Alberto Fernández sobre el comunicado del FMI: "Teníamos razón"

El jefe de Estado habló en la inauguración de una planta de medicamentos biológicos en Escobar, donde se encontró con el economista Roberto Lavagna. Lo acompañó Ricardo Alfonsín, designado Embajador en España. Dijo que "por primera vez en la historia" el Fondo promueve semejante reconocimiento.

"Teníamos razón. Y con la razón pudimos y vamos a seguir adelante. En tiempos de tanta especulación, tener razón no es poco", dijo Alberto Fernández.

"Parecía que no teníamos nada y por primera vez en la historia el Fondo promueve semejante reconocimiento. Les dijimos 'esta vez vamos a hacer el plan de salida nosotros' y nos dijeron 'háganlo'", señaló el presidente. 

Fernández se mostró durante el acto de ayer con el ex candidato a presidente Roberto Lavagna. 

El sorpresivo encuentro se produjo durante el acto de inauguración de una planta de medicamentos biológicos en el partido bonaerense de Escobar, Incluso el mandatario lo mencionó en su discurso y destacó el rol que tuvo el economista durante la reestructuración de la deuda con el FMI en el gobierno de Néstor Kirchner.

"Nosotros, con Roberto advertíamos que era una Argentina de ilusión, que indefectiblemente iba a encontrar un momento de quebranto. Lo decíamos y nos acusaban de cosas terribles, de populistas, de irresponsables, de querer deprimir a la gente...Pero resulta que hoy nos despertamos todos con que el que nos dio la razón es el FMI... Lo que nosotros decíamos no era mentira, era verdad", sostuvo el jefe de Estado en referencia al documento en el que Fondo Monetario Internacional se hizo eco de la posición del gobierno acerca de que el pago de la deuda, así como está planteado, no es sostenible. "Con Roberto ya lo hicimos en 2003 y lo vamos a volver a hacer ahora", añadió.

La reaparición pública de Lavagna se dio en coincidencia con la reunión técnica que encabezaron funcionarios, sindicalistas y empresarios en Casa Rosada para avanzar con la creación del Consejo Económico y Social: Alberto Fernández manifestó en varias ocasiones su deseo de que el ex ministro sea quien lo presida.

Durante la campaña de 2019, el entonces postulante del Frente de Todos subrayaba que no iba a dar a conocer su Gabinete en pleno proceso electoral, debido a que eso impedía que pudiera sumar dirigentes de otros espacios.

Su principal intención siempre fue incorporar a Lavagna al gobierno: un avance en ese sentido fue la designación de su hijo, Marco, como titular del INDEC.

Acompañaron al presidente en el acto de inauguración el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; los ministros de Salud, Ginés González García; de Interior, Eduardo de Pedro; de Educación, Nicolás Trotta; de Ciencia, Roberto Salvarezza; el intendente local, Ariel Sujarchuk; y Hugo Sigman, CEO del Grupo Insud al que pertenece mAbxience, entre otros. 

También estuvieron el designado embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín; y José Urtubey, uno de los referentes de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Argentina no le pagará al FMI hasta 2024

El gobierno cerró con el FMI los principales puntos de la negociación por el préstamo récord. No realizará reforma previsional, ni laboral.

El gobierno nacional cerró los principales puntos en la renegociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el leonino préstamo otorgado el infame régimen fascista y neoliberal de la alianza de derecha Cambiemos. Argentina no comenzará a pagar el crédito hasta 2024, no realizará reforma previsional ni laboral. A cambio, se comprometió a mantener el equilibrio fiscal, pero con condiciones mucho más beneficiosas para el país que las anteriores.

Luego de una semana de continuas reuniones con la delegación del Fondo, el ministro de Economía, Martín Guzmán, consiguió acordar tres años de gracia antes de transferir la primera cuota, pudo saberse de fuentes con acceso directo a la negociación. El préstamo, que firmaron los funcionarios de Miauricio Macri Blanco Villegas con Christine Lagarde, establecía que el primer pago debía realizarse en 2021, pero se abonará recién desde 2024.

Con este avance, el equipo económico consiguió descomprimir una porción sustancial de los vencimientos próximos. La principal razón por la que la misión del organismo multilateral calificó de “no sustentable” al pasivo público externo fue, justamente, el altamente concentrado perfil de la deuda, que la gestión anterior no se molestó en atender al momento de emitir bonos.

El equipo de Guzmán cambió drásticamente las condiciones del acuerdo pautado con el macrifascismo, que establecía que Argentina iba conseguir un superávit del 3%. Para esto, el Fondo planeaba un salvaje ajuste del gasto público que hubiera tirado por tierra la posibilidad de crecimiento en la década siguiente, y que se hubiera profundizado con retrocesos en el régimen jubilatorio y los marcos laborales básicos.

Luis Cubeddu, a cargo de la delegación argentina en reemplazo de Roberto Cardarelli, y Julie Kozack, subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental, ampliaron su estadía cuatro días hasta el miércoles para definir estos cambios en el acuerdo, además de que no quitarán al país del programa de stand-by para llevarlo a uno de facilidades extendidas, el mismo que se usó en 1997 y que derivó en la mayor crisis financiera de la historia local.

De esta manera, Guzmán consiguió mantenerse afuera de la tutela neoliberal que el Fondo aplica en países con elevado nivel de endeudamiento y que luego profundizan aún más la recesión. Por lo tanto, el gobierno no se verá presionado a llevar adelante un cambio en el sistema previsional que perjudique a los más vulnerables ni una reforma laboral, como el hijo bobo de Franco Macri quería aplicar. Alberto Fernández tampoco estará forzado a privatizar compañías estatales.

Por su parte, el gobierno se comprometió a mantener el equilibrio fiscal por lo que dure el contrato, en línea con el programa del mandamás del Palacio de Hacienda. El FMI aprobó una excepción: que el déficit fiscal primario alcance el 0,5%, siempre que esté basado en un aumento justificado del gasto social.

Del lado del régimen previsional, Guzmán prepara una fórmula que será muy similar a la de Cristina Fernández de Kirchner, que en este período económico venidero no entregará seguramente mejoras considerables al poder adquisitivo de los jubilados, pero garantiza la sustentabilidad del régimen de reparto. El gobierno evalúa, a la par, entregar bonos para compensar potenciales pérdidas de la capacidad de compra contra la inflación.

Tal como le transmitió el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, a los técnicos del organismo, las tarifas volverán a tocarse luego de los seis meses en que dura el período de emergencia, en el que se analizan los aumentos de Cambiemos, que llegaron al 3.500% para la luz. “No se trata de un congelamiento permanente ni de sostener este congelamiento parcial por mucho tiempo, sino de hacer una revisión que permita reducir donde sea posible los costos del sistema eléctrico y de gas, y poder generar tarifas razonables y accesibles sobre todo donde hay mayores necesidades”, dijo el funcionario en conferencia de prensa. La pauta de incremento de las tarifas que el gobierno planifica se encuentra en torno al 20%. Similar es la variación que prevén para el dólar a lo largo del año.

El miércoles, la misión del Fondo le dio la venia a Alberto, que durante la campaña planteó que no era posible pagar el gigantesco pasivo que generó Macri Blanco Villegas en menos de cuatro años. “El personal del FMI ahora evalúa que la deuda de Argentina no es sostenible”, lanzó la delegación en un comunicado al final de su visita. 

“Específicamente, nuestra visión es que el superávit primario que se necesitaría para reducir la deuda pública y las necesidades de financiamiento bruto a niveles consistentes con un riesgo de refinanciamiento manejable y un crecimiento del producto potencial satisfactorio no es económicamente ni políticamente factible”, precisó.

Las palabras de los técnicos fueron consideradas como “inéditas” por fuentes de la Casa Rosada consultadas por este medio. El propio presidente congratuló a los economistas por Twitter: “Celebro que el FMI reconozca la posición argentina respecto de los procesos de endeudamiento. Si todas las partes demuestran voluntad de acordar, podremos volver a crecer, honraremos nuestros compromisos y volveremos a tener una Argentina de pie".

Fuente: nota de Roberto Navarro y Ezequiel Orlando para El Destape web

El gobierno confirmó que habrá aumentos de tarifas a partir de julio, "para los que puedan soportarlos"

El jefe de Gabinete aclaró que se mantendrá la tarifa social "y la lógica de prioridades que los argentinos y las argentinas votaron en octubre". También habló del comunicado del FMI.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, confirmó que a mediados de año habrá un aumento de tarifas “para los sectores que los pueden soportar”. 

Según describió en declaraciones radiales, se mantendrá la tarifa social "y la lógica de prioridades que los argentinos y las argentinas votaron en octubre". 

La ley de Emergencia Económica votada por el Congreso en el inicio del gobierno del Frente de Todos impuso un congelamiento de los precios del gas y la electricidad hasta el 30 de junio. 

Hasta ayer era una incógnita que camino adoptaría el Poder Ejecutivo. Cafiero confirmó que están trabajando en un nuevo cuadro tarifario que comenzará a regir en julio.

Los Servicios Públicos estuvieron en la mesa de discusión con el Fondo Monetario Internacional durante la misión que culminó ayer. En esos encuentros, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, planteó que no habría un congelamiento permanente.

FMI

El jefe de Gabinete, sostuvo que el gobierno nacional “está conforme” con el documento emitido antes de ayer por la misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) y destacó que “es muy importante para Argentina tener una visión compartida con el Fondo", ya que "genera un espacio más holgado para negociar” con los acreedores privados.

“Estamos conformes con el documento del FMI, pero no estamos contentos porque todavía falta mucho camino por transitar. Hay que seguir siendo muy serios como viene siéndolo nuestro ministro de Economía, Martín Guzmán”, afirmó.

Testigos protegidos

El jefe de Gabinete defendió la derogación del decreto del hijo bobo de Franco Macri que creó la Agencia Nacional de Protección de Testigos e Imputados y restituyó el programa anterior, bajo la órbita del Gobierno y dijo que era "ridículo" y que se había hecho "entre gallos y medianoche" el anterior traspaso de este programa al ámbito de la Justicia dispuesto a fines de noviembre por la gestión de Cambiemos. "Lo que se hizo fue suspender un decreto ridículo, que establecía la creación de una agencia que nunca se había creado", afirmó ayer Cafiero, afirmó en relación a la norma dictada por Macri Blanco Villegas a poco de la finalización de su mandato.

La derogación de aquel decreto de la infame gestión de la alianza de derecha Cambiemos se dispuso hoy a través del decreto de necesidad y urgencia (DNU) número 168, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Alberto Fernández y todo su gabinete de ministros. "Era una discusión más administrativa de poner en funcionamiento ya el programa, que había quedado acéfalo. El programa sigue como estaba antes, con la gente capacitada del Ministerio de Justicia", indicó el jefe de Gabinete. Además, afirmó que lo que hace el programa es "cumplir órdenes judiciales, son determinaciones del Poder Judicial que el Poder Ejecutivo ejecuta" y agregó que "no tiene autonomía propia para decidir qué hacer".

Ginés González García: "Remediar distribuye equidad; es un hito central"

Flanqueado por varios gobernadores, el ministro de Salud de la Nación presentó oficialmente la puesta en marcha del plan de entrega de medicamentos gratuitos en todo el país.

El ministro de Salud, Gińes González García, afirmó ayer en rueda de prensa, desde la Residencia de Olivos, que el relanzamiento del programa Remediar, que consiste en la entrega de medicamentos gratuitos en todo el país, es "un hito central" de la política oficial en materia de salud pública, porque "distribuye equidad" y "mejora el funcionamiento de la atención primaria, porque si hay medicamentos la gente concurre más".

El titular de la cartera de Salud también destacó el carácter "federal" del programa Remediar, que consiste en la entrega de medicamentos gratuitos en todo el país, y que además contribuirá con mayor "acceso" por el "alto precio" que tienen algunos de esos productos en el mercado.

Si bien estaba previsto que el presidente Alberto Fernández participara de la conferencia, finalmente encabezó el acto el ministro de Salud junto a los gobernadores de Chaco, Jorge Capitanich, de Jujuy, Gerardo Morales, de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, y de San Luis, Alberto Rodríguez Saá.

“Conversamos con gobernadores y el presidente de los problemas que hay no solo en salud, sino en el acceso a los medicamentos y lo que estamos construyendo es una política federal”, remarcó el ministro de Salud y agregó que “es un programa de gran capacidad redistributiva”.

Previamente, los mandatarios provinciales mantuvieron una reunión con el presidente, el ministro de Salud y sus pares de Justicia, Marcela Losardo, y de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro.

El nuevo programa Remediar llega con un 68% más de medicamentos en los botiquines que reciben los centros de salud para garantizar el acceso a tratamientos esenciales a más de 15 millones de personas.

“Es un programa no solo de acceso a medicamentos, sino que naturalmente es un programa de distribución de equidad, de mejoramiento del funcionamiento de la atención primaria, porque si hay medicamentos la gente concurre más a la atención primaria, hace vacunación, control de niños”, afirmó Ginés González García en Olivos.

El Programa funciona en conjunto con la red compuesta por 8000 Centros de Atención Primaria de la Salud e instituciones sanitarias de todo el país, que reciben más de 14 mil botiquines para cubrir el 80 por ciento de las consultas que se realizan en el primer nivel de atención.

Los pacientes que no tienen cobertura de obra social y no pueden adquirir los medicamentos los reciben directamente en cantidades acordes con las dosis y duración del tratamiento prescripto de manera totalmente gratuita siempre que formen parte del vademécum de Remediar. A partir del relanzamiento del Programa, los botiquines pasarán de tener 34 a 50 medicamentos.

Remediar comenzó en 2002, luego de una crisis que produjo la más importante reducción del acceso a los medicamentos en la historia de la Argentina, y mientras que en 2013 se distribuyeron 176 mil botiquines con 44,1 millones de tratamientos, hacia fines de 2019 esas cifras habían caído a 106 mil botiquines y 23,8 millones de tratamientos.

El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, al participar de la conferencia en la Residencia de Olivos, celebró el relanzamiento del programa Remediar porque significa "un enorme alivio y aporte para solucionar los problemas de las personas más humildes", en el marco de "una Argentina devastada, donde el Estado había producido una gran ausencia".

Por su parte, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, aseguró que con el programa Remediar y en temas de salud "no hay banderías políticas ni divisiones sectoriales" porque "todos estamos en la misma situación".

El gasto de los espías ya no será oscuro: la Sindicatura General de la Nación controlará el dinero de la AFI

En el marco de la intervención sobre la Agencia Federal de Inteligencia, el gobierno decidió auditar los gastos de los agentes de la institución que conduce Cristina Caamaño.

Por primera vez la Agencia Federal de Inteligencia tendrá un control externo sobre la gran mayoría de sus gastos. Por decisión del gobierno de Alberto Fernández, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) será la encargada de auditar una parte de los movimientos de dinero del organismo. La medida, que no tiene precedentes, ya es oficial.

“Hay que terminar con los sótanos de la democracia”, había dicho el presidente en su discurso de asunción. Gran parte de la posibilidad de la existencia de ese submundo se debía a la total discrecionalidad con que la ex Side podía manejar su presupuesto. Si bien el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner había ordenado la transparencia del uso de los recursos, uno de los primeros decretos que firmó Miauricio Macri Blanco Villegas al asumir (el 656/16) fue el que estableció nuevamente la reserva de todos los gastos. Así fue que el manejo del dinero se mantuvo en las sombras drante los últimos cuatro años. Desde la boleta de la luz hasta los honorarios de un agente inórganico para una operación determinada. Nada era público ni mucho menos auditado.

Ahora, por primera vez en su historia, la AFI deberá ajustarse -en parte- al régimen general de compras y contrataciones del Estado y estará sometida a un auditor externo, que ya fue designado por la Sindicatura General de la Nación. Se trata de Leonardo Geralah Llaya, quien controlará una porción importante del presupuesto.

A grandes rasgos, los gastos de la AFI de dividen en dos: por un lado están los habituales para el funcionamiento de cualquier organismo. Esto incluye al personal y el mantenimiento general de los edificios. Este aspecto es lo que será auditado por la SIGEN.

Por otro lado, está la plata utilizada para los diferentes operativos. Incluye, por ejemplo, el pago a algún informante, los viáticos para que un espía lleve adelante su tarea en un determinado operativo, como traslados y hoteles, entre otras cosas. Este otro gran paquete de gastos no será parte del control externo por cuestiones de seguridad, pero sí será sometido a una auditoría interna, que incluirá la obligación de rendición de cada uno de los gastos. Por cada pago que realicen los agentes deberán presentar el comprobante correspondiente. Y los honorarios de los informantes también tendrán que rendirse y quedar registrados.

Desde la intervención a cargo de Cristina Caamaño aseguran que en el poco tiempo que llevan de gestión, al recortar las manipulaciones de los fondos la AFI ya lograron reducir los gastos a casi la mitad, en comparación con la era macrista. En noviembre de 2019 la AFI gastó 249 millones de pesos, mientras que en enero de 2020 la erogación fue de unos 125 millones, a pesar de que el personal, los bienes y los servicios son prácticamente los mismos. La gran pregunta que se abre, entonces, es qué hacían con el dinero cuando no tenía ningún tipo de control. La respuesta parece obvia. La historia reciente de los servicios de inteligencia da sobrados ejemplos de la utilización de fondos reservados para el financiamiento espurio de la política:

• El pago de 400 mil dólares al reducidor de autos Carlos Telleldín para dar una versión mentirosa en la causa por el atentado a la AMIA.

• El dinero para coimear a senadores a cambio de la ley de reforma laboral, durante el gobierno de Fernando De La Rúa.

• El pago millonario para el blindaje de siete autos, entre ellos dos camionetas de alta gama que usaban los altos mandos de “la casa”.

• Los honorarios para la abogada que entrenó a Leonardo Fariña en temas de obra pública para que declare contra Cristina Fernández de Kirchner. Según declaró Florencia Guijo bajo juramento ante el juez Alejo Ramos Padilla, el dinero que cobró salió de la AFI.

Son solo algunos ejemplos de lo que implicó hasta ahora la falta total y absoluta del control de los gastos de los espías vernáculos. 

Desde la intervención afirman que se trata un plan integral que busca ordenar los enormes desmanejos en Inteligencia y contribuir con la promesa del presidente de destinar los fondos reservados para “combatir el hambre”. Entre las medidas que ya llevó a cabo la gestión de Caamaño están la revisión de 500 agentes que pasaron a planta permanente en la era Macri Blanco Villegas, poco antes de las elecciones de octubre, y la disminución de los cargos directivos. Sin embargo, la piedra basal del plan fue la decisión de limitar “al mínimo” la participación de agentes como auxiliares de la Justicia y que los medios técnicos y humanos deberán dedicarse al “estricto cumplimiento” de las funciones referidas a los delitos de terrorismo, medida que ya fue oficializada a través del decreto 17/2020.

En contraposición con el accionar del hijo bobo de Franco Macri, Alberto Fernández -a sólo once días de asumir- decretó la intervención de la Agencia por el periodo de seis meses, por entender que operó “por fuera de los objetivos legítimos que toda actividad de inteligencia debe poseer en el marco del estado constitucional de Derecho”.

El gobierno designó la nueva cúpula de las Fuerzas Armadas

A poco más de dos meses de iniciada su gestión, Alberto Fernández definió con el ministro Agustín Rossi las cúpulas del Estado Mayor Conjunto, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Se calcula que al menos la mitad de los altos mandos de cada fuerza dejaría el servicio activo.

El nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto,

general de brigada Juan Martín Paleo

El gobierno decidió concretar el cambio de la cúpula de las Fuerzas Armadas, luego de que el ministro de Defensa, Agustín Rossi, se había propuesto acelerar los cambios apenas comenzó su gestión.

La cúpula de las Fuerzas Armadas quedará conformada de la siguiente manera: Jefe del Estado Mayor Conjunto, general de brigada Juan Martín Paleo; Jefe del Estado Mayor General del Ejército, general de brigada Agustín Cejas; Jefe del Estado Mayor de la Armada, contraalmirante Julio A. Guardia, y Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier Xavier Isaac.

Allegados a las Fuerzas Armadas adelantaron que las designaciones y, en especial las que se conocerán en las próximas horas y corresponderán a los subjefes de cada institución, serán las que determinen la cantidad de oficiales superiores que pasarán a retiro, pero se calcula que al menos la mitad de los altos mandos de cada fuerza dejarían el servicio activo.

“Realmente lamento llegar de nuevo al Ministerio de Defensa y cruzarme con los altos mandos que están a punto de pasar a retiro, ya que todos ascendieron a generales, almirantes y brigadieres durante mi anterior gestión y todos son excelentes profesionales y soldados. Pero la carrera militar es así, es necesario que los más antiguos pasen a retiro para que los más jóvenes vayan alcanzando las jerarquías superiores”. Con estas palabras, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, definía el 17 de diciembre, el por entonces incierto recambio de altos mandos militares.

En aquella oportunidad, Rossi aclaró que no había que hablar de purga ni de ninguna circunstancia traumática para el funcionamiento del sistema de defensa nacional y remarcó que todo estaba en manos del presidente Alberto Fernández, que es el comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. El ministro aclaró que había algunas ternas que se habían elevado y que él debía esperar la resolución.

Pudo saberse que todos los pliegos de ascenso a coronel, general y grados equivalentes de las otras fuerzas que el gobienegasto régimen fascista y neoliberal de Macri Blanco Villegas había remitido para ser considerados por el Senado de la Nación fueron retirados para ser revisados por las nuevas autoridades políticas del área de Defensa y en los próximos días se conocerán las nuevas propuestas del Poder Ejecutivo en materia de ascensos. De todas formas, las cúpulas serán reducidas en número respecto a la cantidad actual de altos mandos en actividad.

Dentro de los desafíos que los nuevos mandos militares deberán afrontar se pueden contabilizar varios. Uno es la decisión política de potenciar los recursos de la industria para la defensa no sólo a través de los emprendimientos empresarios propios de la cartera, como Fabricaciones Militares, FAdeA y TANDANOR, sino además mediante la interacción militar con industrias privadas del país.

Otros desafíos son la profundización de las labores relacionadas con la ciberdefensa, la resolución en conjunto con la conducción política de la cuestión salarial del personal superior y subalterno, el fortalecimiento de las operaciones conjuntas y, para el caso particular de la Armada, la dura tarea de terminar de conjurar las secuelas internas que quedaron tras la tragedia del ARA San Juan.

En cuanto al perfil profesional de los oficiales designados para ocupar el máximo cargo en cada área de la conducción militar, fuentes castrenses confirmaron que todos son oficiales de alto prestigio.

El nuevo Jefe del Estado Mayor Conjunto en la actualidad es comandante de una de las brigadas del Ejército. Mientras que quien relevará al general Claudio Pasqualini al frente del Ejército es en la actualidad Director General de Educación de la fuerza.

En la Armada se optó por encumbrar en el piso 13 del Edificio Libertad al actual comandante de la Flota de Mar y para la aviación militar, el brigadier general Amrein será reemplazado en el mando por quien hasta hoy ocupa el cargo de Director de Planes y Presupuestos.

Aníbal Fernández revocó en Río Turbio 417 designaciones hechas justo antes del cambio de gobierno

Habían sido pasados a planta permanente por el macrifascismo días antes de abandonar el poder. El nuevo administrador de la empresa denunció a su antecesor ante la justicia por desviación de poder y delitos de acción pública en perjuicio de la compañía.

El interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Aníbal Fernández, revocó "por ilegítimas" las contrataciones de 417 agentes en la planta permanente de la empresa pública que habían sido incorporados en los últimos días de la administración anterior y denunció a su antecesor en el cargo por desviación de poder y delitos de acción pública en perjuicio de la compañía.

YCRT publicó ayer en su cuenta de Facebook la resolución 8/2020 por la que Fernández instruyó a la acción penal al servicio jurídico del ente, luego de revocar una medida anterior “por razones de ilegitimidad basada en su falta de causa, la ausencia de convalidación y el conocimiento del vicio”, las designaciones de la intervención durante la nefasta administración de Miauricio Macri Blanco Villegas.

Más temprano, en su cuenta personal de Facebook, Fernández explicó que el 29 de noviembre de 2019, "días antes del cambio de gobierno, el entonces interventor de YCRT, Omar Zeidán, efectuó la contratación de 417 agentes en planta permanente" y explicó que esas designaciones se fundamentaban "en supuestas 'inversiones programadas', las 'inmejorables condiciones creadas por el gobierno' de Macri y la necesidad de contar con mayor personal".

Para Aníbal, esos argumentos eran "todas falacias", ya que "las actividades del complejo se encontraban virtualmente paralizadas por medidas de fuerza del personal y por el estado de crisis de la empresa".

En ese marco, anunció que procedió a "la revocación de la resolución (que ni siquiera fue firmada por la autoridad de aplicación de Trabajo) por la ilegitimidad de las contrataciones".

El interventor de YCRT señaló además que su antecesor en el cargo "pretendió despedir más de 500 trabajadores en 2018, amparándose en la supuesta inviabilidad de la empresa y en el procedimiento preventivo de crisis, mientras que los ingresantes a planta no cumplían con las condiciones de residencia, idoneidad ni capacitaciones, ni presentaron exámenes preocupacionales ni antecedentes penales".

Además, dijo que "no existía previsión presupuestaria para las contrataciones" y que en realidad "procuraron la cooptación de YCRT luego de haber perdido las elecciones".

"Me molesta tener que tomar una decisión que implica la cesantía de 417 personas, pero ninguna fue convocada por mecanismos públicos sino elegidas arbitrariamente a dedo por el propio interventor", añadió.

Basado en informes del área de Administración y Finanzas del ente, evaluó que “a la fecha de las designaciones no existía previsión presupuestaria para atender tal erogación”, ni tampoco fue contemplada en el Presupuesto 2020, pese a que el instrumento de designación aseguró esa previsión.

Para la actual intervención, “estas designaciones vinieron a complicar aún más la delicada situación financiera” de YCRT “que mantiene una deuda con el Organismo Federal de Recaudación que supera el monto de dos presupuestos anuales”.

Fernández precisó ayer en declaraciones a radio Nacional Río Turbio que la deuda que Zeidán dejó con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) es de 6.000 millones de pesos.

“Todo muestra que el acto administrativo es nulo de nulidad absoluta, entonces no es que estamos despidiendo personal, tenemos que revocarlo y eso hace que caigan las designaciones”, explicó sobre la resolución 7/2020 que revocó las designaciones.

Para Fernández “hay que hacer la denuncia porque se puso en juego dinero público que no tendría que haberse hecho entonces no se puede uno callar la boca”.

El Estado nacional ayudará a las provincias para pagar salarios mínimos docentes

"Queremos robustecer el incentivo docente", señaló el titular de la cartera educativa, Nicolás Trotta.

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, aseguró que el Estado nacional realizará un aporte a las provincias que no puedan pagarle a los docentes un salario inicial y puntualizó que para ello se buscará “robustecer el incentivo docente”. 

“Nuestro compromiso es que en este 2020 el salario docente le gane a la inflación”, remarcó el funcionario, en declaraciones radiales, horas antes de la reunión técnica que por la tarde tendría lugar entre los representantes de la cartera educativa y los gremios Ctera, UDA, CEA, Sadop y AMET. Allí se debatirán cuestiones educativas y pedagógicas.

También se trabajará sobre el análisis de las condiciones actuales del sistema educativo, cuestiones vinculadas a la salud y las condiciones de trabajo, la necesidad de cumplir la Ley de Financiamiento Educativo, y la recuperación luego de la pérdida de inversión sufrida en los últimos cuatro años

En tanto, las cuestiones salariales se discutirán la semana próxima. De hecho, el miércoles 26 de febrero, cinco días antes del inicio de las clases, habrá una reunión del Consejo Federal de Educación y los sindicatos para avanzar en la pauta salarial. El objetivo es lograr que las clases comiencen en las 24 jurisdicciones educativas del país.

“Nuestro compromiso es que en este 2020 el salario docente le gane a la inflación”, puntualizó el ministro y aseguró que el gobierno “hará un esfuerzo a pesar de su situación fiscal” para que las provincias puedan asumir los costos de la suba en los ingresos de los maestros.

Según precisó, las provincias que no pueden afrontar los aumentos necesarios para unificar el piso salarial en todo el país son Santiago del Estero, Misiones, Corrientes y La Rioja.

“Hay que analizar si, a partir del fondo compensador, el gobierno nacional puede asumir el aporte de la diferencia” entre la pretensión salarial y lo que pueda pagar cada gobernador, explicó Trotta y añadió que "queremos robustecer el incentivo docente para que alivie la situación fiscal de muchas provincias, más allá de que la situación del gobierno nacional es muy compleja”.

Por otra parte, sostuvo que uno de los remedios para solucionar la problemática salarial a largo plazo “no es solo lograr que se robustezcan los salarios sino también romper la inercia inflacionaria que dejó el gobierno de Macri”.

Comenzó la discusión técnica y el 26 se debatirá el salario docente

Los representantes de los gremios docentes CTERA, UDA, CEA, SADOP y AMET y autoridades del Ministerio de Educación y del Consejo Federal de Educación se reúnen en el Palacio Sarmiento.

Los cinco gremios docentes con representación nacional y los funcionarios de la cartera y el Consejo Federal de Educación iniciaron ayer de manera formal las negociaciones paritarias en el contexto de las mesas técnicas, que contemplan aspectos de la discusión convencional como las condiciones laborales y medioambientales.

El encuentro se realizó en el Palacio Sarmiento, sede del Ministerio de Educación que conduce el ministro Nicolás Trotta, ocasión en la cual los referentes sindicales de los cinco gremios representativos de los docentes de todo el país iniciaron formalmente el diálogo.

Durante varias horas sindicalistas y funcionarios debatieron en esa primera reunión en el contexto de la Comisión Técnica de la Paritaria Federal Docente para profundizar respecto de los variados temas de la agenda educativa y pedagógica, confirmaron las fuentes.

La paritaria nacional, derogada por el infame régimen macrifascista casi inmediatamente luego de asumir en diciembre de 2015, había también excluido por decisión del entonces ministro de Educación Esteban Bullrich a la representación del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) por considerarlo ajeno a la discusión convencional con el Estado.

A partir de ayer, la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) -el gremio nacional más numeroso del sector-, la Unión Docentes Argentinos (UDA), la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), el SADOP y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) debatieron otra vez con autoridades y funcionarios del área respecto de "una agenda integral para la actividad, que no solo abarca lo salarial".

Sin embargo, todas las fuentes gremiales consultadas coincidieron en señalar que de forma independiente a la importancia de los temas sobre condiciones laborales, de medioambiente del trabajo y de la carrera docente y la formación profesional, la condición prioritaria para el acuerdo y el inicio del ciclo lectivo el 2 de marzo próximo es sin duda "el convenio de recomposición salarial nacional ante la realidad de pobreza e inflación".

Sindicalistas y funcionarios acordaron hoy los temas y metodologías de trabajo que la paritaria profundizará en la comisión técnica de políticas educativas, luego de la inauguración formal de la paritaria el 30 de enero último y la convocatoria de Trotta a los cinco gremios para el miércoles próximo -26 de febrero- para intentar acordar salarios.

"El análisis de la realidad del sistema educativo, de la salud y de las condiciones de trabajo; el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo y la recuperación de la pérdida de inversión durante los últimos cuatro años son algunos de los aspectos por los cuales se convinieron estas reuniones técnicas periódicas", detalló la cartera educativa.

El miércoles próximo habrá o no confirmación del inicio del ciclo lectivo, ya que Trotta encabezará la paritaria salarial para determinar los nuevos ingresos de los docentes, en la que participará el Consejo Federal de Educación y los cinco sindicatos nacionales.

Sin menoscabar la trascendencia de los tema "es preciso generar políticas salariales que propendan a que los trabajadores de la educación emerjan de esa realidad", señaló un comunicado conjunto de las entidades.

Sin menoscabar los temas técnicos y metodologías de trabajo de la comisión, los gremios apuntan a resolver de forma urgente la cuestión salarial, como señalaron la semana anterior la UDA, la AMET y la CEA, todos afiliados a la CGT.

El apuro sindical para cerrar un primer acuerdo salarial se relaciona con la realidad de cada provincia o jurisdicción, ya que los gremios con representación nacional acuerdan una base de ingresos que luego cada uno de los sindicatos ratifica o no en sus distritos.

Trotta participó antes de ayer en el 30° Congreso Nacional Ordinario del SADOP, que lidera Jorge Kalinger, y confirmó que el miércoles 26 próximo se negociarán los salarios del sector.

Además de elogiar la reinserción del SADOP en la discusión convencional, Trotta dijo que "no existe conflicto entre escuela pública y privada sino complementariedad, ya que muchas de esos establecimientos parroquiales están donde el Estado no lo hace" y se pronunció por "la defensa colectiva de la educación como herramienta de transformación -como reclamó al asumir el presidente Alberto Fernández-, de la escuela y la inversión".

Romero, titular de la UDA, explicó la importancia de producir un acuerdo salarial a partir de "la situación de 250 mil trabajadores, que perciben una remuneración por debajo de la línea de pobreza", por lo que exhortó a generar "políticas de ingresos realistas".

"Se impone un acuerdo respecto del necesario cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo y de la inversión del 6 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) en el área; del sostenimiento del actual régimen previsional docente y del Programa 2020, además de una formación que efectivice a la Comisión de Interpretación Normativa", señaló Romero.

Consejo Económico y Social: primera reunión del gobierno con empresarios y sindicalistas

Se analizó el panorama que se abrió luego del comunicado que difundió el FMI. El titular de la UIA, Miguel Acevedo, y el cotitular de la CGT, Héctor Daer, coincidieron en que se trata de un buen punto de partida para renegociar la deuda.

En el Salón de los Científicos de la Casa Rosada se reunieron ayer funcionarios del gobierno nacional, empresarios y sindicalistas para iniciar las conversaciones en el marco del Acuerdo Económico y social.

“No me cabe duda de que la estrategia del Gobierno en esta materia es exitosa, es un antes y un después de lo que venía pasando, es algo fundamental para generar el despegue definitivo de nuestro país", dijo el secretario general de la CGT, Héctor Daer, al llegar a la Casa Rosada para participar de una reunión previa de lo que será el futuro Consejo Económico y Social, que se creará mediante un proyecto de ley a la espera de los primeros resultados en la renegociación de la deuda externa.

El miércoles, una vez conocido el comunicado que difundió el FMI para concluir su primera visita a la Argentina en esta etapa, el gobierno resolvió convocar a sindicalistas y empresarios para dar detalles de las conversaciones y reiniciar un trabajo que estaba prácticamente paralizado: el diálogo intersectorial para sacar a la economía del estancamiento que padece desde 2011. “Fue algo así como una inyección de vida, aunque no tenemos que exagerar", expresó un funcionario.

También Miguel Ángel Acevedo, titular de la UIA, aceptó hacer declaraciones antes del encuentro que empezó pasadas las 11. En diálogo con los periodistas, dijo que “me da la impresión de que es una buena noticia, está muy de acuerdo con lo que está diciendo el gobierno. Ahora voy a hablar con (el ministro Martín) Guzmán sobre el tema, pero lo que dijo el Fondo es el puntapié inicial para empezar las negociaciones y así llegar a una solución con la deuda”.

Además de Acevedo, llegaron a la Casa Rosada los empresarios Daniel Funes de Rioja, Guillermo Moretti, Luis Betnaza y Adrián Kaufmann. Por el lado sindical, junto a Daer llegaron Antonio Caló (UOM), Andrés Rodríguez (UPCN), Carlos Acuña (estaciones de servicios), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Armando Cavalieri (comercio).

El gobierno quiso realizar ayer un encuentro de “carácter técnico, no para la foto", que les permita a sindicalistas y empresarios conocer sus planes en materia económica, fiscal e impositiva. “No quieren que se siga diciendo que no hay plan económico, pretenden demostrar que sí existe y que no pueden mostrarlo en un power point para que lo destruyan”, explicó uno de los participantes.

Por la Casa Rosada, participaron, además del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el ministro Guzmán, el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce; el ministro de Producción, Matías Kulfas; el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

Antes, este grupo que integra el Gabinete económico se reunió en el despacho de Cafiero para profundizar los pasos a seguir en el diálogo con empresarios y sindicalistas, ordenando las expectativas en “modo optimista”, luego de las críticas que surgieron tanto en la oposición como en el oficialismo por los anuncios en materia de jubilación.

A fines de diciembre, el presidente recibió un fuerte apoyo de empresarios y sindicalistas, ya que, con la excepción de los representantes del campo, reunió a más de 50 referentes de la producción, los sindicatos y los movimientos sociales. Firmaron un documento institucional que hablaba de un posible pacto social. Sin embargo, ese trabajo se estancó ante la difícil puesta en marcha del gobierno, que demoró designaciones y medidas, y finalmente se abocó a una tarea de ordenar las cuentas y hacer un relacionamiento con los países que tienen voto en el FMI.

Especialmente satisfecho porque los pronósticos que el Presidente le adelantó la semana pasada en una reunión a solas se están cumpliendo, Daer también dijo que “no es sorpresa lo que dijo el FMI en su comunicado, es lo que está diciendo el gobierno, es un antes y un después”. Y recordó que se trata de lo que “venimos conversando no sólo por la coyuntura, sino también con la perspectiva que tenemos a mediano y largo plazo como país” y agregó que "en el medio de esto hay un tema que para toda la sociedad argentina y el gobierno, para los trabajadores y para todos, tiene que ver con resolver la deuda externa, que es impagable".

El Senado aprobó los pliegos de 12 embajadores propuestos por el presidente

Diez de ellos lograron el apoyo del pleno de la cámara y Carlos Raimundi y Sergio Uribarri, se impusieron con la mayoría oficialista.

El Senado de la Nación aprobó ayer los nombramientos de una docena de embajadores propuestos por la administración de Alberto Fernández, en una sesión extraordinaria en la que la oposición volvió a cuestionar las designaciones de los representantes ante la OEA y ante Israel.

Los embajadores que recibieron el aval del pleno del Senado fueron los representantes ante Estados Unidos, Jorge Argüello; Brasil, Daniel Scioli; Perú, Carlos "Chacho" Alvarez; Bulgaria, Alfredo Atanasof; México, Carlos Tomada; Portugal, Rodolfo Gil; Uruguay, Alberto Irirbarne; Paraguay, Domingo Peppo; Mercosur, Mariano Kestelboim; y Unesco, Fernando "Pino" Solanas. En tanto, los nominados por el presidente para desempeñarse ante la OEA, Carlos Raimundi, y ante Israel, Sergio Urribarri, recibieron aval del Senado por 44 votos a favor y 20 en contra, en el caso del primero, y 42 votos a favor, 2 negativos y 16 abstenciones, en el caso del ex gobernador de Entre Ríos.

El interbloque de la alianza de derecha Cambiemos pidió debatir por separado estos pliegos por objeciones que recibieron en la comisión de Acuerdos y, finalmente, decidió votar en contra de Raimundi y abstenerse en el caso de Urribarri, con excepción de los dos senadores de Entre Ríos de PRO que rechazaron directamente el nombramiento.

El oficialismo hizo una fuerte defensa a los nombramientos de Raimundi y de Urribarri y refutó los cuestionamientos de la oposición a la trayectoria de ambos dirigentes.

Los senadores Oscar Parrilli y Jorge Taiana fueron los encargados de defender los pliegos de Raimundi y de Urribarri en discursos en los que destacaron la trayectoria de ambos y, en el caso del ex gobernador de Entre Ríos -observado por denuncias de corrupción en su contra- enfatizaron la necesidad del "respetar" el principio de presunción de inocencia.

Parrilli afirmó que a la oposición "le duele" el apoyo inmediato que había recibido Urribarri de las organizaciones judías para representar a la Argentina ante Israel, y aseguró que el ex mandatario provincial era "víctima" de una "difamación" de parte de la oposición, de la misma manera que lo fue la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"Todas las denuncias que aquí se mencionaron fueron por decretos por gobernar la provincia de Entre Ríos, las mismas que le hicieron a la presidenta que se la quería condenar por gobernar la Argentina", declaró el ex secretario general de la Presidencia en su exposición en el recinto.

La votación del pliego de Urribarri fue rechazada con el voto negativo de los dos senadores por Entre Ríos de Cambiemos, Alfredo De Angeli y Stella Maris Olalla, que mencionó la existencia de una decena de causas judiciales en contra del ex gobernador.

En el caso de Raimundi, el jefe de los senadores macrifascistas, Luis Petcoff Naidenoff, reiteró el rechazo de su espacio a su nombramiento por considerar que incurrió "en contradicciones complejas" sobre la posición que el país debe asumir ante la situación de Venezuela.

En su exposición ante la Comisión de Acuerdos del Senado, Raimundi ratificó que se deben "favorecer todos los canales de diálogo" y rechazar "la intervención externa" en el caso Venezuela.

Para Naidenoff, el embajador propuesto "dejó mucho que desear en su exposición ante la comisión de Acuerdos, al demostrar cierta improvisación" y carecer de "respuesta sobre si considera que la Corte Interamericana tiene competencia para decidir actuar sobre las graves violaciones que están ocurriendo en Venezuela".

El ex canciller y senador Jorge Taiana defendió la designación de Raimundi al reafirmar que el ex diputado radical "está perfectamente capacitado" para desempeñarse ante la OEA y cuenta con una "larga experiencia política, no sólo en Argentina, sino a través de vínculos con los distintos países democráticos y progresistas en la región".

"Sabemos que en Venezuela hay una profunda crisis institucional y el objetivo del gobierno es lograr que se encuentre una solución pacífica, que se base en el principio y el diálogo", recalcó Taiana.

La industria bonaerense creció después de 20 meses

Un informe reveló la mejoría del sector, uno de los más golpeados por la recesión generada por las políticas neoliberales del macrifascismo.

En un claro signo de la recuperación que quiere lograr la gestión de Axel Kicillof, el sector industrial bonaerense manifestó un incremento de 2% en diciembre de 2019 respecto del mismo mes del 2018. 

El dato representa el primer aumento en 20 meses, de acuerdo con un informe la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA).

"En enero de 2020, las expectativas de las Pymes industriales de la Provincia de Buenos Aires para el primer trimestre mostraron una tenue mejora, sin poder significar aún, un cambio de tendencia", reveló el informe de la FEBA.

Asimismo, el trabajo señaló que "el 70,4% de los empresarios de dicho segmento esperan una disminución en el nivel de ventas, siete puntos porcentuales menos que en el relevamiento del mes pasado". 

Según la FEBA, las expectativas referidas a la utilización de la capacidad instalada también mostraron mayor optimismo: el 55,9% de los industriales bonaerenses pyme espera una disminución, frente al 65% del relevamiento del mes anterior.

Respecto del empleo industrial -de cara al primer trimestre del año- un 52,3% de los industriales prevé reducir la dotación de personal, mientras que el 1,8% espera contratar más trabajadores.

Camilo Alberto Kahale, presidente de FEBA, sostuvo que “estos números, por más leves que sean, representan un buen augurio para el sector industrial pyme”.

En el Día Internacional del Gato, volvió Macri Blanco Villegas y se reunió con su círculo rojo

Vidal, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, Ritondo y Horacio Rodríguez Larrata visitaron al ex hijastro de Flavia Palmiero en sus oficinas de Olivos. Cuando el retrasado mental se mostró preocupado por la economía varios alzaron las cejas pero no dijeron nada. También llamó a resistir cualquier intento de mejorar la situación de Milagro Sala. Vidal se fue antes por su mudanza.

Ya de vuelta en la actividad política y previo a un encuentro con sus socios de la alianza de derecha Juntos por el Cambio, Miauricio Macri Blanco Villegas se encontró con los principales referentes del PRO. En el encuentro con el sorete mal cagado en sus oficinas en Olivos, estuvieron la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larrata; el jefe de bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo; la beoda presidenta del PRO, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón; el ex candidato a vicepresidente Miguel Angel Pichotto, entre otros. 

Tras sus extensas vacaciones, el hijo bobo de Franco Macri hizo un repaso de todos los temas nacionales: dijo que está preocupado por la economía ante la cara de poker de sus interlocutores. Vidal debió retirarse antes por cuestiones personales.

Varios de los que participaron del encuentro lo definieron ante este diario como "positivo". Las tensiones por quién liderará el espacio parecieron quedar para otra oportunidad. No obstante, el tema de si Macri Blanco Villegas seguirá ocupando un lugar en el vértice del espacio o deberá ir dejando lugar a otras figuras (como Rodríguez Larrata), siempre sobrevuela. De hecho, poco antes de entrar, Ritondo dijo que "no hay un solo referente del PRO. Mauricio Macri ha sido el fundador de este espacio político pero María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires y Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad, son los tres que vienen liderando el espacio político del PRO". Más claro, imposible.

En la reunión, que fue convocada por el idiota confeso -y, según pudo saberse, a la que algunos asistieron de mala gana-, el pelotudo hijo de puta llevó los distintos temas durante unas tres horas. Vidal fue la única en retirarse velozmente: explicó que al día siguiente tenía la mudanza a su nueva casa y debía seguir embalando cajas. 

Macri Blanco Villegas dijo que estaba realmente muy preocupado por la situación económica, ante lo que alguno de sus interlocutores alzó las cejas, pero nadie hizo ningún comentario. Dijo que le preocupaban también los proyectos del gobierno sobre jubilaciones de privilegio y que no había que permitir ninguna intromisión en el Poder Judicial de Jujuy (el que mantiene presa a Milagro Sala). Le pidió a Ritondo que lo mantenga al tanto de cada proyecto que envía el Ejecutivo. 

"Que no se corten estos encuentros", pidió el nabo al final. La lógica fue mostrarse a la cabeza del espacio, algo que habrá que ver si se ratifica en la reunión de Juntos por el Cambio la semana que viene.

Fuente: nota de Werner Pertot para Página/12

Luis Caputo, "el Messi de las finanzas", elogió el giro del FMI y reconoció que el acuerdo con Macri agravó la recesión

El ex presidente del Banco Central cuestionó que "la política cambiaria impuesta por el Fondo a nuestro país hizo estéril todo esfuerzo monetario y fiscal por controlar la inflación".

Luis Caputo reapareció en la escena pública con críticas al desempeño del Fondo Monetario Internacional durante la infame administración de Miauricio Macri Blanco Villegas y elogios a la conducción actual del organismo.

El ex titular del Banco Central afirmó en un mensaje a través de Twitter que “la política cambiaria impuesta por el Fondo a nuestro país hizo estéril todo esfuerzo monetario y fiscal por controlar la inflación. Agravó la recesión y terminó por restringir aún más el crédito”.

Mientras que en otro tuit celebra la propuesta de revisión de políticas económicas para mercados emergentes que esbozó por la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva. “Celebro la propuesta de revisión de políticas económicas para mercados emergentes propuesta”, sostuvo Caputo. “Como explica en la nota, políticas económicas convencionales para éstos países pueden conducir a resultados opuestos a los deseados”, agregó.

Por último, deslizó una crítica al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en el proceso de renegociación de la deuda bonaerense: “Está claro Axel K encaró mal este proceso, tal vez por desconocimiento. Pero al final reculó y terminó tomando la decisión más conveniente para la Provincia. Y eso, más allá de las chicanas y bromas por 'las formas', es la señal más importante a tener en cuenta”.

En una nota de opinión publicada en el Financial Times en las últimas horas, Georgieva indicó "que estamos replanteando y actualizando nuestros consejos a los países miembro. Nuestro objetivo es de proveer una recomendación específica para cada país de un apropiado mix de políticas necesarias para preservar el crecimiento y la estabilidad financiera".

"Nuestro nuevo esquema de políticas integradas reevaluará los costos y los beneficios de cuatro herramientas: de política monetaria, políticas macroprudencuales, intervenciones en el tipo de cambio y medidas de flujos de capitales", enumeró.

Giorgieva admitió que "el esquema vigente está plantado en un pensamiento más convencional", como por ejemplo "usar la tasa de tipo de cambio como un amortiguador de los shocks", esto es, dejando flotar el tipo de cambio ante una eventual crisis cambiaria.

"Este enfoque no toma en cuenta en las características propias de mercados emergentes que alteran las respuesta de sus economías a flujos externos y llamarían a una prescripción de políticas diferente", expresó Georgieva, alentando el nuevo enfoque y a la luz de la experiencia de los programas recientes que mantuvo el Fondo con los países emergentes, entre ellos la Argentina.

Un ex funcionario de Ambiente dijo que Bergman ejecutó solo U$S 10 millones en obras que incluían pozos de agua para los wichis

El ex secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales, Diego Moreno, afirmó que el empréstito "no estaba orientado a obras hídricas específicamente".

El ex secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales, Diego Moreno, admitió que solo se ejecutó alrededor del 30% del Programa Bosques Nativos y Comunidad, con contó con un crédito del Banco Mundial por U$S 38 millones, y que en entre otras obras, preveía realizar pozos de agua para los wichís en Salta.

Moreno rechazó las acusaciones que realizó el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, sobre la supuesta devolución del préstamo internacional y afirmó que el empréstito "no estaba orientado a obras hídricas específicamente". Sin embargo, reconoció que en cuatro años de gestión solo ejecutaron unosU$S 10 millones y dijo que el financiamiento fue por U$S 32 millones.

"Se trata de un crédito del Banco Mundial denominado Bosques y Comunidades y está orientado al trabajo con comunidades en el territorio indígena de Salta, Chaco y Santiago del Estero", explicó el ex funcionario macrifascista.

En declaraciones radiales, el ex integrante del área que conducía el rabino aforista Sergio Bergman indicó que el objetivo del préstamo era promover una mejora en el manejo de bosques, el uso de recursos, y las condiciones de vida de comunidades de esas tres provincias. "El proyecto no estaba orientado a obras hídricas específicamente, porque no es una competencia del Ministerio de Ambiente, ni del pasado ni del actual, trabajar en esa línea en particular", subrayó al justificarse.

Asimismo, destacó que cuando el Estado comenzó a abordar la problemática para la cual estaba destinado el préstamo, surgió el tema de la falta de agua: "Ese componente, con muy buen tino, fue incorporado en ese momento para que en aquellas comunidades donde hubiera esa necesidad, existiera la posibilidad de poder invertir en obras hídricas", remarcó.

El gobierno denunció que el ex secretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible Sergio Bergman había devuelto U$S 38 millones del préstamo del Banco Mundial, que tenía como uno de sus objetivos realizar pozos de agua para las comunidades wichis, pero que no se habían llevado a cabo las obras.

Moreno indicó que el proyecto comentó a ejecutarse en 2015 desarrollando una variedad de actividades por lo que aseguró que actualmente más de 500 familias de Salta, Chaco y Santiago del Estero ya tienen acceso a agua potable. "El trabajo en la provincia de Salta estaba programado. Se había firmado un acuerdo para un plan comunitario dentro del cual, a pedido de la comunidad, se había previsto la ejecución de los siete pozos, esa obra no estaba detenida sino que estaba programada", precisó, en alusión a la construcción anunciada por Cabandié.

Alberto Fernández derogó el DNU de Macri Blanco Villegas y los testigos protegidos quedan bajo la órbita del Ministerio de Justicia

El Poder Ejecutivo restituyó el programa anterior, que ahora vuelve a depender del Minsiterio de Justicia.

El gobierno derogó el decreto del hijo bobo de Franco Macri que creó la Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados, firmado a pocos días de dejar el poder, y restituyó el programa nacional anterior, bajo la órbita del Ministerio de Justicia.

Así lo dispuso a través del Decreto 168/2020, publicado ayer en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Alberto Fernández y todo su gabinete.

En los considerandos, el Poder Ejecutivo recordó que la Cámara Federal de Casación Penal había expresado “su preocupación” por el decreto 795 firmado por Macri Blanco Villegas el 28 de noviembre de 2019 “por la compatibilidad de su aplicación en relación a las atribuciones constitucionales y legales” que tiene ese cuerpo.

Por esa disposición del gobierno anterior, el sistema contemplado en el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, que dependía directamente del ministerio de Justicia, había sido transformado en una nueva dependencia, con estatus de agencia y autonomía funcional del Poder Ejecutivo.

El gobierno argumenta que “de la lectura del mencionado decreto se verifica que, al momento de su dictado, no existieron circunstancias excepcionales en los términos del artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes y que, por lo tanto, justificaran la adopción de una medida de excepción como es un decreto de necesidad y urgencia”.

En ese marco, agregó que “no se observan elementos objetivos que fundamenten las razones de necesidad y urgencia que conllevan el dictado de dicha herramienta constitucional, máxime cuando el funcionamiento del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados se mantuvo sin variación durante más de 16 años, hasta días antes de la finalización del mandato del gobierno anterior”.

Por lo tanto, el gobierno derogó el decreto 795 y, al mismo tiempo, dispuso que se restituya “la vigencia de la Ley N°25.764 en su redacción al momento del dictado de la norma”.

Crimen de Fernando Báez Sosa: se negaron a declarar ante la fiscal los dos rugbiers que están excarcelados

La fiscal Zamboni tenía pensado indagar a Alejo Milanesi (19) y Juan Pedro Guarino (19), que se retiraron de la sede judicial sin declarar, aunque siguen estando imputados.

Guarino y Milanesi al llegar ayer a la fiscalía

Luego de que el miércoles los ocho rugbiers detenidos por golpear hasta la muerte a Fernando Báez Sosa se presentaran frente a la fiscal Verónica Zamboni para hacer sus declaraciones ante el cambio en la imputación ocurrido a comienzos de esta semana, ayer llegaron para ser indagados Alejo Milanesi (20) y Juan Pedro Guarino (19), los dos jóvenes del grupo que pese a estar en libertad son considerados partícipes necesarios del crimen y continúan imputados en el expediente.

Los dos protagonistas de esta jornada judicial llegaron alrededor de las 11:45 junto al abogado Hugo Tomei a la UFI N° 6 de Villa Gesell a cargo de la fiscal Verónica Zamboni. En principio, Guarino llegó acompañado por su padre y Milanesi por su madre. Se retiraron poco después de las 14:30 en la misma camioneta en la que llegaron. Fuentes cercanas a su defensa aseguraron que ambos jóvenes se negaron a declarar ante la fiscal, que los convocó tras los cambios en la acusación de comienzos de esta semana.

Antes de ayer, la defensa de los acusados a cargo del abogado Hugo Tomei pidió la presencia del juez del caso, David Mancinelli, como una suerte de “garantía”, en un gesto de desconfianza a la fiscal. La presencia de Mancinelli se convertía en una rareza, algo infrecuente en el sistema acusatorio de la Provincia. Sin embargo, Tomei dejó en claro que Mancinelli no sería llamado para presenciar las declaraciones de ayer.

Cuando el pasado 10 de febrero la fiscal Verónica Zamboni solicitó la liberación de Milanesi y Guarino, argumentó que, pese a que está probado que se encontraban en Villa Gesell con el resto del grupo la noche del crimen, hasta ese entonces no había elementos suficientes para ubicarlos en el lugar del hecho, sobre todo por la falta de resultados positivos en las ruedas de reconocimiento y en las pericias a los teléfonos celulares. “Debe cesar la medida de coerción personal que pesa sobre ellos, en relación a la conducta endilgada en autos; dado que toda duda en el proceso debe ser valorada a favor de los imputados”, había señalado Zamboni en su pedido de prisión preventiva para los otros ocho.

Guarino y Milanesi se retiran tras haberse negado a declarar

En efecto, a Milanesi ninguno de los testigos pudo reconocerlo como agresor de Báez Sosa ni de ninguno de sus amigos. Solo uno de ellos lo vio parado en las inmediaciones pero sin participar de la brutal golpiza. Cuando fue detenido a las pocas horas del asesinato, el joven presentaba lesiones en sus manos, pero no pudo acreditarse de forma fehaciente que se hayan producido la madrugada del 18 de enero.

Por su parte, a Guarino las cámaras de seguridad de Le Brique lo ubicaron a la salida del boliche; también aparece en una filmación que se encuentra en el celular de Lucas Pertossi. Sin embargo, en ninguno de los dos casos se lo pudo situar concretamente en la agresión. Aparece caminando, pero no golpeando. Los testigos tampoco lo señalaron como agresor de Fernando o de alguno de sus amigos. No obstante, días atrás se filtró una foto de parte del grupo de jóvenes tomada minutos después del homicidio, en la que aparece junto a Maximiliano Thomsen, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli, Lucas y Luciano Pertossi, “Es todo muy triste por la familia de Fernando, pero con Juan Pedro se hizo justicia”, expresó Raúl, el padre de Guarino tras la liberación de su hijo.

El cese de la prisión tras 12 días de encierro en el penal de Dolores no implicó la desvinculación del proceso de los jóvenes; de hecho, continúan acusados como “partícipes necesarios”, y de acuerdo a cómo avance la investigación existen posibilidades de que vuelvan a la cárcel.

Fernando Burlando, abogado de la familia Báez, reiteró que seguirá exigiendo la detención de Guarino y Milanesi. “No esperamos que se quiebren porque en definitiva no necesito nada de ellos, ni siquiera su confesión”, señaló ayer a la mañana en declaraciones radiales. “Con lo que hay en la causa hay elementos y herramientas como para arribar a esta certeza que necesita una condena. Tenemos elementos sobrados. Esto es un trámite para nosotros después de lo que ya se ha instruido”, agregó.

Investigan si Messi fue espiado por el régimen fascista de Macri Blanco Villegas

El nombre del astro del fútbol mundial aparece en una larga lista de más de 60 personas sobre las cuales se hicieron consultas a bases de datos como la de AFIP o la de la Dirección Nacional de Migraciones.

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral investiga si el futbolista del Barcelona y la Selección Argentina, Lionel Messi, fue espiado desde distintos organismos del Estado durante el infame régimen fascista y neoliberal de Miauricio Macri Blanco Villegas, informaron fuentes judiciales.

El nombre del astro del fútbol mundial aparece en una larga listas de más de 60 personas sobre las cuales se hicieron consultas a bases de datos como la de AFIP o la de la Dirección Nacional de Migraciones, explicaron las fuentes consultadas.

La causa se inició hace más de dos años a partir de una nota publicada en el diario La Nación por el periodista Carlos Pagni en la que sostenía que Messi, entre otros, era blanco de espionaje y aventuraba como motivo “una sociedad que apareció en los Panamá Papers”.

Lo que por estos momentos el juez Canicoba Corral intenta determinar es si las distintas consultas a las bases de datos del Estado fueron realizadas “fuera de un marco legal”, según informaron fuentes judiciales.

Quiénes más integran la lista de espiados

La lista de personas que pudieron haber sido espiadas involucra a 23 jueces federales de la ciudad de Buenos Aires, 27 jueces del resto del país, 9 gobernadores, ministros, legisladores, 5 fiscales federales porteños y nueve empresarios, según detallaron las fuentes consultadas.

En la causa se investiga si desde algunos organismos del Estado “se desplegaron actividades de espionaje e inteligencia ilegal" vinculadas con, por ejemplo, revisar las entradas y salidas del país de jueces y dirigentes políticos, entre otros.

El año pasado, Canicoba Corral había ordenado a la AFIP que informe sobre las búsquedas realizadas en sus sistema informático por Néstor Sosa, un subdirector que, según un informe periodístico, habría buscado información de las conductoras televisivas Susana Giménez, Mirtha Legrand, el periodista Jorge Lanata y el empresario Ángel Calcaterra, entre otros.

En el marco de esta causa, el titular del juzgado federal 6 ya había recibido información de la Dirección General de Migraciones que daba cuenta de que desde distintos organismos del Estado se habían consultado los viajes al exterior de al menos 21 jueces.

Entre los organismos que habían consultado, por ejemplo, la base de datos de migraciones figuraban el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Unidad de Información Financiera, Gendarmería Nacional, la Procuración de la Nación, la Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Prefectura Naval Argentina.

Algunas de las búsquedas realizadas en la base de datos de migraciones fueron justificadas satisfactoriamente por los organismos a los que se le requirieron explicaciones, pero la causa avanza sobre aquellas consultas que habían ocurrido por fuera de cualquier investigación judicial.

Según la información incorporada al expediente hubo consultas sobre el ministro de la Corte Suprema de la Nación Juan Carlos Maqueda, los miembros de la Cámara Federal Martín Irurzun y Mariano Llorens, entre otros. También de jueces federales de instrucción como María Eugenia Capuchetti, Sebastián Casanello, Daniel Rafecas, Luis Rodríguez y María Servini, entre otros.