadas y tiene un adelanto significativo.

Antes de resolver, Sebastián Ramos le pidió opinión a Marijuan quien, obviamente, jugó a favor de traer el expediente de Lomas a Inodoro Py. Alegó sólo que el artefacto explosivo era de 2018 y que el hecho se produjo en la Capital Federal, por lo cual todo lo que vino después debe tramitarse en los tribunales de Retiro. Ramos se apartó de ese criterio con los argumentos expuestos en las diez páginas de su fallo.

Como estaba cantado, Marijuan apeló lo resuelto por Ramos y ahora debe decidir la Cámara Federal, que en sus dos salas ha jugado para el macrismo. Los contundentes argumentos de Ramos les dejan poco margen, pero cosas más extrañas se han visto en el mundo de Inodoro Py.

No menos rara fue la denuncia que se presentó este viernes en el edificio de Retiro. Allí se presentó el ex agente de la AFI, Facundo Melo y dice haber sido amenazado. Tal vez la jugada tenga el mismo objetivo: sacar el expediente principal de Lomas y traerlo a Inodoro Py, una especie de cementerio de las causas relacionadas con el macrifiscismo y el espionaje.
Fuente: nota de Raúl Kollmann para Página/12

Imputaron a Gabriela Michetti y a Marcos Peña Braun por favorecer a empresas amigas por $ 22 millones

Lo dictaminó el fiscal Jorge Di Lello, quien investiga la comisión de los delitos de defraudación, negociación incompatible e incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros. El caso involucra a otros seis funcionarios macrifascistas.


El fiscal federal, Jorge Di Lello, imputó ayer a la ex vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, y al ex jefe de Gabinete, Marcos Peña Braun, entre otros funcionarios del nefasto régimen macrifascista, por favorecer a empresas amigas por 22 millones de pesos. 

Los delitos que se investigan son negociaciones incompatibles, actos de defraudación a la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y el de responsabilidad penal de las empresas. 

Según la acusación, existió “una estructura montada por funcionarios nacionales, para favorecer a las empresas” amigas “eludiendo las normativas administrativas en la materia y dejando a la empresa estatal Télam, sin una de sus labores esenciales como era la realización de campañas publicitarias oficiales”

Una clave de este caso fue la modificación de la reglamentación vigente a través del decreto 978/2016, firmado en septiembre de 2016 por Michetti. Mediante esa normativa se “desplazó a la agencia oficial y habilitó estas contrataciones con esas empresas, las que a su vez, eran conocidas por los funcionarios en virtud de resultar aquellas las que llevaron adelante la publicidad de campaña de la agrupación Cambiemos” tanto en la ciudad como en la provincia de Buenos Aires y en algunos municipios del conurbano bonaerense en las elecciones del año 2015.

Tal como escribió Di Lello en su dictamen, “la maniobra denunciada les permitió a las empresas recibir aproximadamente $ 22.000.000”. Para ello se aplicó como “práctica contractual habitual la de ‘legitimo abono’, cuando ésta solo se halla prevista para casos excepcionales y de aplicación restrictiva”.

Fiscal federal Jorge Di Lello
La denuncia se inició por un sumario administrativo que realizó la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo de Sergio Rodríguez, que determinó la presunta responsabilidad penal de los funcionarios involucrados en el caso. La PIA colaborará en la pesquisa que tuvo impulso penal ayer.

Además de Michetti y Peña Braun, los imputados fueron el exsecretario de Comunicación Pública, Jorge Grecco; el ex subsecretario de Comunicación y Contenidos de Difusión, Ezequiel Colombo Marrón; la ex directora nacional de Contenidos, Lucía Aranda; la ex directora de la Delegación Legal de la Secretaría de Comunicación Pública, Arnaldo Minotti; el ex director de la Delegación Legal de la Dirección Nacional de Publicidad Oficial, Fernando Britos; y la ex coordinadora de la Dirección de Contrataciones y Suministros, María Evelyn Tarsitano.

Asimismo, el fiscal imputó a “las autoridades e integrantes de las empresas Aura Advertising SA, La Comunidad SA, Circus BA SA y Power República SA que hayan intervenido en los sucesos”.

La jueza Figueroa identificó a Mahiques como el funcionario de Cambiemos que intentó presionarla

La magistrada declaró por escrito como testigo en la causa en la que se investigan las presuntas injerencias del nefasto régimen fascista de Miauricio Macri Blanco Villegas sobre el Poder Judicial, a través de la denominada “mesa judicial”.


La jueza de la Cámara Federal de Casación Penal Ana María Figueroa identificó ayer al ex funcionario y actual fiscal general porteño, Juan Bautista Mahiques, como quien intentó presionarla, al declarar por escrito como testigo (bajo juramento de decir verdad) en la causa en la que se investigan presuntas injerencias del régimen macrifascista sobre el Poder Judicial a través de la denominada "mesa judicial".

La magistrada presentó un escrito de 24 carillas en el que describió que la visita que recibió de quien entonces oficiaba de enlace entre el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial, el 15 de diciembre del 2015, a la que había hecho alusión en una entrevista periodística, fue el inicio de una "persecución ideológica" en su contra, que sólo dimensionaría tiempo después.

En la declaración presentada ante el fiscal Ramiro González, la jueza Figueroa sostuvo que aquella visita ocurrió en los primeros días de la gestión Cambiemos, cuando Mahiques fue a verla para coordinar la visita del entonces ministro de Justicia, German Garavano, al acto del balance de la gestión de Casación durante el año 2015, al cual había sido invitado.

"Cuando Mahiques ingresó a mi despacho no dimensioné que sería este hecho puntual el inicio de una persecución ideológica en mi contra por parte de terceras personas que se aprovecharon de un uso indebido del poder y de instituciones fundamentales, pilares de una sociedad democrática", enfatizó la jueza en su declaración.

En aquel encuentro -relató la magistrada- Mahiques le preguntó "cuánto iba en demorar en sacar una sentencia en particular, la correspondiente a la causa conocida como la de la inconstitucionalidad del Memorándum con Irán", algo que debía resolverse en cuestión de días porque el régimen de Macri BlancoVillegas había desistido de la apelación formulada por la administración anterior.

Se trataba de un fallo de la Cámara Federal porteña que había declarado la inconstitucionalidad del acuerdo suscripto en el marco de la investigación del atentado a la AMIA y aprobado por el Congreso Nacional.

"Sorprendida le respondí que a tenor de la independencia del Poder Judicial y el principio republicano de división de poderes, no entrara a mi despacho a hacer ese tipo de preguntas", continuó la magistrada y añadió que "si bien no recuerdo las palabras exactas de Mahiques, el nombrado me contestó e hizo saber que el ministro Garavano quería que dicha sentencia se dictara con anterioridad al acto, para así concurrir a la presentación del informe de gestión".

"Le respondí entonces 'que no venga si no quiere' e invité a Mahiques cordialmente a retirarse. El funcionario se retiró y desconozco si realmente aquella era la voluntad del ministro", explicó Figueroa en el escrito que presentó en el marco del expediente.

"Esa circunstancia tal cual relatada me resultó sorpresiva y no le di la entidad suficiente para denunciar, atento era la primera vez que me sucedía que un funcionario político me anticipara sobre las pretensiones del gobierno, por mi personalidad no me sentí coaccionada, pero nunca imaginé que a los siete meses de dicha visita, en julio de 2016, me iniciaran tres abiertamente infundadas denuncias con diferencias de 5 días entre ellas", ante el Consejo de la Magistratura, detalló la jueza.

"Debe señalarse que el miembro instructor de todas las causas que fueron unificadas en mi contra fue el representante del Poder Ejecutivo Nacional ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, el consejero Juan Bautista Mahiques", agregó.

Figueroa relacionó los hechos con haber tenido que "soportar tres falsas denuncias en base a noticias periodísticas -con una clara línea editorial-, las que por su evidente falsedad debieron ser desestimadas de plano y, sin embargo, tramitaron durante el plazo máximo posible de más de 3 años".

Consideró además que las "denuncias ante el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación y las publicaciones mediáticas constituyeron mecanismos de presión con una clara pretensión de disciplinamiento, que utilizaban contra juezas/ces", que no aceptaban "injerencia alguna" en su trabajo.

La jueza envió su declaración por correo electrónico debido a que ayer los tribunales de Inodoro Py estaban siendo desinfectados, luego de que ayer se detectara un caso positivo de coronavirus, pero el lunes acompañará su escrito con un anexo documental de 124 páginas, según pudo saber esta agencia.

La denuncia, formulada por el Frente de Todos, luego de que Figueroa hiciera referencias a que recibió presiones de parte de la alianza de derecha Cambiemos durante un reportaje radial, quedó radicada ante el juzgado a cargo de Sebastián Ramos, quien delegó la investigación en el fiscal González.

En otro pasaje de su presentación, la jueza sostuvo que luego de ese intercambio con Mahiques, en el 2016, "curiosamente sucedieron noticias periodísticas contra determinados jueces y la difusión de aparentes listas negras en las que me incluían".

“Se difundían listas de nombres de magistradas/os que la prensa aseveraba que serían 'objetivos' del gobierno de turno, imputando falsamente mal desempeño e ilícitos, tratando de desprestigiar la imagen del funcionario", aseveró.

En este expediente, los denunciantes sindicaron como "responsables de los hechos" a los funcionarios del régimen macrifascista que integraron lo que públicamente se conoció como "la mesa judicial".

Los señalados fueron el propio el ex presidente; Mahiques; Garavano; el ex jefe de asesores José Torello; el ex secretario Pablo Clusella; el abogado Fabián Rodríguez Simón; el ex Procurador General del Tesoro Bernardo Saravia Frias, el ex jefe de la AFI, Gustavo Arribas; y el ex presidente de Boca, Daniel Angelici.

Cerraron las denuncias en el Consejo de la Magistratura contra el juez federal Alejo Ramos Padilla por su actuación en la causa D’Alessio

Había sido denunciado por su exposición en la Cámara de Diputados sobre la investigación de espionaje ilegal y su supuesta participación en la llamada “Operación Puf”.


Primero la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura y luego el plenario del cuerpo aprobaron ayer cerrar dos denuncias contra el juez federal Alejo Ramos Padilla por su actuación vinculada a la causa del falso abogado Marcelo D’Alessio. En ese expediente, el magistrado de Dolores investigó una presunta red de espionaje ilegal con fines extorsivos, con fuertes implicancias políticas y judiciales. Esta causa ya fue elevada parcialmente a juicio oral.

Uno de los pedidos de juicio político había sido presentado por el entonces representante del Ejecutivo, hoy fiscal general de la CABA, Juan Bautista Mahiques, por la exposición pública de Ramos Padilla en marzo del año pasado ante la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados de la Nación. Mahiques lo había denunciado de “pérdida de imparcialidad” y de haber roto “el deber de reserva”.

La otra denuncia obedecía a la filtración de escuchas a ex funcionarios detenidos y operadores kirchneristas, que –según la presentación– evidenciarían que el magistrado formaría parte de “una posible operación” conocida luego en los medios como “Puf”.

En su descargo, Ramos Padilla apuntó hacia el macrifascismo de querer interferir en la investigación de espionaje, que salpicaba a varios de sus integrantes y dirigentes del entonces oficialismo. Tras atacar fuertemente la “Operación Puf”, pidió citar como testigos a Miauricio Macri Blanco Villegas, a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la diputada Elisa Carrió, el fallecido y corrupto juez Claudio Bonadio y al coimero fiscal Carlos Stornelli, a quien procesó en la investigación, entre otros imputados. Sostuvo también que buscó "blanquear" escuchas a detenidos al llevarlas a la Justicia para que las investigue, y que desde el Ejecutivo se estuvo al tanto del contenido de esas grabaciones.

El dictamen desestimatorio fue presentado por el presidente del Consejo, el juez Alberto Lugones, y obtuvo seis votos a favor sobre el total de nueve miembros que tiene la Comisión de Disciplina y Acusación. Se opusieron el diputado del PRO Pablo Tonelli, la senadora de la UCR Silvia Giacoppo y la abogada también de origen radical Marina Sánchez Herrero. Los tres mantuvieron su voto negativo en el plenario que se realizó con posterioridad. El resto de los consejeros votaron a favor del cierre, incluidos los otros dos jueces, Ricardo Recondo y Juan Manuel Culotta.

“No es admisible que cuando no nos gusta cómo piensa un juez, busquemos presentar una denuncia para minar su accionar o su investigación. El ex presidente Macri dijo en su momento que 'a este juez hay que sacarlo porque ya hizo varias'. Es inadmisible cualquiera sea el funcionario que lo diga, de cualquier jerarquía. Debemos investigar y cuando no hay motivo, desestimar las denuncias rápidamente”, fue lo primero que afirmó Lugones, enfático. En un programa televisivo, el ex hijastro de Flavia Palmiero había manifestado sobre Ramos Padilla y su investigación contra D’Alessio que “no es un juez que actúe con ecuanimidad, se prestó a un show mediático, espero que con las pruebas que hay el Consejo de la Magistratura evalúe destituirlo”.

Inmediatamente, Lugones argumentó sobre el contenido de las denuncias. Señaló que Ramos Padilla no violó el secreto de sumario cuando habló en Diputados, ya que el expediente era público. “Cuando concurrió a exponer en la Comisión de Libertad de Expresión, ya estaba levantado el secreto. Porque se había producido un conflicto interjurisdiccional con otro magistrado y se tuvo que levantar el secreto para enviar las actuaciones a ese juez, por lo que esa imputación ya no corresponde”., sostuvo y agregó que la actuación de Ramos Padilla en la causa D’Alessio fue “convalidada por la Cámara Federal de Mar de Plata, luego por la máxima instancia penal, Casación Federal, que entendió como válido lo actuado. Y en esa causa, el fiscal (Juan Pablo Curi) ya pidió la elevación a juicio, y el tema está esperando en el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata.

En cuanto a la otra acusación sobre su presunta participación en la “Operación Puf”, Lugones fundamentó que esas escuchas eran ilegales porque el magistrado que las dispuso en una causa de narcotráfico (por Diego Villena, juez federal de Lomas de Zamora) había ordenado su destrucción. “Inexplicablemente son motivo de otra causa penal, cuando eran escuchas claramente destinadas a buscar pruebas en contra de alguien, lo que conocemos como una ‘excursión de pesca’, y que es algo que no nos gusta. Y en forma muy extraña aparecen en todos los medios. No me parece que ameriten seguir investigándose. En esas escuchas, se lo ponía al juez como formando parte de algo que ya había sucedido. Esta causa tuvo un profundo y repudiable contenido político", afirmó el consejero y camarista de San Martín.

Postergación rechazada

Hubo un intento de la oposición de postergar el cierre de las denuncias contra Ramos Padilla por “prematuro”, pero fracasó. “Hace apenas un mes, este cuerpo aprobó por unanimidad solicitarle al juez denunciado que remitiera copias de las actuaciones actualizadas, que aún no están en el expediente”, señaló Tonelli y agregó que “ en el dictamen de Lugones, se hace referencia al dictamen del fiscal en el cual pide la elevación a juicio de la causa, que no está en el expediente. Se lo pedimos al juez hace poco tiempo y no fueron aún remitidas. No contamos con los elementos a los que se refiere el propio dictamen para pedir la desestimación de las denuncias”, al pedir la postergación del tratamiento del dictamen desestimatorio.

La propuesta del diputado macrista obtuvo, además del apoyo de Giacoppo y Sánchez Herrero, el del juez Culotta, pero no alcanzó los votos necesarios. Luego, este último consejero apoyó el dictamen desestimatorio de Lugones “Hasta ahora que cuando se pedía una postergación, se atendía. Ha quedado evidenciado hoy que esa regla no se aplica más”, se quejó molesto Tonelli durante el debate en la Comisión.

“Presiones a jueces”

Durante el debate en el plenario, la diputada Graciela Camaño advirtió que “Ramos Padilla fue denunciado por orden del (ex) presidente de la Nación, así lo dice la denuncia que presentó el consejero en su momento (por Mahiques)"

“El juez se encontró con cuestiones muy graves y vino a informar aspectos de la investigación a los representantes del pueblo de la Nación. Fue al lugar adecuado para dar a conocer algo que le compete al pueblo”, sostuvo al explicar su voto a favor de cerrar las denuncias en contra del magistrado de Dolores por esa exposición que hizo en la Cámara baja.

Por su parte, el consejero académico Diego Molea señaló que “no fue solo un exabrupto de Macri, sino una tentativa de presión sobre los magistrados” y que "se trataba de un avasallamiento sobre el Poder Judicial”. Tras considerar que “la presión a jueces fue un mecanismo que hubo en tiempos pasados”, sostuvo que “el deber del Consejo (frente a esa situación) era cuidarlos, ya que su labor es garantizar la independencia del Poder Judicial”.

La intervención de Molea generó la réplica del juez Ricardo Recondo, quien tras destacar que coincidía en que el Consejo debería garantizar la independencia de los jueces, agregó que “esas presiones suelen ser comunes. Durante 12 años he sufrido feroces persecuciones políticas y mediáticas”.

Salió el nº 96 (Junio/2020) del pasquín derechoso Cabildo y Juramento

Discriminación: denunciaron a la titular de una tradicional cátedra de Derecho

Alicia García de Solavagione, fiscal y docente de la Universidad Nacional de Córdoba, es responsable de un Manual, usado como bibliografía obligatoria en Derecho de Familia, que cuestiona la ley de matrimonio igualitario, asegura que la identidad trans es una enfermedad y desconoce derechos de las familias de la diversidad, entre otros detalles.


Una fiscal y profesora de Derecho de Familia de la Universidad Nacional de Córdoba fue denunciada ante el Inadi “por los actos discriminatorios expresados en el Manual de Derecho de Familia” que usa como bibliografía obligatoria en su cátedra. 

Alicia García de Solavagione, fiscal en lo Civil, Comercial y laboral en proceso de jubilación, tiene a su cargo la cátedra de Derecho Privado VI, una materia que, según la denuncia, "es central en la currícula y formación de lxs estudiantes de Abogacía". En el libro, que compila escritos de ella y otros integrantes del cuerpo docente, se hacen “afirmaciones absoluta y claramente discriminatorias” sobre el matrimonio igualitario, considera como patologías las identidades trans, critica consensos internacionales y nacionales en temas de derechos humanos, y manipula nociones de filiación y de identidad de género para fomentar la discriminación de las familias de la diversidad, a las que tilda de ilegales, entre otros detalles.

El manual es un volumen de casi 900 páginas por la editorial Advocatus en 2016, lleva textos de la propia García de Solavagione, del coordinador de la cátedra, José Luis Báez, y los docentes Martín Andrés Flores, Mariano Frulla, María Julieta Rojo Cantos y Agostina Tula. Según explica la titular de la cátedra en el prólogo, es "el resultado de cuatro años de reflexión en proyectos de investigación, seminarios, conferencias, clases de grado y pos grado" y "abarca la totalidad de la materia" tal como se imparte, con un enfoque "objetivo y fundamentado, conforme la concepción familiarista"

En 2016, poco después de editado, fue declarado "de interés legislativo por el Concejo Deliberante" de la capital cordobesa. Como la cátedra misma, el de García de Solavagione es uno de los nombres más tradicionales en esa casa de estudios, que desde 2018 no casualmente tiene como decano a Guillermo Barrera Buteler , integrante del think tank antiderechos Academia del Plata y quien firmó el fallo por el cual en Córdoba, durante años, no se aplicó el protocolo de aborto no punible.

El libro denunciado asegura, por ejemplo, que “si las relaciones homosexuales hoy son aceptadas, ello no implica que estén absolutamente legitimadas. La sociedad puede hacerse más tolerante y no penalizar las conductas homosexuales, y con ello evitar la discriminación. Pero la tolerancia no cambia la realidad. Ni siquiera la legalización de determinadas conductas, utilizando la ficción jurídica. El orden público atiende a los datos de la realidad y a la biología. La sociedad está en su derecho a proteger determinados modelos de matrimonio que están acordes con los datos biológicos". Por eso, asegura que "aunque existen ciertos argumentos para excluir a los homosexuales de ciertas formas de protección jurídica", Argentina, al sancionar el matrimonio igualitario "perdió una oportunidad histórica de sancionar una muy buena ley de unión civil para parejas de igual o diferente sexo, inclinándose por injertar dentro de un estatuto conyugal para personas heterosexuales un matrimonio entre personas de igual sexo, que tiene severas contradicciones constitucionales".

La denuncia radicada por Martín Apaz, presidente de la ONG cordobesa Devenir Diverse advierte que usar bibliografía como esa en la Universidad, “máxime al tratarse de un material de lectura básica y obligatoria como lo es un manual, que constituye el primer acercamiento de las estudiantes de Abogacía a la temática” constituye “un acto de discriminación en la formación de lxs abogadxs”.

La presentación, que contó con el testimonio de la abogada Marisa Herrera y la adhesión de diputada nacional por Córdoba Gabriela Estévez (Frente de Todos), advierte sobre la gravedad de que las y los abogados en Córdoba se formen con una perspectiva discriminadora, y que ignora que “las grandes reformas legislativas” de los últimos años, en particular desde la nueva definición de matrimonio civil y la ley de identidad de género, “han permitido ampliar en clave de igualdad y no discriminación en razón de la orientación sexual y la identidad y expresión de género”

Otros de los textos sostienen que la ley de identidad de género atenta contra el matrimonio, entre otras cosas, porque no considera que la identidad trans sea una enfermedad. "Es altamente cuestionable (…) que no se haya previsto ningún recaudo para averiguar la condición física o de salud" de quien solicita al Estado el reconocimiento de la identidad de género autopercibida. "Solo los profesionales especializados (médicos, endocrinólogos, psiquiatras, psicólogos, etc.) pueden determinar si un individuo padece disforia de género, única posibilidad aceptable para iniciar el proceso judicial de rectificación de partida . Sucede que los mentores de la ley entienden que no se está rente a una patología, sino que obedece a una vivencia personal”, dice el Manual. No son, sin embargo, los únicos pasajes puestos bajo la lupa en la presentación.

Denunciar el contenido del Manual no implica limitar la libertad de expresión, advirtió la presentación de Apaz. Se trata, en cambio, de dejar en claro que “en un Estado constitucional y social de Derecho no se puede admitir y avalar este tipo de actitudes académicas que, abiertamente, violan derechos humanos y atentan contra una sociedad democrática"

“Enseñar derecho constituye una gran responsabilidad ética y ello conlleva hacerlo en el marco de la legalidad. Máxime en un contexto como el que promueve la denominada ley Micaela”, de capacitación y sensibilización obligatorias en perspectiva de género para funcionarias y funcionarios públicos.

La presentación contó, también, con adhesiones de funcionarios y organizaciones de la sociedad civil, como el director del Observatorio de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, la socióloga y asesora presidencial Dora Barrancos, centros de estudiantes universitarios, y referentes de organizaciones de la diversidad sexual, entre otros.
Fuente: nota de Soledad Vallejos para Página/12