Había sido denunciado por su exposición en la Cámara de Diputados sobre la investigación de espionaje ilegal y su supuesta participación en la llamada “Operación Puf”.
Primero la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura y luego el plenario del cuerpo aprobaron ayer cerrar dos denuncias contra el juez federal Alejo Ramos Padilla por su actuación vinculada a la causa del falso abogado Marcelo D’Alessio. En ese expediente, el magistrado de Dolores investigó una presunta red de espionaje ilegal con fines extorsivos, con fuertes implicancias políticas y judiciales. Esta causa ya fue elevada parcialmente a juicio oral.
Uno de los pedidos de juicio político había sido presentado por el entonces representante del Ejecutivo, hoy fiscal general de la CABA, Juan Bautista Mahiques, por la exposición pública de Ramos Padilla en marzo del año pasado ante la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados de la Nación. Mahiques lo había denunciado de “pérdida de imparcialidad” y de haber roto “el deber de reserva”.
La otra denuncia obedecía a la filtración de escuchas a ex funcionarios detenidos y operadores kirchneristas, que –según la presentación– evidenciarían que el magistrado formaría parte de “una posible operación” conocida luego en los medios como “Puf”.
En su descargo, Ramos Padilla apuntó hacia el macrifascismo de querer interferir en la investigación de espionaje, que salpicaba a varios de sus integrantes y dirigentes del entonces oficialismo. Tras atacar fuertemente la “Operación Puf”, pidió citar como testigos a Miauricio Macri Blanco Villegas, a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la diputada Elisa Carrió, el fallecido y corrupto juez Claudio Bonadio y al coimero fiscal Carlos Stornelli, a quien procesó en la investigación, entre otros imputados. Sostuvo también que buscó "blanquear" escuchas a detenidos al llevarlas a la Justicia para que las investigue, y que desde el Ejecutivo se estuvo al tanto del contenido de esas grabaciones.
El dictamen desestimatorio fue presentado por el presidente del Consejo, el juez Alberto Lugones, y obtuvo seis votos a favor sobre el total de nueve miembros que tiene la Comisión de Disciplina y Acusación. Se opusieron el diputado del PRO Pablo Tonelli, la senadora de la UCR Silvia Giacoppo y la abogada también de origen radical Marina Sánchez Herrero. Los tres mantuvieron su voto negativo en el plenario que se realizó con posterioridad. El resto de los consejeros votaron a favor del cierre, incluidos los otros dos jueces, Ricardo Recondo y Juan Manuel Culotta.
“No es admisible que cuando no nos gusta cómo piensa un juez, busquemos presentar una denuncia para minar su accionar o su investigación. El ex presidente Macri dijo en su momento que 'a este juez hay que sacarlo porque ya hizo varias'. Es inadmisible cualquiera sea el funcionario que lo diga, de cualquier jerarquía. Debemos investigar y cuando no hay motivo, desestimar las denuncias rápidamente”, fue lo primero que afirmó Lugones, enfático. En un programa televisivo, el ex hijastro de Flavia Palmiero había manifestado sobre Ramos Padilla y su investigación contra D’Alessio que “no es un juez que actúe con ecuanimidad, se prestó a un show mediático, espero que con las pruebas que hay el Consejo de la Magistratura evalúe destituirlo”.
Inmediatamente, Lugones argumentó sobre el contenido de las denuncias. Señaló que Ramos Padilla no violó el secreto de sumario cuando habló en Diputados, ya que el expediente era público. “Cuando concurrió a exponer en la Comisión de Libertad de Expresión, ya estaba levantado el secreto. Porque se había producido un conflicto interjurisdiccional con otro magistrado y se tuvo que levantar el secreto para enviar las actuaciones a ese juez, por lo que esa imputación ya no corresponde”., sostuvo y agregó que la actuación de Ramos Padilla en la causa D’Alessio fue “convalidada por la Cámara Federal de Mar de Plata, luego por la máxima instancia penal, Casación Federal, que entendió como válido lo actuado. Y en esa causa, el fiscal (Juan Pablo Curi) ya pidió la elevación a juicio, y el tema está esperando en el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata.
En cuanto a la otra acusación sobre su presunta participación en la “Operación Puf”, Lugones fundamentó que esas escuchas eran ilegales porque el magistrado que las dispuso en una causa de narcotráfico (por Diego Villena, juez federal de Lomas de Zamora) había ordenado su destrucción. “Inexplicablemente son motivo de otra causa penal, cuando eran escuchas claramente destinadas a buscar pruebas en contra de alguien, lo que conocemos como una ‘excursión de pesca’, y que es algo que no nos gusta. Y en forma muy extraña aparecen en todos los medios. No me parece que ameriten seguir investigándose. En esas escuchas, se lo ponía al juez como formando parte de algo que ya había sucedido. Esta causa tuvo un profundo y repudiable contenido político", afirmó el consejero y camarista de San Martín.
Postergación rechazada
Hubo un intento de la oposición de postergar el cierre de las denuncias contra Ramos Padilla por “prematuro”, pero fracasó. “Hace apenas un mes, este cuerpo aprobó por unanimidad solicitarle al juez denunciado que remitiera copias de las actuaciones actualizadas, que aún no están en el expediente”, señaló Tonelli y agregó que “ en el dictamen de Lugones, se hace referencia al dictamen del fiscal en el cual pide la elevación a juicio de la causa, que no está en el expediente. Se lo pedimos al juez hace poco tiempo y no fueron aún remitidas. No contamos con los elementos a los que se refiere el propio dictamen para pedir la desestimación de las denuncias”, al pedir la postergación del tratamiento del dictamen desestimatorio.
La propuesta del diputado macrista obtuvo, además del apoyo de Giacoppo y Sánchez Herrero, el del juez Culotta, pero no alcanzó los votos necesarios. Luego, este último consejero apoyó el dictamen desestimatorio de Lugones “Hasta ahora que cuando se pedía una postergación, se atendía. Ha quedado evidenciado hoy que esa regla no se aplica más”, se quejó molesto Tonelli durante el debate en la Comisión.
“Presiones a jueces”
Durante el debate en el plenario, la diputada Graciela Camaño advirtió que “Ramos Padilla fue denunciado por orden del (ex) presidente de la Nación, así lo dice la denuncia que presentó el consejero en su momento (por Mahiques)".
“El juez se encontró con cuestiones muy graves y vino a informar aspectos de la investigación a los representantes del pueblo de la Nación. Fue al lugar adecuado para dar a conocer algo que le compete al pueblo”, sostuvo al explicar su voto a favor de cerrar las denuncias en contra del magistrado de Dolores por esa exposición que hizo en la Cámara baja.
Por su parte, el consejero académico Diego Molea señaló que “no fue solo un exabrupto de Macri, sino una tentativa de presión sobre los magistrados” y que "se trataba de un avasallamiento sobre el Poder Judicial”. Tras considerar que “la presión a jueces fue un mecanismo que hubo en tiempos pasados”, sostuvo que “el deber del Consejo (frente a esa situación) era cuidarlos, ya que su labor es garantizar la independencia del Poder Judicial”.
La intervención de Molea generó la réplica del juez Ricardo Recondo, quien tras destacar que coincidía en que el Consejo debería garantizar la independencia de los jueces, agregó que “esas presiones suelen ser comunes. Durante 12 años he sufrido feroces persecuciones políticas y mediáticas”.
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