El senado aprobó la ley para que los megamillonarios hagan un aporte extraordinario

La iniciativa apunta a moderar los efectos de la pandemia de coronavirus Covid-19. El bloque oficialista del Senado respaldó el proyecto del Gobierno para que las personas físicas con un patrimonio mayor a 200 millones de pesos aporten por única vez para palear los efectos de la pandemia. Se calcula que el aporte será el 1,5% del PBI.

El proyecto de Ley de Aporte Solidario y Extraordinario de las grandes fortunas que pretende ayudar a moderar los efectos de la pandemia de coronavirus y está destinado a los patrimonios superiores a los 200 millones de pesos, venido en revisión de la Cámara de Diputados, fue convertido en Ley anoche por el Senado de la Nación.

La iniciativa obtuvo 42 votos a favor del Frente de Todos y sus aliados, y 26 en contra, del interbloque de Juntos por el Cambio y sus adherentes tras una discusión que duró cinco horas y terminó pasadas las nueve y media de la noche.

El proyecto, que había sido impulsado por el presidente del bloque oficialista en la Cámara baja, Máximo Kirchner, tiene como objetivo recaudar alrededor de 300 mil millones de pesos para volcar a planes productivos y sanitarios.

La iniciativa prevé el cobro de 2% a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado hasta la fecha de la promulgación de la ley más de 200 millones de pesos.

Esa tasa se elevará al 2,25% en casos bienes por entre 300 y 400 millones de pesos, al 2,50% entre 400 y 600 millones y al 2,75% cuando sea de 600 a 800 millones.

La tasa subirá al 3% cuando los patrimonios oscilen entre 800 millones y 1.500 millones; al 3,25% para el rango de 1.500 a 3.000 millones de pesos, y a partir de esa cifra será del 3,5%.

“Además de la pandemia, Argentina tuvo que enfrentar esta situación con una economía devastada”, aseguró la oficialista mendocina Anabel Fernández Sagasti al cerrar el debate de la iniciativa. La legisladora cuestionó en duros términos a la oposición por no acompañar la medida. 

“La realidad es que no pueden decirnos por qué defienden con tanta vehemencia el bolsillo de un puñado de multimillonarios de la Argentina”, afirmó. Además, acusó a Juntos por el Cambio de inventar “esas fábulas de que en el sector agropecuario va a tener que vender máquinas, campos y propiedades para pagar este aporte”.

“Este aporte tiene gran apoyo popular porque todos los argentinos en este período hicimos un gran esfuerzo. Es mentira que esto sea un capricho del Presidente o del Frente de Todos”, agregó y argumentó que “el modelo de la oposición de bajar impuestos y sobrendeudar a la Argentina fracasó” y reclamó “autocrítica” a la oposición.

En cambio, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, aseveró que “esta no es la mejor respuesta para la realidad de la Argentina” y añadió que “este proyecto quedó todo el año en un rincón porque no le cerraba al Poder Ejecutivo y generaba mayor incertidumbre”.

“En este debate hay enorme carga ideológica. Un gobierno que dice representar sectores identificados con lo nacional y popular. ¿Cómo se les explica que la única respuesta que tienen para la sociedad es un ajuste?”, enfatizó Naidenoff.

El senador formoseño evaluó que “hay que compensar a los propios con un relato” que es “decir que van por los sectores privilegiados de la sociedad”.

Por el contrario, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el cordobés peronista Carlos Caserio, afirmó que la iniciativa le brindará un “gran impulso” económico a la Argentina.

“Esta ley y estos recursos van a ser un gran impulso para la Argentina”, opinó Caserio y agregó que “es un aporte único que se decide pedir en una situación excepcional”.

Remarcó que el país está “saliendo de esta pandemia como se salió de algunas guerras mundiales, con miles de muertos y las economías suficientemente desgastadas”.

“Este aporte que solicitamos es para ayudarnos a recuperar de la pandemia”, insistió y agregó que “el Estado es una herramienta fundamental”.

Por su parte, el opositor porteño, Martín Lousteau, cuestionó el proyecto porque “no va a generar trabajo” y remarcó que “esta ley no es un aporte, es un impuesto”.

“Si este es un impuesto extraordinario por única vez, no entiendo cómo vamos a seguir financiando las cosas que están listadas en la ley que realmente importan”, agregó.

Alberto Fernández firmó el Consenso Fiscal con todos los gobernadores salvo Rodríguez Larrata: "Hay un país que nos reclama trabajar unidos"

El presidente encabezó el acto en el que los gobernadores firmaron el Consenso Fiscal 2020 y les agradeció por el "trabajo mancomunado" en medio de la pandemia de coronavirus. Aún las provincias que no participan del Consenso Fiscal expresaron su acuerdo. En el Gobierno dicen que el jefe de gobierno porteño busca mostrarse como víctima.

Alberto Fernández reunió ayer al mediodía a todos los gobernadores para la firma del Consenso Fiscal 2020, en una postal de la que sólo quedó afuera el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larrata, enfrentado con la Casa Rosada por el recorte de los fondos para la policía. El mandatario resaltó que el acuerdo es "el mejor corolario" tras el trabajo conjunto entre la Nación y las provincias durante la pandemia del coronavirus.

"Este acuerdo tiene que ver con la responsabilidad de cómo vamos a crecer con sensatez y cómo vamos a encarar el futuro juntos, no por el espanto de un virus sino por la oportunidad de construir nuestro propio destino", sostuvo Alberto durante el acto. Además, pidió "no dejar pasar la oportunidad que tenemos de hacer las cosas bien de una vez y para siempre". 

En el Gobierno aseguran que accedieron a la mayoría de los pedidos que plantearon los funcionarios porteños durante la negociación para alcanzar el Consenso, así que la adjudicaban objetivos exclusivamente políticos a la negativa a asistir al acto en el Museo del Bicentenario. 

"No hay ninguna voluntad de enfrentar al gobierno de la Ciudad, está claro que Rodríguez Larreta busca victimizarse", aseguró el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro. 

Respecto al proyecto de ley que seguramente se aprobará la semana que viene en el Senado, que determinará el nuevo monto que la Nación le enviará a la CABA por la policía, el ministro evaluó que servirá para perfeccionar un traspaso que se hizo de manera incorrecta en 2016 por el nefasto régimen de Miauricio Macri Blanco Villegas.

El año pasado a esta altura, a poco de asumir, el presidente reunió a los gobernadores en la Casa Rosada para el Consenso Fiscal 2019, incluyendo esa vez al jefe de gobierno porteño. Hoy, de una forma u otra estarán representadas todas las provincias, incluyendo La Pampa y San Luis que no forman parte del Consenso. Puede que no participen algunos gobernadores, pero será exclusivamente por consejo médico como son los casos de Juan Schiaretti (Córdoba) y Alicia Kirchner (Santa Cruz), quienes enviarán a sus vices. 

Obviamente, lo mismo ocurre con Omar Perotti (Santa Fe), que el jueves informó que dio positivo de Covid-19. En Interior aseguraban que los tres mandatarios radicales, Gerardo Morales (Jujuy), Rodolfo Suárez (Mendoza) y Gustavo Valdés (Corrientes), estaban muy convencidos de la firma del Consenso con el que no quiere saber nada Rodríguez Larrata.

Entre sus puntos principales, el Consenso Fiscal les permite a las provincias tomar deuda en pesos -"una estrategia para el endeudamiento responsable", denomina- y suspender las exenciones y reducciones impositivas pactadas en el acuerdo de 2017, durante el régimen macrifascista Con el impacto que la pandemia generó en las cuentas provinciales, los gobernadores están ansiosos por tener herramientas para mejorar la situación. En ese ámbito, tienen poco quórum las quejas de CABA, con una situación mucho más holgada que el promedio. Otro punto es que las provincias deben suspender por un año los reclamos judiciales a la Nación, algo con lo que Rodríguez Larrata no quiere saber nada ya que imagina a la Corte Suprema como la instancia que puede favorecerlo.

En los últimos días, la relación entre el Gobierno nacional y el régimen porteño se deterioró a ritmo acelerado, por lo que la Casa Rosada buscará mostrar que todas las provincias están de su lado. La discusión del Consenso va en paralelo con el debate en el Congreso de la ley que establecerá el nuevo monto para sostener a la policía en la CABA. En 2016, el hijo bobo de Franco Macri decidió por decreto subir la coparticipación que recibía la Capital del 1,4 al 3,75 por ciento por el traspaso policial. Ante la queja del interior, luego lo bajó al 3,5 por ciento, sin nunca justificar de dónde salía ese cálculo. Apenas asumió Fernández, desde la secretaría de Provincias que encabeza Silvina Batakis abrieron una discusión sobre esa suma que consideraban excesiva, pero la pandemia frenó el debate. 

El cálculo que hicieron Batakis y su equipo fue que la suma para sostener a la policía federal traspasada es de 24.500 millones de pesos. Pero, a pedido de los diputados de Córdoba, se resolvió que la ley que votará el Congreso la semana próxima no se coloque esa suma sino que se establezca una mesa de discusión por 60 días en la que participarán representantes de Nación, Ciudad y de la CFI (Comisión Federal de Impuestos), donde están representadas todas las provincias, para acordar un nuevo monto. 

Pero a los funcionarios porteños tampoco les gustó la salida, dando por hecho que no conseguirán mejoras. La estrategia de Rodríguez Larrata pasa por acudir a la Justicia, donde imagina que le puede tener más suerte.

Desde la Casa Rosada avisaban que la judicialización permanente le puede jugar una mala pasada a Rodríguez Larrata. Por un lado, porque la CABA -según sus cálculos- percibió 86 mil millones de pesos de más desde 2016 a esta parte para sostener su policía, suma que la Nación le podría reclamar. Además, tienen en estudio toda una serie de recursos que el régimen de la CABA recibió de manera irregular, de acuerdo a su análisis. Un caso es el del Paseo del Bajo, una obra que costó 700 millones de dólares financiada por el Gobierno nacional con préstamos internacionales y venta de tierras. Ese monto, indicaban en la Rosada, es el mismo que costarían las 20 principales obras de infraestructura para desarrollar el norte del país. 

Más llamativo todavía es el caso de las 34 escrituras de transferencias de inmuebles que la Nación hizo con la CABA entre noviembre y diciembre del año pasado, luego de la derrota electoral de Macri Blanco Villegas y antes de la jura de Fernández. El monto aproximado implicado en esas transferencias es de 14 mil millones de pesos y 30 millones de dólares, que la Agencia de Bienes del Estado viene estudiando para hacer el reclamo correspondiente. Y advertían que eran sólo una parte de los problemas que podría tener Rodríguez Larrata si insiste en dirimir todas sus diferencias con la Nación en Tribunales.

Los gobernadores acuerdan con Alberto suspender las PASO

En una cumbre en Olivos, 21 gobernadores firmaron un documento para suspender las primarias. Lo apoyan hasta los radicales.

Los gobernadores acordaron con el presidente Alberto Fernández suspender las PASO del próximo año. "No podemos hacer las primarias en medio de los planes de vacunación", fue uno de los argumentos más escuchados en el almuerzo en Olivos, que reunió a 21 gobernadores.

El chaqueño Jorge Capitanich fue quien lideró el pedido y hasta acercó un documento reclamando al presidente la suspensión de las primarias, que todos los gobernadores presentes firmaron.

En lo que pareció un paso previamente ensayado, apenas Capitanich hizo el pedido, Jorge Manzur, Gildo Insfrán y Gerardo Zamora, respaldaron su pedido. El presidente respaldó el pedido, "siempre y cuando lo pidan los gobernadores". 

También estaban presentes Santiago Cafiero, "Wado" de Pedro y Sergio Massa. De inmediato, los gobernadores le pidieron a Massa que vaya preparando la Cámara de Diputados para sancionar una ley que suspenda las PASO. Las cuentas que hicieron sobre el aire arrojan que podrían alcanzar una mayoría de 150 diputados para sancionar la norma.

Cuando se analizaron los motivos para suspenderlas, le preguntaron a Kicillof qué opinaba. El gobernador bonaerense dijo que apoyaba la idea y explicó que en efecto la realización de las primarias complicaba la logística del plan de vacunación contra el coronavirus, "que en nuestro caso se va a extender hasta julio", explicó.

El radical correntino Gustavo Valdéz dijo que apoyaba la decisión y que contaba con el aval de su par de Jujuy, Gerardo Morales, que no pudo ser de la partida porque tuvo que hacerse unos estudios. 

En tanto, el mendocino Rodolfo Suárez estuvo presente en la firma del pacto fiscal pero lo dejaron afuera del almuerzo al que sí fueron otros radicales. Sin embargo, hizo llegar una propuesta alternativa de suspender las PASO, pero hacer el anuncio recién en marzo. No tuvo éxito en ese pedido.

Los provinciales también apoyaron la decisión. El neuquino Omar Gutiérrez, el salteño Gustavo Sánez, el misionero Oscar Ahuad, el chubutense Mariano Arcioni y la rionegrina Arabela Carreras. También resapldó la suspensión el gobierno de Córdoba, a través del vicegobernador Manuel Calvo, presente en representación de Juan Schiaretti.

La primer lectura política que se hizo en la reunión es que la decisión, si complica a alguien es a la oposición en cada distrito y a nivel nacional acaso un poco a Juntos por el Cambio.

Golpe a la especulación inmobiliaria: el senado aprobó la ley de protección de terrenos incendiados

El Senado sancionó ayer, por 41 votos a favor y 28 en contra, una ley que protege los ecosistemas de los incendios accidentales o intencionales y prohíbe la venta de terrenos incendiados en plazos de entre 30 y 60 años para evitar prácticas especulativas y emprendimientos inmobiliarios. La oposición intentó evitar su sanción, en consonancia con las críticas formuladas previamente por la Mesa de Enlace. 

La iniciativa -impulsada por el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner- fue aprobada por 41 votos aportados por el oficialismo, contra 28 del interbloque de Juntos por el Cambio y una abstención del senador del Frente de Todos por Corrientes Carlos "Camau" Espínola.

La oposición rechazó la norma por considerar que "es inconstitucional" y "perjudica a los productores agropecuarios" que no podrán "disponer de sus tierras" en caso de incendio, sean o no intencionales.

Como miembro informante, la senadora oficialista Ana Almirón informó que "Argentina ardió en llamas literalmente" y precisó que hubo 900 mil hectáreas afectadas en 22 provincias y que "más del 90 por ciento" de los incendios "se dieron producto del accionar del hombre, intencional o por descuido".

"Es sumamente urgente" una normativa de esta naturaleza, consideró Almirón, y rechazó las críticas de opositores que sostienen que se trata de medidas contrarias a los productores agropecuarios. "No podemos permitir que algunos vivos hagan negocios justamente con la afectación del medio ambiente", proclamó.

En nombre de la oposición, la senadora de PRO Gladys González consideró que "no se puede ser hipócrita y ser ambientalista", afirmó que la ley "mezcla todo" (si un incendio fue intencional o accidental) y acusó al oficialismo de quedarse a medias con este tipo de propuestas que buscan proteger el medio ambiente.

Para González, cuando una "ley busca proteger todo en verdad no quiere proteger nada" y consideró que hubo diputados que "no se animaron a sugerirle modificaciones a quien por estas horas pareciera que va a ser su próximo candidato a presidente", en alusión a Máximo Kirchner.

"Está bueno ayudar a nuestro conductor a hacer buenas leyes, no está bueno decirle que si a todo lo que dice. Esta no es una buena ley porque va en contra del principio de no regresividad y establece plazos para proteger tierras que ya están protegidas a perpetuidad", precisó.

La patética e impresentable cordobesa Laura Rodríguez Machado, a su vez, opinó que el proyecto "es cero federal" e "inconstitucional", ya que afecta "el derecho de propiedad privada".

El no menos patético e impresentable senador Alfredo De Angeli, ex productor agropecuario, pidió que la propuesta vuelva a comisión, pero su iniciativa fue rechazada tras una votación.

"Esto no resuelve el problema de los incendios, para eso hay que hacer políticas de prevención, de control y de manejo. Están estigmatizando a los productores", aseveró.

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto el 18 de noviembre por 132 votos a favor y 96 negativos en el marco de una extensa sesión en la que hubo fuertes cruces entre oficialismo y oposición.

Al tratarlo en comisión, los senadores aprobaron modificar la ley 26.815, de Manejo del Fuego, para que se establezca que quedarán prohibidos desde la extinción de incendios realizar modificaciones en el uso y destino de esas superficies así como cualquier emprendimiento inmobiliario.

El artículo 22 bis establece que "en caso de incendios, sean estos provocados o accidentales, que quemen vegetación viva o muerta, en bosques nativos o implantados, así como en áreas naturales protegidas debidamente reconocidas y humedales, a fin de garantizar las condiciones para la restauración de las superficies incendiadas, se prohíbe por 60 años desde su extinción modificar en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio".

También se prohibirá durante ese lapso "la división o subdivisión, excepto que resulte de una partición hereditaria, el loteo, fraccionamiento o parcelamiento, sea parcial o total, o cualquier emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento y venta, de tierras particulares".

La propuesta prevé no permitir, además, "la venta, concesión, división, subdivisión, loteo, fraccionamiento o parcelamiento, total o parcial, o cualquier otro emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento, de tierras fiscales; y cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera al momento del incendio".

En la iniciativa se establecen las mismas restricciones pero por 30 años en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y en áreas donde las estructuras edilicias se entremezclan con la vegetación fuera del ambiente estrictamente urbano o estructural.

La oposición había adelantado su rechazo, en tanto que la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias había postulado que el proyecto "pone en riesgo la actividad productiva agrícola-ganadera en todo el país" e impone "restricciones que afectan gravemente el derecho de propiedad".

Otras 209 personas se reportaron como fallecidas y 6.899 fueron diagnosticadas con coronavirus en el país

Con las cifras de ayer, los fallecidos ascienden a 39.512 desde marzo pasado. En el plano internacional, la Organización Mundial de la Salud advirtió que la aparición de vacunas no eliminará la pandemia.

Otras 209 personas murieron y 6.899 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, mientras las Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que las vacunas y las campañas de vacunación no eliminarán por si sola la pandemia.

"Las vacunas no significan coronavirus cero", explicó ayer el director de Emergencias de la OMS, Michael Ryan, en rueda de prensa a través de una videoconferencia.

Según las cifras oficiales informadas ayer a la tarde, el número total de fallecidos desde el inicio de la pandemia se elevó a 39.512 en el país, mientras que los infectados llegaron a 1.454.631, de los cuales 1.281.955 ya recibieron el alta.

El Ministerio de Salud indicó que había 3.929 internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 55,7% en el país y del 60,2% en la Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).

El detalle confirmado de casos por provincias mostró a Buenos Aires con 1.790, ciudad de Buenos Aires 313, Catamarca 33, Chaco 205, Chubut 336, Corrientes 522, Córdoba 555, Entre Ríos 197, Jujuy 2, La Pampa 77, La Rioja 12, Mendoza 162, Misiones 21, Neuquén 600, Río Negro 201, Salta 48, San Juan 159, San Luis 72, Santa Cruz 242, Santa Fe 991, Santiago del Estero 82, Tierra del Fuego 107 y Tucumán 172. Formosa, por su parte, no registró casos.

En este contexto, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, confirmó que la curva de positividad de los testeos continúa en descenso, al igual que la cantidad de casos de contagios y advirtió que, "en aquellos lugares donde hayan bajado los casos, hay que mantener los cuidados y la consulta ante el primer síntoma".

Durante el reporte que brinda los viernes sobre la situación epidemiológica, la funcionaria indicó que, "al analizar los números del coronavirus en la Argentina y ordenarlos por inicio de síntoma, el número más elevado de contagios fue el 13/10 con 15.972 positivos, mientras que el mayor número de decesos fue el 9/10 con 383 fallecimientos".

"Es importante volver a compartir que la estrategia de testeos es una parte relevante, pero no es la única de la gestión de los casos de la pandemia. Cuando un caso se detecta, es muy importante que esa persona reciba los cuidados, haga el aislamiento y se identifiquen bien a los contactos estrechos, y, si alguno presenta síntomas, seguir esa cadena para poder interrumpir y minimizar la transmisión del virus", indicó la funcionaria.

En tanto, la temporada de verano comenzó formalmente y 16 provincias establecieron reglamentaciones internas así como acuerdos limítrofes y regionales para colaborar en el desplazamiento de turistas y evitar los rebrotes, como permisos de circulación, la utilización de aplicaciones o la tramitación de reservas en hoteles o casas de alquiler.

En ese marco, el Gobierno bonaerense y los municipios turísticos del distrito, desplegarán promotores sanitarios en las playas, realizarán testeos y controles de contactos estrechos de casos confirmados de coronavirus, enfocarán el cumplimiento de protocolos y lanzarán aplicaciones con permisos y recomendaciones de cara a la temporada de verano que se extenderá hasta el 4 de abril, explicaron durante una conferencia en La Plata esta semana el jefe de Gabinete provincial, Carlos Bianco, y los ministros de Producción, Augusto Costa, y Salud, Daniel Gollan.

En el plano internacional, la pandemia continuó golpeando con fuerza al mundo y, principalmente, a Estados Unidos, donde se registró un triple récord de nuevos casos, decesos diarios y pacientes hospitalizados.

En tanto, el director general del organismo OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, celebró el progreso vivido este año en el campo de las vacunas, pero manifestó su preocupación "ante la creciente percepción de que la pandemia se acabó".

"La verdad es que en estos momentos, muchos países están sufriendo una alta transmisión del virus, lo que pone enorme presión en hospitales, cuidados intensivos y trabajadores sanitarios", explicó.

A casi un año del inicio oficial del brote en China, la Covid-19 infectó a más de 65,6 millones de personas en el mundo y causó más de 1,5 millones de víctimas mortales, según el conteo actualizado de la Universidad Johns Hopkins.

El anuncio reciente de campañas de vacunación masivas inminentes en el Reino Unido y Rusia llenó de esperanzas a la población mundial, cuya vida diaria se vio afectada con estrictas restricciones en un intento de frenar el avance del virus.

La provincia de Buenos Aires recibió en tres días unas 125 mil solicitudes para vacacionar

"Queremos que la gente pueda vacacionar. Fue un año muy duro para el turismo y la temporada es una oportunidad para que muchas actividades se reactiven", dijo el ministro Augusto Costa.

El ministro provincial de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, dijo que en los últimos tres días se recibieron 125.000 solicitudes para poder vacacionar en destinos bonaerenses.

"El único requisito para poder viajar por la costa, las sierras, las lagunas o los ríos bonaerenses es llenar el formulario en el sitio argentina.gob.ar/verano o mediante la aplicación Cuidar, completar el destino al que uno viaja, por cuánto tiempo, dónde se queda y con quién va", expuso el funcionario a cargo del área de Turismo en declaraciones a FM Concepto.

Costa aclaró que, por el momento, la aplicación está habilitada para quienes viajen los próximos 20 días y remarcó que la semana que viene ya podrán tramitar el permiso quienes planeen vacacionar en enero.

En ese sentido, sostuvo que el sistema "funciona muy bien" e indicó que permitirá "garantizar que la gente viaje segura y pueda disfrutar sin mayores riesgos".

Costa pidió "responsabilidad individual", mantener la distancia, continuar con el lavado de mano y uso de tapabocas para evitar los contagios de coronavirus.

"Queremos que la gente pueda vacacionar. Fue un año muy duro para el turismo y la temporada es una oportunidad para que muchas actividades se reactiven pero, al estar en pandemia, no debemos no exponernos a situaciones perjudiciales", continuó.

Luego, precisó que el monitoreo de las personas que viajan "será permanente" para evitar aglomeraciones y recalcó que, "en la medida en que una mayor afluencia de turistas que la conveniente empiece a generar problemas, vamos a comunicarnos con los municipios".

"Se trata de establecer dentro de los municipios la promoción de buenas prácticas de distanciamiento", detalló y reiteró que se le informará a los turistas qué balnearios están por encima de la capacidad recomendada o completos, de modo tal que éstos puedan optar por otra playa.

El ministro evaluó que "se trata de evitar aglomeraciones" y subrayó que "la temporada será exitosa" si se cumplen los protocolos para las actividades relacionadas con el turismo, en el marco de la pandemia de coronavirus.

Afirman que Pfizer producirá la mitad de las dosis de vacunas previstas para fin de año

La información, difundida por el diario económico Wall Street Journal, no fue todavía confirmada oficialmente por la compañía estadounidense a través de sus redes sociales ni en su página web.

La compañía estadounidense Pfizer producirá la mitad de las dosis que había planeado originalmente para fines de 2020 después de encontrar que las materias primas en la producción inicial no cumplían con sus estándares, según informó el diario económico Wall Street Journal.

En la nota, titulada “Pfizer recortó su objetivo de implementación de la vacuna Covid-19 original después de obstáculos en la cadena de suministro”, se señaló que las 100 millones de dosis que había planificado sólo podrá producir 50 millones.

"La ampliación de la cadena de suministro de materias primas llevó más tiempo de lo esperado", dijo una fuente de la empresa al diario estadounidense.

La información no fue todavía confirmada oficialmente por la compañía estadounidense a través de sus redes sociales ni en su página web.

La vacuna candidata contra el coronavirus de Pfizer y su socia alemana BioNTech recibieron el miércoles pasado la autorización para el uso de emergencia del ente regulador del Reino Unido, convirtiéndose en la primera vacuna en recibir este permiso en occidente.

Vilma Ibarra destacó que "el 2021 viene con una luz: con vacunas y reactivación económica"

La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación puntualizó que "fue un año de muchísimo trabajo y es razonable que no luzca porque fue muy duro para todos, para el mundo en general".

Vilma Ibarra, analizó ayer que el 2020 fue "un año muy difícil, muy duro para la Argentina y para el mundo" pero que el año próximo trae consigo los "resultados del esfuerzo realizado" que se traducen en "vacunas y reactivación económica".

"Este fue un año muy difícil para los argentinos y las argentinas, la pandemia lastimó nuestra vida y una economía que ya venía lastimada. Todos perdimos algo, y ahora tenemos una luz, con un país que empieza a reactivar su actividad y el horizonte de la vacuna", dijo la funcionaria a modo de balance, en una entrevista brindada a FM Futurock.

Ibarra puntualizó que "fue un año de muchísimo trabajo y es razonable que no luzca porque fue muy duro para todos, para el mundo en general".

Del mismo modo, confió que en el Gobierno "no tuvimos tiempo de asentar equipos" ya que rápidamente, en el inicio de la gestión, "se desató la pandemia" pero señaló que, pese a eso, "se hizo, se llegó al objetivo, logramos que no se saturara el sistema de salud, seguimos hoy con pandemia, y por eso no tenemos que bajar los brazos todavía".

"Claro que es difícil trabajar con la gente que ya está muy cansada, pero vemos un 2021 que viene con vacunas, con un proceso de vacunación, con los desafíos de recuperar una vida cotidiana mucho más amable y un país mucho más igualitario donde si bien antes discutíamos si el Estado tenía que ser fuerte, hoy eso ya no se discute más", puntualizó.

Por otro lado, insistió en la necesidad de una reforma judicial, al señalar: "Nos damos cuenta día a día que la justicia, sobre todo la federal, es una justicia que no convence a nadie. Creemos los ciudadanos que no hay Justicia independiente, proba, y es muy difícil crear una sociedad robusta sin una justicia sin confianza de sus ciudadanos".

"No creemos que la Justicia sea independiente, por eso es importante la reforma judicial", sostuvo la funcionaria, quien finalmente, dijo que la ministra de Justicia, Marcela Losardo, "cuenta con toda la confianza del Presidente y su respaldo" e insistió con que "somos muy firmes en decir que queremos una reforma judicial sabiendo que en nuestro país se ha manipulado mucho la justicia".

Boudou dijo que el fallo que confirmó su condena "podía suponerse" y apuntó contra el titular de la Corte

"Son tiempos de la política, y las corporaciones están ejerciendo mucho su poder y su fuerza”, expresó el ex vicepresidente en referencia al fallo de la Corte Suprema.

Amado Boudou afirmó que el fallo de la Corte Suprema de Justicia que confirmó el jueves su condena a cinco años de prisión por la apropiación de la calcográfica Ciccone “era algo que podía suponerse" de un tribunal, "cuyo presidente ha sido empleado de las grandes corporaciones y aceptó entrar a la misma por decreto”.

"No es muy difícil imaginarse cómo iba a actuar (el máximo tribunal), ya que son tiempos de la política, y las corporaciones están ejerciendo mucho su poder y su fuerza”, dijo Boudou ayer a la mañana, en declaraciones formuladas a El Destape radio.

Se refirió así al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dejó el jueves en firme la condena en su contra de cinco años y diez meses por su actuación en el caso Ciccone.

En sus declaraciones, el ex vicepresidente apuntó contra el titular de la Corte: "Seguramente muchos clientes de (Carlos) Rosenkrantz perdieron plata por mi culpa", indicó.

También cuestionó al presidente del Tribunal Oral Federal 4 que lo condenó en esta causa en 2018: “El presidente del tribunal era ni más ni menos que (Pablo) Bertuzzi, que no siguió ni un punto del código procesal penal, sino los tiempos electorales que necesitaban”, afirmó.

“Cuando el Senado llama a audiencia (a un grupo de jueces que habían sido trasladados durante el nefasto régimen de Miauricio Macri Blanco Villegas) Bertuzzi es uno de los que no va. Siete jueces fueron al llamado que hizo el Senado, fueron los jueces que no participan en el lawfare”, explicó el ex funcionario.

“Lo que importa es lo que hicimos y lo que está haciendo el Gobierno por el pueblo. Ya sabemos lo que pasa cuando hay un Gobierno que se alinea con las corporaciones, como el de Mauricio Macri”, opinó.

Al referirse al ex hijastro de Flavia Palmiero, Boudou dijo que “Macri fue el jefe de una organización criminal desde el Estado para perseguir, apretar jueces y coordinar con jueces que se prestaban a esto con una mesa judicial que funcionaba en el ministerio de (Germán) Garavano”.

Boudou se mostró partidario de “declarar la nulidad de todos los juicios que tienen que ver con el lawfare; en mi caso lo que hicieron ya está, lo que me preocupa es lo que está en curso y el ataque feroz contra Cristina Fernández de Kirchner”. En este sentido mencionó “el caso del dólar futuro o el acuerdo con Irán, que siguen corriendo y me preocupa mucho”.

“Esta Corte que cayó sobre mí viene pegadito el fallo al hecho de dejar seguir adelante la causa de los cuadernos, que es gravísima, pero es una anécdota al lado del apriete a la gente que ha ido a declarar, a la que le decían: ‘Si la involucrás a ella te vas a tu casa, sino te vas a la cárcel´”, añadió.

Fuerte respaldo del Gobierno nacional a Amado Boudou: Santiago Cafiero pidió que no "pisoteen" sus derechos

El jefe de Gabinete acusó que el juicio en contra del vicepresidente estuvo plagado de irregularidades y apuntó contra la Corte Suprema. 

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, respaldó al ex vicepresidente Amado Boudou luego del fallo de la Corte Suprema en su contra en la causa Ciccone. Ayer se realizó a una marcha a los tribunales en apoyo del ex funcionario. 

"Amado Boudou, como cualquier ciudadano, merece que sus derechos no sean pisoteados. La Corte debía hacerse cargo de un proceso plagado de irregularidades y arbitrariedades", denunció Cafiero. 

El jefe de Gabinete afirmó que la poca claridad de la Justicia complica la percepción que los argentinos tienen. "Hasta que no logremos un funcionamiento claro y honesto del Poder Judicial en su conjunto, la sociedad entera será rehén de la duda y la desconfianza. Necesitamos juicios justos para volver a confiar", instó. 

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La Corte Suprema rechazó el jueves los recursos presentados en el caso Ciccone y dejó firme la condena de 5 años y 10 meses para Boudou. Los jueces del TOF4 condenaron al ex vicepresidente en 2018 por presunto cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública, lo inhabilitaron de por vida para ejercer cargos públicos, y ordenaron su inmediata detención por la compra de la calcográfica Ciccone por parte de la firma The Old Fund.

Las condenas fueron confirmadas el año pasado por la Cámara de Casación, por lo que las defensas fueron en queja ante la Corte Suprema. Rechazados los recursos, el expediente ahora pasará al juez de ejecución Daniel Obligado, el mismo que en abril le otorgó la domiciliaria a Boudou. Será Obligado quién deberá resolver si el ex vicepresidente se mantiene en la misma situación o debe volver a prisión, donde cursó parte del proceso sin condena firme.

Marcha en favor de Boudou

Distintas organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos realizan ayer en Tribunales un "abrazo solidario" en apoyo al ex vicepresidente Amado Boudou, después de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la condena a 5 años de prisión en la causa por calcográfica Ciccone.

El encuentro se llevó a cabo 14 en el Palacio de Justicia porteño, donde funciona el máximo tribunal. 

"No esperaremos a que el juez le revoque o no la prisión domiciliaria. La mejor manera de apoyar a nuestro Gobierno nacional y popular es combatiendo el lawfare que tanto daña la democracia", indicaron los organizadores en un comunicado.

Algunas de las organizaciones que convocaron son la Liga Argentina por los Derechos Humanos, ATE Capital y Curas en Opción por los Pobres, que encabeza el padre Francisco "Paco" Oliveira. También adhirieron a la convocatoria Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Movimiento Ecuménico por los DDHH y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones políticas, entre otras organizaciones.

Puja entre las empresas y el gobierno ante la inminente reglamentación del DNU de las telecomunicaciones

A días de la publicación de la letra chica de la prestación básica universal obligatoria, las empresas anunciaron aumentos de precios de hasta el 20%. El gobierno acepta 5% en enero.

Es inminente la publicación de la reglamentación del Decreto de Necesidad y Urgencia 690, por el cual se establecerán los alcances y precios de una prestación básica de internet, cable y telefonía móvil dirigida al consumo popular. Pero en la previa, las empresas primerearon y anunciaron un alza de precios de todos sus servicios a partir del próximo 1 de enero de 2021.

Se trata de dos movimientos que, aunque parezcan separados, están relacionados. Para las empresas del sector, el valor a cobrar por ese servicio de bajo costo, conocido como prestación básica universal obligatoria, debería ser el suficiente como para sostenerlo sin afectar el grueso de su facturación generada con los negocios a tarifa normal. Un incremento de precios de los servicios generales arrastrará hacia arriba los de las prestaciones básicas obligatorias.

Con ese esquema en mente, las empresas anunciaron a sus clientes que los aumentos llegarán a partir del 1º de enero. Telecentro y Cablevisión indicaron que serían de hasta un 20%. El sacudón es justificado en el congelamiento de precios que decretó el gobierno con el DNU 690 en agosto pasado. De allí que en otras empresas del sector se hable de “un 27% promedio” con el objetivo de “recuperar el congelamiento”.

En el Gobierno no están de acuerdo con esa lectura y así se lo habría manifestado a las empresas. Una fuente oficial con conocimiento de las conversaciones dijo que “lo más probable es que sean aumentos en enero, febrero y marzo de más o menos el cinco por ciento por vez”. El escalonamiento respondería a la necesidad de amortiguar todo lo que se pueda el impacto inflacionario de la medida en momentos en los que se acelera el ritmo de la suba de los precios generales de la economía.

El DNU 690 afirmó de manera taxativa que el Enacom (la “autoridad de aplicación”) “regulará” los precios de los servicios de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), es decir, internet, TV paga y telefonía fija y móvil, entre otros aspectos. La versión original, de la ley 27.078, decía que “podrá” hacerlo. Desde el entorno del Enacom aseguraron que el cuadro de precios de enero saldrá también en los próximos días.

Ya en la Ley 27.078 -conocida como Argentina Digital- se estableció que “los licenciatarios de Servicios de TIC fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación”. El DNU 690 repitió esa fórmula pero agregó el control regulatorio del Enacom.

El mismo DNU congeló esos precios desde el 31 de julio hasta el 31 de diciembre, aunque no estableció el criterio de descongelamiento. Las negociaciones en el Enacom que se sucedieron desde agosto tuvieron como uno de sus objetivos determinar los valores desde enero próximo.

Pero, al mismo tiempo, el DNU le ordenó al Enacom establecer, por medio de la reglamentación, los alcances de la prestación básica universal obligatoria en los servicios de internet, TV paga y telefonía móvil, lo cual incluye los precios de esos servicios destinados a los sectores de la población de menor poder adquisitivo.

Las empresas del sector echazaron el DNU y aseguraron que esa prestación ya está regulada por el decreto 764 del año 2000, de cuando Fernando de la Rúa presidía la Argentina, y que creó un fondo fiduciario alimentado por tributos que pagan los operadores. Amenazaron con presentarse ante la justicia, pero al menos por ahora se avinieron a discutir esa prestación con los funcionarios del Enacom. En el Enacom repiten que para escribir la reglamentación del DNU 690 hubo “consultas y diálogos con todos los actores, incluidas las organizaciones de usuarios y consumidores”.

Por último, el DNU 690 declaró servicio público a la telefonía móvil. Los servicios de internet y TV paga ya eran considerados desde la ley Argentina Digital como “servicios públicos en competencia”, es decir, con precios mayoristas regulados.

Por Randy Stagnaro para Tiempo Argentino

La onda expansiva de la derrota cordobesa de Juntos por el Cambio

En la coalición opositora de derecha sostienen que en Río Cuarto se perdió "de manera digna" porque se acortaron las distancias con el peronismo respecto de la última elección. Las esquirlas que salpican a Rodríguez Larreta y el distanciamiento de Macri Blanco Villegas con Schiaretti. 

Miauricio Macri Blanco Villegas se tomó unos días para procesar el nuevo escenario político de Córdoba después de las elecciones de Río Cuarto, donde Juntos por el Cambio perdió por seis puntos. Lo hizo el miércoles sin decir una palabra sobre los comicios del domingo pasado. Utilizó su cuenta oficial de twitter para blanquear la desilusión que respira con su amigo, el gobernador cordobés, Juan Schiaretti, que fue un aliado clave para el Gobierno nacional y le permitió el martes por la mañana lograr una ajustadísima votación en Diputados para aprobar la reducción de la coparticipación federal para la ciudad de Buenos Aires.

"Y qué tristeza ver cómo votaron los cuatro diputados cordobeses del PJ, una provincia que siempre fue un ejemplo de respeto, federalismo y autonomía", escribió el fundador del PRO para transmitir el malestar que tiene con Schiaretti. Para el hijo bobo de Franco Macri, el texto que fue aprobado por Diputados, pero con cambios que lo devuelven al Senado, es una quita "por motivaciones políticas partidarias" que contaron con el respaldo del mandatario cordobés. El conflicto entre la CABA y Nación promete escalar en las próximas semanas. Sumará un nuevo reclamo ante la Corte, aunque el máximo tribunal no se expedirá hasta que el Senado confirme los cambios aprobados en la Cámara alta. Hasta que se defina esa tensión jurídica, la disputa será exclusivamente política. Posiblemente conquiste picos de histeria mediática y, por sobre todo, le servirá a Juntos por el Cambio para compactar a sus tribus detrás de una nueva y épica contienda con el peronismo.

Los dardos de Macri Blanco Villegas estuvieron más dirigidos a su propio electorado y a una parte de los votantes del "cordobesismo" que al gobernador provincial. En octubre del año pasado, el ex hijastro de Flavia palmiero alcanzó en Córdoba el 61,31% de los votos en la pelea por su reelección. Alberto Fernández le ganó a nivel nacional, pero en tierra mediterránea cosechó el 29,21% y registró una desventaja de 32,1 puntos. Esa foto sigue fresca en la retina del macrifascismo, de su fundador y es un recuerdo imborrable para los socios del Frente de Todos, pero especialmente para el presidente. Quizás por eso, en medio de la pandemia y de una elección que fue postergada dos veces, la reelección de Juan Manuel Llamosas al frente de Río Cuarto se nacionalizó sobre su cierre y desnudó las tensiones que encerraba. 

Casi un año después del resultado cordobés que morigeró sus frustraciones, Juntos por el Cambio asiste a una nueva derrota, de carácter municipal, en la provincia que le prodigó elogios, votos y se transformó en una de las llaves para su federalización en las elecciones de 2015. Pero las voluntades que concentró Macri Blanco Villegas no han sido transferidas en forma automática al radicalismo, el principal socio de la alianza en Córdoba.

De hecho, la primera batalla que afronta el macrifascismo después de la derrota de octubre pasado fue Río Cuarto. Y quedó en manos del radical Gabriel Abrile, que apostó a contener a todos los sectores de la coalición opositora para reconducir las internas que el año pasado originaron una paradoja hasta ahora irremontable. Macri Blanco Villegas arrastra votos cordobeses, pero sus socios provinciales ni siquiera lograron consensuar un candidato a gobernador que pudiera hacerle sombra a Schiaretti.

Con ese recuerdo tan cercano, cerca de Abrile aseguran que detrás de la derrota sufrida el domingo hay un buen resultado para la coalición opositora. Hace cuatro años Llamosas les ganó por 14 puntos, con una participación del electorado superior al 64%. Esta vez su reelección no superó la mitad, con una convocatoria del 50% del padrón. "Hicimos una muy buena elección porque redujimos la desventaja. Hubo votantes descontentos de Llamosas que en vez de votar en contra eligieron quedarse en su casa", analizó un integrante del comité de campaña de Juntos por el Cambio en la segunda ciudad más importante de la provincia.

En su lectura hubo un voto castigo y un mayor nivel de apoyos que podrían haber desembocado en la victoria de Abrile. Desde el oficialismo reconocen el desgaste de una campaña interminable y de los embates de la pandemia, pero acotan que la reelección de Llamosas lo transformó en el primer intendente justicialista que obtiene una segunda oportunidad en las urnas. Así de difícil es para el peronismo, dicen, retener un bastión tan radical como Río Cuarto, un distrito que no supera los 136.000 electores pero que encierra una importancia estratégica como segunda ciudad en importancia de la provincia.

Para los macrifascistas y radicales que hegemonizan la versión cordobesa de Juntos por el Cambio la "derrota digna" del domingo pasado se explica en los esfuerzos que hicieron para mantener unidos a todos sus sectores internos. En comparación con el año pasado, no hubo internas públicas desembozadas, ni acusaciones cruzadas de sus protagonistas, como las que se dedicaron el actual jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri, y el entonces intendente de Córdoba Capital, Ramón Mestre. Ambos radicales no pudieron consensuar una lista común y en los comicios provinciales de mayo de 2019 sucumbieron ante Schiaretti.

El armado de Abrile buscó curarse en salud de esas heridas abiertas y se mantuvo "independiente" de ambos sectores de la UCR. Con esa rosca ordenada, el candidato apuntó a convocar la unidad de la alianza opositora a nivel nacional y obtuvo apoyos de la beoda titular del PRO, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, y del senador radical, Martín Lousteau. Sin embargo hubo una pieza que tuvo más impacto dentro de Cambiemos que en los votantes de Río Cuarto. Fue el video que grabó el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larrata para pedirle a los lugareños que voten por su candidato radical.

Se desconoce el impacto de la pieza. Si es por los resultados obtenidos su eficacia es discutible, pero dentro de Cambiemos fue una ofrenda para regar la unidad de sus socios. Además le sirvió a Rodríguez Larrata para iniciar sus incursiones en todo el país, con el objetivo de posicionarse como presidenciable. Y, al mismo tiempo, marcarle la cancha a Macri Blanco Villegas en la provincia del interior donde más votos reúne. Para ambos, la pelea recién comienza. Pero pasará a un segundo plano. Por ahora la misión común es reforzar la resistencia por la disputa de la coparticipación federal con la Nación y, aunque les pese, pelearse un poco con Schiaretti, el inesperado artífice de dos reveses simultáneos en 72 horas para Juntos por el Cambio: uno electoral y otro legislativo.

Fuente: nota de Claudio Mardones para Tiempo Argentino

Rechazaron el amparo del juez Castelli para continuar en el tribunal de la causa de las fotocopias de los supuestos cuadernos

Lo desestimó una jueza de primera instancia en base al fallo de la Corte Suprema sobre los casos Bruglia y Bertuzzi. El magistrado puede apelar para que la decisión sea revisada.

La jueza en lo contencioso administrativo federal Macarena Marra Giménez rechazó ayer el amparo que el juez Germán Castelli presentó para que no anule su traslado al Tribunal Oral Federal 7, que tiene a su cargo la causa armada de las fotocopias de los supuestos cuadernos del chofer literato Oscar Centeno.

La situación de Castelli es similar a la de los jueces de la Cámara Federal Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi y los tres llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación con un per saltum. Pero el máximo tribunal resolvió las situaciones de Bruglia y Bertuzzi, distinguió la de Castelli y ordenó que el caso volviera a primera instancia para que allí fuera resuelto.

La Corte dijo que los traslados de Bruglia y Bertuzzi eran válidos pero cuestionó ese mecanismo porque no está previsto en la Constitución Nacional. Dijo que los traslados no son permanentes sino momentáneos hasta que la vacante sea cubierta. En los casos de Bruglia y Bertuzzi, dispuso que continúen en la Cámara Federal hasta que concluya el concurso público de elección de los nuevos jueces, al que los magistrados podrán presentarse. El Consejo de la Magistratura de la Nación ya abrió ese concurso.

La jueza Marra Giménez dijo que el fallo de la Corte se aplica al caso de Castelli y rechazó su amparo. “En atención a la luz de las directrices establecidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente reseñado, que la suscripta debe aplicar (Fallos 25:364 entre otros), de estricta aplicación al caso frente a la realidad jurídica planteada, no cabe más que concluir que la acción de amparo en los términos en los que ha sido planteada, no puede prosperar”, resolvió la magistrada en un fallo de 25 páginas que dictó ayer y al que accedió Currín.

Agregó que su decisión “no privará de validez a los actos procesales cumplidos por los jueces trasladados hasta el momento de la designación definitiva del titular de ese cargo”, por lo que todo lo que resolvió Castelli en el tribunal es válido, y que “deberá convocarse un nuevo y específico concurso para cubrir la vacante referida” en el Tribunal Oral Federal 7.

Castelli puede ahora apelar la resolución para que la revise la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Y cuando resuelva la Cámara, podrá apelar a la Corte Suprema. Mientras dure todo el trámite Castelli podrá continuar en el Tribunal Oral Federal 7 ya que así lo dijo el máximo tribunal cuando resolvió su per saltum.

Castelli, Bruglia y Bertuzzi fueron traslados a tribunales de Inodoro Py por decreto durante el nefasto régimen fascista de Miauricio Macri Blanco Villegas. El Gobierno de Alberto Fernández los revisó y dijo que se habían hecho de manera irregular porque no habían cumplido una serie de requisitos, entre ellos la aprobación del Senado. En total fueron objetados 10 jueces que tuvieron audiencia en el Senado. Pero Castelli, Bruglia y Bertuzzi no se presentaron y el Poder Ejecutivo anuló sus traslados.

Los tres jueces iniciaron acciones judiciales para pedir la inconstitucionalidad del trámite que revisó sus traslados y así llegaron hasta el máximo tribunal. Mientras duró el trámite estuvieron fuera de sus tribunales hasta que regresaron tras el fallo de la Corte.

El juez le otorgó a Luque la eximición de prisión para la figura del “homicidio culposo”

La defensa de Leopoldo Luque amplió la presentación del lunes pasado y realizó un pormenorizado descargo sobre la actuación del médico, deslindó responsabilidades en otros profesiones, en la familia y en el propio Maradona.

El juez de Garantías 2 de San Isidro, Orlando Díaz, aceptó el pedido de eximición de prisión del médico Leopoldo Luque, uno de los dos profesionales que están siendo investigados como posibles responsables de la muerte de Diego Armando Maradona. El magistrado consideró que el pedido es admisible en el marco de homicidio culposo.

Díaz avaló así el planteo que la defensa de Luque había presentado el lunes pasado y que antes de ayer amplió en una presentación en la que realizó un pormenorizado descargo sobre la actuación de su cliente, y deslindó responsabilidades en otros médicos, en la familia y en el propio Maradona.

En el escrito, presentado por Julio Rivas, el neurocirujano insistió en que nunca abandonó al ex jugador, que concurrió "en tres oportunidades" a la casa del country San Andrés, donde Maradona murió el 25 de noviembre pasado, y que "nadie pudo imaginarse que su corazón repentinamente fallara".

“No queremos que se impute una calificación mayor al solo efecto de lograr una detención”, señala el letrado en su presentación, formulada ante el temor de que los fiscales Laura Capra, Cosme Iribarren y Patricio Ferrari agraven la calificación y pidan una detención por “abandono de persona seguida de muerte”. 

En concreto, los fiscales no pidieron aún su arresto. De hecho, Luque no llegó tampoco a ser citado a indagatoria o imputado formalmente. Hasta el momento, solamente se realizaron allanamientos en las casas y consultorios del neurólogo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, los dos presuntos responsables médicos de la internación domiciliaria de Maradona, pero a ellos solo les leyeron los derechos y garantías como posibles imputados y les aclararon que aún no hay elementos para un llamado a indagatoria.

El jueves, el juez que tiene jurisdicción en las causas que tramiten en Tigre, le corrió vista a la fiscalía para que haga la descripción circunstancial y pormenorizada del presunto hecho delictivo que está investigando y para que opte por una calificación penal, es decir, que ponga una carátula.

Capra, Iribarren y Ferrari le contestaron que aún están en una etapa preliminar de la investigación, en plena recolección de prueba y que, por ello, no están en condiciones de definir la plataforma fáctica y menos la calificación.

La carátula de “homicidio culposo” (sin intención), contemplado en el artículo 84 del Código Penal y que prevé una pena de 1 a 5 años de cárcel a quien por imprudencia, negligencia, impericia en su profesión causare a otro la muerte, ya había sido fijada por el propio Díaz cuando el domingo pasado ordenó los allanamientos en la casa y el consultorio de Luque.

Una joven denunció que fue abusada durante una fiesta en la casa alquilada por un jugador de Vélez

Aunque ninguno de los tres fue mencionado como el autor de la agresión, se encontraban presentes en la vivienda los delanteros Juan Martín Lucero y Ricardo Centurión y el mediocampista Thiago Almada.

Una joven de 28 años denunció que fue abusada sexualmente en una casa del country Camino Real, en el partido bonaerense de San Isidro, alquilada por el delantero del club Vélez Sarsfield Juan Martín Lucero, donde se realizaba una fiesta, según informaron fuentes policiales.

Tras la denuncia, personal de la Unidad Fiscal de Género de San Isidro llegó al domicilio, donde tomó declaración a la denunciante junto a dos testigos, agregaron las fuentes. Poco después, la mujer fue trasladada a la comisaría de la Mujer en el partido de la zona norte del conurbano bonaerense.

También se expresó en esa línea la directora del Departamento de Género de Vélez, Paula Ojeda, quien aclaró que los jugadores no estarían "imputados" y por eso no hay por qué "sancionarlos".

"Lamentamos muchísimo el hecho, pero si los jugadores no están involucrados, no hay por qué sancionarlos a los futbolistas", informó.

Hasta el momento, en el expediente se mencionó a una persona de apellido Acuña, que no pertenece al club y que sería un amigo o allegado a uno de los jugadores que participó de la fiesta clandestina.

El caso, caratulado como "abuso sexual agravado y robo", es investigado por la fiscal Laura Zyseskind, a cargo de una Unidad Especializada en Delitos Conexos a la Trata de Personas (como la producción y distribución de imágenes de niñas, niños y adolescentes y la violencia de género) de San Isidro, con la colaboración de personal de investigaciones (DDI) de la policía bonaerense.

En tanto, el plantel de Vélez se entrenó ayer a la mañana en la Villa Olímpica del club, ubicada en el partido bonaerense de Ituzaingó; y por la tarde viajó a la ciudad entrerriana de Paraná donde hoy enfrentará a Patronato por la 6ª y última fecha de la Zona F de la Copa Diego Armando Maradona.

En tanto, la Policía Científica secuestró ropa de cama de varias habitaciones de la vivienda, ubicada en el lote 56 del country Camino Real, que fue alquilada de forma temporaria por el jugador Lucero, de 29 años.

Según consta en la causa, en una de las primeras comunicaciones, la fiscalía recibió como parte del testimonio de la víctima que además del jugador velezano que alquilaba la vivienda, se encontraban presentes otro dos compañeros, el delantero Ricardo Centurión y el mediocampista Thiago Almada.

Si bien ninguno de los tres jugadores fue mencionado como el autor de la agresión sexual, Centurión tiene antecedentes por un hecho similar ocurrido en mayo de 2017 cuando una exnovia lo denunció por violencia de género, por lo que unos meses después fue desvinculado del club Boca Juniors.

Además de este hecho, la víctima y otras jóvenes que la acompañaban también denunciaron que fueron sustraídas sus carteras y pertenencias personales como celulares y billeteras, pero aclararon que los jugadores no estuvieron involucrados en el abuso, aunque sí habrían estado presentes en la vivienda en el momento del hecho.

La palabra del club

Al respecto, el abogado de Vélez Sarsfield, Mariano Lizardo, se presentó ayer al mediodía en la fiscalía de San Isidro y al retirarse dijo que los jugadores "van a ser llamados a declarar", aunque advirtió que "está descartado que sean imputados".

"Seguramente en breve sean citados a declarar, no sé mediante qué forma, pero no hay ningún jugador del plantel ni de inferiores involucrado en el hecho. Desconozco quién es el imputado", agregó el letrado.

Lizardo contó que el club "viene trabajando hace mucho tiempo sobre este tipo de conductas" y reiteró que "por lo que me dijo la fiscal, está descartado que hayan participado ellos (por los jugadores mencionados), quienes ayer (por el jueves) tenían el día libre".

Vélez tiene un protocolo establecido en los contratos de los futbolistas para estos casos, desde que contrató al jugador Centurión, por lo que si se demuestra lo ocurrido, él o los involucrados serían sancionados automáticamente con la rescisión de contrato.

Salió el nº 102 del pasquín derechoso Cabildo y Juramento

Alberto Fernández en el cierre de la Conferencia UIA: “De la pobreza no se sale con el Estado y los planes, se sale con empresarios que inviertan y den trabajo”

El presidente hizo estas declaraciones en Quilmes, durante el cierre de la 26ª Conferencia Industrial, organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA), para debatir los ejes de una agenda federal para la recuperación y el crecimiento.

El presidente Alberto Fernández celebró ayer el hecho de que se sumaron “todos los argentinos” en la misión de “reconstruir un entramado social que estaba absolutamente lastimado” por la pandemia y remarcó que “de la pobreza no se sale con el auxilio de Estado a través de planes, se sale con empresarios que inviertan y den trabajo”.

El jefe de Estado aseguró que en los últimos tres meses “la industria toda se está moviendo” y convocó a que el actual sea “un momento fundacional para hacer otro país”, que deje atrás el debate si Argentina es un país agropecuario o industrial porque “Argentina es un país agropecuario e industrial”.

Fernández hizo estas declaraciones en Quilmes, durante el cierre de la 26ª Conferencia Industrial, organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA), para debatir los ejes de una agenda federal para la recuperación y el crecimiento.

En ese marco, sostuvo que su Gobierno fue “capaz” de “capear el temporal” de la pandemia de coronavirus, al destacar que a lo largo del año pudo “reconstruirse un entramado social que estaba absolutamente quebrado y lastimado”. 

"Seremos recordados por la historia como la generación de la pandemia”, destacó, al tiempo que indicó que ante la irrupción de la pandemia el país estaba “sin hospitales ni camas de terapia intensiva, y el virus nos corría”, pero resaltó que “en medio de semejante crisis logramos dos cosas: que no haya argentinos con hambre y que no haya habido un argentino que no recibiera la atención sanitaria que requirió”.

Tras destacar la colaboración conjunta entre “trabajadores, empresarios y el Estado”, Alberto dijo que “por primera vez en muchos años, la recaudación está por encima de la inflación, la construcción empieza a movilizarse y la industria toda se está moviendo”.

En esa línea, llamó a los empresarios pensar si la opción es que Argentina “se mueva para repetir historias” o si, por el contrario, “este es un momento fundacional para hacer otro país”.

"Argentina tiene que volver al mejor de los capitalismos: ese que se preocupaba por invertir, arriesgar, producir, dar empleo y ganar, y todos esto mejorando la distribución del ingreso”, subrayó.

A su turno el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, señaló que la industria puede y debe dar una respuesta federal que permita superar los dilemas de la Argentina.

“Necesitamos acordar una política de estado que cruce desarrollo territorial con desarrollo productivo. Esta tarea no la resuelven un presidente o un ministro o un gobernador por si solos. Tampoco los empresarios ni los sindicalistas no los medios de comunicación. Es una tarea que requiere acuerdos de largo plazo con una estrategia integral que nos permita salir de la coyuntura y orientar los esfuerzos hacia el desarrollo productivo”, planteó Acevedo.

Según la UCA, el 44,2% de los argentinos son pobres y el desempleo ya llega al 14,2 por ciento: sin la red de protección estatal la pobreza hubiese sido mucho más elevada

El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) estimó que sin las transferencias económicas del Gobierno a los hogares, los números de pobreza e indigencia hubieran ascendido a 53,1 y 27,9 por ciento, respectivamente.

Hay distintas formas de medir la pobreza. La oficial, que cuenta con más consensos a nivel internacional, es hacerlo por nivel de ingresos. De acuerdo a esta medición, la población bajo la línea de pobreza aumentó de 40,8 a 44,2 por ciento y los indigentes pasaron de 8,9 a 10,1 por ciento entre julio y octubre de 2019 y 2020. Desde el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) estimaron que sin las transferencias económicas del Gobierno a los hogares, los números ascenderían a 53,1 y 27,9 por ciento, respectivamente. 

Sin embargo, la medición de pobreza incluye otro tipo de privaciones que van más allá de las monetarias de los ingresos del hogar: entre 2018 y 2019 la población que registra una pobreza estructural multidimensional (en ingresos y en tres o más carencias), aumentó de 21,4 a 27,3 por ciento. "Desde la UCA respetamos y reconocemos que el dato oficial de pobreza es el Indec, pero creemos que la medición de la pobreza por ingreso es necesaria pero insuficiente para evaluar las pobrezas estructurales que tiene la población y los hogares del país", señaló Agustín Salvia, director del Observatorio durante la presentación del informe, y agrega que hay distintas dimensiones que difícilmente pueden ser identificadas por el nivel de ingresos y la UCA intenta abordar. 

Las carencias a las que mide la UCA como no monetarias son manifestaciones asociadas a la pobreza, tales como la inseguridad alimentaria (familias que redujeron involuntariamente la porción de comida), la falta de vivienda digna por vivir en condiciones de hacinamiento o sin inodoro, educación, salud, la discriminación y la falta de un empleo legal y decente, entre otras carencias que no siempre ni necesariamente pueden ser resueltas a través de ingresos.

Más desigualdad

El porcentaje de hogares afectado por al menos una carencia se mantiene estable desde 2016 después del incremento experimentado ese año en el que se pasó de un 64 a un 66 de los hogares afectados. Los hogares en situaciones de mayor vulneración, los que presentaban tres carencias o más se incrementaron en el último año llegando a un 28,5 por ciento en 2020. Esto revela una profundización de las brechas de desigualdad entre hogares y significa un fuerte incremento de la pobreza estructural que, tal como se mencionó anteriormente, pasó de 21,4 a 27,3 por ciento a nivel de la población.

La correlación entre la evolución de las privaciones no monetarias y la pobreza por ingresos, se observa en mayor medida en el análisis a nivel de población y no en hogares, donde influyen más este tipo de características no monetarias. 

En general los indicadores basados en carencia por derechos no fueron sensibles al impacto covid porque miden situaciones más estructurales, por lo que su efecto estará en el mediano o lago plazo. Sin embargo, algunos aspectos a destacar en la evolución interanual de las carencias no monetarias es el salto de 9,3 a 10,4 por ciento de las personas que tuvieron que reducir su porción de alimento o sufrieron hambre en repetidas ocasiones. La dificultad de acceso a la atención médica aumentó poco porque porque hubo crisis de oferta: de hecho se redujo el porcentaje de personas que no podían acceder a los medicamentos (en 2019 eran el 23,6 por ciento de las personas encuestadas y en 2020 el número bajó a 21,8 por ciento). Asimismo, hubo una reducción del déficit de la vivienda digna de 26,2 a 24,2 por ciento de la población "por la construcción de viviendas precarias y por autoconstrucción gracias al confinamiento", explicó Salvio. 

Empleo

Entre 2019 y 2020 en gran parte por el efecto de la pandemia y de la cuarentena, disminuyó la participación de la población en el mercado de trabajo y la cantidad de puestos de trabajo disponibles. La tasa de desocupación se incrementó de 10,6 a 14,2 por ciento.

Además, la UCA registró un cambio en la calidad de empleo en el período, que también afectó más a los más vulnerables. El 74,1 por ciento de la personas con empleo pleno en 2019 pudo sostener su trabajo en iguales condiciones en 2020, aunque un 18,6 por ciento consiguieron un empleo precario y el 6,1 por ciento quedó desempleado. 

De aquellos que tenían un empleo precario en 2019, la mitad siguió manteniendo esa modalidad, mientras que un 14 por ciento quedó desempleada (el doble que los que contaban con empleo pleno), y un 24 por ciento consiguió un empleo pleno. Los números duelen más en el caso del impacto de la pandemia en los desempleados en 2019: el 26,5 por ciento mantuvo su condición, un tercio consiguió un empleo precario, otro tercio changas y apenas el 7,6 por ciento consiguieron un empleo pleno. 

La clásica: pobreza por ingresos

Bajo el escenario de crisis, las capacidades monetarias de los hogares experimentaron un deterioro con efectos regresivos sobre la pobreza y la indigencia. El nuevo escenario paralizó aún más la inversión, los consumos y la demanda de empleo en la economía formal, a la vez que frenó toda expectativa de reactivación, afectando especialmente a la pequeña y mediana empresa, profundizando la relación entre informalidad económica, pobreza y exclusión social.

Según los datos de la EDSA Agenda para la Equidad, entre julio y octubre de 2020 se estima que el 7,3 por ciento de los hogares y 10 por ciento de las personas son indigentes: se trata de los valores más altos de la década. La tasa de pobreza fue de 34,9 por ciento en hogares y 44,2 en personas, también el registro más alto observado en la actual década. 

La pobreza monetaria concentra sus efectos en la población localizada en el conurbano bonaerense y que pertenecen a hogares del estrato trabajador marginal, de niveles socio económicos muy bajo, conducidos por personas que afrontan coyunturas de desocupación o subempleo. Además, la presencia de niñas/os en el hogar se asocia con factores estructurales que también refuerzan la caída en la pobreza o la indigencia. 

Alcance de las ayudas económicas

"La mayor parte de las medidas de gobierno adoptadas buscaron reducir los efectos de la parálisis económica, sin las cuales la situación social habría sido más grave. Sin embargo, cabe destacar que no hay posibilidades de cambiar la situación estructuralmente crítica que afecta a los sectores más vulnerables si no es a través de la puesta en marcha un plan de reactivación del mercado interno, tanto formal como informal", asegura el informe que calculó que el 55,5 por ciento de las personas recibe ayuda económica del Estado, más de diez puntos porcentuales por encima de 2019 que eran 43,8 por ciento. 

Si no hubiesen existido estas ayudas, la UCA calcula que la tasa de pobreza hubiese sido de 53,1 por ciento en vez del 44,2 por ciento observado en personas: y la indigencia de 27,9 por ciento en vez del 10 por ciento.