La vicepresidenta participó como invitada de un plenario de delegados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). "Después de algunas cosas no hay mejor lugar que estar junto a los trabajadores y trabajadoras", indicó.
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró ayer a la tarde que va "a hacer lo que tenga que hacer" para lograr que el pueblo pueda "organizarse en un proyecto de país" que "vuelva a recuperar la ilusión, la fuerza y la alegría", en su primera aparición pública tras el intento de asesinato que sufrió el 1 de septiembre, al hablar en un plenario de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en la localidad bonaerense de Pilar.
"Voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr que nuestro pueblo, nuestra sociedad pueda organizarse en un proyecto de país que vuelva a recuperar la ilusión, la fuerza y la alegría de nuestra gente", expresó y manifestó que "queremos un pueblo alegre".
En esa línea, pidió que "volvamos a recuperar esa alegría" y dijo que se trata de la "alegría que el sueldo alcanzaba, la alegría de ir al trabajo, la alegría de que hay futuro, esa alegría nos merecemos los argentinos".
La exjefa de Estado se pronunció de ese modo en el acto que se realizó en el Microestadio Municipal de Pilar, en el marco del cierre de los Congresos Regionales que la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) desarrolló en todo el país.
Precios y salarios
En ese contexto, Cristina también se refirió "al tema de precios y salarios", sobre lo que sostuvo "deben ser abordados desde los números concretos", y señaló que "la recuperación del salario tiene que ver con que vuelva a pagarse los salarios vinculados con la productividad".
"Por eso estamos diciendo una suma fija para los trabajadores", expresó y aclaró que "esto no va en detrimento de las paritarias".
En otra parte de su discurso, destacó que el ministro de Economía, Sergio Massa, "está haciendo un gran esfuerzo". Asimismo, se pronunció a favor de que "es necesario que los trabajadores vuelvan a participar en la política, pero no solo en reclamo sindical, sino en el modelo de organización política del país", porque "eso es lo que trajo el peronismo y no nos van a perdonar a los peronistas".
"Pero que los dirigentes sindicales se involucren en esta discusión, porque el pato de la boda van a ser los trabajadores", señaló y, además, se manifestó a favor de que "es necesario hablar de un nuevo acuerdo democrático en la Argentina".
La primera aparición luego del atentado
Por otra parte, se refirió al atentado perpetrado contra su vida el pasado 1º de septiembre al señalar que "yo estoy acá, es mi primera salida" y afirmó que "hoy se cumplen dos meses y tres días de eso que todos vieron por televisión, yo también lo vi por televisión".
"En estos dos meses y tres días lo que no podía sacarme de la cabeza, ni aún hoy, es qué hubiera pasado si hubiera gatillado, esa imagen para mis hijos y mis nietos", reflexionó.
En esa línea, sostuvo que "de lo malo uno siempre saca alguna cosa buena" y mencionó que una de esas cosas fue que "esos presuntos indignados era gente pagada por empresarios que se identificaron con el anterior gobierno, con el macrismo que endeudó a la República Argentina".
"Esos indignados no estaban enojados con la política, estaban pagados para hacer eso", remarcó y pidió que "córtenla con los indignados en la República Argentina".
En ese contexto, mencionó que la justicia "no va a investigar nada porque me quieren de acusada, no de víctima" y señaló que "son conclusiones que uno saca en estos dos meses".
Antes de su exposición, el titular de la UOM, Abel Furlán, destacó que "sabemos del esfuerzo que hace el ministro (de Economía, Sergio Massa) para resolver el problema de divisas que tenemos" y afirmó que "ojalá Dios lo ayude".
"No va a haber paritaria con esta inflación que resuelva el problema que tenemos todos nosotros", advirtió el dirigente, aseguró que "necesitamos que el gobierno peronista resuelva y genere un bono que resuelva el salario real" y manifestó que "se lo pedimos en privado y en público al compañero presidente".
El intendente de Pilar, Federico Achával, por su parte, dijo en la apertura del acto que "nosotros queremos a Cristina, nosotros bancamos a Cristina", sostuvo que "sentimos por ella un amor enorme" y manifestó que "con todo lo que te pasó, con el intento de magnicidio, realmente Cristina te digo, es duro, es con todos, pero para los trabajadores es con vos".
En el acto, que comenzó en la emisión de un video, estuvieron el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; los diputados nacionales Máximo Kirchner, Eduardo Valdés y Leopoldo Moreau; el senador nacional Oscar Parrili; la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; el ministro bonaerense de Desarrollo de la Comunidad, Andrés "Cuervo" Larroque; el dirigente de Camioneros, Pablo Moyano; y el ex titular de la UOM, Antonio Caló, entre otros.
"Estas son las primeras 114 de un total de 240 viviendas que van a permitir que todas esas personas vengan a vivir a este lugar, que es hermoso", dijo Alberto Fernández durante el acto realizado en el Barrio Montecarlo, acompañado por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti, y el intendente Fernando Gray.
El presidente Alberto Fernández encabezó ayer en la localidad bonaerense de Monte Grande la entrega de las primeras 114 viviendas construidas en la zona en el marco del programa Reconstruir, con una inversión de más de 273 millones de pesos.
"Estas son las primeras 114 de un total de 240 viviendas que van a permitir que todas esas personas vengan a vivir a este lugar, que es hermoso", dijo el Presidente durante el acto realizado en el Barrio Montecarlo, donde estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti, y el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray.
Fernández destacó, además, la importancia de "poder sacar las familias que viven en la cuenca del Riachuelo y empezar a traerlas a viviendas dignas, donde tienen agua potable y cloacas", informó la Presidencia de la Nación en un comunicado.
Tras la entrega de las unidades, el jefe de Estado recorrió el barrio y dialogó con las familias que recibieron las llaves de sus nuevos hogares. "Estamos muy ansiosos con Santiago en seguir trabajando como lo veníamos haciendo en la construcción de viviendas", les expresó.
Por su parte, Maggiotti manifestó que "trabajamos con Esteban Echeverría, como con el resto de los municipios del país, para garantizar a los argentinos una vivienda digna" y dijo que "cada intendente conoce los territorios y las necesidades de su gente, y puede ejecutar los programas de este Ministerio que mejor se adapten a su realidad".
En ese sentido, sostuvo que "todas las políticas que desarrolla el Gobierno nacional son federales y trabajamos con todos los gobiernos, provinciales y municipales, sin importar el signo político".
Viviendas que favorecen la incorporación al tejido urbano
En tanto, el intendente Gray detalló que "esta obra permitirá que muchos vecinos se incorporen a la urbanización formal y que no vivan en situación de riesgo ambiental" y señaló que "es la primera relocalización de la causa 'Mendoza' de familias de la provincia de Buenos Aires que se encuentran en las márgenes de la Cuenca Matanza Riachuelo".
Gray resaltó, asimismo, "la importancia del trabajo que venimos realizando junto con el Gobierno nacional y la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR)" para la relocalización de las viviendas y la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la zona.
Asistieron además al acto el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; la secretaria de Integración Socio Urbana, Fernanda Miño; la senadora provincial, Magdalena Goris; el administrador general del Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires (IVBA), Diego Menéndez; el director general de Gestión Política y Social de ACUMAR, Antolín Magallanes.
En representación del juzgado federal en lo correccional y criminal 2 de Morón que lleva adelante la causa por la relocalización de las viviendas estuvieron Ignacio Calvi y Sandra Cacciatore.
Aparte de estas 114 nuevas viviendas que se entregaron durante la visita del Presidente, están en ejecución en Esteban Echeverría 434 viviendas en los barrios Juan Pablo II y Montecarlo en el marco del programa Reconstruir, que demandarán una inversión de 1.925.325 pesos. Con aportes del Gobierno nacional se están realizando obras de infraestructura en el Barrio Juan Pablo II por un total de 1.105.971 pesos, como accesos y calles pavimentadas, iluminación LED y señalética urbana.
La iniciativa se llevó adelante mediante un trabajo conjunto entre el municipio de Esteban Echeverría, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación y la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), y representa para ese distrito bonaerense la construcción de la cantidad de 548 viviendas con una inversión de 3.304.653 pesos.
El jefe de Estado participó junto al ex mandatario de Bolivia de la 5° Feria del Libro Nacional y Popular en la ciudad de Santa Fe.
El presidente Alberto Fernández dijo ayer que "esta es una semana especial" para él porque "empezó almorzando con 'Lula' libre y electo presidente" de Brasil y termina junto al expresidente de Bolivia, Evo Morales, con quien participó de la 5ª Feria del Libro Nacional y Popular que se realiza en la ciudad de Santa Fe.
El mandatario aseguró que "se puede gobernar pensando en la gente", en los "que más necesitan" y "ser cuidadosos con las cuentas públicas", al participar junto al expresidente de Bolivia, Evo Morales, de la 5° Feria del Libro Nacional y Popular que se realiza en la ciudad de Santa Fe.
Por otro lado, Fernández destacó que llegó "al gobierno con una deuda como nadie en América Latina" y sostuvo que "nunca hay que olvidarlo" y "siempre recordarlo para ponerlo en cabeza de quien cabe".
Sobre el atentado a Cristina
Fernández afirmó que "la adversidad se llama derecha" y manifestó que esa adversidad "no está entre nosotros, está enfrente".
"Un día le ponen la pistola en la cabeza a Cristina y otro día se la ponen al pueblo argentino, entendámoslo", advirtió el jefe de Estado
Balance regional
Alberto Fernández dijo que "tenemos un Continente maravilloso, si el mundo necesita alimentos" y remarcó que la Argentina es la segunda "reserva de gas no convencional" y añadio que "a todos los productos primarios que producimos en América Latina tenemos que agregarle valor".
En el encuentro tratarán el tema de la integración de América para la cooperación económica. Ambos mandatarios tienen un fuerte vínculo y coincidencias a nivel regional y multilateral y fueron promotores del llamado Grupo de Puebla.
El presidente Alberto Fernández anunció que visitará México el próximo 24 de noviembre por invitación del jefe de Estado de ese país, Andrés Manuel López Obrador, con quien "trabajará para asegurar una Latinoamérica unida, democrática y con justicia social", según confirmó el propio mandatario en las redes sociales.
"Va a ser un placer volver a reencontrarnos, querido amigo @lopezobrador. En pocas semanas nos veremos en tu Patria y seguiremos trabajando juntos para asegurar una Latinoamérica unida, democrática y con justicia social. Ese es el deber que nos impone este tiempo", señaló Fernández en un mensaje publicado la noche del jueves en su cuenta oficial de Twitter.
De esta forma, el presidente, quien ejerce la titularidad pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), respondió un mensaje de López Obrador en la misma red social en el cual anunciaba la visita de Fernández para tratar "el tema de la integración de América para la cooperación económica con respeto a la soberanía de cada país".
"Viene a México el 24 de noviembre nuestro amigo Alberto Fernández, presidente de Argentina. Trataremos el tema de la integración de América para la cooperación económica con respeto a la soberanía de cada país. Es un sueño, un ideal, una utopía, que debe convertirse en realidad", sostuvo el presidente mexicano.
En este sentido, fuentes oficiales consignaron que la noche del jueves a las 21 López Obrador llamó al presidente Alberto Fernández, quien estaba en su despacho de la Casa Rosada, y "conversaron durante unos 40 minutos".
"López Obrador quería intercambiar pareceres sobre Brasil, los dos habían hablado largo con (Luiz Inácio) Lula (da Silva) sobre cómo sigue el proceso y la posibilidad que se abre en relación a un eje integrador cultural y económico en América alrededor de México, Brasil y Argentina", explicó Cerruti.
La portavoz indicó que, en ese marco, López Obrador lo invitó a ir a México el 24 de noviembre y el presidente argentino le dijo que "sí, para avanzar en estas conversaciones".
Al respecto, Cerruti apuntó también que ambos esperan "sumar a Lula a partir de que asuma (el primero de enero próximo) pero ya están conversando con él todos estos temas".
Ambos mandatarios tienen un fuerte vínculo y coincidencias a nivel regional y multilateral y han sido promotores del llamado Grupo de Puebla, creado en 2019 precisamente en un encuentro en la ciudad de Puebla, México, por el que se creó ese foro político con una visión nacional e integrado por presidentes, expresidentes y representantes sociales.
Fernández y López Obrador tuvieron una intervención vital cuando el entonces presidente de Bolivia, Evo Morales, sufrió un golpe de Estado en noviembre de 2019 que puso en riesgo su integridad física.
Ambos intervinieron para que Morales pudiera salir de Bolivia y trasladarse a México, donde estuvo asilado hasta que a principios de 2020 se traslado a Argentina.
Tras la asunción de Luis Arce como presidente constitucional, el 8 de noviembre de 2020, Evo pudo retornar finalmente a Bolivia.
El presidente Alberto Fernández recibió a representantes gremiales de esos dos sectores en la Casa de Gobierno. La medida, que beneficia a más de 200.000 personas, se implementa con el objetivo de mantener el valor de los beneficios previsionales. La primera actualización se pagará junto a los haberes de enero de 2023.
El Gobierno nacional actualizó la movilidad jubilatoria de docentes y trabajadores de energía eléctrica, luego de que el presidente Alberto Fernández recibiera ayer a la tarde a representantes gremiales de esos dos sectores en la Casa de Gobierno.
Fernández se reunió, junto a los ministros de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos, y de Educación, Jaime Perczyk, con los sindicalistas Sonia Alesso, Roberto Baradel y Angélica Graciano, de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA); con Daniel Ricci y Javier Peralta, de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA); y con Guillermo Moser y Walter Battistini, de Luz y Fuerza. El encuentro se realizó desde las 15.30 en el salón Eva Perón de Casa Rosada, informaron fuentes de la Presidencia.
Mediante tres resoluciones del Ministerio de Trabajo, el Gobierno nacional modificará la periodicidad de la movilidad de las prestaciones previsionales para docentes universitarios y no universitarios y para trabajadores de la energía eléctrica.
De esta manera, la movilidad de la jubilación para esos sectores se aplicará de manera trimestral en lugar de semestral, como ocurría hasta ahora, en paridad de condiciones temporales que el resto de los y las beneficiarias previsionales.
La medida, que beneficia a más de 200.000 personas, se implementa con el objetivo de mantener el valor de los beneficios previsionales de los colectivos citados y de homogeneizar los meses y la periodicidad en que estos se actualizan, en consonancia con los del régimen general de jubilaciones y pensiones.
La primera actualización se pagará junto con los haberes del mes de enero de 2023, añadieron las fuentes.
Hasta esta modificación, la actualización se realizaba dos veces al año en forma semestral. A partir de esta decisión, los haberes tendrán cuatro actualizaciones por año, mejorando de esta forma el poder adquisitivo de las y los jubilados, permitiéndole que le ganen a la inflación.
Los sectores alcanzados serán más de 9.600 jubilados del Régimen Previsional Especial para el Personal Docente de las Universidades Públicas Nacionales; más de 170.000 jubilados alcanzados por el suplemento "Régimen Especial para Docentes"; y cerca de 36.000 jubilados de Luz y Fuerza.
Lo anunció el ministro de Economía, Sergio Massa. "También nos ayuda a generar valor agregado, empleo, inversión y cambiar la matriz económica y productiva", dijo en un acto en Río Negro.
El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció ayer que "la semana que viene" el Poder Ejecutivo enviará al Congreso al proyecto de ley para otorgar "estabilidad por 30 años a las inversiones de hidrógeno".
"Eso también nos ayuda a generar valor agregado, empleo, inversión y cambiar la matriz económica y productiva", dijo Massa en un acto en la ciudad de Bariloche, en ocasión del lanzamiento del electroducto Alipiba II, una línea eléctrica de alta tensión que unirá a la localidad con las de Alicurá y Pilcanyeu, en Río Negro, y Villa La Angostura en Neuquén.
La obra, indicó Massa, "refleja la idea que significa llevar adelante este tipo de proyectos, que deberán ser pensados como política de Estado".
Además de las ventajas para la región en cuanto a conectividad eléctrica y la posibilidad de "duplicar la capacidad del parque industrial" de Bariloche, tanto Massa como la secretaría de Energía, Flavia Royon; la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, y su par de Neuquén, Omar Gutiérrez, destacaron el aporte a la sustentabilidad y la lucha contra el cambio climático que implicará al "dejar de quemar combustible".
En el marco de esas políticas de transición hacia energías renovables y limpias, Massa anunció a los dos mandatarios provinciales que "la semana que viene" se dará ingreso al proyecto de ley para otorgar "estabilidad por 30 años a las inversiones de hidrógeno", otra de las opciones energéticas impulsadas en la Patagonia.
Massa puntualizó que esas iniciativas son posibles porque el país se encuentra "en un momento en el que le hemos ganado a la incertidumbre y empezamos de vuelta a estabilizar nuestros fundamentos macroeconómicos", y se puede "pensar el mediano y largo plazo".
El nuevo electroducto
El nuevo electrocuto ALIPIBA II, que fue presentado este viernes, permitirá dejar de usar las centrales térmicas actualmente en funcionamiento a través de combustibles fósiles. La obra también incluye el refuerzo de la capacidad de transporte de ALIPIBA I.
La inversión prevista es de U$S 75 millones y el plazo de ejecución es de 48 meses.
El proyecto contempla la construcción de líneas de alta tensión de 132kV entre Alicurá y Dina Huapi (108 kilómetros), Dina Huapi-El Cruce en Neuquén (7 km.) y desde Dina Huapi hasta Bariloche (20 km.) y una estación transformadora de 132kV en Dina Huapi y la ampliación de campos de salida.
La secretaria de Energía, Flavia Royón, destacó que la obra del nuevo electroducto estaba demorada hace muchos años y que se decidió adelantar los tiempos y licitarla en el próximo mes. Es una inversión de U$S 75 millones que va a beneficiar a 165.000 habitantes de Villa La Angostura y que tiene un gran valor desde el punto de vista ambiental. “Posibilita a Bariloche más calidad y cantidad de de energía”, señaló. Son 137 kilómetros de línea de alta tensión y 132 kilómetros a una estación transformadora.
El gobernador de Neuquén, a su turno, destacó que la provincia produce energía limpia, abundante y más barata que mitiga los cambios climáticos y permite fortalecer la transición energética . “En Neuquén en septiembre hemos exportado U$S 300 millones y aspiramos a superar los U$S 2.000 millones que nos habíamos puesto como objetivo en el año. No es mercado interno versus mercado externo. El año próximos nos estaremos autoabasteciendo con la construcción de los gasoductos”, agregó.
Así lo dispone el mismo decreto que frena las altas en los planes sociales. Las explicaciones de los funcionarios.
Mientras aún se debate el Decreto 728/2022 que frena las altas de distintos planes sociales, el Gobierno dispuso en esa misma norma que el 30 por ciento de la obra pública nacional sea otorgada mediante los mecanismos habituales de contratación previstos por el Estado, a cooperativas de la economía popular.
Lo resuelto forma parte de una serie de medidas tendientes a promover la reconversión de planes sociales en empleo genuino, según señalan desde el gobierno. La normativa estableció que en los procesos licitatorios se dará preferencia a las empresas oferentes que cuenten con un mínimo del 5 por ciento de su planta conformada por trabajadores enmarcados en el programa "Puentes de Empleo" y dio un plazo de 60 días para la designación de los representantes de los diferentes sectores que componen el llamado Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario.
Según los fundamentos, promueve en favor de las Cooperativas de Trabajo de la Economía Popular el otorgamiento del 30% de la Obra Pública Nacional bajo la modalidad de contratación que corresponda, en la realización de obras de hasta $ 300.000.000, monto que será actualizado conforme lo disponga la autoridad de aplicación, y tomando como indicativas las especialidades de dichas Cooperativas.
Además, el Ejecutivo convocó a las organizaciones inscriptas en el Registro de Asociaciones de Trabajadores de la Economía Popular y de Subsistencia Básica a designar los y las representantes que integrarán el referido Consejo y los encomienda a promover una "Agenda para la institucionalización y el Desarrollo de la Economía Popular" para lograr "el fortalecimiento productivo, la formalización de los trabajadores y las trabajadoras y el fomento del acceso al crédito y del compre estatal para los emprendimientos de la economía popular".
"Nos imponemos y autoimponemos un techo a seguir incorporando altas. Esto quiere decir que el Ministerio va a trabajar con el 1.350.000 del Potenciar Trabajo para poder garantizarles la búsqueda del capital, las máquinas y las líneas de producción. Sin las herramientas ni la tecnología para producir, se trunca el sueño de confeccionar bienes y servicios desde la economía popular", dijo la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz en declaraciones a FutuRöck.
Sobre el freno a las altas de los distintos planes, la ministra señaló que «llegó el momento de repensar esta política pública». En ese mismo sentido, Raquel "Kelly" Olmos aseguró que "no hay una reducción del gasto sino un cambio de sentido".
En tanto, el subsecretario de Políticas de Integración y Formación, Daniel Menéndez, consideró que las medidas tienen un "sesgo productivista" al promover la reconversión de planes sociales en empleo genuino y buscan sacar "de la orbita asistencial" a las políticas sociales.
La suba se aplicará en dos tramos: 6,9% de incremento en el último mes del año y otro 6,9% en enero de 2023. La nueva fórmula de ajuste será segmentada y comenzará a aplicarse en febrero.
El Gobierno acordó con el sector privado de la salud desdoblar el aumento de las prepagas del 13,8% que iba a comenzar a regir en diciembre. De este modo, la suba se aplicará en dos tramos: 6,9 % en el último mes del 2022 y 6,9% en enero de 2023. Además, desde febrero se aplicará un nuevo esquema de ajuste mensual de las cuotas.
Los cambios llegan poco después de las críticas expresadas por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien calificó de "inaceptables" los incrementos anunciados.
El desdoblamiento implicará que las cuotas de las prepagas sumen un 100,9 por ciento de aumento en un año -de diciembre de 2021 a diciembre del 2022-, en lugar del 113,8 por ciento que significaría si la suba se aplicaba en un solo tramo a fin de este año.
Cómo será el nuevo esquema de ajustes de las cuotas de las prepagas
El presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS) y titular de Swiss Medical, Claudio Belocopitt, confirmó que el nuevo sistema de ajuste de cuotas de las prepagas será segmentado y de aplicación mensual. Y señaló que comenzará a aplicarse desde el 1º de febrero de 2023.
Así, para los afiliados que derivan sus aportes de una obra social a una prepaga cuyo grupo familiar tenga “ingresos netos inferiores” a 6 Salarios Mínimo, Vital y Movil (SMVM) —$ 347.400— la cuota se ajustará mensualmente por hasta el 90% de la variación de los salarios formales según el RIPTE (Remuneración Imponible de Trabajadores Estables).
En tanto que para aquellos usuarios que perciben más de 6 SMVM, el valor de la cuota aumentará de acuerdo con el Índice de Costos de Salud actual.
Por otra parte, los afiliados voluntarios o directos con ingresos individuales o del Grupo Familiar menores a la categoría H del Monotributo ($ 352.498 mensuales) tendrán ajustes de cuotas de hasta el 90% del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes anterior. Mientras que quienes tengan ingresos superiores a 6 salarios básicos, tendrán incrementos en base al Índice de Costos de Salud.
Además, desde enero del 2023, las prepagas deberán ofrecer “idénticos planes de cobertura" al que posean en la actualidad con copagos sobre las prestaciones ambulatorias y de nivel 2, ambulatorios e internación de baja complejidad. Esos planes deberán tener un costo 25% menor al idéntico, sin copago.
El aumento que provocó las críticas de Cristina
A fines de octubre, el Gobierno autorizó una suba de las cuotas del servicio de medicina prepaga, del 13,8 por ciento para diciembre. Esta suba, que ahora se aplicará en dos tramos, se calculó a partir de la ecuación de costos que el Ministerio de Salud reconoce a las empresas a través de la Resolución 1293/2022, del 30 de junio pasado.
Esa norma definió que "el cálculo para determinar el incremento se basa en la utilización de una matriz de costos promedio para el sector y la evolución de los índices de precios a nivel general y del sector salud en particular". El índice considera una incidencia del 52,4 por ciento por parte del gasto en recursos humanos; un 17,2 por ciento en insumos médicos; un 12,2 por ciento en medicamentos y otro 18,2 por ciento en otros Insumos y gastos generales.
La resolución, firmada por la ministra Carla Vizzotti, define que el cálculo del índice bimestral queda a cargo de la Superintendencia de Servicios de Salud junto a la Dirección de Economía de la Salud. Este indicador arrojó un aumento de las prepagas del 11,34 por ciento a partir del 1 de agosto, del 11,53 por ciento desde el 1 de octubre y ahora del 13,80 por ciento en diciembre.
El aumento fue cuestionado por la vicepresidenta. En un posteo en Twitter, consideró que "resulta francamente inaceptable el nuevo aumento, esta vez de dos dígitos (13,8 por ciento), que el Gobierno autorizó a las empresas de medicina prepaga, y que de esta manera suman el 114 por ciento anual de aumento otorgado. O sea, más de un 20 por ciento sobre la inflación anualizada".
Asimismo, remarcó que "oportuna y reservadamente, manifestamos nuestra opinión contraria a seguir concediendo aumentos que afectan a las familias argentinas en un servicio imprescindible como el de la salud y que además agrava al proceso inflacionario".
Los dichos de la vicepresidenta sacudieron la interna en el oficialismo, ya que por primera vez apuntó a la gestión oficial desde que Sergio Massa encabeza el equipo económico.
Más de 90 organizaciones solicitaron medidas para proteger a la población infantil de la exposición al "marketing chatarra" efectuado por la compañía de gaseosas Coca Cola.
Más de 90 organizaciones le reclamaron al Gobierno nacional que haga cumplir la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, más conocida como Ley de Etiquetado Frontal, y que arbitre las medidas necesarias para proteger a las infancias de la exposición al "marketing chatarra", ante la identificación de distintas acciones de Coca-Coca dirigidas a niñas, niños y adolescentes.
En el marco del Mundial FIFA Qatar 2022, las organizaciones advirtieron que Coca-Cola realiza "acciones prohibidas por la ley", como la inclusión de diseños con pelotas de fútbol en las etiquetas de sus productos, la entrega de productos de forma gratuita y la presencia de stands en la vía pública donde se regalan entradas para ver el trofeo del Mundial a cambio de la entrega de envases retornables.
Además, resaltaron "la existencia de un acuerdo comercial con la empresa Panini a través del cual se estableció una sección especial en el álbum de figuritas" que invita "a coleccionar ocho figuritas exclusivamente disponibles en las etiquetas de Coca-Cola Zero".
La declaración fue firmada por Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), la Fundación Interamericana del Corazón (FIC), el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes), la Sociedad Argentina de Nutrición y Alimentos Reales (Sanar), y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), entre otras organizaciones de la Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Trinidad y Tobago, México, Perú, República Dominicana y Uruguay.
La Ley
La Ley de Etiquetado Frontal, sancionada en octubre de 2021, establece que los productos con un contenido excesivo de algún nutriente crítico, como azúcares o sodio, deberán incluir un sello en el envase que lo informe, mientras en el caso de los productos con cafeína y edulcorantes, las empresas deberán incluir leyendas precautorias que desaconsejen su consumo en niños y niñas.
En este marco, la normativa establece que los productos que contengan sellos no pueden realizar publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes como así tampoco promocionar su producto a través de deportistas, cantantes, animaciones, entre otros, ni realizar promociones o entregar muestras gratuitas.
"La entrega de obsequios como figuritas y el uso de personajes o animaciones son un determinante más en las elecciones de consumo, y es por eso que la ley de etiquetado vino a regularlas", declaró Leila Guarnieri, nutricionista e investigadora de la Fundación Interamericana del Corazón (FIC) Argentina..
En este sentido, amplió: "Las infancias son una población vulnerable a este tipo de información ya que se sienten atraídos por el marketing que los interpela directamente condicionando sus preferencias de consumo por productos como las gaseosas con exceso de azúcar, cafeína o edulcorantes, que son especialmente nocivos para la salud de las infancias".
En la declaración, las organizaciones también solicitaron que el gobierno haga pública la información sobre las empresas que obtuvieron prórrogas en el marco de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable.
"Desde la sociedad civil se ha exigido reiteradamente el acceso a información clara y precisa sobre la cantidad de solicitudes aprobadas, así como el nombre de los productos y de las empresas que han sido beneficiadas, pero esta información ha sido denegada en todas las oportunidades", advirtieron.
Antes de ser citada, Ximena de Tezanos Pinto se presentó a través de su abogado en el expediente que investiga los posibles vínculos de la organización de ultraderecha con el intento de asesinato a CFK. Uno de los cuatro procesados la mencionó en sus declaraciones ante el juzgado.
Sin que nadie la invoque, invitase o citara, Ximena de Tezanos Pinto, la vecina del piso de arriba de Cristina Kirchner, se presentó a través de su abogado en la causa que investiga los posibles vínculos entre la organización Revolución Federal con el intento de asesinato a la vicepresidenta, ocurrido el 1º de septiembre.
La singular decisión tomada a la defensiva fue hecha luego de que Gastón Guerra, uno de los cuatro procesados antes de ayer en esa causa que está a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, la mencionara en sus declaraciones ante el juzgado.
Lo insólito del caso es que el abogado al que Tezanos Pinto puso como representante y defensor es Martín Sarubbi, el mismo que representa a Sabrina Basile, hija del ex DT de la selección argentina de fútbol y que estuvo detenida y luego procesada por “apología del delito”.
A Sarubbi, la vecina de Cristina lo presentó "como defensor de confianza en las presentes actuaciones" y solicitó que "se vincule al profesional al sistema Lex 100", el programa informático en el que tramita el expediente digital al que, luego de esa movida, ella tendrá acceso como parte involucrada.
El movimiento de Tezanos Pinto en la causa
Quienes llevan la causa se expresaron “sorprendidos” por el movimiento de Tezanos Pinto y adujeron que fue por consejo de Sarubbi. De momento no hay nada en concreto contra ella, pero la recurrencia de su nombre en las declaraciones de los procesados le hizo abrir el paraguas.
En su argumentación, la mujer indicó que la decisión de compulsar en el expediente que obra en la causa 3103/2022 la tomó por “propio derecho”.
Lo que la vecina de Recoleta no aclara, al menos en este primer paso para conocer más de cerca la investigación es que mantuvo vínculos con Guerra y Leonardo Sosa, dos de los procesados junto con Basile y Jonathan Morel, el carpintero que recibió de parte de la familia de Luis Toto Caputo, ex ministro de Mauricio Macri: 13 millones de pesos por la compra de muebles que él no fabricó.
Los vínculos de la vecina de CFK con Revolución Federal
Fragmento de la declaración de Gastón Guerra
En el fallo donde el juez Martínez de Giorgi procesó a los cuatro, Tezanos Pinto es mencionada por Sosa y Guerra. Ambos se habían sacado fotografías en el balcón del departamento de Juncal y Uruguay, ubicado encima de donde vive Cristina Fernández de Kirchner.
En el escrito, Guerra cuenta que la vecina se contactó con él a través de la abogada Gladys Egui, que vivía en ese departamento, y que después le “ofreció un trabajito”, como hacer tareas de albañilería y pintura.
Tezanos Pinto nunca disimuló sus vínculos con los integrantes del grupo ultraderechista Revolución Federal, que protagonizó ataques a funcionarios públicos y organizó movilizaciones en las que instalaron una guillotina en Plaza de Mayo para utilizar con integrantes del Gobierno y arrojaron antorchas contra la Casa Rosada.
Tezanos Pinto está afiliada a Republicanos Unidos, que tiene entre sus referentes a Ricardo López Murphy, quien días antes del atentado contra CFK había tuiteado son “ellos o nosotros”. Es crítica de María Eugenia Vidal, a quien la considera hija de la “dedocracia” de Horacio Rodríguez Larrata, denostado por los halcones alineados detrás de la dipsómana presidenta del PRO, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón.
Es el tercer magistrado que se declara incompetente. Los carteles la acusaban de “asesina” y aparecieron pegados en la ciudad de Buenos Aires a fines de marzo pasado.
La causa que investiga el escrache a Cristina Fernández de Kirchner, con afiches que la tildaban de “asesina” por la falta de vacunas, sigue saltando de juzgado en juzgado. En las últimas horas, el juez federal Sebastián Casanello se declaró incompente y pidió que intervenga la Corte Suprema.
La pegatina contra la vicepresidenta ya pasó por tres juzgados. Una de las denuncias le tocó a Casanello, pero rápidamente sostuvo que no era competencia de la justicia federal. Entonces avanzaron otras dos causas en la justicia porteña y en la justicia penal ordinaria.
A fines de agosto, luego de que Cristina pidiiera ser querellante, el juez Manuel De Campos, que sólo se había concentrado sobre la pista de una “jubilada” de Recoleta, también se declaró incompetente, por lo que intervino la Cámara Criminal y Correccional.
Ese tribunal sostuvo esta semana que la causa debe investigarse en Inodoro Py. “Los sucesos pesquisados se vinculan con el entorpecimiento del ejercicio de la función de la querellante”, dijo la sala VII.
Cuando la investigación parecía encaminarse, Casanello otra vez rechazó la causa. “Habré de mantener el criterio oportunamente sostenido en cuanto a la incompetencia de este Juzgado en razón de la materia respecto de los hechos aquí investigados y, en consecuencia, trabar contienda y remitir el correspondiente incidente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que resuelva el caso”, sostuvo el juez en una breve resolución. Mientras tanto, la causa quedará en manos de la fiscal federal Alejandra Mangano.
La decisión no cayó bien cerca de la vice. “Cuando no le arman causas para perseguirla y es víctima le deniegan justicia”, se quejó anteanoche el diputado Leopoldo Moreau.
Los afiches contra Cristina aparecieron en distintas avenidas de la CABA en la madrugada del 28 de marzo. La acusaban de “asesina” y de ser “culpable de 35.000 muertes”. Rápidamente, el presidente Alberto Fernández salió a condenar el “escrache” en sus redes sociales y se abrieron tres causas judiciales. Aunque pasaron más de siete meses, todavía no se pudo determinar quién fue el autor ideológico.
La causa que tramitaba en la justicia penal ordinaria, iniciada a partir de una denuncia de Enrique “Pepe” Albistur, el publicista amigo de Alberto Fernández, tuvo escasos avances. No se llegó a peritar el teléfono ni la computadora aportada por Lilian Melhem (61), la mujer de Recoleta acusada de haber pagado los afiches. Tampoco se pidió información sobre el mail que utilizaba la misteriosa mujer que se comunicaba con la imprenta.
El juez De Campos rechazó en varias oportunidades indagar a Melhem y se negó a ordenar varias medidas de prueba que le había solicitando de manera insistente el fiscal Leonel Gómez Barbella.
En otro expediente paralelo, a cargo del fiscal porteño Mauro Tereszko, se comprobó que los llamados entre la mujer y un empleado de la imprenta empezaron el 4 de marzo, 24 días antes de la pegatina. “Dice que es un partido político y es medio picante lo que quiere”, dijo un directivo de la imprenta en un chat interno.
Aunque los llamados provenían de un número desconocido, la empresa Telecom reveló que se hicieron desde un teléfono fijo registrado en la avenida Alvear al 1600, a pocas cuadras del domicilio de la vicepresidenta. Melhem no vivía en ese domicilio. Además, su voz tampoco coincide con los mensajes de audio que aportó el empleado de la imprenta.
Hasta ahora, el hecho se investigaba como una intimidación pública, de la cual la vicepresidenta no era una víctima directa. Sin embargo, la Cámara del Crimen equiparó el caso de los afiches a una amenaza de bomba en el domicilio de Cristina Kirchner. Y hasta habló de atentado.
“De las constancias reunidas, es posible inferir que la maniobra investigada se halla vinculada a una persona que encomendó la colocación de afiches con el objeto de conmocionar e influir en la opinión pública y a la sociedad en general, con relación a la autoridad mencionada, de modo que no existen hesitaciones en torno a que la finalidad de la conducta descripta era la de atentar contra la señora Vicepresidenta y su función en el Gobierno Nacional”, sostuvo el camarista Mariano Scotto.
Ese fallo dejó la puerta abierta a una posible unificación con otros expedientes como el que investiga la jueza María Eugenia Capuchetti contra “la banda de los copitos” o el que está a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi por el financiamiento a la agrupación Revolución Federal.
De hecho, el abogado de la vicepresidenta en la causa de los afiches, Gregorio Dalbón, no descarta pedir la unificación con otros expedientes.
"Está llena (la ciudad) de barrios de emergencia y hay mucha gente que no puede alquilar", dijo el ex senador. Se acelera la disputa por las elecciones.
Las internas y los cuestionamientos dentro del campamento de Juntos Por el Cambio se intensifican a medida que se acercan las elecciones 2023.
Esta vez, el fuego amigo llegó desde Miguel Ángel Pichotto, auditor general de la Nación que cuestionó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larrata, por su gestión de gobierno en la ciudad de Buenos Aires.
"Está llena de barrios de emergencia y hay mucha gente que no puede alquilar", dijo el ex senador nacional en un acto realizado en un local del barrio porteño de Caballito.
Pichotto planteó además que la coalición opositora "tiene que hacer un análisis de conciencia", tras los cruces entre sus principales dirigentes y la profundización de las internas.
"En la ciudad de Buenos Aires parece que todo está bien, pero nos encontramos con gente no puede ni alquilar. La ciudad siempre está de obra en obra, pero no se entiende para qué. CABA está lleno de barrios de emergencia. Ahí se construyen complejos de calidad, pero esa gente se va a vivir a la calle", opinó.
Pero las críticas no terminaron ahí. "No necesitamos grandes encuestas. Vemos lo que pasa en la calle, y a esta gente ni siquiera se la atiende para que pueda dormir en un lugar digno", dijo sobre la situación en la ciudad administrada por Larreta desde hace dos mandatos.
"Hay barrios tomados, donde la falta de presencia policial es terrible. Por eso Encuentro Republicano Federal es el único partido que habla de apoyar a las Fuerzas Armadas. La seguridad contra el narcotráfico no pude estar en manos de la policía local porque esto un delito federal", señaló acerca de la política para combatir el narcotráfico.
Ante la escalada de la interna de Juntos por el Cambio, el ex dirigente peronista dijo que la coalición de ultraderecha "tiene que hacer un análisis de conciencia, ya que hay mucha gente preocupada por estas peleas internas".
El jefe de Estado encabezó la Expo Congreso Ciudades para Vivir Bien en Tecnópolis. Allí cuestionó la desigualdad y destacó que el continente es "una región de paz", que "ha puesto en valor la democracia".
El presidente Alberto Fernández llamó ayer a "articular la riqueza" de América Latina para "construir la patria grande" y "terminar con la desigualdad" en el continente, al encabezar la inauguración de la Expo Congreso Ciudades para Vivir Bien en el predio de Tecnópolis.
"Cuando pienso en una América Latina que se une al Caribe, pienso en la unidad necesaria para crecer juntos y en articular la riqueza y el funcionamiento de la patria grande para que a todos nos vaya mejor", sostuvo Fernández.
El mandatario encabezó el evento en la localidad bonaerense de Villa Martelli, partido de Vicente López, donde estuvo acompañado por el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el presidente de la Federación Argentina de Municipios e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, entre otras autoridades nacionales e internacionales.
En ese marco, cuestionó que "estamos en el continente más desigual del mundo" y llamó a trabajar "articuladamente para terminar con ese problema".
"Es un problema que asumimos, pero que no necesariamente generamos. Es el modo en el que funciona el capitalismo financiero en el mundo", apuntó.
Además, señaló que "nuestro continente, a pesar de las dificultades, tiene grandes avances" y remarcó que "somos una región de paz", donde no hay "conflictos entre quienes formamos parte de América Latina y el Caribe".
"Somos un continente democrático que ha puesto en valor la democracia", aseveró y en esa línea, sostuvo que eso quiere decir también "respetar el resultado de las elecciones" y "convivir en la diferencia".
"Celebro enormemente el triunfo del (presidente electo) Luiz Inácio Lula da Silva y le pido al pueblo de Brasil que conviva en democracia, que se respeten", afirmó.
Por otra parte, destacó el trabajo de los intendentes, que "son el primer eslabón de una cadena que se diseña para gobernar un país" y aseguró que las obras públicas que implementa el gobierno "llegan a todos sin importar cómo piensan" los gobernantes de los distritos.
"Debemos cambiar ese diseño estructural porque sino seguimos profundizando las injusticias y si algo queremos es que la injusticia desaparezca y que la igualdad social sea una realidad y crear una sociedad que a todos nos incluya", aseguró.
Asimismo, manifestó que ésta "es una gran oportunidad" para dejar de pensar que "somos un continente proveedor de materias primas", ya que hay "una riqueza cultural extraordinaria, una enorme posibilidad de desarrollar el conocimiento, la ciencia y la tecnología y proveérselas a todo el mundo".
En el acto también estuvieron presentes los ministros Tristán Bauer (Cultura), Victoria Tolosa Paz (Desarrollo Social), Daniel Filmus (Ciencia, Tecnología e Innovación), la portavoz Gabriela Cerruti, el diputado Daniel Arroyo, el alcalde de San José de Costa Rica, y Johnny Araya Monge, entre varios otros funcionarios.
La exposición que se inauguró ayer reunirá hasta el viernes a representantes de la industria, los servicios y las nuevas tecnologías en Tecnópolis, con el objetivo de poner en común todos los avances para la gestión de los gobiernos locales y la prestación de servicios públicos.
A partir de su entrada en vigencia, no se otorgarán nuevas altas en los programas Potenciar Trabajo, Potenciar Inclusión Joven, Nexo y Plus Esencial. El Presidente recibió en su despacho a ministros para analizar la iniciativa.
El presidente Alberto Fernández firmó ayer por la tarde el decreto que será publicado en las próximas horas en el Boletín Oficial y que impedirá la incorporación de más beneficiarios de diferentes programas sociales, pero, al mismo tiempo, buscará que los que actualmente reciben la ayuda del Estado accedan a un trabajo genuino.
En uno de los artículos de esta norma se instruye a la Oficina Nacional de Contrataciones a incorporar, en los pliegos de bases y condiciones generales, un margen de preferencia para los oferentes que acrediten un mínimo del 5% de trabajadores vinculados al plan “Puente al Empleo”.
De esta manera, el Gobierno busca que las personas que actualmente están inscriptas en ese programa puedan ingresar a un empleo formal y, de esa manera, ya no necesiten de la asistencia estatal.
El decreto en cuestión fue firmado por el presidente, luego de una reunión que mantuvo en su despacho con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y los ministros de Economía, Sergio Massa; de Trabajo, Kelly Olmos, y de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. Tras la reunión, Tolosa Paz y Olmos brindaron una conferencia de prensa para dar detalles de la normativa.
A partir de su entrada en vigencia, no se otorgarán nuevas altas en los programas Potenciar Trabajo, Potenciar Inclusión Joven, Nexo y Plus Esencial. En su lugar, las transferencias previstas serán destinadas a las unidades de gestión productiva para la adquisición de bienes de capital y la inserción laboral.
El Potenciar Trabajo es el segundo programa en importancia en el ministerio de Desarrollo Social. Según cifras oficiales, en la actualidad existen unos 1.300.000 beneficiarios, de los cuales 400.000 podrían ser dados de baja después de las auditorías que están en marcha.
Las bajas de los titulares de estos beneficios tampoco podrán ser reemplazadas por otros y el dinero que se obtendrá con esta medida solo podrá ser utilizado para la compra de máquinas y herramientas que Desarrollo Social entrega a cooperativas de trabajo o emprendimientos individuales.
Asimismo, se les otorgará a las cooperativas de trabajo de la economía popular el 30% de la Obra Pública Nacional con montos de hasta $ 300.000.000, bajo la modalidad de contratación que corresponda.
Además, en este texto se insta a los Ministerios de Desarrollo Social, de Trabajo y de Economía a designar a sus representantes en el Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario (CEPSSC), creado por la Ley 27.345 de Emergencia Pública.
También convoca a las organizaciones inscriptas en el Registro de Asociaciones de Trabajadores de la Economía Popular y de Subsistencia Básica, a designar los representantes que integrarán el mencionado Consejo, que tiene como misión promover una “agenda para la institucionalización y el desarrollo de la economía popular”.
El organismo tendrá como objetivos principales el fortalecimiento productivo, la formalización de los trabajadores y el fomento del acceso al crédito y de la compra estatal para los emprendimientos de la denominada economía popular.
El Decreto podría ser motivo de protesta por parte de los movimientos sociales de izquierda que en las últimas manifestaciones y acampes pedían una mayor cantidad de alimentos y planes por parte del Gobierno. También reclamaban la “universalización” de programas como el Potenciar, que por cuatro horas de labor otorga $ 28.950; esto es la mitad del salario mínimo vital y móvil.
La vicepresidenta encabezará un encuentro en el estadio Diego Maradona, en La Plata, junto a miles de militantes kirchneristas que movilizarán en una fecha clave en el calendario peronista. Hoy hablará en el cierre de los congresos regionales de la UOM
Cristina Fernández de Kirchner será la única oradora en un acto que está organizando el PJ Bonaerense, que conduce su hijo Máximo, el próximo 17 de noviembre cuando se conmemore el Día de la Militancia, una de las fechas claves en el calendario peronista, donde la épica confluye con la memoria.
El acto se llevara a cabo en el estadio Diego Maradona -ex Estadio Único- ubicado en La Plata. El evento fue confirmado desde el entorno de la vicepresidenta. Será el segundo que protagonice Cristina en noviembre, ya que hoy encabezará otro en Pilar junto a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).
El encuentro tendrá centralidad total de CFK en un contexto político que ya está marcado por la antesala del proceso electoral del año que viene. Desde hace algunas semanas el núcleo duro del kirchnerismo le da fuerza a un operativo clamor para que la actual compañera de fórmula de Alberto Fernández compita por la presidencia en el 2023.
La ex mandataria no ha dado ninguna señal consistente sobre su futuro electoral. Lo que existen son pedidos de distintos sectores del Frente de Todos para que sea candidata. El último que tuvo volumen político fue el que encabezó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, durante uno de los homenajes que se realizaron la semana pasada en un nuevo aniversario de la muerte de Néstor Kirchner.
En un acto organizado por ATE Capital Kicillof dijo que “hay que discutir si la Argentina va a tener a la derecha o a los derechos. Tenemos que apoyar a Cristina”. Antes de sus palabras el titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, había dicho que pese a las expresiones de Máximo Kirchner, que había dicho que no creía que fuera candidata, él seguía “viendo en Cristina una enorme mujer y una enorme candidata a presidenta”.
Daniel “Tano” Catalano, secretario general de ATE Capital, fue más contundente aún. “Tenemos candidata y candidato para el 2023. Vamos a ganar. Con un proyecto de país que es del Frente de Todos y que lo va a encabezar Cristina en la Nación y Axel en la provincia”, sentenció. En el kirchnerismo alientan la candidatura de la vicepresidenta.
El 17 de noviembre del año pasado fue una fecha importante para el gobierno nacional. En especial, para Alberto Fernández, que fue el único orador en un acto que se realizó en la Plaza de Mayo pocos días después de que oficialismo sufriera un fuerte golpe político al perder las elecciones de medio término con Juntos por el Cambio.
Cristina confirmó que participará hoy como invitada del plenario de la UOM
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner confirmó ayer que este viernes participará como invitada de un plenario de delegados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en la localidad bonaerense de Pilar, donde reaparecerá en público por primera vez desde el intento de asesinato del pasado 1 de septiembre en el barrio porteño de Recoleta.
"Voy a participar del Plenario de delegados de la Unión Obrera Metalúrgica, al que fui invitada por el compañero Abel Furlán", publicó la exmandataria en su cuenta oficial en Twitter.
Además, adelantó que el acto será transmitido en vivo, a las 17, a través de sus redes sociales y acompañó el posteo con una imagen que informa sobre la convocatoria de hoy.
