Por Ailín Bullentini para Página/12
Eduardo Kalinek fue condenado a cadena perpetua por sus delitos en la última dictadura. Integrante del colectivo Historias desobedientes, su hija logró explicar a la justicia por qué se opone a la libertad de su progenitor.
“El tránsito libre de genocidas por las calles es intolerable para lo sociedad y eso es lo que deben ver los jueces. Nos sumamos a eso, para nosotros también es intolerable que salga de la cárcel". La reflexión pertenece a Analía Kalinek, y engloba sensaciones personales, pero también colectivas.
Habla como hija de Eduardo Kalinek, condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos contra víctimas del circuito ABO durante la última dictadura militar, pero también como integrante del colectivo de hijos de genocidas Historias desobedientes. Desde esa doble faceta, también, ofreció su aporte en el debate sobre las salidas transitorias otorgadas a ese represor ante la Cámara de Casación Penal. Frente a los jueces, aseguró que "si mi padre hoy tuviese una picana no dudaría en llevarme a un centro clandestino y suministrarme corriente eléctrica".
Con el patrocinio jurídico de Pablo Verna, otro integrante del colectivo, Analía fue la voz de Historias desobedientes en la audiencia que se llevó a cabo el miércoles frente al tribunal de la Sala IV de la alzada contra las salidas transitorias de “Doctor K”. La agrupación había solicitado integrar la discusión y, a principios de mes, la Casación la habilitó como “amicus curiae”.
“Es histórico”, definió Analía. “Una de nuestras primeras acciones como colectivo fue la presentación de un proyecto de ley que nos habilitara a declarar contra nuestros padres. De eso a que este miércoles pudiéramos expresarnos en calidad de agrupación, como familiares de genocidas, en contra de sus accionares y en consonancia con la exigencia de la sociedad para que no haya retrocesos en materia de memoria, verdad y justicia es un gran avance, marca un hito en materia de derechos humanos”, apuntó.
En la audiencia también expusieron su disconformidad dos de sus víctimas directas, Miguel Dagostino y Daniel Mercoviano. La Sala IV tiene cinco días hábiles para expedirse. Es la misma que revocó la prisión domiciliaria del genocida de la bonaerense Miguel Ángel Etchecolatz, pero con una leve modificación en su integración. A los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos -quienes impusieron la mayoría en contra del beneficio a Etchecolatz en 2018- se sumó Javier Carbajo en reemplazo de Juan Carlos Gemignani, quien había votado a favor de mantener el privilegio. .
La exposición de Analía fue breve, pero contundente. Se sentía “segura”; sensación a la que había aportado la experiencia previa -tuvo que confortar a su padre en el marco de una audiencia de conciliación en el fuero civil luego de que éste solicitara desheredarla-, aunque los días previos estuvo con palpitaciones. “Por más de que uno lo tiene trabajado al tema, hay una parte de las emociones incontrolables, y aparece la angustia. No deja de ser una paradoja tener un padre genocida”, sostuvo.
Sin embargo, a la angustia se interpuso. Ante los jueces, describió que su padre, condenado por crímenes de lesa humanidad, “tiene más años impune que preso”. Que si bien la ley “no pide arrepentimiento ni que haga aportes en relación al destino de quienes aún hoy permanecen desaparecidos o de quienes han sido apropiados por familias que niegan la verdadera identidad a adultos que viven con una identidad falsa, sí lo pide la sociedad, y se lo pide también esta hija a este padre genocida”. Que no admite los delitos por los que fue condenado y que, incluso, “sigue manejándose en esta lógica de ‘eliminación al que piensa diferente’ y de ‘dueños de la verdad’, tal como actuó en demandarme como una 'hija desobediente'” .
Kalinek se hacía llamar “Doctor K” entre sus víctimas, secuestrados y secuestradas en los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo de la Ciudad de Buenos Aires. Por secuestros, torturas y asesinatos fue condenado en 2010 a perpetua. Tanto en un escrito que presentó en el marco de la demanda civil que levantó contra su hija como en su exposición ante los jueces de la alzada, se autorreferenció como “injustamente preso, acusado genéricamente por crímenes de lesa humanidad”.
“Hoy, este padre, está queriendo eliminar a su hija de la familia. Yo creo, señores jueces que si mi padre hoy tuviese una picana no dudaría en llevarme a un centro clandestino y suministrarme corriente eléctrica. Esto se trasluce en el escrito que él presenta en el juzgado civil”, denunció Analía durante la audiencia.
Por último, habló del “principio de legalidad” que asiste a cada persona que atraviesa un proceso judicial y lo enfrentó con “aquellas decisiones que son intolerablemente injustas”.
“La ley que regula salidas transitorias está bien y tiene que ver con la posibilidad que tienen los presos, cumplidos ciertos requisitos, de que un juez se la habilite. Pero ¿qué pasa con los presos por delitos de lesa humanidad? La sociedad lo dijo cuando intentaron la impunidad con el 2x1: su libertad es intolerablemente injusta. Y nosotros nos sumamos a eso: exigimos que no suceda”, remarcó.
En ese sentido, Verna amplió el argumento. “Ante el hipotético caso de que el tribunal entienda que Kalinek es merecedor de salidas transitorias, siempre prevalece la responsabilidad internacional del Estado argentino de prevenir, juzgar, investigar y sancionar los crímenes contra la humanidad”.
Pero Verna y Kalinek no fueron los únicos que hablaron ayer. Dagostino y Mercoviano hicieron un resumen de las vejaciones que sufrieron de parte del genocida y advirtieron a los jueces sobre los efectos que en su vida imprimiría saber que está caminando libre por las calles. Hablaron de “la crueldad de tener que revictimizarse para narrar una vez más el peligro de estas personas para la sociedad, hablaron de la posibilidad de irse del país", resumió Analía.
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