El régimen porteño intentó involucrar a la Casa Rosada en el hackeo al ex ministro de Seguridad. Los datos que desmienten la hipótesis. La investigación que conduce a personas que trabajan en negocios de celulares en Misiones.
El infame régimen porteño trata de esconder el contenido de los gravísimos chats surgidos del celular del ex ministro de Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro, poniendo el acento en que le hackearon el teléfono.
Para colmo, en combinación con la justicia porteña hizo trascender que parte de la operación de hackeo se hizo usando un usuario de la Jefatura de Gabinete, tratando de echarle la culpa así a la Casa Rosada.
Lejos de ello, lo cierto es que lo que utilizaron los hackers fue una plataforma abierta que administra Jefatura y que se denomina Trámites a Distancia. Lo único que se realiza es una especie de conexión automática con distintas áreas del Poder Ejecutivo: Registro Nacional de las Personas (Renaper), Anses, AFIP.
Más allá de los esfuerzos por sacar de escena las revelaciones de los chats, que incluyeron finalmente la salida de D’Alessandro y su reemplazo por Burzaco, la historia del hackeo de su teléfono celular parece una novela de espías típica de la zona de la Triple Frontera.
Las jugadas políticas
Los hackeos y su investigación tienen un evidente tinte político. El ahora renunciado ministro le echó la culpa al kirchnerismo, pero las mayores sospechas están puestas en la feroz interna del macrifascismo. No parece casual que hayan explotado decenas de irregularidades y escándalos del diputado Gerardo Milman, aliado de Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, y tras cartón, los chats incriminatorios de D’Alessandro, pieza clave de Horacio Rodríguez Larrata.
No es la única hipótesis, entre los dirigentes del PRO no son pocos los que consideran que la munición apunta contra las dos ramas y viene de quien aparece por arriba y tiene larga tradición en espionaje y manipulaciones de este tipo: el círculo que rodea a Miauricio Macri.
Los hackeadores en Misiones
Todas las maniobras se hicieron desde El Dorado, Misiones. La investigación se centró en el hackeo a Diego Santilli, diputado y candidato del larretismo a gobernador bonaerense. Santilli ya había sufrido del espionaje ordenado por el abyecto régimen de Macri, al punto que le infiltraron una persona en su casa, según denunció su ex esposa, la periodista Nancy Pazos. Respecto del hackeo, la causa está a cargo de la jueza María Servini y del fiscal Federico Delgado. Todo se orientó rápidamente hacia la ciudad misionera, muy cercana a la frontera con Paraguay y Brasil.
En el caso de D’Alessandro, el expediente lo maneja una fiscal porteña, Daniela Dupuy, especializada en delitos informáticos. La funcionaria está dentro del área de influencia del propio exministro y por eso intentó desviar las cosas hacia el gobierno nacional y el peronismo.
Aún así, Dupuy realizó una minuciosa investigación en la que queda claro quiénes son los hackeadores. La mano de obra corrió a cargo de Elías Nuñes Pinheiro y Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, padre e hijo, con escaso poder adquisitivo. Pero ambos trabajan en dos negocios de celulares de El Dorado y los dueños para los que trabajan los Pinheiro son Julio César Escobar y Cecilia Mercado, que tendrían un socio, Antonio Aquino. Estos tres muestran un gran poder económico, autos Audi, camionetas, motos de alta cilindrada.
Las evidencias contra los hackeadores
Las pruebas sostenidas por Dupuy son demoledoras:
🔘 El 19 de octubre, a las 15.26 le entraron a la línea a D’Alessandro, tomándole el control del celular.
🔘 Eso se hizo mediante lo que se conoce como SIM-Swap, o sea cambiar la tarjeta del celular. Es un trámite que hace alguien que perdió el aparato o se le rompió. Recupera la línea, pero con otra tarjeta SIM.
🔘 Para concretar ese cambio, los hackeadores se comunicaron con la empresa de celulares haciéndose pasar por D’Alessandro y para autorizarle a usar la nueva tarjeta que compró, le hicieron unas preguntas de seguridad. En el caso de Santilli, las preguntas fueron sencillas: dónde trabaja (Cámara de Diputados); el nombre de uno de sus hijos; el banco en el que tiene tarjeta de crédito, en qué ciudad vive y su categoría de monotributo.
🔘 Los hackeadores estaban preparados para esas preguntas porque entraron al sistema Nosis, un sistema privado de información. Se abonaron a Nosis creando cuentas falsas. En todas esas cuentas hay rastros de los Nuñes Pinheiro, en especial de Ezequiel. Dupuy los dejó en evidencia porque al crear cuentas se dejan direcciones de correo, números de celular de referencia y otros datos, todos relacionados con Ezequiel. A raíz de este escándalo, los requerimientos ahora cambiaron.
🔘A los hackeadores les faltaba un dato que aparentemente se pedía en las preguntas de seguridad: el número de trámite del DNI. Todo indica que ellos tenían ese dato, que no se pidió en el caso de Santilli, pero sí en el caso de D’Alessandro, porque era una empresa distinta de celulares. Los hackeadores necesitaban chequear ese pequeño número de trámite, que figura en la parte de abajo del documento, porque cambia cuando la persona cambia el DNI.
🔘 Por eso entraron a Trámites a Distancia, una plataforma administrada por la Secretaría de Innovación Tecnológica de la Jefatura de Gabinete.
La maniobra política I
Desde la fiscalía de Dupuy hicieron trascender que uno de los datos para el hackeo provino de un usuario de Jefatura de Gabinete. Por supuesto, la jugada contó con la amplificación de los medios aliados al macrismo. Y se hizo justito cuando crecía la presión para que D’Alessandro renuncie.
En realidad, la fiscal tenía un camino bastante simple: enviar un oficio a Jefatura preguntando por lo ocurrido. No lo hizo. Prefirió filtrar la sospecha sobre el gobierno y el peronismo y sacarle de encima la sospecha al macrismo.
Cómo confirmaron el dato
Jefatura de Gabinete administra Trámites a Distancia, pero eso no significa que si una persona quiere, por ejemplo, hacer un trámite en el Renaper, la Anses o la AFIP, hay alguien en Casa Rosada que hace el pase. El canal es automático.
Para hacer el trámite que el ciudadano requiere, el sistema valida los datos. Entonces pregunta el nombre, el DNI y, justamente, el número de trámite del DNI. El sistema no proporciona el número de trámite, sólo usa el dato para permitirle avanzar a la persona que supuestamente quiere hacer una gestión en el Renaper, la Anses, AFIP u otros organismos. Lo que hicieron los hackeadores fue entrar dos veces al sistema de Trámites a Distancia, ingresaron el nombre y el DNI de D’Alessandro y también el número de trámite del DNI. Como era correcto, el sistema le dio el ok para avanzar. Pero no lo hicieron. Salieron de inmediato.
O sea, no se usó un usuario de Jefatura de Gabinete sino un sistema automático. Y no obtuvieron ningún dato, sino que confirmaron un dato que ya tenían.
La maniobra política II
En su afán por involucrar al peronismo y alejar cualquier sospecha del macrismo, la fuerza más afecta a las operaciones de inteligencia, la fiscal dice que Aquino -aparentemente socio de los dos locales de celulares en que trabajan los hackers- tiene tenues vínculos con un empleado del Ministerio de Hacienda de Misiones y en su Facebook aparecen menciones a un tal Hugo Kowalski, un candidato a intendente de El Dorado.
En los dos casos se trata de personas relacionadas o integrantes del Frente Renovaador de Misiones, que no tiene nada que ver con la organización de Sergio Massa.
El Frente Renovador (de la Concordia) de Misiones es un partido integrado por peronistas, radicales, experonistas, exradicales, liderado por Carlos Rovira y se define como una fuerza provincial. A priori, no tiene el menor interés en lo que sucede en el kirchnerismo, el albertismo o en la guerra entre los adherentes a Rodríguez Larrata o Patricia Bullrich Luro Pueyrredón o Miauricio Macri.
La clave está en la Triple Frontera
Quienes conocen la zona desde hace años sugieren que lo ocurrido es que alguien encargó el trabajo de hackeo. El territorio es propicio porque en alguna época decían, con ironía, que en la Triple Frontera hay más agentes de inteligencia que gente. Y, por supuesto, también sujetos dedicados a pasar cosas entre los tres países, Argentina, Paraguay y Brasil.
En síntesis, la hipótesis más probable es que alguien pagó por ese trabajo sucio. La imagen podría ser la siguiente: una persona que ya conocía a algunos de los cinco participantes de la operación, sobre todo los tres dueños de las casas de celulares, Escobar, Cecilia Mercado y Aquino, se contactó con ellos, les ofreció dinero en efectivo y les dio el listado de personas a hackear. Los más notables, Santilli, D’Alessandro, dos jueces de la causa Vialidad, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, un juez de Casación, Gustavo Hornos, y un grupo adicional de personas que no tienen actividad pública, pero sí comercial. De todos esos hackeos, sólo se usó el contenido de uno: el de D’Alessandro. Al menos hasta ahora.
La duda obvia es si se podrá identificar al que habría contratado el trabajo sucio. Puede ser alguien conocido de los hackeadores o un individuo que llegó, puso el dinero, retiró el producto del hackeo en un pendrive, y se fue. O si utilizó una identidad falsa. Todo eso encaja mucho con la historia de agentes de inteligencia en la zona caliente de la Triple Frontera.
Un recuerdo del pasado
Es muy posible que alguien recuerde la primera causa por espionaje atribuida a Mauricio Macri. En aquella ocasión, espiaron a familiares de las víctimas del atentado contra la AMIA, a una hermana de Macri, Sandra; al empresario de fútbol y televisión, Carlos Avila; y a una serie de abogados de supermercados. Macri fue sobreseído porque le echó la culpa a su padre, Franco.
La maniobra fue muy burda: a los espiados les adjudicaban ser cómplices de un homicidio y, por lo tanto, se realizaban escuchas a sus teléfonos con orden judicial. Las grabaciones eran retiradas de la SIDE por un individuo, Ciro James, dedicado al espionaje y relacionado con uno de los policías más cercanos a Macri, Jorge "El Fino" Palacios. Dos datos resultaron arrasadores. James tenía un puesto y un sueldo en el gobierno de la Ciudad, sin que realizara trabajo alguno, y, sobre todo, las acusaciones por un inexistente homicidio y las órdenes de intervenir los teléfonos fueron realizadas por jueces de Misiones. Los magistrados terminaron destituidos. Casualidad o no, Misiones vuelve a aparecer en escena.
El avance de la investigación
La fiscal porteña pidió la detención de los hackeadores, pero la jueza a cargo del expediente, Araceli Martínez, no hizo lugar al pedido. En cambio, sí aceptó que se allanen los negocios de celulares, los domicilios y los vehículos de los cinco involucrados en el hackeo, los Nuñes Pinheiro, Mercado, Escobar y Aquino. Todo en El Dorado.
Según consignó el sitio misionesonline.net y el enviado de C5N a la región, Marcelo Burchinski, la medida se concretó el martes. Como era de presumir, los efectivos de seguridad se llevaron computadoras, discos rígidos y varios celulares. Tal vez surjan pruebas útiles del análisis de esos equipos, aunque la fiscal ha exhibido poca imparcialidad.
Otro dato llama la atención y las casualidades no dejan de sorprender. D’Alesandro no es ajeno a Misiones. Fue apoderado del partido de Ramón Puerta, uno de los políticos-empresarios de mayor cercanía con Macri. Pero luego D’Alessandro se cruzó de vereda. Abandonó a Puerta-Macri y se fue con Rodríguez Larrata.
Tapando lo fundamental
Más allá del hackeo, los chats que salieron del celular de Marcelo D’Alessandro mostraron que jueces, funcionarios macristas y empresarios de medios viajaron a Lago Escondido, pagados por estos últimos, los empresarios. Como mínimo, parece haber un delito de dádivas, vecino de la coima. De los diálogos, surge además que el juez Julián Ercolini -armador de la causa Vialidad- proponía falsificar facturas para tapar el escándalo y justificar que pagaron el viaje.
En una segunda tanda, se publicaron chats que evidenciaron que el ministro de Justicia porteño operaba en secreto con Silvio Robles, mano derecha del presidente de la execrable Corte Suprema, Horacio Rosatti. Lo que surgió es que Robles le daba instrucciones al PRO de qué presentar en la Corte y cómo moverse en el Congreso.
En esa segunda tanda, hay mensajes en los que se mencionaron sobres con dólares y dinero supuestamente entregados por el dueño de una de las empresas de grúas y acarreo, concesionarios porteños.
Finalmente, una tercera serie de mensajes, exhibieron que D’Alessandro le ponía vehículos a disposición a un juez federal, Sebastián Ramos. El mismo que cerró en tiempo récord la causa en que se investigaban los chats entre D’Alessandro y Robles.
Es cierto que en Eldorado, Misiones, Triple Frontera se desarrolla una historia de espías. Pero también es cierto que acá cerca la alianza judicial-política-mediática-empresarial juega sus cartas para perseguir a los que los molestan y proteger a los amigos.
Fuente: nota de Raúl Kollmann para Página/12
