En el 2020 se multiplicaron las causas que involucran al hijo bobo de Franco Macri y sus funcionarios. Se esperan importantes novedades en esos expedientes en este nuevo año que comenzó. De los casos de espionaje ilegal a los de la Mesa Judicial y el hotel de Vandenbroele. También hay expectativa en torno a lo que pueda pasar en los procesos que analizan el affaire Correo y Parques Eólicos, entre otros.
En el 2020 se multiplicaron las causas que involucran Miauricio Macri Blanco Villegas y a varios de sus ex funcionarios. Como era de esperar con el cambio de Gobierno y la revisión de lo hecho por la alianza de derecha Cambiemos surgieron expedientes que -se estima- en el 2021 tendrán importantes novedades.
Algunos de los casos paradigmáticos desnudan los mecanismos del lawfare, que sigue activo aún en estos días. La investigación en torno a la Mesa Judicial revela las presiones a los jueces para perseguir opositores. El espionaje ilegal que se analiza en tribunales de distintas jurisdicciones -que incluye escuchas ilegales a presos políticos- explica el armado de causas en la Justicia. La entrega de fondos millonarios al arrepentido clave del caso Boudou no hace más que confirmar la manipulación que hizo el macrismo de distintos instrumentos judiciales.
A este cuadro de situación se suma la expectativa en torno a lo que pueda pasar este año que comienza con los procesos que se abrieron antes de la llegada de Alberto Fernández al gobierno y preocupan -y mucho- a Macri Blanco Villegas como el affaire Correo y el de los Parques Eólicos, entre otros.
La Mesa Judicial
El caso de la Mesa Judicial PRO se inició en mayo de este año y tramita en Inodoro Py, en el juzgado que está a cargo de María Eugenia Capuchetti, designada por el ex hijastro de Flavia Palmiero. El fiscal que tiene delegada la investigación es Franco Picardi.
De acuerdo a los diputados denunciantes, la Mesa Judicial constituyó “una fuerza de tareas ilegal que, al margen de toda institucionalidad, utilizó los recursos de la administración pública para cooptar y disciplinar al Poder Judicial, intentando convertir al sistema penal en una herramienta política”. Martín Soria, Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés sostienen que “el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Agencia Federal de Inteligencia y el Ministerio de Seguridad de la Nación, entre otros organismos públicos, fueron utilizados para estas acciones ajenas a sus funciones institucionales”.
¿Quiénes integraron esa mentada mesa de articulación política y judicial? Macri Blanco Villegas, el ex ministro de Justicia, Germán Garavano; el ex jefe de la AFI, Gustavo Arribas; la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón; el ex Secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas; el asesor y abogado de Macri Blanco Villegas, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón; el ex consejero de la magistratura y actual Fiscal General porteño, Juan Bautista Mahiques; y Daniel Angelici, operador judicial y único miembro de la mesa que no tenía cargo formal en el régimen macrifascista, entre otros.
La causa puede dividirse en dos etapas. La que se constituye con la declaración de los jueces presionados, por un lado, que cuenta con varios testimonios como el de la jueza Ana Figueroa o el del magistrado Luis Raffaghelli. Y por otro, con las razones por las que eran presionados esos jueces. En ese sentido, sumaron ejemplos de dirigentes que sufrieron algún tipo de armado judicial. En este marco es que en los últimos días, los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano pidieron ser tenidos por querellantes en este expediente.
Es que el punto central del caso es que se apunta a la Mesa Judicial como un centro de operaciones desde el cual se desató la persecución judicial de opositores. Para eso -se denuncia-, se buscó disciplinar a los magistrados y magistradas que no fallaban de acuerdo a los deseos del macrifascismo.
Las causas del espionaje ilegal
Una de las particularidades del 2020 en materia judicial fue el surgimiento y avance de diversas causas por espionaje ilegal contra el macrismo. El ex jefe de la AFI, Gustavo Arribas, y su segunda, Silvia Mjadalani, fueron procesados en distintas causas y jurisdicciones por ser quienes ordenaron las acciones de inteligencia ilegal. Los hechos se investigan actualmente en los tribunales federales de Lomas de Zamora, Dolores, Mar del Plata e Inodoro Py.
En total, la cantidad de imputados por este tipo de tareas supera las 50 personas. Incluye a ex directivos de la agencia, a espías de calle e inorgánicos, a policías y a la ex cúpula del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Aparece incluso un ex empleado del juzgado de Claudio Bonadìo devenido en agente de inteligencia. Entre las víctimas figuran dirigentes políticos (oficialistas y opositores), sociales, eclesiásticos, sindicales, empresarios y periodistas. Hasta los familiares de los tripulantes del ARA San Juan fueron espiados durante el régimen de Macri Blanco Villegas tras el hundimiento del submarino. Las denuncias alcanzan al retrasado mental, por lo que el próximo año habrá mucha expectativa sobre el devenir de estas pesquisas.
Los principales casos son: el que investiga el rol de los Súper Mario Bros, que incluye hasta un capítulo penitenciario y la circulación de escuchas ilegales; el espionaje a CFK y el Instituto Patria, por el que Arribas y Majdalani recibieron la confirmación de su procesamiento por parte de la Cámara de La Plata; el caso de las bases AMBA por el que los jefes de la ex SIDE también fueron procesados, en este caso, por hacer espionaje político en la provincia de Buenos Aires desde 2016.
A todas estas causas se suman el caso D’Alessio (en el que el procesado fiscal Stornelli recibió la confirmación de su procesamiento por parte de la Cámara de Mar del Plata) y la investigación sobre el espionaje a los familiares del ARA San Juan que se inició por una denuncia de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, y por ahora tramita en los tribunales de Mar del Plata.
El hotel del arrepentido
A principios del 2020, la fiscal Paloma Ochoa abrió la investigación, motorizada por una denuncia del juez federal Ariel Lijo, para saber si el régimen macrifascista le financió a Alejandro Vandenbroele la construcción de un hotel boutique en Mendoza como forma de pago por su testimonio como arrepentido en causa Ciccone, que involucra a Amado Boudou.
Carlos Linsalata, operador de Vandenbroele en el Programa de Testigos Protegidos e Imputados, envió una nota a sus superiores pidiendo $ 1.500.000 para su custodiado. Da en la nota una información clave: “Cabe destacar que el día 07 de Agosto pasado fueron condenados a prisión con cumplimiento efectivo por más de 5 años el Ex Vicepresidente de la República Argentina el Sr. Amado Boudou”.
Según la documentación de su legajo, Vandenbroele recibió más fondos. El Programa dependiente del ministerio de Justicia, comandado por Germán Garavano, le fue otorgando diferentes partidas de dinero. Las cifras alcanzan, al menos, los 4,4 millones de pesos.
Con esa plata, puso en pie el hotel boutique La Masía, ubicado "en una exclusiva zona de Chacras de Coria y rodeada de viñedos y bodegas, La Masía Hotel Boutique ofrece lugares únicos, especialmente diseñados para que sus huéspedes vivan una experiencia diferente”, según la descripción de su página web.
En el marco de este proceso, la querella de Boudou y otros condenados en ese juicio pidieron una serie de medidas de prueba para reconstruir cómo fue el proceso de negociación entre Vandenbroele y el régimen de Macri Blanco Villegas para acordar su testimonio, en base a nuevos elementos que se incorporaron en el expediente provenientes de su legajo como Testigo Protegido. Aparecen viajes y reuniones de Vandenbroele justo antes de su declaración.
El testimonio como arrepentido de Vandenbroele fue clave para avanzar contra Boudou, quien terminó condenado. Esa condena quedó firme este año luego de que la Corte Suprema decidiera no analizar el caso.
La persecución de la AFIP a CFK
Otra investigación que se inició en el 2020 fue la de la utilización de la AFIP por parte de Macri para perseguir vía un “hostigamiento fiscal” a Cristina Fernández de Kirchner, la principal dirigente de la oposición en aquel entonces.
En los últimos días de diciembre, el fiscal Franco Picardi solicitó las primeras medidas de prueba e impulsó la pesquisa para determinar si el ente recaudador ejerció "hostigamiento fiscal" contra la ex senadora y actual vicepresidenta y sus hijos durante el régimen macrifascista.
Se trata de un expediente que se inició por una denuncia de la actual titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, quien fue a la Justicia luego de que CFK hiciera una presentación denunciando las irregularidades en los procesos en su contra.
A través de un dictamen de una docena de páginas, Picardi le requirió al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que requiera información a la AFIP y a distintos organismos del Poder Judicial.
El requerimiento coincidió con la entrega de una serie de auditorías internas de la AFIP en las que se detectó "la posible comisión de ciertos hechos, por parte de la AFIP durante las gestiones del doctor Alberto Abad y del Ingeniero Leandro Cuccioli" encuadrables en los delitos de "abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita".
El Gobierno encontró que la AFIP de Macri Blanco Villegas realizó miles de consultas de información fiscal sobre CFK, Máximo y Florencia; que se designaron funcionarios a dedo para investigarlos e incluso que hubo grupos de seguimiento; que se actuó de manera coordinada y fuera de la ley con juzgados y fiscalías; y que se omitía notificar a la actual vicepresidenta de todos los procedimientos.
A estos casos que se abrieron en el 2020 se suman los procesos que se iniciaron con anterioridad pero que no por eso preocupan menos al idiota confeso.
El Correogate
El juez federal Ariel Lijo investiga, y a paso muy lento, si Macri Blanco illegas y funcionarios de su régimen cometieron algún delito penal en la negociación de la deuda millonaria que la empresa Correo Argentino -propiedad de la familia Macri- mantiene con el Estado. Durante la nefasta gestión del retrasado mental, el Poder Ejecutivo aprobó una condonación multimillonaria que derivó en una causa penal. Es que el sorete mal cagado estuvo a los dos lados del mostrador cuando buscó perdonarse 70 mil millones de pesos.
A la pata penal se suma la investigación en el fuero Comercial donde la fiscal general, Gabriela Boquin, juega un rol clave. Se trata de la funcionaria judicial que evitó que Macri Blanco Villegas se condonase la deuda millonaria cuando estaba en la Casa Rosada. Por este motivo, desde el Grupo Macri buscan correrla del caso por todas las vías posibles. En el 2020 no escatimaron esfuerzos para ello pero no lograron su cometido.
La denuncia de Cristóbal López y Fabián De Sousa
Los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa acusaron a Macri Blanco Villegas de vaciar el Grupo Indalo, meterlos presos y querer quedarse con sus empresas, vía ejecutivos amigos. El objetivo incluía a sus medios, con la intención de torcer su línea editorial y sumarlos a la persecución contra CFK.
Según indicaron fuentes con acceso al expediente, “para marzo está prevista la indagatoria de abad y 3 funcionarios más de AFIP”. El subnormal es uno de los imputados en este expediente pero aún los investigadores no profundizaron en su rol. También se investiga el accionar de varios integrantes de la Mesa Judicial PRO como Fabián “Pepin” Rodríguez Simón.
Parques Eólicos
Otra causa que incomoda al hijo bobo de Franco Macri es la de los Parques Eólicos, cuya denuncia se remonta a enero de 2018. Entonces se denunció que el Grupo Macri se quedó irregularmente con casi 50 millones de dólares en un pase de manos con una serie de parques eólicos.
Por esa operatoria, Macri Blanco Villegas y distintos funcionarios nacionales fueron acusados de favorecer de "manera ilegal" al grupo empresario de la famiglia en negocios vinculados a concesiones de parques eólicos. Uno de los apuntados en la investigación es el hermano Gianfranco.
Peajes
Antes de jubilarse, en julio del 2020, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó a los ex ministros de Transporte y Hacienda del macrifascismo, Guillermo Dietrich y Nicolás Dujovne, respectivamente, en el marco de la causa Peajes, donde se investiga la negociación ruinosa para el Estado con los principales concesionarios de los peajes de Acceso Norte y Oeste. Canicoba Corral procesó en el mismo expediente al ex director de Vialidad Javier Iguacel y al ex procurador General del Tesoro, Bernardo Saravia Frías. Todos fueron beneficiados por la Cámara Federal porteña, que con los votos de Martín “Doctrina” Irurzun y Leopoldo “puesto a dedo” Bruglia, decretó la nulidad de los procesamientos. El caso investiga el pago irregular de más de 500 millones de dólares.
“Se comprobó que a Bruglia y Bertuzzi los quieren mantener ilegalmente en la Cámara Federal para garantizar la impunidad de Macri y sus funcionarios”, escribió en Twitter Cristina Fernández de Kirchner tras la decisión de la cámara
La nulidad que decretaron Irurzun y Brulgia está siendo analizada en la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal por lo que el expediente quedó en una especie de impasse a la espera de que se resuelva la situación procesal.
Así las cosas, la agenda judicial con foco en las irregularidades que cometió el macrifascismo promete movimiento durante el año 2021.
Fuente: nota de Ari Lijalad y Franco Mizrahi para El Destpe web
