La tríada Lorenzetti-Maqueda-Rosatti arrinconó al presidente de la Corte y obligó a incluir casos de alto voltaje: Ganancias para jueces, correctivo “2x1” y Ley de Lemas K. Mal pronóstico para ANSeS y exigencia de fondos a Peña Braun Menéndez.
Carlos Rosenkrantz debió ceder el control de la agenda de fallos de la Corte Suprema luego de una tensa y friccionada reunión de Acuerdos en el cuarto piso del Palacio de Tribunales que duró más de dos horas.
La tríada de jueces compuesta por Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti decidieron hacerle frente (y marcarle la cancha) con planteos sobre el manejo de los casos del máximo tribunal, entre otras cuestiones sensibles. Y consiguieron arrancarle fechas certeras para resoluciones consideradas clave. Entre ellas la sentencia en materia previsional que desvela al Gobierno y que impacta en miles de casos de jubilados que han hecho juicio a la ANSeS por el cálculo de movilidad en sus haberes. Será el 18 de diciembre y nada en el desenlace del proceso le augura a la Casa Rosada un buen pronóstico.
Pero, además, el tradicional encuentro de los martes estuvo atravesado por balas trazadoras que contuvieron mensajes para el presidente supremo: fue una suerte de sutil ultimátum para que escoja a quién va a representar su gestión como cabeza del Poder Judicial. Podría resumirse en dos direcciones, Talcahuano 550 o Balcarce 50.
El jueves pasado, Rosenkrantz fue empujado a aceptar el cronograma de fallos hasta fin de año en medio de un convulsionado clima interno y con escándalos sucesivos que marcan un clima institucional de montaña rusa. El tema se deslizó la semana pasada y había recibido una negativa de plano de Rosenkrantz.
Finalmente, la Corte resolverá antes de fin de año el espinoso tema de la cautelar sobre el pago del Impuesto a las Ganancias de los propios jueces (el 24 de noviembre); la aplicación la ley correctiva a su fallo previo del "2x1" en delitos de lesa humanidad (4 de diciembre); la constitucionalidad o no de la Ley de Lemas en Santa Cruz con la que asumió Alicia Kirchner (el 11-12); y la "determinación del índice aplicable para el nivel inicial de retiro" (18-12). Ese último es el caso "Blanco", equiparable por alcances e impacto a un "Badaro 2". Fue el final para las especulaciones sobre en qué momento se pronunciaría la Corte sobre un asunto que para el régimen macrifascista tiene más connotaciones políticas -por el nivel de daño a su "modo ajuste"- que económicas.
En la reunión de antes de ayer, Rosenkrantz se mostró reacio, primero, a discutir la agenda. Convencido de que no tendría otro camino que aceptarla por la resistencia de la tríada opositora, buscó luego discutir el temario.
Perdido también ese punto, trató de que la elección de casos quedara trabada, diluida entre asuntos menos relevantes. No lo logró. Tres de esos cuatro temas son considerados centrales para las definiciones del máximo Tribunal: dos tienen impacto fiscal, ya sea por mensaje para jubilados, régimen y FMI, como para la propia corporación judicial. Mal presagio para los demandantes: la Asociación de Magistrados que logró la cautelar "interpretativa" para restringir el tributo pidió una audiencia. No se la concedieron. El tercero es socialmente relevante y puede profundizar un aislamiento jurídico para Rosenkrantz. Dato: se eligió para el "2x1" el caso del represor personal civil de inteligencia Rufino Batalla, condenado por el asesinato de la hija de Estela de Carlotto, a quien la Secretaría de Derechos Humanos (gestión Cambiemos) pidió que no se le aplique el beneficio.
Hasta Elena Highton de Nolasco se muestra dubitativa sobre mantener el criterio de su voto original. A su mutismo en el Acuerdo de ayer le colgaron otra factura. Haber concedido dos contratos de secretario al trasplantado juez de la Cámara Federal, Pablo Bertuzzi. Le habían delegado la facultad de designar subrogantes y de otorgar licencias, no de permitir contrataciones. En el cuarto piso voltearon a mirar a su hija "Elenita", la de mayor relación con Comodoro Py.
En el acuerdo pasaron entonces a debatir las fechas: contra quienes intentaron amontonar los casos al final del calendario, la mayoría (conocedora de las licencias, viajes y congresos de último minuto que dejan pendientes en la feria) prefirieron darse un margen de tiempo como para garantizar que estarán firmados este año. Por último, Rosenkrantz debió capitular también en que la agenda fuese pública a través del CIJ. En el camino quedaron los temas que propuso y no se trataron: creación de la Dirección de Auditoría y de Asuntos Jurídicos, más el reemplazo del administrador general. No hubo quórum.
Dos "errores no forzados" volvieron inexorable el acelere en el fallo de jubilaciones: la coincidencia con la resolución de la Secretaría de Seguridad Social publicada en el Boletín Oficial del lunes, que como reveló este diario hizo pensar que circuló información privilegiada sobre el contenido de los borradores, y una farragosa presentación de ANSeS en el caso "Blanco" ingresada el martes. Fue leído como una maniobra dilatoria, considerada inadmisible por los supremos.
Rosenkrantz debió rendir cuentas de su almuerzo con el régimen. Sus pares le cuestionaron que si se habían tratado asuntos presupuestarios y no había habido respuesta del Ejecutivo debía haber una presión formal. Firmada por los cinco ministros, le enviaron una misiva a Marcos Peña Braun Menéndez, recordándole que no recibieron las partidas de dinero para otorgar los aumentos.
Por primera vez en su historia la Corte cuenta con una agenda al estilo norteamericano que podrá tener más aditamentos. Paradójico es que ese mismo tribunal en la Acordada 24 de 2013 había declarado inaplicable parte del paquete "democratizador" de la Justicia, donde estaba contenido un apartado similar al cronograma actual. Sobre el final, la triada de díscolos le recordó a Rosenkrantz que la contratación de subprocurador del Tesoro Juan Pablo Lahitou merecería una discusión aparte. No es un capítulo cerrado y menos el fin de la interna.
Fuente: nota de Gabiel Morini para Ámbito.com
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