En el marco de la intervención sobre la Agencia Federal de Inteligencia, el gobierno decidió auditar los gastos de los agentes de la institución que conduce Cristina Caamaño.
Por primera vez la Agencia Federal de Inteligencia tendrá un control externo sobre la gran mayoría de sus gastos. Por decisión del gobierno de Alberto Fernández, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) será la encargada de auditar una parte de los movimientos de dinero del organismo. La medida, que no tiene precedentes, ya es oficial.
“Hay que terminar con los sótanos de la democracia”, había dicho el presidente en su discurso de asunción. Gran parte de la posibilidad de la existencia de ese submundo se debía a la total discrecionalidad con que la ex Side podía manejar su presupuesto. Si bien el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner había ordenado la transparencia del uso de los recursos, uno de los primeros decretos que firmó Miauricio Macri Blanco Villegas al asumir (el 656/16) fue el que estableció nuevamente la reserva de todos los gastos. Así fue que el manejo del dinero se mantuvo en las sombras drante los últimos cuatro años. Desde la boleta de la luz hasta los honorarios de un agente inórganico para una operación determinada. Nada era público ni mucho menos auditado.
Ahora, por primera vez en su historia, la AFI deberá ajustarse -en parte- al régimen general de compras y contrataciones del Estado y estará sometida a un auditor externo, que ya fue designado por la Sindicatura General de la Nación. Se trata de Leonardo Geralah Llaya, quien controlará una porción importante del presupuesto.
A grandes rasgos, los gastos de la AFI de dividen en dos: por un lado están los habituales para el funcionamiento de cualquier organismo. Esto incluye al personal y el mantenimiento general de los edificios. Este aspecto es lo que será auditado por la SIGEN.
Por otro lado, está la plata utilizada para los diferentes operativos. Incluye, por ejemplo, el pago a algún informante, los viáticos para que un espía lleve adelante su tarea en un determinado operativo, como traslados y hoteles, entre otras cosas. Este otro gran paquete de gastos no será parte del control externo por cuestiones de seguridad, pero sí será sometido a una auditoría interna, que incluirá la obligación de rendición de cada uno de los gastos. Por cada pago que realicen los agentes deberán presentar el comprobante correspondiente. Y los honorarios de los informantes también tendrán que rendirse y quedar registrados.
Desde la intervención a cargo de Cristina Caamaño aseguran que en el poco tiempo que llevan de gestión, al recortar las manipulaciones de los fondos la AFI ya lograron reducir los gastos a casi la mitad, en comparación con la era macrista. En noviembre de 2019 la AFI gastó 249 millones de pesos, mientras que en enero de 2020 la erogación fue de unos 125 millones, a pesar de que el personal, los bienes y los servicios son prácticamente los mismos. La gran pregunta que se abre, entonces, es qué hacían con el dinero cuando no tenía ningún tipo de control. La respuesta parece obvia. La historia reciente de los servicios de inteligencia da sobrados ejemplos de la utilización de fondos reservados para el financiamiento espurio de la política:
• El pago de 400 mil dólares al reducidor de autos Carlos Telleldín para dar una versión mentirosa en la causa por el atentado a la AMIA.
• El dinero para coimear a senadores a cambio de la ley de reforma laboral, durante el gobierno de Fernando De La Rúa.
• El pago millonario para el blindaje de siete autos, entre ellos dos camionetas de alta gama que usaban los altos mandos de “la casa”.
• Los honorarios para la abogada que entrenó a Leonardo Fariña en temas de obra pública para que declare contra Cristina Fernández de Kirchner. Según declaró Florencia Guijo bajo juramento ante el juez Alejo Ramos Padilla, el dinero que cobró salió de la AFI.
Son solo algunos ejemplos de lo que implicó hasta ahora la falta total y absoluta del control de los gastos de los espías vernáculos.
Desde la intervención afirman que se trata un plan integral que busca ordenar los enormes desmanejos en Inteligencia y contribuir con la promesa del presidente de destinar los fondos reservados para “combatir el hambre”. Entre las medidas que ya llevó a cabo la gestión de Caamaño están la revisión de 500 agentes que pasaron a planta permanente en la era Macri Blanco Villegas, poco antes de las elecciones de octubre, y la disminución de los cargos directivos. Sin embargo, la piedra basal del plan fue la decisión de limitar “al mínimo” la participación de agentes como auxiliares de la Justicia y que los medios técnicos y humanos deberán dedicarse al “estricto cumplimiento” de las funciones referidas a los delitos de terrorismo, medida que ya fue oficializada a través del decreto 17/2020.
En contraposición con el accionar del hijo bobo de Franco Macri, Alberto Fernández -a sólo once días de asumir- decretó la intervención de la Agencia por el periodo de seis meses, por entender que operó “por fuera de los objetivos legítimos que toda actividad de inteligencia debe poseer en el marco del estado constitucional de Derecho”.
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