Así surge de los estudios que difundirá la semana próxima la Universidad Católica, según reveló el operador periodístico del régimen macrifascista Marcelo Bobonelli.
La pobreza aumentó un 5% durante el tercer trimestre del año y ya supera el 33%, Así surge de los estudios que difundirá la semana próxima la Universidad Católica, según reveló el periodista ultraoficialista Marcelo Bobonelli.
Mugrizio Macri Blanco Villegas, había afirmado durante los primeros meses de su gestión que su tarea al frente del país debía ser juzgada teniendo en cuenta si bajó o subió la pobreza. Por el momento, los datos son muy adversos y complican su slogan para la reelección.
Según el pasquín envuelve huevos Clarín, "la abrupta suba obedece a dos cuestiones centrales: la aceleración del proceso inflacionario y la caída fuerte de la actividad formal e informal".
"Es un informe técnico y riguroso que anticipa -con precisión- los datos semestrales que elabora el INDEC. Jorge Todesca dará las cifras en el otoño, al comienzo de campaña electoral", agregó.
La Universidad Católica Argentina mide en forma trimestral; mientras que el INDEC lo hace de manera semestral. Pero ambas mediciones mostrarán un fuerte aumento de la pobreza.
Para las consultoras, la ex presidenta se mantiene arriba con una leve diferencia mientras el retrasado mental no mejora su imagen pese al G20.
El escenario electoral para el 2019 muestra una clara polarización entre Mugrizio Macri Blanco Villegas y la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner, aunque la balanza se inclina hacia la senadora nacional de Unidad Ciudadana.
Según reveló el portal ultraoficialista Clarín, los sondeos de M&R - Query, Ricardo Rouvier & Asociados, CIGP y Circuitos marcan una tendencia que se repite desde el 2015 que es un escenario polarizado y se ratifica una tendencia de los últimos meses: una leve suba en la intención de voto de la ex presidenta.
Además, las encuestas muestran que el tercer candidato que quiere instalar el Peronismo Federal no toma fuerza y es comido por la polarización.
En la consultora, M&R / Query relevó 1.224 casos a nivel nacional e indicó que “la imagen y la evaluación de la gestión del gobierno de Macri se recuperó en diciembre respecto a octubre, mes en el que había registrado el nivel más bajo desde que asumió la Presidencia de la Nación". Como así también, “reflejó una ligera mejora” la valoración de la situación económica personal.
Asimismo, indica que "la evaluación de los distintos escenarios de primera vuelta y de balotaje muestra a Macri y a CFK dentro del denominado 'empate técnico', y la proporción de indecisos está en torno a 30% del electorado" y la tercera opción peronista está en un “escalón más abajo”. Para la consultora, el escenario electoral está sujeto a cómo evolucione la economía.
En tanto, para Ricardo Rouvier & Asociados relevó 1.350 casos a nivel nacional entre el 2 de noviembre y el 3 de diciembre. En sus resultados finales, habla de efecto positivo del G20 para el ex hijastro de Flavia Palmiero aunque marca una “caída paulatina” del pelotudo durante noviembre.
La imagen positiva de MacriBlanco Villegas se ubicó en 39,2% mientras que la opinión negativa es de 57,3%, mientras que “las expectativas sobre un mejoramiento de la economía se mantienen estables pero muy bajas cercanas del 21%”.
En el escenario electoral, un 60% del electorado se divide entre el voto a la ex presidenta y al hijo bobo de Franco Macri, mientras el vende humo Sergio Massa capta hoy al 10% del electorado.
La senadora de Unidad Ciudadana se ubica primera y crece un poco más de dos puntos, mientras que Macri se mantiene estable con respecto a octubre. En un escenario de balotaje, Cristina y el Subnormal siguen en una marcada paridad.
Para la consultora Circuitos midió la provincia de Buenos Aires y relevó más de 900 casos entre el 21 y 24 de noviembre. En sus conclusiones, registra una suba sostenida de la opinión negativa sobre la situación actual del país como así también en las "expectativas económicas para los próximos meses": pasaron de 52% en marzo de este año a 61,8% en noviembre.
En el escenario de cara a las elecciones 2019 en la provincia de Buenos Aires, el kirchnerismo puntea con el 30,8%, seguido por la alianza de derecha Cambiemos con el 28,6%. En tanto, el PJ Federal figura tercero 9,7% y la Izquierda cuarto con el 5,8%.
Por último, CIGP relevó cerca de 1.200 casos y arrojó como conclusión que en una primera vuelta existe una ventaja que es mínima para Macri Blanco Villegas pero con una caída en la intención de voto. Del otro lado, se registra una suba de la ex mandataria en noviembre que ubica a Cristina un par de puntos arriba.
El juez federal de Ushuaia Federico Calvete imputó a los uniformados por torturas y abusos a soldados que en 1982 participaron del conflicto bélico con Gran Bretaña por la soberanía de las Islas Malvinas.
El juez aceptó la solicitud presentada en mayo por el fiscal federal de Río Grande, Marcelo Rapoport. De esta forma, 18 de los 95 militares denunciados deben dar explicaciones ante la Justicia Federal, a 11 años del inicio de la causa y 36 de la finalización de la guerra.
“El llamado a prestar declaración indagatoria constituye un verdadero punto de inflexión. Por primera vez en más de una década, los denunciados estarán frente a frente con el juez y se les expondrán los delitos de los que los acusa”, señaló Jerónimo Guerrero Iraola, abogado del Centro de Ex Combatientes de La Plata (CECIM), querellante en el expediente que busca determinar si las torturas sufridas por los soldados deben ser consideradas delitos de lesa humanidad.
El secretario de Derechos Humanos del Cecim, Ernesto Alonso, celebró la decisión y consideró que es una forma de “alimentar la esperanza de consagrar la verdad y la justicia” para con los ex combatientes “que fueron víctimas de los abusos cometidos por sus superiores” durante la guerra.
A pesar de que la Corte Suprema ratificó la decisión de instancias judiciales anteriores sobre la prescriptibilidad de los delitos, la investigación persiste luego de que se presentaran nuevas denuncias y la Cámara de Comodoro Rivadavia decidiera dar curso a la calificación de delitos de lesa humanidad.
El presidente de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo, sostuvo que el 2018 fue "muy malo" pero advirtió que la organización empresaria está "más que preocupada" por el año próximo.
"Hay una baja generalizada de la industria en el último semestre, no hay sector que se haya salvado del parate. El año es muy malo y la perspectiva para el siguiente nos tiene más que preocupados", sostuvo el dirigente empresario.
Según los últimos datos del INDEC, la producción industrial cayó en octubre un 6,8 por ciento, el sexto mes consecutivo de baja. Así, la actividad manufacturera acumuló una contracción del 2,5 por ciento entre enero y octubre de este año respecto de igual período de 2017.
En declaraciones radiales, Acevedo recordó que la UIA elaboró "una serie de medidas para entregar al gobierno" que apuntan a revertir la crítica situación del sector. Para graficar el panorama actual de la industria, el empresario comentó que "las cadenas de pagos están muy estresadas. La mayoría de las empresas está (produciendo) al 60 por ciento de su capacidad. No se ganan mercados por inversión sino por retiro de otros del mercado".
"Esto es una rueda. No puede estar el dólar subvaluado pero tampoco los ingresos (salariales) tienen que estar muy por debajo de la inflación", enfatizó. Por ese motivo, llamó a reactivar el mercado interno vía "bono (a cuenta de las paritarias) o sueldos".
"No es que las empresas no quieran dar aumentos. Darán lo que se pueda dar a fin de año. Si al empresario nacional le decís hacia dónde va a ir, habrá inversión. Si no, vendrá la inversión extranjera y especulativa", subrayó.
En otro orden, Acevedo reconoció que la causa de los cuadernos "va a impactar en la economía, porque son muchísimas las empresas (involucradas)”.
El titular de la UIA, por último, afirmó que aunque los procesamientos no implican que los acusados estén condenados, “la mayoría de las entidades empresarias están revisando sus códigos de ética”.
"Nosotros no hacemos marketing, concretamos hechos", lanzó la intendenta en una crítica a la gestión de Vidal.
La intendenta Verónica Magario anunció un bono de fin de año de 18 mil pesos para los empleados municipales de La Matanza y apuntó contra las políticas de Mugrizio Macri Blanco Villegas y María Eugenia Vidal. "Nosotros no hacemos marketing", lanzó.
El anuncio lo hizo durante un recorrido por las instalaciones del Hospital Municipal Teresa Germani de Laferrere, donde explicó que se trata de un bono de carácter remunerativo, a pagarse en tres cuotas.
"Vinimos a informar que este es un hecho concreto, porque nosotros no hacemos anuncios, no hacemos marketing. Nosotros concretamos hechos reales de gobierno", lanzó la intendenta, apuntando contra la gestión de la alianza de derecha Cambiemos.
Magario resaltó además que eligió hacer el anuncio en este "hospital modelo de Laferrere" porque es "un símbolo de lo que se puede lograr cuando se gobierna para todos los vecinos y vecinas, sin hacer distinciones".
"Ese es el mismo criterio que aplicamos para la entrega de este bono que van a recibir los que trabajan en salud, los administrativos, ordenanzas, los técnicos, los trabajadores de las áreas de servicios públicos, a los trabajadores de los jardines. Todos nuestros empleados recibirán este reconocimiento, porque nuestros empleados municipales ponen una vocación profunda en lo que hacen", explicó Magario.
Acompañada por Fernando Espinoza, la intendenta opinó que la Argentina vive "tiempos muy difíciles" y por eso contó que la primera cuota ya fue pagada en noviembre, a la que le seguirá una en diciembre y la tercera en enero.
Espinoza elogió la atención y la calidad de las instalaciones del hospital, que fue pensado en la gestión de Alberto Balestrini y ejecutado durante su gestión como intendente.
"Yo siento un orgullo muy grande como vecino de La Matanza porque este bono de 18 mil pesos es el bono más importante que se entrega a los trabajadores a lo largo y ancho de la Argentina", afirmó.
Hace tiempo ya que la promesa de Mugrizio Macri Blanco Villegas de que los asalariados no pagarían el Impuesto a las Ganancias quedó archivada en el arcón de las mentiras de campaña. La actualización del mínimo no imponible para 2019, 28,3 por ciento, aunque es superior a las paritarias más bajas, quedó muy por debajo de la inflación.
El mínimo no imponible de Ganancias será el año próximo de 38.301,85 pesos de salario de bolsillo neto para solteros y de 50.667,76 pesos para casados con dos hijos. Estos montos reflejan un aumento de 28,29 por ciento de los pisos actuales, el cual se desprende de la actualización anual a octubre del Índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).
La actualización del mínimo se ubicará al menos 20 puntos por debajo de la inflación estimada para el cierre de este año, que será cercana al 50 por ciento, e impactará principalmente en aquellos pocos sectores en los que las paritarias lograron romper el techo del 30 por ciento, como los trabajadores comercio, bancarios, camioneros y químicos, entre otros.
En estos casos se espera que haya un aumento en la cantidad de empleados alcanzados por el impuesto, pero se compensaría con una disminución de aquellos que tuvieron una paritaria inferior y los trabajadores despedidos.
“Los que lograron compensar algo de la pérdida de poder adquisitivo este año, esa recomposición ahora se la lleva Ganancias”, señaló Hernán Letcher, titular del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Desde que asumió la alianza de derecha Cambiemos la cantidad de trabajadores en relación de dependencia que paga Ganancias creció 53 por ciento hasta los 1.638.433 empleados.
Cada vez más lejos de la promesa de campaña de que ningún trabajador pagará Ganancias por su salario, el régimen macrifascista logró en tres años duplicar la cantidad de asalariados en relación en dependencia alcanzados por este impuesto. En 2015 tributaron por Ganancias en total 1.071.734 trabajadores en relación de dependencia, mientras que al año siguiente esa cifra aumentó a 1.366.902 y en 2017 volvió a crecer hasta 1.757.008.
“Las cifras a octubre evidencian que 1.939.994 contribuyentes pagan Ganancias, de los cuales 1.638.433 corresponden a trabajadores en relación de dependencia, lo que representa un aumento de 566.699 respecto de hace tres años”, explicó Adrián Caneto, ex director de Negociación Colectiva del Ministerio de Trabajo.
La cantidad total de contribuyentes alcanzados fue de 750.652 personas (había 1.189.342 en 2015), según el informe que presentó el jefe de Gabinete, Marcos Peña Braun Menéndez, en el Senado el año pasado. El resultado de tres años de macrifascismo es que el porcentaje de empleados que pasó a pagar este impuesto se elevó del 13 a 20 por ciento sobre el total de los trabajadores formales. “Siempre tuvimos como iniciativa establecer un corte en el universo de empleados registrados para que el porcentaje de los trabajadores que paguen Ganancias no supere el 10 por ciento”, agregó Caneto.
El año próximo comenzará a regir la actualización del mínimo no imponible a partir de un ajuste del 28,29 por ciento del RIPTE. Ese indicador se utiliza para actualizar una vez por año el mínimo no imponible y las deducciones del impuesto a las Ganancias del año siguiente. La Secretaría de Seguridad Social actualizó el jueves su informe con el dato correspondiente a octubre, que arrojó una mejora mensual de 5,2 por ciento y de 28,29 en términos interanuales. Con este dato se computa el piso de Ganancias, que pasará para un soltero o soltera sin hijos de los 29.855,68 pesos actuales a 38.301,85 (46.146 pesos de ingreso bruto) desde enero. En el caso de casados con dos hijos el mínimo se traslada de 39.494,71 a 50.667.76 pesos (61.046 en términos brutos). En ambos casos incluyendo el proporcional del salario complementario anual o aguinaldo. También se computan otros cobros adicionales, como el bono de fin de año.
El cálculo se basa en que el mínimo de todo el año pasará de 388.123,88 pesos de este año a 497.924 pesos en 2019, sobre lo que se podrán aplicar las deducciones que aumenten ese piso. Para cada hijo menor de 18 años la deducción aumenta de 31.461 a 40.361 pesos anuales. La deducción por cónyuge pasará a 80.034 pesos, siempre que no cuente con un ingreso anual superior a 85.848 en todo el año (6603 pesos por trece meses contando aguinaldo). En el caso de los autónomos, este año tributan a partir de los ingresos que superan los 200.753 pesos y pasará a 257.546 a partir de enero del año próximo.
El impacto de la acotada suba del piso a partir del cual un contribuyente es alcanzado por el impuesto recaerá principalmente en aquellos sectores que lograron una mejor recomposición de sus ingresos frente a una inflación que rondará el 50 por ciento. El promedio de los salarios del sector registrado acumula en los últimos doce meses un aumento de 24,4 por ciento medido a septiembre, como consecuencia del incremento de 25,3 del sector privado registrado y de 23 del sector público, según el informe del INDEC.
“No va a haber grandes cambios en el número. Probablemente el RIPTE tenga una variación un poco por encima respecto de los aumentos de salarios que se den en el marco de la renegociación de algunas paritarias pero va a ser marginal”, señaló Letcher.
Los sindicatos se declararon en estado de alerta y movilización. Lo hicieron tras denunciar la intransigencia de la empresa en la discusión paritaria y advertir que la gestión de Luis Malvido bloquea cualquier oportunidad de diálogo o acuerdo.
Los gremios aeronáuticos denunciaron una postura intransigente de la gerencia de Aerolíneas Argentinas respecto de la discusión paritaria y acusan a la gestión de Luis Malvido, titular de la empresa, de fogonear el conflicto. El frente gremial aeronáutico se reunió con directivos de la línea de bandera para resolver el conflicto que escaló en las últimas semanas luego de que Aerolíneas decidiera suspender a un grupo de empleados que realizó asambleas el 8 de noviembre para reclamar por la activación de la cláusula gatillo pactada en la paritaria.
Esta semana Malvido les había asegurado que no estaba en los planes del régimen macrifascista privatizar Aerolíneas y Austral, algo sobre lo que los gremios alertan hace dos años por la contracción del negocio y la cesión de espacio a manos de aerolíneas low cost. "Los funcionarios de turno constantemente fuerzan situaciones e interpretaciones que fomentan el conflicto, e indefectiblemente hacen fracasar cualquier oportunidad de diálogo o acuerdo", denunció el frente gremial, que se declaró en "estado de alerta y movilización".
El conflicto se inició con el reclamo de los trabajadores por la decisión de la empresa de no pagar la cláusula gatillo del acuerdo paritario de 2017, por la que los sueldos de octubre debieron haber tenido un aumento del 6,5 por ciento. Aerolíneas Argentinas no liquidó esa recomposición alegando que la cláusula había vencido el 30 de septiembre. Los empleados realizaron una serie de asambleas que la empresa castigó con suspensiones de hasta 15 días sin goce de sueldo. Actualmente, según señalan los gremios, continúa sin reconocer su vigencia, pero accede a destrabar la situación haciendo una propuesta de pago.
En medio de esta escalada de conflicto, en la cual distintos funcionarios pusieron en el centro de la discusión el costo en subsidios y la situación de supuesta bancarrota de la empresa, la dirección de Aerolíneas continuó esta semana con el plan desgaste. En un insólito comunicado difundido el jueves aseguró que "como consecuencia de las medidas de fuerza realizadas por los diferentes gremios aeronáuticos, la compañía transportó en noviembre un 12 por ciento menos de pasajeros que el mismo mes de 2017, con una puntualidad que se ubicó por debajo de las cifras medias del año".
No se registran muchos antecedentes donde una empresa promocione el empeoramiento de sus indicadores, aunque le atribuya la responsabilidad a los gremios. No obstante, según el Departamento de Estadística de Navegación Aérea Argentina, la pérdida de mercado de Aerolíneas va más allá de lo ocurrido durante el último paro. En noviembre perdió 30 puntos de cuota de mercado en vuelos internacionales en términos interanuales y 9 puntos en cabotaje a manos de firmas low cost.
El lunes Malvido recibió a los dirigentes de los seis sindicatos de la línea de bandera, a los que aseguró que AA no va a ser privatizada y, por el contrario, "va a agrandarse". El directivo aseguro que la paritaria 2018-2019 deberá discutirse con modificaciones en el marco laboral "que hacen a la productividad".
Ayer continuó la reunión con las áreas técnicas correspondientes y con los gremios. "El Área de Relaciones Laborales adoptó una postura intransigente y contraria a lo conversado previamente, forzando al fracaso la instancia de negociación", informó en el comunicado el frente gremial.
"Las propuestas que nos trajeron los nuevos operadores de la empresa se parecen más a una reforma laboral que a otra cosa", sostuvo Carlos Stasiuk, quien contó que de los 3300 trabajadores que eran antes de que se decretara la quiebra ahora pasaron a ser 2100.
Tras una nueva represión que tuvo lugar el jueves, Carlos Stasiuk, trabajador de Cresta Roja, se refirió ayer a la situación de la empresa avícola y a las promesas incumplidas por parte de los reímenes fascistas nacional y bonaerense.
"Parece que Macri, Bullrich y Vidal nos odian. Cada vez que reclamamos nos reprimen", sentenció en declaraciones a FM La Patriada.
"Ayer (por antes de ayer) recibimos una nueva represión de este gobierno, una más, mientras nosotros estábamos reclamando que nos reincorporen a nuestros puestos de trabajo y lo único que recibimos fue violencia", agregó.
"En 2015 Vidal nos había dicho que éramos el modelo del trabajador y ahora no paran de reprimirnos. Era todo mentira", continuó.
Además, explicó que "de los 3300 empleados que trabajaban en la empresa antes de que se decretara la quiebra y después de la famosa reactivación del presidente y de la gobernadora Vidal, ahora somos 2100".
"Las propuestas que nos trajeron los nuevos operadores de la empresa se parecen más a una reforma laboral que a otra cosa. Proponen reducir aún más los puestos de trabajo, rebajas salariales y demás promesas que nunca cumplen", concluyó.
Ante la falta de inversión por parte del régimen fascista bonaerense, el gremio se reunirá con la empresa bolivariana PVSA para negociar un acuerdo que permita culminar los dos buques petroleros que ese país encargó.
Las trabajadoras y los trabajadores del Astillero Río Santiago (ARS) de la ciudad de Ensenada continúan en lucha contra los intentos de vaciamiento del régimen fascista bonaerense de María Eugenia Vidal.
Mientras la Nación gasta fortunas en comprar lanchas y naves militares a Israel y Francia - que prodrían producirse en ARS-, el gremio viajará a Venezuela a buscar financiamiento para terminar los buques petroleros que encargó el ex presidente bolivariano, Hugo Chávez.
Representantes sindicales viajarán la semana próxima para intentar negociar un acuerdo con la empresa Petróleos de Venezuela (PVSA) que les permita culminar los dos barcos: el Eva Perón, que está casi terminado, y el Juana Azurduy, en proceso de construcción.
La decisión se tomó luego de que la administración de Vidal no invirtiera en insumos para culminar los buques y no destrabara créditos del Banco Provincia para finalizarlos y enfrentar producciones futuras.
Mientras las y los obreros lograron este viernes cerrar el acuerdo paritario 2018 y se mueven para conservar sus fuentes de trabajo, los comentarios displicentes sobre la empresa estatal siguen a la orden del día entre los funcionarios de la alianza de derecha Cambiemos.
Esta semana se difundieron dichos del titular del Puerto La Plata, Mariano Penas, habló de flexibilizar el trabajo y consideró que el Astillero está “anclado en el pasado”.
Lejos de proponer inversión para remodelarlo, Penas elaboró un proyecto para que la compañía se dedique a “producir molinos de viento” ya que considera que “las energías sustentables son el futuro”. Nada más alejado del deseo de la comunidad astillera: construir y mantener barcos para fortalecer la soberanía marítima nacional.
Diputados nacionales de distintos bloques le pidieron a la Procuraduría Contra la Violencia Institucional que “adopte una postura institucional y jurídica” frente al protocolo que habilita el gatillo fácil. Remarcaron la “abierta inconstitucionalidad” del decreto y su “desprecio por la vida humana”.
A través de una dura declaración contra la reglamentación del Ministerio de Seguridad que legaliza el gatillo fácil, una veintena de diputados nacionales de distintos bloques le pidieron a la Procuraduría Contra la Violencia Institucional (Procuvin) que “adopte una postura institucional y jurídica” sobre esa medida para que ningún fiscal federal o nacional justifique un caso de violencia policial que pretenda ampararse en esa normativa.
El pedido dirigido al titular de esa dependencia, Andrés Heim, cuestiona a la “desafortunada resolución” 956/2018 impulsada por Patricia Bullrich Luro Pueyrredón por su “abierta inconstitucionalidad” y “desprecio por la vida humana”. Puntualiza que esa medida deja “en manos de las fuerzas de seguridad la posibilidad de aplicar la pena de muerte, sin siquiera juicio previo” y la rechaza porque va en contra “de la Constitución nacional y los tratados internacionales de derechos humanos” a los que adhirió la Argentina.
Los legisladores nacionales de la oposición le pidieron a la Procuvin “que adopte una postura institucional y jurídica respecto del Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego” a fin de que “todos los fiscales federales y nacionales del organismo se abstengan de considerar” que cualquier acción de las fuerzas de seguridad que apele a esa norma “pueda entenderse amparada por la legítima defensa o el cumplimiento del deber”.
“Deviene imprescriptible que la Procuraduría” emita un pronunciamiento que “se erija como referencia para todo el sistema de administración de justicia penal federal”, puntualizó la nota firmada, por las diputadas Nilda Garré, Victoria Donda, Lucila De Ponti, María Emilia Soria, Cristina Álvarez Rodríguez, Romina del Pla, Gabriela Cerruti, Mónica Macha y Nathalia González.
También firmaron los diputados José Luis Gioja, Agustín Rossi, Daniel Arroyo, Adrián Grana, Leonardo Grosso, Horacio Pietragalla y "Wado" de Pedro, entre otros.
El diputado del PRO defendió el protocolo de uso de armas de la dipsómana ministra de Seguridad Patricia Bullrich Luro Puetrredón y criticó a su compañera de interbloque de la alianza de derecha Cambiemos Elisa Carrió.
El presidente de la Comisión de Legislación General, Daniel Lipovetzky, defendió la doctrina Bullrich Luro Pueyrredón que estableció un nuevo protocolo de uso de armas para las fuerzas de Seguridad federales y cuestionó a la desquiciada líder de la Coalición Cínica, Elisa Carrió, quien pidió que el tema tenga un debate parlamentario.
"El protocolo no es muy diferente a lo que ya existe hace muchos años, que es la posibilidad de uso de arma de fuego en caso de que haya una situación de peligro inminente", sostuvo el dirigente del PRO.
"Yo quiero que la Policía me cuide y para eso tiene que tener de alguna manera facultades para intervenir en casos excepcionales", agregó en declaraciones a la AM 530 Somos Radio.
En referencia a los dichos de su compañera de interbloque en Cambiemos, quien había afirmado que "la reglamentación para fuerzas de seguridad dictada por la ministra Bullrich viola los derechos humanos fundamentales", Lipovetzky sostuvo que "no comparto las declaraciones de 'Lilita'. Es parte de una coalición gobernante en la que cada partido político tiene una visión que puede no ser la misma en algunos puntos".
"No creo que ella piense que este gobierno es fascista. Siempre uno prefiere que este tipo de debates se dé puertas adentro antes que en una red social", concluyó.
Hace apenas un año, el vendedor de autos devenido en ministro de Transporte destacó a Andes como un “paradigma” de su promocionada “revolución de los aviones”. Pero producto de la devaluación la empresa ya anunció un achique del 40 por ciento. Ayer hubo paro de pilotos porque solo les depositaron el 15 por ciento de sus sueldos.
Los pilotos de Andes Líneas Aéreas paralizaron ayer siete vuelos de la empresa en reclamo del pago de sus salarios, luego de que la compañía pagara solo 15 por ciento de los sueldos. Hace apenas un año, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, había destacado a Andes como un “paradigma” de su promocionada “revolución de los aviones”.
La empresa aerocomercial anunció el 23 de octubre que se reducirá en un 40 por ciento en los próximos meses, con un plan de despidos de empleados, devolución de aviones y cancelación de rutas. Bernardo Racedo Aragón, gerente Comercial de la firma, planteó que la “reestructuración” del plan de negocios responde a modificaciones que se han registrado en el mercado aerocomercial argentino en los últimos meses, con el impacto de la crisis cambiaria y económica.
"Teníamos una flota y una estructura pensada para nueve aviones y pasamos a una para cinco aviones: 40 por ciento menos de gente, 40 por ciento menos de estructura, 40 por ciento de achique de empresa", simplificó el gerente.
Hace apenas un año la firma había anunciado con bombos y platillos la adquisición de un nuevo Boeing 737-800. Fue en Ezeiza y con la presencia del ministro Dietrich. Allí el funcionario habló sobre su “revolución de los aviones”, que consiste especialmente en el ingreso de firmas low cost al mercado aéreo argentino.
“El camino de la transformación de la industria y el crecimiento de la aerolínea fueron dos procesos que se retroalimentaron”, dijo entonces Dietrich y aseguró que “venimos de un país donde no se invertía y no había innovación, y Andes se volvió un paradigma de ese gran cambio”.
El paradigma de Dietrich finalmente quedó atrapado en la crisis desatada por el régimen macrifascista con la megadevaluación de mitad de año y hoy la compañía depositó solo el 15 por ciento de los sueldos, por lo que los pilotos realizaron un paro entre las 6 y las 9.30.
"Los pilotos de Andes Líneas Aéreas levantaron la retención de tareas iniciada por el pago incompleto de los haberes", comunicó la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA). El sindicato aseguró que seguirá "llevando adelante los reclamos y el plan de lucha con las medidas que sean necesarias para que la empresa cumpla con sus obligaciones laborales básicas".
Un puente ferroviario que cruzaba el Río Colorado, en la provincia de Salta, cedió ayer a la mañana mientras pasaba un tren del Belgrano Cargas. Es la segunda vez que esa misma estructura, reinaugurada y celebrada el año pasado por el Ministerio de Transporte, se desploma ante la crecida del río.
Al menos cinco de los 13 vagones que transportaban azúcar desde el ingenio San Martín del Tabacal hacia la localidad de Pichanal se desplomaron al agua. El maquinista, Eduardo Aranda, logró desenganchar la locomotora y salió ileso el accidente.
El mismo puente de la localidad de Pichanal, que había sido rehabilitado en agosto pasado tras su primer derrumbe en marzo de 2015, cayó hoy en cuestión de minutos. No fue la primera vez que lo hizo.
“Este puente ya había tenido inconvenientes en 2015, debido a una crecida del río, que había socavado las bases”, recordó el titular de la Unidad Ferroviaria de Salta, Marcelo Lazarte. Lo que ocurrió ayer a la mañana, agregó, fue que cedió la estructura donde va montada la vía del tren.
El funcionario aclaró que todavía se desconocen "los motivos técnicos de este inconveniente", que se conocerán cuando se completen los peritajes correspondientes.
Puntualizó, además, que el puente en cuestión se encuentra bajo la órbita del Estado nacional, a través de la empresa Belgrano Cargas y la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF), que es la encargada de controlar su estructura.
"Queremos que sea él, pero no podemos perder más tiempo", afirmaron desde el entorno de la gobernadora fascista bonaerense.
María Eugenia Vidal sabe que debe mejorar la performance de la alianza de derecha Cambiemos en La Matanza en 2019. Por eso, la gobernadora fascista había definido instalar al ministro Alejandro Finocchiaro como la carta fuerte para dar la batalla en aquel bastión peronista.
Lo que al principio había sido una decisión que entusiasmaba en la interna, ahora genera cierta preocupación. Es que en el oficialismo creen que el funcionario se alejó del municipio para resolver cuestiones de gestión -tiene una agenda intensa en la cartera de Educación nacional- y reconocen que no logran hacer mella en el municipio donde gobierna la peronista Verónica Magario aliada a Fernando Espinoza.
"No tenemos plan B, el candidato es Finocchiaro", aseguraron desde el círculo íntimo de "Heidi". El contexto de crisis obligó hace unos meses a repensar la estrategia para encarar este municipio, pero finalmente en la cúpula del PRO definieron que no hay otro candidato posible. Sin embargo, la frase contrasta con lo que responden desde el entorno del ministro, donde afirman que aún "no hay candidaturas definidas" y que su foco está puesto en "que los chicos aprendan más y mejor".
Si bien en Cambiemos lo justifican al entender que no puede tener mucha presencia en el distrito porque se lo demanda la gestión, también comienzan a reconocer que la situación genera malestar porque no barajan otro candidato y existe una suerte de agujero en uno de los distritos en los que siempre arrasó Cristina Fernández de Kirchner.
"Está borrado y lo entendemos, esta semana ni siquiera estuvo en el país porque lo mandaron a Bruselas. Tenía un ministerio y ahora le pusieron dos más a cargo. No podés estar recibiendo a Trump y visitando Villa Celina al mismo tiempo", razonó una fuente de Cambiemos con llegada a la gobernadora. La frase también se entiende como un reclamo a Nación para que le den al ministro mayores licencias en 2019 si les interesa ganar el distrito.
En Cambiemos saben que el tiempo se agota y que no será fácil instalar a un dirigente en la "quinta provincia" donde nunca lograron tener un candidato propio y las últimas dos boletas las encabezó Miguel Saredi, un aliado peronista ya bastante alejado de la alianza de derecha gobernante.
"En las últimas semanas charlamos del tema y dijimos que lo vamos a intimar. Le vamos a decir que debe dedicarse a La Matanza definitivamente con ganas de ser intendente o dar un paso al costado. De verdad lo queremos a él como candidato pero necesitamos que esté más", explican en Cambiemos y no descartan que esta semana haya una charla para "intimar" al ministro de Educación de Mugrizio Macri Blanco Villegas a tomar una decisión.
En ese sentido, aclaran que "no hace falta que deje de ser ministro" y que tiene un buen equipo de trabajo encabezado por el diputado Hernán Berisso, pero necesitan que él "esté más en persona", porque se supone que debería ser "la cabeza de ese armado".
Mientras tanto, admiten que Magario mide bien en el distrito y se quejan de las últimas medidas. Es que la intendenta sorprendió ayer con un bono de $18 mil para los empleados municipales de La Matanza, una cifra mucho mayor a la que dieron en otros municipios de Cambiemos (ver nota aparte en esta misma edición).
"No llega a los más humildes ni soluciona los problemas estructurales de La Matanza", dicen desde el oficialismo bonaerense y remarcan que el bono es una "cifra menor" cuando tienen 7331 empleados municipales registrados en el municipio más grande del conurbano.
El gobernador rionegrino coquetea con el PJ Federal y esta semana estuvo en la Rosada. Busca apoyo para que la Justicia lo habilite.
La Casa Rosada está delineando la estrategia electoral 2019 para las provincias y uno de los objetivos es cerrar un gran acuerdo con Miguel Ángel Pichotto y Alberto Weretilneck para que éste último pueda ir por la re-reelección y evite un triunfo de Martín Soria, aliado al kirchnerismo, en Río Negro.
El gobernador rionegrino apuesta a una controvertida interpretación constitucional que le permita ir por un tercer mandato, argumentando que en el primero de ellos fue electo como vice del fallecido Carlos Soria.
La oposición sostiene que la norma provincial no tiene grises y es clara respecto a que no puede volver a presentarse, aunque Weretilneck apuesta a la negociación política para que la Corte Suprema le abra la puerta.
En ese sentido, espera contar con la influencia que pueden ejercer en el máximo tribunal tanto el régimen fascista nacional como el senador sorete Pichotto. En la provincia descuentan que el Tribunal Superior lo habilitaría ya que el mandatario tiene una mayoría consolidada.
En la Rosada no ven con malos ojos la posibilidad de cerrar un acuerdo con Weretilneck para llevarlo como candidato y apuestan a sumar a Pichotto, que tiene una buena relación con el gobernador de su provincia. El jefe de los senadores peronistas está fuertemente enfrentado a Soria, aunque formalmente todavía se mantiene en el PJ de Río Negro que controla el intendente de General Roca.
La carta con la que juega Weretilneck es que todas las encuestas demuestran que es el único dirigente con números para pelearle mano a mano una elección a Soria, que aparece como favorito. El año pasado su hermana Maria Emilia ganó la legislativa con el 49 por ciento de los votos. En esa elección, el gobernador ya hizo un acuerdo con la Rosada y bajó su lista después de las PASO para evitar que la división con el PRO le deje los dos diputados en disputa al FPV.
Weretilneck estuvo esta semana en la Casa Rosada, donde reconocen que están tratando de hacer un acuerdo con él y también admiten que si no se juntan lo más probable es que Soria y el kirchnerismo se queden con la gobernación. En el régimen dicen que Macri Blanco Villegas estaría de acuerdo con cerrar esa alianza.
Uno de los problemas es que no todos los dirigentes del PRO rionegrino estarían de acuerdo con cerrar el acuerdo. El diputado Sergio Wisky, que ya se lanzó a la pelea por la gobernación, rechazó públicamente un tercer mandato de Weretilneck y se descuenta que se opone al acuerdo. En cambio, menos dura sería la postura del intendente de Cipolletti, Aníbal Tortoriello, otros de los que aspira a encabezar la boleta.
Mientras negocia con el régimen, Weretilneck también coquetea con sumarse al bloque de gobernadores "Argentina Federal", lo que confirmaría el cierre del acuerdo con Pichotto. El rionegrino se menciona como uno de los próximos en sumarse a la foto y estaría en el acto de lanzamiento del 19 de diciembre en Costa Salguero. Antes, la semana próxima, Pichotto visitaría Bariloche junto a Massa y Urtubey, y nadie descarta que se sume el mandatario.
Días atrás, Weretilneck reconoció "la posibilidad de participar" en el próximo encuentro. "Lo hemos hablado muy por arriba" con Pichotto, pero "es una posibilidad", agregó el rionegrino. "Hay vínculos personales de hace muchos años con Pichetto por su vínculo nacional con la provincia, con Sergio Massa, con Juan Manuel Urtubey y con los gobernadores", argumentó.
El coqueteo con el peronismo federal apunta también a desgastar a Soria, que en los últimos meses se cuida de no pegarle a Pichotto para evitar una ruptura en el peronismo. Pero los legisladores provinciales que responden al jefe de los senadores del PJ ya dieron muestra del acercamiento a Weretilneck y acaban de votarle el Presupuesto y la derogación de las PASO, rechazada por el FPV.
Soria ya se había fastidiado con Urtubey cuando visitó la provincia y se mostró sonriente con Weretilneck. El intendente de Roca sabe que uno de los grandes factores de riesgo para su proyecto es que Pichetto le arme una línea interna y divida el voto del peronismo. En el pichottismo, en tanto, justifican su distancia con Soria por su acuerdo con La Cámpora y sectores del progresismo, como la senadora Odarda.
El jueves a la noche, la cámara baja dio media sanción al proyecto que favorece a Clarín. Quiénes fueron los opositores que votaron a favor.
La Cámara de Diputados aprobó anteanoche en sesión extraordinaria un proyecto de ley que libera el precio del papel prensa.
Para lograr la aprobación, el régimen contó con el voto del PRO, el radicalismo, los aliados y parte del Justicialismo.
La iniciativa, a medida de Clarín y La Nazión, permite liberar el precio del insumo y abre la puerta a la competencia desleal.
Se trata de una propuesta, presentada por el sorete justicialista Diego Bobossio, que deroga ocho artículos clave de la ley 26.736 que regula la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y papel de diarios sancionada en 2011.
Entre los opositores, los diputados que votaron a favor aparecen Graciela Camaño, Marco Lavagna, Eduardo Bucca, Alejandro Grandinetti y Pablo Kosiner, entre otros.
Esa ley declaraba de interés público la producción de papel prensa y garantizaba el acceso a ese insumo a un precio único, y regulado a través de una fórmula de actualización.
La iniciativa de Bobossio, aprobada con 127 votos a favor, 66 en contra y tres abstenciones, va en sentido inverso ya que elimina los controles y fomenta la importación de la pasta celulosa.
La tabacalera Marlboro decidió invertir en el mercado del cannabis con la compra del 45 por ciento de Cronos Group, una firma canadiense dedicada a la marihuana medicinal y recreativa. Así lo anunció Altria, la dueña de Marlboro. La inversión es de alrededor de 2400 millones de dólares.
A su vez, Cronos informó que Marlboro desembolsará otros 1400 millones por garantías que, en caso de ser ejercidas, le darían a la tabacalera el 55 por ciento de participación en la empresa orientada al cannabis. Las acciones de Cronos subieron un 31 por ciento luego del anuncio formal.
A comienzos de la semana, Cronos había informado que estaba en conversaciones con la casa matriz de Altria, con sede en Richmond, Virginia. Altria es la casa matriz de Philip Morris, uno de cuyos productos es Marlboro, y es el mayor productor de cigarrillos en el mundo.
Este año, Canadá legalizó el uso recreativo de la marihuana y en varios estados de Estados Unidos la normativa va en ese sentido. Una empresa canadiense de marihuana medicinal, Tilray Inc. comenzó a cotizar en bolsa en Estados Unidos y llegó a tener un valor de mercado de 10 mil millones de dólares.
Ya hubo antecedentes del ingreso de Marlboro al mercado del cannabis. Constellation Brands Inc., dueña de la cerveza Corona, entre otros productos, se asoció a Growth Corp., uno de los principales productores de marihuana en Canadá, y su participación llegó al 38 por ciento.
El mercado de consumidores de cannabis tiene un enorme potencial. Según la empresa de inversiones Arcwiew Market Research, se esperan ingresos de hasta 57 mil millones de dólares en el mundo dentro de una década en el mercado del cannabis legal. Los consumidores norteamericanos gastaron 9200 millones el año pasado; para 2027 la cifra podría saltar a 47.300 millones.
Miles de estudiantes secundarios se movilizaron por las calles de París para respaldar las demandas de los chalecos amarillos y rechazar la controvertida detención de 151 alumnos ocurrida antes de ayer en la localidad de Mantes-la-Jolie. "¡Macron, dimisión!; ¡Macron, dimisión!", fue el cántico que entonaron durante la marcha, que estuvo rodeada por un fuerte operativo policial.
La denuncia pública por la detención masiva de estudiantes tuvo lugar en la Plaza de la República, en París, cuando varias decenas de jóvenes se arrodillaron y pusieron sus manos en la cabeza, tal como la policía francesa había forzado a los estudiantes del suburbio del oeste de la capital francesa.
Es la primera vez que los secundarios marchan por el centro de la capital de Francia, una movilización que estuvo precedida por otras en distintas ciudades del país desde el lunes pasado, cuando comenzaron las tomas de diferentes colegios en solidaridad con los chalecos amarillos y en rechazo a las reformas que el gobierno de Macron anunció en el sistema educativo.
Los estudiantes exigen que se dé marcha atrás con la reforma del bachillerato y del ingreso a la universidad impulsadas por el oficialismo. "Esperamos que nos escuchen y que anulen las reformas anunciadas", dijo a AFP Jeanne, una estudiante de último año del instituto Jean-Jaurès en Montreuil, un suburbio parisino.
Natacha, una profesora que se declara en huelga, afirmó que su deber es estar "junto a los jóvenes" y añadió que "hay un clima insurreccional, es el momento de expresar nuestras reivindicaciones".
La convocatoria de ayer y la prevista para hoy proliferaron en las redes sociales, despertando los temores de las autoridades de que se repitan los enfrentamientos entre policías y manifestantes que dieron la vuelta al mundo el fin de semana pasado.
La Torre Eiffel, la Ópera y una decena de museos de la capital, incluyendo el Grand Palais, el Louvre y Las Catacumbas, no abrirán al público. Los cierres preventivos, sin embargo, no se limitarán a la capital. En Burdeos (oeste), donde también se produjeron choques violentos la semana pasada, la alcaldía anunció el cierre de otra decena de museos en prevención de enfrentamientos.
Los organismos de derechos humanos plantearon sus críticas al nuevo reglamento lanzado por la ministra de Seguridad, que habilita a la policía a disparar sin dar la voz de alto. Human Rights Watch (HRW)cuestionó que el decreto viola y cita con "ambigüedades" principios de la ONU, mientras Amnistía recordó que la prioridad debe ser siempre "la protección de la vida de las personas".
Human Rights Watch y Amnistía Internacional se sumaron a los repudios a la resolución de la dipsómana ministra Patricia Bullrich Luro Pueyrredón que amplía y flexibiliza el uso de las armas de fuego por parte de los agentes de las fuerzas de seguridad. Con la interna desatada dentro de la alianza de derecha Cambiemos por el protocolo que da mayores facultades a los policías para disparar cuando haya “riesgo inminente”, las dos organizaciones de derechos humanos internacionales salieron a cruzar duramente el decreto. Para HRW, el DNU “podría permitir que las fuerzas de seguridad usen sus armas con una enorme discrecionalidad”, mientras que Amnistía alertó que el texto “viola compromisos internacionales de derechos humanos adquiridos por Argentina”.
Nombrando y arrobando a la beoda titular de la cartera de Seguridad con nombre y apellido, el director de HRW para América, José Miguel Vivanco, advirtió en Twitter que su resolución “cita elegantemente los principios de la ONU sobre empleo de la fuerza” a pesar de que “está plagado de vacíos y ambigüedades que podrían permitir que las fuerzas de seguridad usen sus armas con una enorme discrecionalidad”.
Vivanco se refirió a los apartados de la Resolución 956/2018 en los que se toman disposiciones del organismo para poner bajo un manto de legalidad al decreto que habilita a policías y demás agentes a disparar, hasta por la espalda y sin dar la voz de alto, cuando se considere que exista un “riesgo inminente”. La ex montonera entregadora de compañeros menciona a la ONU, al asegurar que el texto de la medida, que no fue sometida a la votación del Congreso, atiende las recomendaciones del Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley adoptado por la ONU del 17 de diciembre de 1979. Contrario a lo que se sostiene en el decreto, esa resolución de la ONU establece, entre otras cosas que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, “utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego” y que podrán hacer uso de las mismas “solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto”.
Amnistía Internacional, por su lado, exhortó al Ministerio “a revisar” la resolución porque “representa una violación a los principios internacionales de derechos humanos que Argentina ha suscrito y que comprometen la responsabilidad internacional del Estado”.
“Llama la atención que en el texto de la Resolución no exista ninguna referencia a la obligación de las fuerzas de seguridad de tomar todas las medidas preventivas necesarias para evitar la pérdida de vidas, tal como expresan los Principios Básicos Sobre el Empleo de la Fuerza y Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley”, aseguran en un comunicado al citar nuevamente el mismo apartado que HRW consideró mal utilizado en la norma oficial.
Puntualmente, Amnistía se mostró preocupado porque la nueva reglamentación amplía las situaciones que son caracterizadas como de “peligro inminente” a supuestos hasta ahora no contemplados. “Es inadmisible que se habilite a un funcionario policial a presumir que un individuo está armado por el solo hecho de que otro integrante de un grupo de personas porte un arma y, con esto, justificar el uso del arma letal contra todos ellos cuando además no exista una amenaza inminente; o que incluso se habilite a usar el arma de fuego en supuestos en los que las personas no tengan un arma letal”, señalaron.
También repudiaron que se legitime el precedente que habilita el uso de armas de fuego para detener a una persona que se dé a la fuga. “De acuerdo al derecho internacional, el mero hecho de que una persona eluda la detención o escape cuando está bajo custodia, nunca justifica el uso de un arma de fuego. Solo podrá emplearse el arma letal cuando su huida represente una amenaza grave y continua para la vida de otras personas (como ser que en su huida el agresor siga abriendo fuego)”, insistieron.
“Conforme al derecho internacional, los Estados deben brindar todas las garantías constitucionales y de derechos humanos a sus ciudadanos. La protección de la vida de las personas es el paradigma que debe priorizarse”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
El comisario general Roberto Ayala afirmó estar en "total desacuerdo" con el reglamento de la beoda ministra de Seguridad y adelantó que en esa provincia no están dispuestos a adherir a su implementación. "Podemos usar el arma en caso de que haya un riesgo inminente, pero no ante una fuga y mucho menos para disparar por la espalda", manifestó.
El jefe de la policía de La Pampa, Roberto Ayala, se pronunció en duros términos contra la resolución del Ministerio de Seguridad que flexibiliza el uso de armas de fuego por parte de la policía. En ese sentido, Ayala afirmó que rechazaron sumarse a la implementación del Protocolo pergeñado por Patricia Bullrich Luro Pueyrredón.
“Nación nos consultó si vamos a adherir. No lo vamos a hacer. Nosotros no enseñamos a nuestros policías a disparar por la espalda”, afirmó el comisario al portal pampeano Diario Textual.
“El uso del arma no es que esté prohibida en la Policía. De hecho le damos un arma. Solo establecemos que se puede usar pero en sentido racional: preservar la vida por sobre todos los casos”, agregó el funcionario policial.
“Lo que hizo Nación es un reglamento que se ha implementado para el uso de las armas de fuego en las fuerzas federales", aclaró.
En cuanto al protocolo de intervención operativo que rige en La Pampa, Ayala señaló que “el policía puede hacer uso de su arma de fuego en lo que se contempla como legítima defensa. Para eso es el arma de fuego que se le entrega al policía”.
Al respecto, manifestó que está "en total desacuerdo con algunos aspectos que no se condicen con nuestra norma. Por ejemplo, el que indica que se puede efectuar un disparo o hacer uso de arma de fuego en caso de que se dé a la fuga. Nosotros podemos usar el arma en caso de que haya un riesgo inminente para sí o para terceros, pero no ante una fuga. Y mucho menos disparar por la espalda o disparar cuando no lleva un arma”.
En ese sentido, Ayala relató una experiencia reciente ocurrida en La Pampa para dejar sentada su postura sobre el accionar policial ante la delincuencia: “Hace unos días, el Grupo Especial de Operaciones (GEO) tuvo una intervención en Santa Rosa, donde dos (efectivos) fueron anulados por disparos de arma de fuego y los tres restantes se reagruparon, irrumpieron en una habitación y, al advertir que el morador había descartado el arma, no hizo falta usar sus armas. Esto es lo rescatable y lo que debe prevalecer. Siempre resguardar la vida. Es verdad que esa persona hirió gravemente a dos policías, pero resalto el accionar de ese personal que tuvo la templanza necesaria de no efectuar disparos”, concluyó el jefe policial.
El proyecto que amplia el uso de las armas de fuego por parte de los agentes de las fuerzas de seguridad sigue recibiendo duras críticas entre referentes de la oposición.
La diputada y ex ministra de Defensa Nilda Garré calificó el nuevo protocolo pergeñado por la beoda Patricia Bullrich Luro Pueyrredón como “una insensatez” ya que contribuirá a “incrementar la violencia”. En tanto, para la diputada Mónica Macha, el nuevo reglamento representa "una pena de muerte encubierta".
"Es terrible, una insensatez, una audacia inconcebible y que implica desconocer la legislación vigente. La ministra Bullrich con esta resolución autoriza a matar por la espalda, a matar a una persona que huye", manifestó Garré.
Según la ex funcionaria, “no es necesario que se mate” a quienes realizan arrebatos, como el robo de celulares o motochorros que arrancan carteras, puso de ejemplo. “Eso agrega más violencia a la violencia que ya tenemos", añadió en declaraciones a radio Legislativa.
Garré consideró que la aplicación de la nueva reglamentación, que habilita a los efectivos policiales a disparar por la espalda y hasta sin dar la voz de alto, coloca a los agentes policiales en un "gravísimo riesgo" ya que los jueces podrían procesarlos por exceso en el uso de la fuerza.
"Los policías saben que pueden ser condenados si ejercen este permiso que les da la ministra. Saben que están actuando contra la ley", señaló.
"Saben que cuando a los militares los manipularon para exterminar subversivos, muchos después terminaron pagando esos delitos de lesa humanidad. Con penas de prisión, juzgados por tribunales legales, pero fueron condenados", agregó.
Por su parte, la diputada del Frente para la Victoria Mónica Macha, quien presentó un proyecto de ley en contra del nuevo reglamento y solicitó su anulación, aseguró que "de todos modos, no estaría tan claro que no se pueda implementar".
"Es un despropósito en términos constitucionalistas, además de lo que podemos pensar políticamente, y el riesgo que significa para la población. Presentamos el proyecto y pedimos que se anule esa resolución", indicó.
Según Macha, lo más preocupante de la resolución fue la aceptación social, “no generó un rechazo masivo”. Su proyecto toma parte de los artículos del protocolo de la ONU, al que adhiere la Argentina, para asegurar que la nueva reglamentación no se transforme en “una pena de muerte encubierta”.
“Es como una pena de muerte encubierta porque por robar un bien material esa persona pierde la vida sin ningún tipo de resguardo para su proceso judicial", criticó.
La dirigente social a la que Mugrizio Macri Blanco Villegas utiliza para hacerle creer a la gilada que le importanlos pobres, criticó el nuevo protocolo de uso de armas por parte de las Fuerzas Federales y sostuvo que "es preocupante".
Margarita Barrientos, se refirió a la reglamentación elucubrada por la dipsómana Patricia Bullrich Luro Pueyrredón sobre el uso de armas de fuego por parte de las Fuerzas de Seguridad y reconoció que la nueva doctrina "es preocupante porque uno sabe a quién le van a terminar disparando”.
En declaraciones a la AM 530 Somos Radio, Barrientos fue contundente al señalar que "la mano dura no soluciona nada, sobre todo en los barrios humildes".
"Habría que analizar muy bien la doctrina Bullrich, creo que no hay que salir a decir que la Policia puede tirarle a cualquiera”, agregó.
Además, expresó que "la situación social está realmente mal” y agregó que "estamos sirviendo 2700 platos de comida por día y no alcanza, se sigue incrementando la cantidad de gente que viene a mi comedor".
"Hay muchas necesidades, la situación está mal. Falta trabajo y no hay ventas", expresó Barrientos y añadió que “ha sido un año muy duro. Si no hubiera comedor no sé dónde se alimentaría la gente”.
"No me sorprende que tengamos estos números de pobreza, porque el presidente recibió un país difícil”, concluyó la pelotuda.
Casi el 60% de la sociedad de mierda argentina respalda la doctrina de la borracha hija de puta, que tiene 40% de imagen positiva.
Una encuesta de Management & Fit reveló que el "protocolo Chocobar" de la dipsómana ministra Patricia Bullrich Bullrich Luro Pueyrredón tiene el respaldo de una sólida mayoría, aunque también un número alto cree que se trata de una medida electoralista por parte del régimen macrifascista.
El trabajo de la consultora se hizo apenas conocido el nuevo reglamento que habilita a las fuerzas federales a usar armas letales sin necesidad de dar voz en algo o agresión directa previa.
La nueva doctrina generó un fuerte rechazo incluso en sectores de la alianza de derecha Cambiemos como por ejemplo, la desquiciada Elisa Carrió.
La sospecha generalizada en el ambiente político es que se trata de una estrategia electoral del régimen de girar hacia un discurso de derecha dura, envalentonado por la irrupción de Bolsonaro en Brasil o fenómenos como el de Vox en España. Aunque los analistas no creen que pueda traerle grandes réditos.
En ese sentido es interesante el muestro realizado por la consultora que conduce Mariel Fornoni. Casi el 60 por ciento de los consultados por M&F dicen estar "muy de acuerdo" (37,4%) o "algo de acuerdo" (21,8%) con que las fuerzas de seguridad puedan disparar sin dar la voz de alto o sin que el delincuente dispare previamente. Casi el 40 por ciento está "algo en desacuerdo" (9,9%) o "muy en desacuerdo" (29,7%).
Lo notable es que también una amplia mayoría considera que se trata de una medida impulsada por el régimen fascista en búsqueda de un rédito electoral. El 61,9 por ciento dijo que cree que esa es la finalidad de la Casa Rosada, mientras que el 38,1% no lo considera así. Además, casi el 30% cree que esto beneficiará al oficialismo y un 25% por el contrario cree que lo perjudicará.
Por último, el sondeo midió los niveles de adhesión de Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, a quien en el macrifascismo analizan llevar como candidata a vicepresidenta del ex hijastro de Flavia Palmiero en 2019, una posibilidad que el retrasado mental alimentó con sus elogios públicos a su accionar durante la cumbre del G20 y su respaldo frente a los ataques de Carrió.
En ese sentido, la encuesta muestra que la gestión de la ex montonera entregadora de compañeros tiene un respaldo del 40 por ciento, dividido casi en partes iguales entre las que la ven "muy bien" y quienes la ven "bien". En cambio, algo más de un 45 por ciento evalúa mal el trabajo de la ministra ("mal" un 21,4% y "muy mal" un 24%).
El sondeo también confirma que el mayor potencial de la borracha hija de puta es que su actuación en el ministerio es valorada sobretodo por el electorado del PRO. Coincide con el análisis de la polítologa Celia Kleiman, que consideró que estas medidas del régimen apuntan a fortalecer su núcleo duro
Las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora iniciaron la 38ª Marcha de la Resistencia junto a organizaciones políticas, sociales y sindicales. Además de las reivindicaciones tradicionales, reclamaron contra la violencia institucional.
"Resistencia. Así se llama esta marcha porque resistir es la parte de nuestra lucha que mejor nos sale". La definición pertenece a la entrañable Nora Cortiñas y la ensayó ayer, debajo de uno de los gazebos que los organismos de derechos humanos instalaron en la Plaza de Mayo para resguardar, de vuelta en vuelta, a las Madres de Plaza de Mayo de la Línea Fundadora durante las horas que duró la nueva edición de la Marcha de la Resistencia, la número 38. A diferencia de otros años, en ésta el ritual fue un poco más corto -duró ocho horas- y como otros, contó con la participación de agrupaciones sociales, familiares de víctimas de violencia institucional y autoconvocados.
Como cada jueves, la Pirámide de la Plaza de Mayo esperaba la ronda de los pañuelos blancos, que llegaron más temprano. Es que las Madres de la Línea Fundadora comenzaron a caminar desde el mediodía para celebrar la edición 38ª de su Marcha de la Resistencia.
"Resistimos entonces a los embates de la dictadura, de los represores que nos negaron el paradero de nuestros hijos, que los asesinaron. Resistimos luego la impunidad. Y resistimos ahora este plan de ajuste criminal y la represión con la que solo puede llegar a ser puesto en marcha. Resistir vamos a resistir siempre porque es lo que mejor sabemos hacer, es la parte de nuestra lucha que mejor nos sale", amplió Cortiñas.
Su pañuelo blanco le cubría las canas del sol que, a escasas horas de caminata, le había puesto la cara como un tomate. Sin cambiar de sonrisa se sacó varias fotos con quien se lo pidió y abandonó el gazebo para retomar la ronda del brazo de su hijo Marcelo. Mirta Baravalle y algunas otras madres se mantuvieron a la sombra "hasta que baje un poco el sol". as de esos 30 mil. "Es una manera más de que estén acá con nosotros", definieron desde la organización.
Un grupo de jóvenes pintaron un pañuelo blanco gigante sobre el piso de la Plaza en el ingreso desde Defensa. Allí dentro, las personas que se acercaban a la ronda fueron sumando nombres "por los que este pueblo resistió y resiste": Roberto, Gloria, María, María Marta, Reinaldo, Kevin. Desaparecidos en dictadura. Víctimas de gatillo fácil.
Para cuando culminó la breve entrevista que ofreció en la radio abierta, había que repoblar las rondas en torno a la Pirámide. "Vamos que se arma la ronda, vamos que se arma la ronda", convocó Gabriela, militante de la Gremial de Abogados y amiga de las vueltas de las madres cada jueves "desde que tengo memoria". Todos la conocen como la "Chiqui" aunque sobrepase el metro 70. "Los 30 mil siempre están presentes en las rondas que damos con las madres, pero en la Marcha de la Resistencia el mensaje es más amplio: se resiste a un sistema que oprime, que castiga al pueblo de las más diversas maneras. Y por eso estamos acá, para demostrar el pueblo que nos levantamos cada vez", apostó.
A media tarde llegaron la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; los referentes de Familiares de Desaparecidos Detenidos por Razones Políticas; y algunos pañuelos blancos más, como los de Vera Jarach, Enriqueta Maroni y Taty Almeida, quien consideró que "más que nunca hay que hacer esta marcha porque es una manera de seguir resistiendo la medidas que está tomando este gobierno, que a diario está violando los derechos humanos. Como nunca hay que estar fuerte y unidos".
Fue entonces que la ronda se mostró contundente, con la bandera de la Línea Fundadora y, detrás, las de Hijos, Correpi y los banderines en los que La Poderosa imprimió nombres y fotos de víctimas de Gendarmería, Prefectura y Policía.
Desde la radio abierta que acompañó la marcha, Sergio Maldonado agradeció que le dejaran escribir el nombre de su hermano, Santiago.
"No hace falta contar toda la historia de cómo desapareció Santiago porque quienes están acá nos acompañan desde el principio", acotó antes de reiterar la información que junto al resto de la familia del joven compartió el miércoles en una conferencia de prensa: que apelarán el fallo del juez que cerró la causa sin ningún responsable identificado por la desaparición ni la muerte "cuando no debiera haberlo hecho".
Cortiñas interrumpió las vueltas a la Pirámide para acercarse al escenario y escuchar a Sergio. La gente que marchaba detrás de ella la siguió y el tumulto llama al tumulto. Allí, mezclado, también oía Alberto Santillán, el padre de Darío, uno de los dos jóvenes asesinados por la Policía Bonaerense en 2002 durante una protesta en Avellaneda.
"Todos los familiares de víctimas de violencia institucional sentimos lo mismo cuando vemos a las Madres: son esa lucecita que nos guía en una lucha que no elegimos pero que no podemos no dar", concluyó Maldonado.
Desde temprano acompañaron José Schulman y Graciela Rosemblum, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre; Genoveva Ares y Carmen, su mamá, militantes de Monte Grande, y Cristina Comandé, sobreviviente del centro clandestino Puente 12. Cada hora que se cumplió de marcha se saludó con un "30 mil compañeros detenidos desaparecidos ¡Presentes! ¡Ahora y siempre!".
La pobreza aumentó un 5% durante el tercer trimestre del año y ya supera el 33%, Así surge de los estudios que difundirá la semana próxima la Universidad Católica, según reveló el periodista ultraoficialista Marcelo Bobonelli.
