A través de un DNU, el gobierno dispuso que la doble indemnización por despido no se aplicará en el sector público. La resolución facilita el desplazamiento de los jerárquicos de la nefasta administración anterior que reclaman ese beneficio para dejar sus cargos.
El gobierno nacional aclaró ayer, a través de un decreto, que la doble indemnización por despido no se aplicará a los trabajadores del sector público que sean echados sin causa. La norma aclaratoria debió ser tomada luego de que jerárquicos de la administración anterior reclamaran ese beneficio para dejar su cargo.
Según explicaron las autoridades, la medida se tomó a partir de “la situación que se ha suscitado en el ámbito de distintos organismos y entidades del Sector Público Nacional, en los que altos directivos con responsabilidades jerárquicas pretenden encontrarse abarcados por las previsiones de la norma”.
El Decreto 156/2020 -que lleva las firmas del presidente Alberto Fernández y de todos los ministros del gabinete nacional- recordó que la doble indemnización fue restituida mediante el Decreto 34/2019 "para atender la situación de vulnerabilidad de los sectores más desprotegidos y, al mismo tiempo, evitar que se acreciente el nivel de desprotección de los trabajadores y trabajadoras formales, de modo de poder establecer pautas esenciales para el incremento de la demanda y la consecuente puesta en marcha del aparato productivo".
En ese marco, el Ejecutivo añadió que al disponer de esa medida "se aludió a la dinámica del empleo asalariado registrado privado".
El nuevo decreto explica que el alcance de la doble indemnización, instaurada mediante el Decreto N° 34 del 13 de diciembre de 2019, "no resultan aplicables en el ámbito del Sector Público Nacional definido en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias, con independencia del régimen jurídico al que se encuentre sujeto el personal de los organismos, sociedades, empresas o entidades que lo integran".
En los considerandos del decreto, el Ejecutivo aclaró que "una interpretación que condujera a extender los alcances del referido decreto al ámbito del sector público nacional estaría desprovista de toda razonabilidad y, a la vez, implicaría un palmario apartamiento de la letra y el espíritu de la norma".
"No obstante ello, resulta necesario aclarar el alcance de esta última, en lo referido al universo de las trabajadoras o trabajadores alcanzados, a fin de evitar eventuales distorsiones en la recta aplicación de aquélla", agregó.
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