Fernando Gray denunció que le vinieron dos millones en la tarifa de luz a un hospital de Esteban Echeverría

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, denunció que al hospital municipal llegó una boleta de luz por dos millones de pesos y que fue a la Justicia a reclamar porque no se puede pagar. 

"Veníamos pagando 15 mil pesos años atrás y era muy bajo, la verdad. Después pasamos a 120 mil y luego a 2 millones de pesos", señaló el jefe comunal.

Para Gray “no hay una explicación lógica y razonable” y manifestó que “esto que nos está pasando no lo tenía presupuestado porque nunca me imaginé pagar un mes 2 millones de pesos de energía eléctrica". 

Además, extendió su crítica por el tarifazo a otros sectores, al señalar que "también le está ocurriendo a los comercios" del distrito, adonde llegaron facturas "arriba de los cien mil pesos de luz", algo “realmente insostenible”.

Sobre la acción judicial, Gray, quien además preside el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, destacó que "lo que hemos hecho es iniciar el trámite administrativo, agotar ese trámite y a partir de ahí estamos recurriendo a la Justicia". 

Precisó que “hemos hecho dos tipos de amparo. Por un lado, uno colectivo, de todos los intendentes del Justicialismo de la provincia de Buenos Aires”. Mientras que hay un amparo particular “por mi municipio porque no puedo pagar ni el alumbrado que me está llegando ni las tarifas de energía".

Gray aseguró que una "situación similar se está dando con las tarifas de gas y agua" y que “en el conurbano, estamos pagando tarifas más altas, más importantes que en la Capital Federal". En su opinión, faltan inversiones. Mientras, “estamos pagando tarifas internacionales".

Murió otro de los detenidos en la comisaría y la masacre de Echeverría ya suma 10 víctimas fatales

Fernando Martín Arguello, de 33 años, es la décima víctima fatal de la masacre de la Comisaría 3ª de Esteban Echeverría, la más grave ocurrida en la historia de país. 

La muerte de Fernando se produjo el martes en el Hospital Eva Perón de Lanús, donde estaba internado desde la madrugada del 15 de noviembre. El sábado se cumplirá un mes de la masacre sin que el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, ni la gobernadora María Eugenia Vidal se pronuncian al respecto. Fernando estaba ilegalmente detenido por un delito simple como el de tenencia de estupefacientes. Otros dos sobrevivientes continúan con tratamientos ambulatorios para tratar las lesiones producidas por el incendio. 

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) -que el viernes pasado solicitó una ampliación de medidas cautelares ante la CIDH ante la grave situación de las comisarías bonaerenses- lamentó el silencio que mantiene el gobierno bonaerense, a pesar de que "la responsabilidad del Estado está clara: la comisaría tenía seis resoluciones judiciales de prohibición para alojar personas, todas incumplidas por el Ministerio de Seguridad". La comisión, que representa a los familiares de las víctimas, resaltó que la Comisaria 3ª de Transradio tampoco contaba con "la red de prevención de incendio, ni colchones ignífugos y los dos matafuegos tenían las cargas vencidas".

Arguello estaba alojado en la comisaría 3ª desde el 25 de octubre. Llevaba veinte días privado de su libertad en la madrugada del incendio. La orden de detención, que en una comisaría no puede superar los 4 días, estaba a cargo de la comisaría 1ª de Monte Grande por un delito menor como el de tenencia de estupefacientes para comercialización. La acusación contra Arguello es similar a la que tenían otros de los detenidos, todos ellos detenidos de forma ilegal en celdas con siete órdenes de clausura. Seis dictadas por la Justicia, la primera en el año 2011, y una por resolución Ministerio de Seguridad bonaerense.

La responsabilidad del Estado en la causa que investiga en el juzgado de garantías Nº 2 de Esteban Echeverría, a cargo de Javier Maffucci Moore, quedó de manifiesto la semana pasada, cuando la propia Auditoría de asuntos internos del Ministerio de Seguridad desafectó a los cinco policías que prestaban funciones en la comisaría aquella madrugada.

A pesar del grado de responsabilidad estatal, Ritondo y Vidal aún no se pronunciaron sobre la masacre y ayer a la mañana participaron junto a la beoda ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, del 138º aniversario de la creación de la Policía bonaerense, donde la mandataria fascista bonaerense prometió "construir una policía de la provincia de la que todos nos sintamos orgullosos". 

"Esta masacre también fue producto del hacinamiento, las condiciones inhumanas de detención y la falta elementos de seguridad: la comisaría no contaba con colchones ignífugos, sistema de prevención de incendios, plan de contingencia ni matafuegos adecuados para apagar el fuego. Los dos matafuegos existentes se encontraban vencidos y tenían colchones de goma espuma, prohibidos por ser altamente inflamables y tóxicos", denunció el CPM en un comunicado. 

La situación de las comisarías bonaerenses es denunciada en forma sostenida por el organismo de derechos humanos, que la semana pasada exigió ante la CIDH la ampliación de medidas cautelares para proteger la vida y la integridad de los detenidos y el cese de su uso para alojamiento permanente. El reclamo lo llevó junto la Defensoría de Casación y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ​​​​​​en el marco de una audiencia en la que el Estado nacional y el Estado provincial reconocieron la gravedad de la situación. Uno de los datos alarmantes que los organismos recordaron fue que de las 450 comisarías provinciales, 253 están inhabilitadas para alojar personas y 118 continúan alojando detenidos. 

Además se recordó que el 2 de marzo de 2017 ya había ocurrido otra tragedia en la Comisaría 1ª de Pergamino, cuando murieron 7 personas tras otro incendio en las celdas. Desde diciembre de 2015, 68 personas fallecieron por la situación de sobrepoblación y hacinamiento extremo en las comisarías, mientras que la cantidad de personas detenidas en comisarías creció un 26 por ciento solo en 2018. Desde el inicio de la gestión Vidal el número de detenidos establecimientos policiales aumentaron un 121 por ciento. 

El sábado próximo cuando se cumple un mes de la masacre, los familiares de las víctimas junto al CPM y otros organismos de derechos humanos marcharán desde las 18 por el centro de la localidad bonaerense de Monte Grande acompañados por los integrantes de la Red de familiares contra la tortura y otras violencias estatales.

Apartaron a cinco policías por la masacre en la comisaría de Echeverría

A pesar de que el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, y la gobernadora fascista María Eugenia Vidal se mantuvieron en completo silencio frente a la mayor masacre en comisarías de la historia, la Auditoría de Asuntos Internos decidió desafectar a los cinco policías que prestaban funciones en la comisaría 3ª de Esteban Echeverría, la noche del 15 de noviembre, cuando murieron 9 detenidos en las celdas que tenían una orden judicial de clausura. 

"Este reconocimiento del propio Estado provincial abre la posibilidad de indagar sobre las condiciones materiales previas en que se encontraba esta dependencia policial", destacó la Comisión Provincial por la Memoria. 

La decisión de licenciar a los 5 efectivos de la Bonaerense que aquella noche se burlaron de los 12 detenidos que pedían auxilio y habrían cerrado la llave de paso del agua, según denunció la CPM, se da en el marco del sumario abierto por la auditoría interna del propio Ministerio de Seguridad bonaerense. 

La medida es de carácter cautelar, lo que no implica la expulsión de la fuerza, y alcanza al subcomisario Jesús David Muñoz, la oficial inspectora Edith Giselle Juárez, el oficial subayudante Emilio Adolfo Caña, el sargento Daniel Calderón, y el oficial Eric Alexander Blanco. La decisión administrativa es un dato relevante para la causa investigada en el juzgado de garantías Nº 2 de Esteban Echeverría, a cargo de Javier Maffucci Moore.

"Esta resolución significa un avance importante que pone a la actuación policial en el centro del debate sobre las responsabilidades por los hechos ocurridos esa madrugada", subrayó el CPM, que representa a las familias de las víctimas, y exigió "una investigación urgente que establezca las responsabilidades materiales y funcionales". El organismo de derechos humanos había relatado que los oficiales ahora licenciados, mientras los detenidos solicitaban auxilio, se habían burlado gritándoles "van a morir como las ratas que son". 

Juan Carlos Fernández, Jorge Ramírez, Eduardo Ocampo, Juan Lavarda, Walter Barrios, Elias Soto, Miguel Angel Sánchez, Jeremías Rodríguez y Carlos Corvera fueron los nueve detenidos que fallecieron aquella noche y en los días posteriores, a causa de las graves heridas sufridas durante el incendio, con el que un grupo de los 12 detenidos intentaron reclamar por una mejora en las condiciones de encierro. Todos estaban ilegalmente detenidos en la celda de la comisaría, que en total alojaba a 27 personas, a pesar de la orden judicial de clausura obviada por el Ejecutivo bonaerense. 

"Este reconocimiento del propio Estado provincial abre la posibilidad de indagar sobre las condiciones materiales previas en que se encontraba esta dependencia policial, que a pesar de haber sido clausurada por la justicia, seguía alojando detenidos", señaló el CPM, que lleva años denuncia la ilegalidad de las detenciones en comisaría bonaerenses y las pésimas condiciones de detención del sistema carcelario. 

"Las nueve víctimas, sus familias y todas las personas que padecen cotidianamente las condiciones de encierro en la provincia de Buenos Aires exigen justicia", insiste el comunicado y anticipa que el próximo sábado 15 se realizará un acto junto a los familiares en la plaza de Esteban Echeverría al cumplirse un mes de la masacre.

Ya suman ocho los muertos con los que carga Vidal por la masacre de la comisaría 3ª de Esteban Echeverría

Walter Barrios, de 21 años, murió anteanoche. El joven llevaba 2 meses detenido en la Comisaría 3ª por el delito de encubrimiento, que implica penas mínimas. Denuncian la desidia del régimen fascista de María Eugenia Vidal en el tema.

Durante la noche del lunes falleció el joven Walter Barrios, de 21 años, con lo cual ascendiendo a 8 la cifra de víctimas fatales por la brutal masacre de la Comisaría 3ª de Transradio, en Esteban Echeverría, ocurrida el jueves 15 de noviembre. 

"Se trata de la mayor masacre en la historia de las comisarías argentinas" y tal como viene señalando la Comisión Provincial por la Memoria, "es el resultado directo del hacinamiento y la sobrepoblación, entre otros factores de violación de derechos en contexto de encierro, de una política criminal que persigue y encierra a los pobres".

"Ni intento de fuga ni de motín: según los testimonios coincidentes de los sobrevivientes –había 27 detenidos en la esa comisaría, que tenía ordenada una clausura judicial para alojamiento y ni siquiera contaba con la cantidad de plazas ni colchones para la mitad de ese número- el fuego podría haber sido rápidamente apagado de no haber sido cortado arbitrariamente el suministro de agua hacia los calabozos. “Ahora se van a quemar como las ratas que son”, escucharon varios sobrevivientes de parte de los efectivos que asistían, impávidos, al horror y en medio de los pedidos desesperados de ayuda", denunciaron desde la CPM.

Para la CPM resulta urgente la necesidad de avanzar en las responsabilidades de los efectivos y autoridades de la Comisaría 3ª así como de los funcionarios policiales de la departamental y funcionarios políticos y judiciales, considerando las graves circunstancias y acciones directas en esta masacre y también la ilegalidad del alojamiento de detenidos en esa comisaría por orden judicial.

"El Estado es responsable del hecho: todas las denuncias de la CPM -presentadas ante tribunales internacionales y la Corte bonaerense- señalaban que otra masacre como la de Pergamino era posible", denunciaron.

"Sigue siendo práctica generalizada la detención de personas en comisarías bonaerenses inhabilitadas por orden judicial para hacerlo, y el 80 por ciento de las dependencias policiales no cuentan con elementos para prevenir incendios. Al mismo tiempo, los registros de la CPM confirman los niveles de sobrepoblación y hacinamiento", dijeron desde la CPM.

Asimismo, repudiaron "esta nueva masacre y responsabiliza al Poder Ejecutivo provincial y a la Suprema Corte bonaerense. Las advertencias sobre las condiciones inhumanas en que se encuentran los lugares de encierro en la Provincia, y el reconocimiento que estas denuncias han tenido en ámbitos judiciales de nuestro país le otorgan más gravedad a lo sucedido".

Ya son siete los muertos tras el incendio en una comisaría clausurada de Esteban Echeverría: "Van a morir como las ratas que son"

Mientras la gobernadora fascista María Eugenia Vidal y el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, continúan sin pronunciarse por la masacre de la Comisaría 3ª de Esteban Echeverría, otro detenido falleció el domingo a causa de las graves heridas sufridas en el incendio ocurrido el jueves pasado en las celdas, con orden judicial de clausura, en las que permanecían alojadas, más allá del plazo legal, 27 personas. 

Con esta nueva víctima fatal ya son 7 los presos que murieron por la masacre de la comisaría de la localidad del sur del conurbano, una de las peores ocurridas en comisarías de la Policía Bonaerense junto a la de la comisaría 1ª en Pergamino. Otros dos detenidos continúan internados de gravedad. 

Además del silencio, la gobernadora fascista María Eugenia Vidal tampoco ordenó el pase a disponibilidad de los efectivos y el comisario responsables de la masacre ocurrida el jueves pasado. La Comisión Provincial por la Memoria, que representa a los familiares y víctimas, denunció que tras iniciarse el incendio los policías cerraron la llave de paso de agua que iba hacia las celdas, para evitar que los detenidos pudiesen extiguir el fuego, y ante los pedidos de auxilio, les respondía: "Ahora van a morir como las ratas que son". 

Desde el CPM denunció también que a cuatro días de la masacre, el régimen fascista bonaerense se encargó de responsabilizar a la Justicia -que en marzo pasado había ordenado la clausura de las celdas de la comisaría- y estuvo ausente en la asistencia a familiares de las víctimas y sobrevivientes. Respecto de la decisión de no apartar a los policías que continúan cumpliendo funciones en la misma comisaría, la comisión provincial apuntó que "el comisario llama por teléfono a los familiares citándolos a la comisaría en un claro gesto intimidatorio".

Juan Carlos Fernández, 31 años y cuatro hijos, estaba internado en terapia intensiva desde el jueves en el Hospital Narciso López, en Lanús, y falleció ayer por la tarde. A pesar de la prohibición de demorar a una personas por más de 48 horas en una dependencia policial, Fernández llevaba un año y cinco meses en ese condición. Los últimos 3 meses estuvo detenido en la comisaría de Trasradio, barrio humilde de la localidad de Esteban Echeverría, esperando un cupo para ingresar en unidad penitenciaria. Al igual que el resto de los 27 detenido, Fernández tenía un procesamiento, pero no una condena que ordenara su detención. 

"La sobrepoblación y hacinamiento en las comisarías es el resultado directo de una política de seguridad criminal que persigue y encierra a los sectores más vulnerables", insistieron desde el CPM y subrayaron que la población vulnerable detenida "en comisarías inhabilitadas por orden judicial para alojar personas", mientras que "el 80 por ciento no cuentan con elementos para prevenir incendios". 

"Todo esto es lo que permitió que sucediera la masacre de la comisaría de Esteban Echeverría del mismo modo que en marzo de 2017 ocurrió en la comisaría 1ª de Pergamino, donde también murieron siete jóvenes", recordaron desde el CPM. En el caso de Pergamino, donde también se intentó en las primeras semanas culpar a los detenidos por el incendio iniciado, el régimen provincial debió reconocer las responsabilidades de los policías y exonerar a los cinco que en la actualidad se encuentran procesados. 

El incendio en la Comisaría 3ª de Esteban Echeverría comenzó el jueves a la noche, cuando un grupo de los dentenidos prendió fuego algunos papeles y mantas para llamar la atención y exigir que mejoraran las condiciones de hacinamiento que sufrían los 27 detenidos en un lugar destinado para un máximo de 10, donde debían turnarse para dormir en el piso con frazadas. 

"Es inconcebible que estando la central de bomberos al lado de la dependencia policial no pudo extinguirse el incendio de manera inmediata antes de que se expandiera", subrayó la CPM y advirtió que las muertes podrían "haberse evitado, pero ni el Estado provincial ni la Corte hicieron nada para impedirlo. Si ambos persisten en esta línea el pronóstico es más alarmante aún: lo que ya se repitió sucederá otra vez inevitablemente".

Falleció otro joven y son cinco los muertos en una comisaría que había sido clausurada en Esteban Echeverría

Lo confirmó el secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, Roberto Cipriano, quien informó también que hay otro detenido más en grave estado por el incendio que se produjo en una sede policial de Esteban Echeverría que debía estar cerrada por orden judicial.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) confirmó la muerte de otro joven producto de las graves lesiones que sufrió en un incendio en la Comisaría 3ª de Transradio del partido de Esteban Echeverría, donde fallecieron el miércoles a la noche cuatro detenidos más. 

El quinto muerto lo informó ayer por mañana el secretario de la CPM, Roberto Cipriano, en declaraciones radiales. Asimismo, aseguró que hay varios internados aún, uno de ellos en grave estado. 

La dependencia policial en la que sucedieron los hechos estaba en funcionamiento a pesar de que la Justicia había dictado una orden de clausura que inhabilitaba los calabozos y que fue desobedecida por el Ministerio de Seguridad de Buenos Aires. Por ese motivo, la CPM calificó de "masacre" a la tragedia y responsabilizó al Poder Ejecutivo provincial y a la Suprema Corte bonaerense.

En el lugar había 26 personas detenidas en un espacio que -según la policía- sólo podía alojar a 10 y que se encontraba en las peores condiciones estructurales. Como si eso fuera poco, Cipriano denunció que los uniformados habían cortado el agua del sector de los calabozos, lo que impidió que los presos pudieran sofocar las llamas. 

"Son cuevas. Los detenidos padecen el aislamiento extremo, sin comer, en condiciones infrahumanas. Se tienen que turnar para dormir porque no hay espacio", denunció sobre el estado paupérrimo de las comisarías bonaerenses, que albergan tres veces más personas que su capacidad: hay mil camastros y cuatro mil presos. 

En el caso de la Comisaría 3ª de Esteban Echeverría, además de ser una pocilga, estaba clausurada por una orden del juzgado de Garantías 2 de Lomas de Zamora con sede en Monte Grande en el que se le exigía al Ministerio de Seguridad provincial que desalojara de manera urgente los calabozos y trasladara a las personas allí detenidas. Incluso la propia cartera de Seguridad había dictado en 2012 la resolución 268 que clausuraba esos calabozos.

El 3 de marzo de 2018 el juzgado notificó a los ministros de Seguridad y Justicia bonaerenses, Cristian Ritondo y Gustavo Ferrari, a la Corte Provincial y a la propia gobernadora fascista María Eugenia Vidal, la clausura y la orden de no alojar personas en esa dependencia.

Esteban Echeverría: cuatro jóvenes murieron en una comisaría que había sido clausurada por la Justicia

La Comisión Provincial por la Memoria denunció que los detenidos estaban hacinados y que fueron masacrados. El hecho se produjo durante un incendio en la zona de calabozos. El régimen fascista de Vidal desoyó la orden judicial.

Cuatro detenidos murieron ayer a la madrugada en la comisaría 3ª de Esteban Echeverría durante un incendio en los calabozos. Otros diez presos debieron ser hospitalizados por intoxicación con monóxido de carbono. Según la versión oficial, los presos intentaron fugarse y al ver frustrado su plan prendieron fuego los colchones. 

La Justicia había clausurado los calabozos de esa comisaría, pero el Ministerio de Seguridad bonaerense incumplió la inhabilitación. Desde La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) calificaron el episodio como “una masacre” y responsabilizaron al régimen fascista de María Eugenia Vidal por el estado de las comisarias y cárceles.

El episodio ocurrió a la madrugada cuando según la la versión policial un grupo de presos intentó forzar una reja. Los efectivos de guardia dieron aviso a sus superiores y a la comisaría llegaron diez móviles para frustrar el intento de fuga.

De acuerdo con esta versión, los detenidos pusieron los colchones junto a la reja y se inició una discusión entre ellos sobre si prenderlos fuego o no. Finalmente, incendian los colchones y cuatro presos mueren por el fuego. Otro diez detenido tuvieron que ser trasladados a un hospital de la zona por inhalación de monóxido de carbono.

Desde la Comisión denunciaron que esa comisaría había sido clausurada por una orden del juzgado de Garantías Nº2 de Lomas de Zamora con sede en Monte Grande. Junto a la clausura, la Justicia le exigió al ministro de seguridad provincial que desalojara los calabozos y trasladara a los detenidos.

El 3 de marzo de 2018 el juzgado notificó la clausura al ministro de Seguridad Cristian Ritondo y a la propia Gobernadora. 

“Pese a esta orden judicial, anoche (por anteanoche) había 26 personas detenidas en un espacio que según la policía sólo podía alojar a diez personas y que se encontraban en las en las peores condiciones estructurales”, agregaron desde la Comisión.

En marzo del año pasado, siete jóvenes murieron en lo que se conoció como la masacre de Pergamino. “No se trata ya de un hecho aislado. Es una masacre de la que el Estado es su máximo responsable. Una nueva masacre de personas que aún no habían sido condenadas por la justicia, ya que se encontraban procesadas”, finaliza el comunicado de la CPM.

La crisis se agudiza y no da tregua: el municipio de Esteban Echeverría frenó obras para poder entregar comida

El intendente Fernando Gray decidió suspendió las obras de bacheo en su municipio para destinar esa partida a la entrega de comida a los sectores vulnerables. "Hacía muchos años que no había tanta demanda de bolsones de comida en mi municipio", puntualizó.

El intendente de Esteban Echeverría y vicepresidente del PJ bonaerense, Fernando Gray, decidió suspendió las obras de bacheo en su municipio para destinar esa partida a la entrega de comida a los sectores vulnerables. "La inflación se hace sentir en la clase media y en los sectores populares. 

"Hacía muchos años que no había tanta demanda de bolsones de comida en mi municipio", escribió en su cuenta de Twitter. Según Gray, aumentó "un 40 por ciento la demanda de comida".

El jefe comunal decidió detener el arreglo de calles en Esteban Echeverría debido a que al cumplirse el primer semestre de 2018 ya utilizó todo el presupuesto del año para desarrollo social. La decisión tomada fue redireccionar 20 millones de pesos que inicialmente estaban destinados al bacheo del municipio y utilizarlos para comprar comida para los sectores más afectados por la crisis en su municipio.

Gray está en conversaciones con obispos, con Cáritas y la Pastoral Social y también organiza una comisión social de intendentes alertados por los efectos de la inflación y la situación económica en el Conurbano. 

Junto con otros intendentes, tuvo reuniones con Carolina Stanley, ministra de Desarollo Social de Nación, para advertirle sobre la dramática situación social que se vive en el conurbano bonaerense.

Como ejemplo de cómo afecta la crisis en su municipio, señaló que "de cada cuatro trámites de comerciantes tres son para dar de baja y uno para dar el alta, mientras que antes era a la inversa" y alertó que "el conurbano está endeudado, con tarjetas, mutuales, y créditos a jubilados".