A pesar de que el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, y la gobernadora fascista María Eugenia Vidal se mantuvieron en completo silencio frente a la mayor masacre en comisarías de la historia, la Auditoría de Asuntos Internos decidió desafectar a los cinco policías que prestaban funciones en la comisaría 3ª de Esteban Echeverría, la noche del 15 de noviembre, cuando murieron 9 detenidos en las celdas que tenían una orden judicial de clausura.
"Este reconocimiento del propio Estado provincial abre la posibilidad de indagar sobre las condiciones materiales previas en que se encontraba esta dependencia policial", destacó la Comisión Provincial por la Memoria.
La decisión de licenciar a los 5 efectivos de la Bonaerense que aquella noche se burlaron de los 12 detenidos que pedían auxilio y habrían cerrado la llave de paso del agua, según denunció la CPM, se da en el marco del sumario abierto por la auditoría interna del propio Ministerio de Seguridad bonaerense.
La medida es de carácter cautelar, lo que no implica la expulsión de la fuerza, y alcanza al subcomisario Jesús David Muñoz, la oficial inspectora Edith Giselle Juárez, el oficial subayudante Emilio Adolfo Caña, el sargento Daniel Calderón, y el oficial Eric Alexander Blanco. La decisión administrativa es un dato relevante para la causa investigada en el juzgado de garantías Nº 2 de Esteban Echeverría, a cargo de Javier Maffucci Moore.
"Esta resolución significa un avance importante que pone a la actuación policial en el centro del debate sobre las responsabilidades por los hechos ocurridos esa madrugada", subrayó el CPM, que representa a las familias de las víctimas, y exigió "una investigación urgente que establezca las responsabilidades materiales y funcionales". El organismo de derechos humanos había relatado que los oficiales ahora licenciados, mientras los detenidos solicitaban auxilio, se habían burlado gritándoles "van a morir como las ratas que son".
Juan Carlos Fernández, Jorge Ramírez, Eduardo Ocampo, Juan Lavarda, Walter Barrios, Elias Soto, Miguel Angel Sánchez, Jeremías Rodríguez y Carlos Corvera fueron los nueve detenidos que fallecieron aquella noche y en los días posteriores, a causa de las graves heridas sufridas durante el incendio, con el que un grupo de los 12 detenidos intentaron reclamar por una mejora en las condiciones de encierro. Todos estaban ilegalmente detenidos en la celda de la comisaría, que en total alojaba a 27 personas, a pesar de la orden judicial de clausura obviada por el Ejecutivo bonaerense.
"Este reconocimiento del propio Estado provincial abre la posibilidad de indagar sobre las condiciones materiales previas en que se encontraba esta dependencia policial, que a pesar de haber sido clausurada por la justicia, seguía alojando detenidos", señaló el CPM, que lleva años denuncia la ilegalidad de las detenciones en comisaría bonaerenses y las pésimas condiciones de detención del sistema carcelario.
"Las nueve víctimas, sus familias y todas las personas que padecen cotidianamente las condiciones de encierro en la provincia de Buenos Aires exigen justicia", insiste el comunicado y anticipa que el próximo sábado 15 se realizará un acto junto a los familiares en la plaza de Esteban Echeverría al cumplirse un mes de la masacre.
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