El fiscal ante la Cámara Federal, Jorge Agüero Iturbe, pidió que se reabra el expediente que, sin producir pruebas, había cerrado el corrupto juez Claudio Bonadio. Horacio Rodríguez Larrata y el ex ministro Guillermo Dietrich quedaron en la mira de la Justicia.
El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larrata, y el ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich están más cerca de volver a ser investigados por la cuestionada licitación de las obras del Paseo del Bajo que beneficiaron a la empresa constructora Iecsa, que perteneció a los Macri y luego a Angelo Calcaterra.La denuncia original planteaba que la licitación fue direccionada para favorecer a esa compañía. El fiscal ante la Cámara Federal, Jorge Agüero Iturbe, pidió en duros términos que se reabra esa expediente y se investiguen los hechos como “un acto de corrupción”, donde los implicados habían sido sobreseídos por el fallecido juez Claudio Bonadio en diciembre de 2019. Es el tercer fiscal que plantea que la causa había sido cerrada sin producir pruebas elementales. Antes lo habían hecho Alejandra Mángano y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, que impulsaban la pesquisa.
La del Paseo del Bajo es una de las obras más importantes que hizo el macrifascismo en la ciudad de Buenos Aires y con la que Miauricio Macri Blanco Villegas hacía campaña. “Este pavimento que estoy tocando no es relato, es real”, había provocado en la inauguración de la construcción que ahora está en entredicho. Es un corredor vial de 7,1 kilómetros que conecta las autopistas Illila y Buenos Aires-La Plata, con carriles para distintos tipos de vehículos, que conectan con Puerto Madero y con la terminal de Retiro. El presupuesto para la construcción fue de 8700 millones de pesos, que solventaba en un 43 por ciento la ciudad de Buenos Aires y en un 57 por ciento la Nación.
El dictamen de Agüero Iturbe -el fiscal que reemplazó a Germán Moldes- dice que el sobreseimiento dictado por Bonadio es “una pléyade de consideraciones generales más propias de un relato de ficción que de una resolución judicial. Pieza procesal que a pesar de su finalidad deja entrever que, otra vez, los tramoyistas de la obra pública están presentes. No sabemos quiénes son, no se adoptó ninguna medida al respecto, pero se advierte ese tufillo de que allí están”. De todas maneras sí llama a poner la atención sobre la firma beneficiaria, Iecsa, al recordar que es investigada en otros expedientes sobre obra pública y sobornos, como el del soterramiento del tren Sarmiento y la de las fotocopias de los supuestos cuadernos. Señala que “no hace falta mucho esfuerzo señores jueces para darnos cuenta que a la fecha de la presente licitación aquí cuestionada la firma se encontraba vinculada con Angel Jorge Antonio Calcaterra, nombre emparentado con el ex primer mandatario”.
La maniobra, agrega, es “similar a otras que esperan juicio”. La clave, sostiene, no necesariamente es el perjuicio económico (al que Bonadio había considerado menor) sino el “mecanismo que importa derivar fondos nacionales para ser ejecutados por un municipio evitando los sistemas de contralor propios del Estado nacional” visto en otros expedientes. El fiscal desliza otra observación en tono crítico al decir que el impulso de las investigaciones por parte del Ministerio Público Fiscal “no puede sustentarse en la lógica amigo o enemigo, tampoco circunscribirse a empatías propias de la palestra pública”. Propone que se profundice la pesquisa para establecer “si realmente nos enfrentamos a un fenómeno criminal, producto una vez más de la tramoya pública privada o si aquí no ha pasado nada”.
La denuncia inicial fue de Fernando Míguez, de la Fundación para el Cambio Climático, y luego se sumó la PIA: sostuvieron que la adjudicación fue direccionada haciendo cambios en el procedimiento para que el tramo más oneroso, y a un precio mayor al correspondiente, fuera otorgado a la empresa Iecsa. La denuncia planteaba que la obra tenía tres tramos: “A”, “B” y “C”. Este último era el más costoso y preveía un presupuesto de 4480 millones de pesos. Se habrían alterado las normas del proceso de selección “a través de circulares sin consulta libradas por funcionarios de AUSA” para permitir “eliminar a otros posibles candidatos a quedarse con este tramo”, de modo de beneficiar a la unión de empresas entre Iecsa y Fontana Nicastro SA.
Lo que hicieron fue cambiar, avisando a último momento, el orden de apertura de los sobres: si una empresa ganaba un tramo, no podía participar en otro. Entonces empezaron por el más económico, y se lo dieron a Corsan-Corviam. No fue “una simple desprolijidad administrativa”, dijo Agüero Iturbe. Otro aspecto de la investigación se refiere a la inclusión de las obras de infraestructura civil de la Red de Expresos Regionales junto con las del Paseo del Bajo -aunque era una obra independiente que debía ser financiada por Transporte- por 600 millones de pesos, en el tramo “C”, adjudicado a Iecsa. También se agregó la remoción de un gasoducto, como supuesta interferencia para las obras, para lo que presupuestaron 73 millones con un nuevo llamado a licitación.
La denuncia inicial era del 25 de octubre de 2018. Sin demasiadas medidas elaboradas, Bonadio concluyó el 27 de diciembre de 2019 la “inexistencia de actos irregulares o ilícitos en los hechos denunciados”. Así sobreseyó a Rodríguez Larrata, a Dietrich, también al presidente de AUSA, Carlos María Frugoni, a la jefa de Compras, Natalia Bustos, y al ex ministro de Desarrollo Urbano y Transporte Franco Moccia. Al respecto, Agüero Iturbe dice que “no puedo dejar de mencionar que luego de leer la resolución (de Bonadio) se presenta esa amarga sensación que causa el sentir que otra vez la ilusión de encontrar justicia queda trunca. Queda sí un halo de que la corrupción es connatural a la obra pública y trasversal a los gobiernos. No importa quién, no podemos quedarnos a medias con una investigación de esta naturaleza (…) Debemos investigar, producir prueba y esclarecer aquellas incógnitas que aún están presentes”.
La decisión sobre la reapertura estará ahora en manos de la Sala I de la Cámara Federal, que integran Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia.
Fuente: nota de Irina Hauser para Página/12
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