Lo confirmó el secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, Roberto Cipriano, quien informó también que hay otro detenido más en grave estado por el incendio que se produjo en una sede policial de Esteban Echeverría que debía estar cerrada por orden judicial.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) confirmó la muerte de otro joven producto de las graves lesiones que sufrió en un incendio en la Comisaría 3ª de Transradio del partido de Esteban Echeverría, donde fallecieron el miércoles a la noche cuatro detenidos más.
El quinto muerto lo informó ayer por mañana el secretario de la CPM, Roberto Cipriano, en declaraciones radiales. Asimismo, aseguró que hay varios internados aún, uno de ellos en grave estado.
La dependencia policial en la que sucedieron los hechos estaba en funcionamiento a pesar de que la Justicia había dictado una orden de clausura que inhabilitaba los calabozos y que fue desobedecida por el Ministerio de Seguridad de Buenos Aires. Por ese motivo, la CPM calificó de "masacre" a la tragedia y responsabilizó al Poder Ejecutivo provincial y a la Suprema Corte bonaerense.
En el lugar había 26 personas detenidas en un espacio que -según la policía- sólo podía alojar a 10 y que se encontraba en las peores condiciones estructurales. Como si eso fuera poco, Cipriano denunció que los uniformados habían cortado el agua del sector de los calabozos, lo que impidió que los presos pudieran sofocar las llamas.
"Son cuevas. Los detenidos padecen el aislamiento extremo, sin comer, en condiciones infrahumanas. Se tienen que turnar para dormir porque no hay espacio", denunció sobre el estado paupérrimo de las comisarías bonaerenses, que albergan tres veces más personas que su capacidad: hay mil camastros y cuatro mil presos.
En el caso de la Comisaría 3ª de Esteban Echeverría, además de ser una pocilga, estaba clausurada por una orden del juzgado de Garantías 2 de Lomas de Zamora con sede en Monte Grande en el que se le exigía al Ministerio de Seguridad provincial que desalojara de manera urgente los calabozos y trasladara a las personas allí detenidas. Incluso la propia cartera de Seguridad había dictado en 2012 la resolución 268 que clausuraba esos calabozos.
El 3 de marzo de 2018 el juzgado notificó a los ministros de Seguridad y Justicia bonaerenses, Cristian Ritondo y Gustavo Ferrari, a la Corte Provincial y a la propia gobernadora fascista María Eugenia Vidal, la clausura y la orden de no alojar personas en esa dependencia.
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