El Senado aprobó la Ley de Góndolas con el apoyo de la oposición

El Frente de Todos logró sancionar la Ley Góndolas con el apoyo de bloques opositores. El objetivo es mejorar la oferta para bajar los precios de los productos de consumo masivo.

El Senado, con el apoyo de la oposición, sancionó ayer a la noche la Ley de Góndolas, que busca ordenar la distribución de los productos en los supermercados y favorecer a las Pymes y a las economías regionales, en el marco de la política gubernamental para combatir la suba de los precios de los alimentos.

El oficialismo consiguió dar aval a la normativa con 56 votos a favor, ninguno negativo y cuatro abstenciones, en una sesión en la que el interbloque de Juntos por el Cambio calificó como "inocua", al considerar que "no resuelve el problema de la inflación", aunque decidió acompañar el proyecto en la votación en general y en particular.

El jefe de los senadores del Frente de Todos, José Mayans, dijo que le "alegraba" el acompañamiento de la oposición a la iniciativa; afirmó que servirá para avanzar en la búsqueda de "una Argentina más justa" y consideró que se trata de "una ley más con la intención de tener precios justos".

Desde la oposición, senadores macrifascistas encabezados por Luis Naidenoff objetaron la medida al calificarla de "inocua" y advirtieron que ya existen "herramientas" como las leyes de defensa de la competencia y de defensa del consumidor que sirven para controlar la suba de precios, pero que "lamentablemente no se aplican por falta de decisión política".

Los bloques opositores, incluido el del ex gobernador Alberto Weretilnek de Juntos Somos Río Negro, apoyaron no obstante la nueva ley, con excepción de Martín Lousteau, Lucila Crexel, Esteban Bullrich y el santacruceño Eduardo Costa, a quien la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner le dirigió un gesto irónico por su abstención.

El proyecto establece que las cadenas comerciales podrán otorgar a un grupo empresario o proveedor el 30 por ciento del espacio de una góndola, que deberá compartir con al menos otros cinco proveedores.

También determina que se le deberá brindar 25 por ciento a los productos de las pymes y un 5 por ciento a los de la agricultura familiar.

Además, dispone que en las islas de exhibición y anaqueles contiguos a las cajas -que configuran los sectores más codiciados para la venta- se deberán presentar en un 50 por ciento del espacio productos elaborados por micro y pequeñas empresas nacionales o por cooperativas y mutuales.

La senadora del Frente de Todos, Ana Almirón, que preside la comisión de Legislación General y fue la encargada de exponer los argumentos en favor de la iniciativa, destacó la necesidad de sancionar la ley en "un momento muy complejo del país en el que está en juego la pobreza y el hambre".

"Es una deuda pendiente, en un momento complejo donde el precio de los alimentos tiene impacto en la economía de las familias", sostuvo la legisladora por Corrientes en representación del oficialismo.

Almirón también cuestionó la posición del sector empresarial "que se aprovecha", dijo, "del hambre de los argentinos", con decisiones que impactan en la suba de precios.

La senadora por Mendoza Anabel Fernández Sagasti sostuvo que la meta de la nueva normativa es impedir que "los grandes oligopolios se queden con la mejor tajada", en desmedro de los pequeños productores y de los consumidores.

Sagasti cuestionó a quienes sostienen que "el Poder Ejecutivo pretende ir góndola por góndola con una reglita viendo en qué lugar está cada cosa" y consideró que esa afirmación "simplifica la discusión y es poco seria".

La normativa había sido promovida desde la Cámara de Diputados por la diputada Elisa Carrió, una de las fundadoras de la alianza de derecha Cambiemos, y recibió media sanción en esa cámara la semana pasada con el nuevo impulso que le imprimió la administración de Alberto Fernández.

La reacción de Cristina por la abstención de un senador opositor y supermercadista

Una de las cuatro abstenciones en la votación de la Ley de Góndolas fue la del senador santacruceño, Eduardo Costa, dueño de una cadena de supermercados patagónica, lo que generó una risa irónica por parte de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“¿Es por abstención? Está registrada”, respondió la titular del cuerpo y al nombrar al senador santacruceño, Eduardo Costa, sostuvo, entre risas: “Costa…mmm, ley de Góndolas, claro ya me imaginaba”.

Cristina reaccionó ya que el legislador que se abstuvo -junto a Esteban Bullrich, Martín Lousteau y Lucila Crexell-, es un empresario patagónico, dueño de la cadena de supermercados Hipertehuelche.

La misma, fundada en 1970 en Río Gallegos, se dedica principalmente a la venta de artículos para la construcción, el hogar y el jardín.

Ya en 2015, el senador por Santa Cruz era uno de los políticos más pujantes de la Argentina con un patrimonio de $ 98.498.247, de acuerdo a ese año fiscal.

Alberto Fernández: “Los autoconvocados del campo deberían tener la honestidad de decir que son opositores"

El presidente criticó a sectores que -según aseguró- son manejados por el macrifascismo. “No es lo mismo un presunto chacarero que un presunto militante o dirigente encubierto”, planteó

Alberto Fernández aseguró que los “autoconvocados” del campo son dirigentes opositores que responden a la conducción de Juntos por el Cambio. 

En medio de las negociaciones por una suba de retenciones a la soja, el jefe de Estado planteó que “deberían tener la honestidad intelectual de presentarse como opositores a la hora de hablar, porque entonces uno sabe desde dónde están hablando”.

"Yo veo una actitud también de parte de las organizaciones empresarias del campo y veo otra cosa en esos autoconvocados que evidentemente tienen una finalidad política, que evidentemente son opositores y como opositores tienen todo el derecho del mundo a expresarse en contra, pero deberían tener la autoridad intelectual de presentarse como opositores a la hora de hablar. No es lo mismo que hable un presunto chacarero que un presunto militante o dirigente encubierto. Eso está claramente inducido por dirigentes de Cambiemos. Son las reglas de juego que buscan imponer. Yo tengo la tranquilidad de que estoy cumpliendo mi palabra con quienes me votaron”, aseguró en declaraciones radiales.

Sobre un posible encuentro con los referentes de las entidades que agrupan a los productores agropecuarios, Alberto señaló que está dispuesto a hablar “con todo el mundo” y aclaró que el ministro de Agricultura es el que está llevando adelante esas reuniones.

“Lo que el campo tiene que entender es la situación argentina. No por culpa nuestra. El FMI está diciendo que este país, que se llama Argentina, no está en condiciones de pagar sus deudas. Y si el Fondo dice semejante cosa se darán cuenta en qué estado están las arcas públicas. No puede ser que a uno le pidan que se supere el déficit fiscal y, al mismo tiempo, nadie quiere aportar nada”, sostuvo.

Y volvió a pedir la comprensión y ayuda del sector rural. “Ya lo he dicho durante toda la campaña, con lo cual me siento tranquilo espiritualmente. Yo no le mentí a nadie. Esta vez el esfuerzo lo tienen que hacer los que están en mejores condiciones, no lo van a hacer los que menos tienen. Los que exportan son los que tienen mejores condiciones”, aseguró.

El miércoles pasado, la subsecretaría de Mercados Agropecuarios de la Nación decidió cerrar el registro de declaraciones juradas de ventas al exterior hasta nuevo aviso, lo que hizo especular con que el próximo domingo -en su mensaje de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso- el presidente anunciaría un aumento de 3 puntos porcentuales de las retenciones para la exportación de soja, que pasarían del 30% al 33%.

El cierre del registro permite evitar que las empresas adelanten operaciones y de esa manera puedan anticipar el pago de las retenciones con el porcentaje actual, aun no incrementado. Sin embargo, en la tarde del jueves, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, recibió a los integrantes de la Mesa de Enlace y dejó “en suspenso” la posibilidad de que las retenciones a la soja se incrementen en los próximos días. “No hay ninguna decisión tomada. Hoy está todo en análisis, no hay ningún número definido. Me voy un poco más tranquilo de lo que vine. De acuerdo a las noticias que teníamos, íbamos a tener un anuncio el próximo domingo. Nos confirmaron que no va a ser así”, señaló a los periodistas Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) al retirarse del ministerio de Agricultura. Con todo, Chemes le pidió a los productores esperar un par de días antes de impulsar medidas de fuerza, las que no descartó que se produzcan en caso de que no se alcance un acuerdo.

"Queremos que el FMI mire las cuentas públicas y vea lo que han dejado", dijo Alberto Fernández

El presidente se refirió al crítico estado financiero del país tras la nefasta gestión de Miauricio Macri Blanco Villegas. "Con un buen trabajo de Martín (Guzmán) hemos logrado que el Fondo entienda y comprenda que tenemos razón en materia", dijo.

Alberto Fernández manifestó ayer a la mañana que el gobierno nacional quiere que el Fondo Monetario Internacional (FMI) "mire las cuentas públicas argentinas para que vean lo que han dejado", en referencia al crítico estado financiero del país tras la infame gestión del hijo bobo de Franco Macri.

"Necesitamos seguir adelante y que auditen las cuentas. Queremos que venga el Fondo y mire cómo dejaron las cuentas públicas. En el caso de los jubilados, se gastaron toda la plata de los jubilados para sostener la bicicleta y la fuga de divisas", sentenció Fernández en declaraciones radiales.

Sobre las últimas reuniones que mantuvo el ministro de Economía, Martín Guzmán, con el FMI en Estados Unidos, el presidente consideró que al Gobierno "le fue muy bien".

"Siento que con un buen trabajo de Martín hemos logrado que el Fondo entienda y comprenda que tenemos razón en materia económica y no es un capricho nuestro, y lo que decimos es verdad. Por eso nadie más que nosotros queremos que vengan a ver las cuentas", agregó.

En ese sentido, consideró que "tengo la percepción de que hay otra mirada en el Fondo desde la llegada de Kristalina Georgieva respecto a otros años".

Al finalizar la entrevista, el mandatario resaltó que durante "la campaña dije que Argentina estaba en un default, lo mismo que ahora dijo el Fondo cuando dice que la Argentina no puede pagar".

Alberto Fernández contra la oposición por las jubilaciones de privilegio: "Los que colonizaron la justicia fueron ellos"

El presidente de la nación salió al cruce de los impresentables opositores. Asimismo, adelantó que la semana próxima enviará al Congreso el proyecto de reforma de la Justicia.

Alberto Fernández advirtió ayer que su gobierno no pretende inducir a ningún juez a jubilarse. El presidente habló del tema tras la aprobación en Diputados del proyecto que modifica las jubilaciones de privilegio de los integrantes del Poder Judicial y diplomáticos y salió al cruce de los opositores. "Los que colonizaron la justicia fueron ellos", remarcó y anunció que la semana próxima enviará al Congreso el proyecto de reforma de la Justicia.

La Cámara baja dio antes de ayer el primer paso para cambiar el régimen previsional de privilegio de los jueces al dar media sanción a la iniciativa impulsada por el Ejecutivo. El proyecto fue aprobado en el marco de una sesión para la cual los opositores no dieron quorum y de la que optaron por retirarse tras rechazar la modificación de las jubilaciones de los jueces y criticar el modo en que el oficialismo reunió el número de diputados para habilitar el tratamiento. 

Del lado de los jueces, Juntos para el Cambio sostiene que mediante el cambio de sus jubilaciones de privilegio el gobierno busca forzar a los magistrados a dejar sus cargos para luego reemplazarlos. "Yo no tengo ningún interés en que ninguno se jubile y se vaya; nadie está buscando semejante cosa", declaró ayer el jefe de Estado en declaraciones radiales.

Fernández también tuvo palabras para los jueces que pretenden mantener sus privilegios. "Sean dignos", les pidió y llamó a que "sigan trabajando" con la convicción de que "tienen que hacer un aporte distinto a la Argentina".

El mandatario explicó a favor del cambio en las jubilaciones de privilegio de los jueces ese régimen genera un costo fiscal “altísimo” e “insoportable” para el presente que atraviesa el país. Remarcó también que varios magistrados ganan hasta tres veces más que un senador y hasta el propio presidente.

Sobre la posibilidad de que muchos de los jueces renuncien para conservar los beneficios del régimen actual, reconoció que aquellos que sientan que deben “privilegiar su bolsillo” sobre el derecho de justicia “también tienen derecho a hacerlo”, ya que se trata de un derecho adquirido.

“Decir que uno está haciendo esto para vaciar la justicia…”, respondió con ironía Fernández las críticas del macrifascismo. Acto seguido, retrucó que fueron ellos quienes manipularon al Poder Judicial durante los últimos cuatro años. “Los que colonizaron la justicia fueron ellos, yo ni siquiera estoy buscando que alguno de los jueces que pusieron ellos tenga que jubilarse, ni siquiera estoy buscando eso”, aclaró.

En este sentido, Alberto remarcó que desde la Casa Rosada, durante la infame gestión de Miauricio Macri Blanco Villegas, “hicieron lo que quisieron en la justicia, manejaron el Consejo de la Magistratura como quisieron” y agregó, que en la apertura de sesiones ordinarias presentará los lineamientos generales del proyecto de reforma judicial.

"Básicamente trata de poner en orden y funcionamiento a la Justicia que le corresponde al Estado nacional", explicó sobre la iniciativa y agregó que busca "empezar a ordenar eso, ver qué hacemos con los tribunales ordinarios y la Ciudad, porque hay que traspasarles ciertas jurisdicciones a la Ciudad y estamos demorados, entre otras cosas".

Fernández dijo saber de qué habla cuando se refiere a la situación del Poder Judicial. “Soy abogado y enseño derecho. La Justicia necesita una revisión. Llegamos a un punto en el que las cosas no están funcionando bien”, enfatizó.

Respecto de la media sanción que consiguió el jueves Diputados tras la maniobra de la oposición, Alberto sostuvo que representa “un avance en favor de la igualdad”. 

“Hay que entender que la Argentina está pasando por un momento muy difícil, donde la jubilación promedio es de 24 mil pesos y que entonces estos regímenes son insoportables con la lógica del presente”, señaló y añadió que la jubilación promedio de los jueces es de 300 mil pesos.

“La justicia argentina necesita una revisión”, dijo en líneas generales al anticipar el proyecto que presentará en la apertura de sesiones. En este sentido, sobre los sueldos y jubilaciones de privilegios dijo que el sistema judicial “se aleja en términos económicos del resto de la Argentina”. 

“Explícame cómo la Corte tienen 40 mil millones de pesos de ahorro en un plazo fijo mientras los tribunales están sobrepasados y muchos trabajan en condiciones paupérrimas”, criticó.

El Senado aprobó la designación de Marisa Graham como Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes

El nombramiento recibió el visto bueno por 47 votos contra 21. Fue en una sesión extraordinaria en la que legisladores opositores manifestaron su rechazo por considerar que el aval de la comisión bicameral que avaló su nombramiento había dejado de estar vigente.

El Frente de Todos reclamó la aprobación de la designación de la abogada Marisa Graham como Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes, un cargo vacante hace 15 años, durante una sesión en la que partidarios "celestes" cuestionaron el nombramiento por la posición de la postulante a favor de la legalización del aborto.

En representación del oficialismo, la presidenta de la Banca de la Mujer, Norma Durango, defendió la designación con un discurso en el que reclamó a sus colegas de la Cámara "que no miren más para otro lado" y "salden la deuda con los niños y niñas argentinas" para que "se respeten sus derechos".

El nombramiento dividió las aguas entre los senadores macrifascista, algunos de los cuales como Laura Rodríguez Machado y Guadalupe Tagliaferri, se manifestaron a favor, mientras que otros como Silvia Elías de Pérez y Mario Fiad se opusieron con argumentos que sostienen que los plazos reglamentarios para avalar el pliego estaban vencidos.

La posición en favor del aborto manifestada públicamente por Graham el año pasado fue otro de los postulados utilizados por los senadores en su contra.

"Dejen de traer esa ensalada del debate de los verdes y celestes. No importa el color lo que importa es que cumpla la ley", pidió la senadora tucumana del kirchnerismo, Beatriz Mirkin, al pronunciarse a favor del nombramiento.

Mario Fiad, de Cambiemos por Jujuy, rechazó a la postulante al considerar que le generaba dudas la posición que adoptaría Graham en favor de los niños "si existiera un conflicto entre la voluntad de la madre y los derechos del niño por nacer".

Durango pidió "tomar en cuenta el trabajo serio y comprometido" encarado por la comisión bicameral que avaló a la abogada para ese puesto vacante desde hace 15 años y consideró que se está "ante una posibilidad histórica de revertir el descubierto en el amparo de niños y niñas de nuestro país".

En el inicio de la cuarta sesión especial se rindió un homenaje propuesto por el senador Carlos "Camau" Espínola al atleta Brain Toledo, quien falleció en un accidente vial con su moto, y se dio ingreso a los pliegos propuestos por el gobierno para designar a Ricardo Alfonsín y Alicia Castro como embajadores en España y Rusia, respectivamente.

También se incorporó a pedido de la presidenta de la comisión de Acuerdos, Anabel Fernández Sagasti, para aprobar sobre tablas la designación como embajador de Rafael Bielsa como embajador en Chile, cuyo dictamen fue emitido con el aval de todas las fuerzas políticas.

Protesta de partidarios "celestes" en las puertas del Senado

Manifestantes que se identificaron con el denominado Partido Celeste que rechaza la legalización del aborto se concentraron para expresarse en contra de la designación de la abogada Graham.

Con un altoparlante que reproducía la canción "Celebra la vida" del cantante Axel y pancartas en favor de "las dos vidas", mujeres que se encuadran en la agrupación ultraconservadora Citizen Go y el denominado "Partido Celeste" reclamaban esta tarde en la puerta de la Cámara, sobre la calle Hipólito Yrigoyen, el rechazo a la designación.

La abogada Graham superó un concurso y una serie de exámenes entre 70 postulantes para ocupar el cargo de Defensora vacante hace 15 años pero militantes en contra del aborto reclaman que se la desestime para esa función con el argumento de que el dictamen de la comisión bicameral que aprobó su pliego estaba vencido.

Además, sostienen que la abogada manifestó públicamente su posición en favor de la legalización de la interrupción del embarazo y afirman que esa postura "se contradice" con la nueva tarea que deberá emprender en favor de los niños y niñas. "Señores senadores, 45.700 ciudadanos exigen nuevo concurso. Graham No", reclamaron las manifestantes.

"Presidenta, usted también es mujer como yo": el fuerte cruce de Cristina con una senadora de Juntos por el Cambio

La titular del Senado volvió a advertir que no deben llamarla "presidente", sino con esa palabra pero género femenino.

Al igual que ocurrió hace unas semanass con el jefe de bloque del Frente de Todos, José Mayans, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a corregir a una senadora de Juntos por el Cambio que se refirió a ella como "presidente" del Senado. 

Durante un cruce con la senadora de la UCR, Silvia Elías de Pérez (quien quería impedir la votación de la defensora de niños, niñas y adolescentes), la ex mandataria volvió a defender el uso del femenino para referirse a su cargo.

"Tiene la palabra senadora para ampliar...", le concedió CFK a la legisladora radical. "Le agradezco presidente, la propia comisión bicameral...", arrancó Elías de Pérez cuando la titular del Senado la paró en seco. "Presidenta, presidenta", le aclaró tajante Cristina.

"Bueno, presidenta, como usted quiera", le restó importancia la legisladora radical, que no se esperaba la última réplica de la líder del Frente de Todos. "Presidenta, usted también es mujer como yo", remató CFK.

Ya el mes pasado Cristina había discutido lo mismo con un senador de su propia fuerza política. El legislador formoseño apeló a la Real Academia Española para justificar su postura a favor de denominarla "presidente" pero la propia RAE se pronunció días después a favor de usar la forma planteada por la vicepresidenta.

Los salarios perdieron 8,4% de poder adquisitivo real en último año de gestión de Macri Blanco Villegas

Por segundo año consecutivo, los salarios quedaron muy atrás de la suba de precios minorista, según informó el INDEC. En 2018 los salarios tuvieron una caída real de 6,3% promedio. En los 2 años acumularon una baja de 15,2%.

Por segundo año consecutivo, los salarios perdieron fuerte frente a la inflación en 2019, al registrar una caída real del 8,4%: subieron en promedio un 40,9%, ante un IPC del 53,8%, según informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Después de la caída de salario real que se arrastraba del primer semestre 2019, las reacciones post PASO ocasionaron un nuevo rebrote inflacionario y consecuentemente, la continuidad de la pérdida de ingresos. El salario promedio mostró una suba de 2,6% en diciembre que, comparado con una inflación mensual de 3,7%, implicó una nueva pérdida del poder de compra de los asalariados.

En diciembre, los salarios privados subieron un 1,5% y los públicos un 2,9%, mientras que los salarios informales aumentaron 5,3%. Todos los grupos de asalariados, salvo el de los empleados informales o “en negro”, perdieron contra la inflación de diciembre.

"Por grupo y condición laboral, las variaciones son muy heterogéneas: el sector de empleados formales privados acumuló una caída real de salarios de 6,2% hasta el mes de diciembre 2019; y el sector de empleados públicos formales acumuló una baja de 7,1% hasta diciembre 2019. Aún con la recuperación de diciembre, el sector de empleados informales fue el grupo más perjudicado por la caída real de los salarios acumulando una caída real del 15,8% hasta el mes de diciembre", consignaron Nadin Argañaraz y Bruno Panighel, economistas del IARAF.

Tomando el salario promedio de cada año, el 2019 cerró como el segundo año de fuerte caída del poder de compra. "En 2018 el salario cayó un 6,3% y en 2019 cayó otro 9,5%, acumulando una caída de 15,2% respecto al nivel promedio de 2017. Para lograr una recuperación genuina de los salarios es necesaria una baja de la inflación", remarcaron los economistas del IARAF.

"Dos años de caída del salario real (2018 y 2019, era esperable dada la crisis por la balanza de pagos", dijo por su parte el economista Gabriel Caamaño, de Consultora Ledesma.

"Si estabilizas, primero dejan de caer y después se empiezan a recuperar. Eso te ayuda a recuperarte. Por ahora no hay recuperación significativa y las expectativas de caída adicional están contenidas vía medidas que no son sustentables", agregó.

Para los próximos meses, la evolución de los salarios dependerá en gran medida de la resolución del problema de la deuda, advierte el economista. "En el primer trimestre, en el mejor de los casos, si hay algo de recuperación, es por los cierres de paritaria 2019 que quedaron postergados para enero/febrero 2020", proyectó Caamaño.

La mayoría de los gremios docentes bonaerenses aceptaron la oferta salarial y el lunes empiezan las clases

La oferta eleva el sueldo inicial de un maestro de grado a 29 mil pesos. La Federación de Educadores bonaerense (FEB) y la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA) rechazaron la propuesta, pero acordaron no tomar medidas de fuerza.

La mayoría de los gremios docentes que integran el Frente de Unidad Docente de Buenos Aires aceptaron la oferta salarial del gobierno bonaerense, que eleva el sueldo inicial de un maestro de grado a 29 mil pesos, por lo que el próximo lunes comenzará el ciclo lectivo en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, informaron fuentes gremiales. 

En tanto, la Federación de Educadores bonaerense (FEB) y la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA) rechazaron la oferta salarial pero acordaron no tomar medidas de fuerza que impidan el inicio de clases y seguir negociando con el gobierno provincial.

Ayer a la mañana, el plenario de secretarios generales del SUTEBA aceptó por amplia mayoría la propuesta salarial realizada por el gobierno provincial el jueves y mandatar al Congreso de la CTERA la aceptación de la propuesta del gobierno nacional, detalló el gremio en un comunicado.

El secretario General del SUTEBA, Roberto Baradel, expresó que "toda la resistencia y la lucha que llevamos adelante hoy se plasma en poder empezar a construir de otra manera".

"Durante cuatro años tuvimos que defender la escuela pública, las organizaciones sindicales y a los trabajadores. Orgullosamente podemos decir que el Suteba, en conjunto con el Frente de Unidad Docente Bonaerense, pudo resistir por la escuela pública, defendiendo los derechos de los docentes y de nuestros pibes", agregó el dirigente sindical.

En tanto, el Sindicato Argentino de Docentes Privados Seccional Provincia de Buenos Aires (Sadop) también resolvió "aceptar la propuesta salarial del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires luego de debatirla con el cuerpo de delegadas y delegados de las escuelas de gestión privada de la Provincia". Por su parte, la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) también aceptó la oferta salarial provincial.

El gobierno bonaerense propuso ayer elevar el salario básico del maestro de grado de 11.821 a 12.767 pesos, con lo que el sueldo inicial de un maestro sin antigüedad ascendería a 29 mil pesos en marzo y a 31.059 en junio próximo. La propuesta contempla además la inclusión de una cláusula de garantía ante eventuales incrementos inflacionarios que superen este aumento.

The Economist anticipa una quita de deuda y reclama un ajuste

"En lo que tanto Argentina como el FMI coinciden es en golpear a los acreedores privados", afirmó un duro editorial del semanario londinense. Llamó a que el gobierno gaste menos en jubilaciones, empleados públicos y subsidios a la energía.

El semanario británico The Economist publicó ayer un editorial sobre el proceso de reestructuración de deuda y la negociación con el Fondo Monetario Internacional que está llevando a cabo la Argentina, en el que afirma que la deuda se aproxima al 90 por ciento del PBI y es "insostenible". 

El artículo señala que el presidente Alberto Fernández y la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, "pretenden limpiar el desorden que heredaron" y estima que una renegociación exitosa conducirá "a una reducción del capital e intereses".

The Economist recordó que el organismo de crédito internacional encabezó en 2018 el vigésimo primer rescate al país y señaló que en el contexto actual están en juego una montaña de dinero y la credibilidad de la misión de Georgieva de reinventar el FMI. El Fondo es el mayor acreedor de la Argentina con 44 mil millones de dólares del total de deuda en moneda extranjera que la Argentina intenta renegociar, afirma la publicación.

Frente a la demanda de algunos acreedores de que el FMI recorte también sus acreencias, el artículo refiere que "el Fondo tiene el trabajo de prestar cuando otros no lo harán, y por lo tanto, tiene el derecho a insistir en que se le pague, incluso cuando a otros no".

"El país está tambaleando por la caída del peso, reservas reducidas y una amarga recesión", afirma el semanario británico, y recuerda el planteo del Fondo sobre que "el ajuste del cinturón requerido para pagar todas las deudas no es económica ni políticamente factible".

El editorial afirma que, "en lo que tanto Argentina como el FMI coinciden, es en golpear a los acreedores privados, quienes a lo largo de los años han sido tan crédulos como los votantes y los tecnócratas del FMI".

Resalta luego que "los acreedores se apilaron en la compra de los bonos soberanos argentinos a 100 años, emitidos en 2017, que ahora valen 42 centavos por dólar". 

"La Argentina necesitará un nuevo préstamo para ayudar a pagar el viejo", afirma The Economist, y señala que "se espera que el gobierno presente el próximo mes una propuesta formal de reestructuración de la deuda".

El editorial cuestiona que, mientras que en el pasado este tipo de programa implicaba préstamos a largo plazo en conjunción con demandas de austeridad, las autoridades argentinas "han estado haciendo lobby al Fondo y a los ministros de finanzas del G7 para que adopten un enfoque más blando que priorice el crecimiento".

Esa postura coincide con "la ambición de Georgieva de refundar el FMI: en lugar de siendo el disciplinador de las finanzas globales", haciendo "más por ayudar a los países pobres a crecer en el largo plazo", describe.

"El problema es que muchos gobiernos argentinos, inversores y funcionarios del FMI contaron con que el crecimiento restablecería la salud de la economía argentina, sólo para defraudarse", afirma el editorial y agrega que el Fondo "debe evitar imponer innecesaria humillación o sufrimiento en Argentina, pero también debe evitar consentir la ilusión de que de repente se convertirá en una economía próspera".

El artículo llama a que "el gobierno gaste menos en jubilaciones, empleados públicos y subsidios a la energía, y, en cambio, más en inversión, para que la perspectiva de crecimiento de Argentina mejore". Además, aboga por una estructura impositiva "más amigable con las exportaciones y con leyes laborales menos perjudiciales para la contratación".

A su vez, la nota editorial insta a la titular del FMI a proponer "unas pocas metas duras sobre el déficit y la inflación" y dejar "que sea el gobierno el que vea cómo alcanzarlas: creciendo más rápido, si es posible, o si no, apretando entonces el cinturón".

Jubilaciones de privilegio: la patética oposición desiste de judicializar la sesión de Diputados

La idea de denunciar penalmente a Daniel Scioli y Sergio Massa se diluye con el correr de las horas. La mayoría del bloque de Juntos para el Cambio desacuerda con la vía judicial y sostiene que los temas políticos deben ser resueltos por la política. Solo algunos pelotudos de la Coalición Cínica insisten en ir a Tribunales.

El bloque de Juntos por el Cambio está en plena polémica y parece claro que no habrá denuncia penal ni contra Daniel Scioli y menos aún contra el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. 

Varios legisladores ofuscados hicieron un anuncio de esa naturaleza al final de la sesión del jueves, en la que se dio media sanción a la modificación de las jubilaciones de privilegio de jueces y diplomáticos, pero todo se está diluyendo. La postura mayoritaria hasta el momento es que se presente un pedido de nulidad dentro de la propia Cámara baja, algo casi simbólico. Hay integrantes de la Coalición Cínica que sí quieren ir a tribunales, pero la mayoría piensa que cualquier planteo será rechazado por la justicia y, además, "los casos de la política deben ser resueltos por la política", dijo uno de los principales referentes del bloque opositor.

Desde el punto de vista legal, cualquier presentación parece tener poca chances. Como bien explicó el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, un diputado sólo deja de serlo cuando su renuncia es aceptada por el cuerpo. En este caso, Daniel Scioli tiene el acuerdo del Senado para ser embajador en Brasil, todavía no se publicó el decreto de su designación, no presentó la renuncia y, obviamente, no fue aceptada por el pleno. Cuando esto último ocurra, jurará en su lugar Claudia Bernazza, quien por supuesto habría dado quorum el jueves, como ella misma lo dijo públicamente.

La discusión entre los opositores

Aún así, integrantes de la Coalición Cínica insistían en que había que hacer una denuncia penal contra Scioli y contra Massa, azuzados por los sectores duros de Juntos por el Cambio . Sin embargo, los dos hombres claves del bloque, Mario Negri y Cristian Ritondo, están rotundamente en contra. De manera que no habrá ninguna presentación unificada en la justicia, pero sí puede haber integrantes sueltos que den semejante paso.

En Juntos por el Cambio, de todos modos, no dan el brazo a torcer. Afirman que Scioli dijo que va a asumir como embajador el 3 de marzo, o sea el martes próximo, y que presentará la renuncia el lunes. La oposición alega que siguiendo el razonamiento del propio Scioli, entonces estará en funciones de embajador siendo diputado porque el martes no se habrá producido la sesión de aceptación de esa renuncia. Además, insisten en que el ex gobernador bonaerense viajó a Brasil con los gastos pagos por la Cancillería, de manera que ya estaba en funciones. De todos modos, admiten que desde el punto de vista legal los argumentos tienen poca entidad: la Constitución es taxativa, Scioli sigue siendo diputado y está habilitado para debatir y votar.

El camino intermedio

Hay una posición intermedia en el bloque opositor que consiste en hacer un planteo de nulidad -no una denuncia penal- en el fuero contencioso administrativo, que es el que se ocupa de los litigios en el Estado. Tiene el condimento de judicializar la política, pero no pone sobre la mesa una acusación violenta como sería encuadrar el caso en algo así como un fraude o una estafa.

De todas maneras, la postura mayoritaria pasaba este viernes por hacer un planteo de nulidad en la propia Cámara de Diputados. Requerir que se pronuncie el Comité de Ética o que se establezca una comisión reglamentaria que revise la cuestión. Está claro que este camino consiste en amortiguar el conflicto y reconocer que la media sanción es un hecho.

Lo fundamental de la posición mayoritaria es que sentaría, al menos en este caso, un principio de importancia: que los conflictos de la política los debe arreglar la política. Parece grotesco que los diputados tengan que recurrir a los jueces para algo tan elemental como una polémica reglamentaria en una de las cámaras. Lo que sucede es que, según parece, el ritmo de la confrontación lo marcan los grandes medios que, en forma permanente, le reclaman a los opositores que vayan por todo, en absolutamente todos los terrenos.

Fuente: nota de Raúl Kollmann para Página/12

La UCR eligió a Jesús Rodríguez para presidir la Auditoría General de la Nación

Es un cargo que corresponde a la oposición. El elegido ya es auditor y ahora controlará las revisiones de la gestión oficial. Sólo resta que sea autorizado por ambas Cámaras.

La Unión Cívica Radical eligió a Jesús Rodríguez como presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), el organismo encargado de controlar las cuentas ya ejecutadas por el gobierno y las empresas públicas y debe ser presidido por un dirigente de la oposición más numerosa en el Congreso.

La UCR cumple ese requisito en el Senado y si bien en Diputados el PRO tiene más representantes no tuvo interés de pelear el puesto después de no poder imponer a Miguel Pichotto, una idea de Miauricio Macri Blanco Villegas que había tenido la venia del gobernador fascista de Jujuy Gerardo Morales, pero no del resto de la cúpula del partido.

Rodríguez ya es auditor de la AGN y tomará la presidencia que ejerció Oscar Lamberto, designado por el PJ. Podrá asumir recién cuando los presidentes de ambas Cámaras del Congreso confirmen que cumple con las condiciones y no hay expectativas de que eso no ocurra. 

Los directores de la AGN son elegidos por el Congreso según las proporciones parlamentarias, o sea, habrá mayoría oficialista para controlar de cerca los números del gobierno actual y los últimos del régimen macrifascista, porque las auditorías son sobre la gestión ejecutada.

Una vez concluidas son enviadas al Congreso para que la bicameral mixta revisora de cuentas emita un dictamen a favor y en contra y sea considerado en los recintos. El hijo bobo de Franco Macri no consiguió que el Congreso aprobara los gastos de su gestión de un sólo año y ahora quedó sujeto a los legisladores que integren la comisión.

Paridad de género: la Cámara Electoral resolvió que la banca de Carrió sea ocupada por un hombre

La renuncia de la desquiciada diputada macrifascista se hará efectiva este domingo 1º de marzo. Por mayoría, los jueces resolvieron que la reemplace quien seguía en la lista del 2017, José Patiño, en lugar de la siguiente candidata del mismo género.

La del jueves fue la última sesión con Elisa Carrió como diputada. Este domingo 1º de marzo entra en vigencia su renuncia y quedará libre su banca. Su reemplazo abrió una batalla judicial a fines del año pasado por el tema de la paridad de género, que la Cámara Nacional Electoral (CNE) acaba de saldar con un fallo que generará polémica en el marco de las políticas de igualdad de género que se vienen impulsando desde distintos ámbitos.

En la resolución que acaba de ser firmada por el máximo tribunal electoral del país, los camaristas dictaminaron por mayoría –dos a uno– en favor del reclamo del candidato hombre que seguía en la lista, en detrimento de la candidata mujer. Así, el reemplazo de Carrió será José Luis Patiño, ex diputado nacional de Cambiemos y oriundo del partido Unión por Todos, de Patricia Bullrich Bulrrich Pueyrredón, y no Patricia Holzman, del PRO, ex jefa de Gabinete del Ministerio de Ambiente de la Nación durante la infame gestión de Miauricio Macri Blanco Villegas. Ambos fueron en la boleta de la alianza Vamos Juntos en las elecciones legislativas de 2017 por la Capital Federal.

La resolución del camarista electoral Alberto Dalla Vía y el camarista en lo Contencioso Administrativo Guillermo Antelo –quien fue convocado para resolver la falta de consenso entre los dos únicos integrantes actuales de la CNE– fue en el mismo sentido de dos fallos anteriores con el mismo planteo, pero que se resolvieron en favor de mujeres, Adriana Cáceres y Liliana Schwindt, quienes juraron ayer como diputadas.

El 11 de febrero último, estos dos jueces –con la disidencia del camarista electoral Santiago Corcuera– resolvieron que la vacante debía cubrirse por el criterio de corrimiento del orden de la lista de candidatos participantes en los comicios de 2017, y no por la ley de Paridad de Género, sancionada con posterioridad a esas elecciones legislativas. En esencia, los camaristas sostuvieron que esta última norma no podía aplicarse retroactivamente.

El fallo mayoritario de la Cámara revoca así el de la jueza federal María Servini, quien había dictaminado que esa banca de Carrió tenía que estar ocupada por otra mujer, y no el hombre que seguía en primer lugar en la boleta de las elecciones de ese año, cuando todavía regía la ley de cupo (que fijaba piso de un 33% de mujeres).

La magistrada había argumentado en favor de Holzman ya que “la renuncia (de Carrió) se produce durante la vigencia de la nueva normativa”, y “a los fines de lograr el equilibrio necesario entre hombres y mujeres respecto de la composición de la Cámara de representantes, que no es otro que el fin perseguido por los legisladores que procuraron su sanción”, en referencia a la ley de Paridad de Género. En la misma sintonía se expidió el fiscal federal Jorge Di Lello. Pero Patiño apeló porque consideró que no debía aplicarse la ley de Paridad en su caso, y ahora la CNE le dio la razón.

José Luis Patiño se la fumó en pipa a Patricia Holzman

Según adelantó Holzman, la ex funcionaria del régimen macrifascista evalúa apelar ante la Corte. “El mismo fallo de la Cámara que permitió que juren Cáceres y Schwindt, en base al criterio de corrimiento, a la vez incluía toda una argumentación a favor del objetivo de alcanzar la paridad. En 2017, los votantes eligieron una lista donde el 33% debía ser ocupado por mujeres. En este caso, no se estaría respetando ni siquiera ese cupo. Si ingresa Patiño, de la lista del 2017 serían 6 hombres y 2 mujeres, muy lejos que lo que se pretendió con la ley de Paridad”.

En tanto Patiño, quien fue diputado nacional entre 2015 y 2017 por Juntos por el Cambio y luego siguió como asesor de la Cámara baja hasta fines de 2019 bajo la gestión de Emilio Monzó, afirmó que esperaba que el fallo fuera en el sentido en que salió, porque “los camaristas debían ser congruentes con el criterio con el que habían resuelto los casos de Cáceres y Schwindt”.

“Siempre planteamos que se debía respetar el principio fundamental de que las leyes no son retroactivas. Acá no se trata de una cuestión de género, sino de temporalidad de la ley”, sostuvo, aunque quiso “ser prudente” ante la posibilidad de que el tema sea finalmente resuelto por la Corte Suprema.

El fallo conocido ayer tiene solo cuatro páginas ya que remite en sus fundamentos a su resolución anterior sobre el caso de Cáceres, tanto en el caso de los dos votos mayoritarios, como en el de minoría de Corcuera.

Los camaristas Dalla Via y Antelo habían advertido con anterioridad que “la ley de cupo N° 24.012 fijó quiénes, en condiciones generales, debían ocupar las vacantes en caso de producirse, sin importar su género, dado que el orden establecido no era en forma alternada un hombre y una mujer, como sí lo establece la ley de paridad N° 27.412. De ahí, que sea razonable que una vez lograda la paridad el nuevo régimen establezca para el caso de sustitución de un legislador uno de igual género”.

Asimismo, dejaron asentado que “la postura de este Tribunal está claramente definida a favor de la participación igualitaria y sin discriminaciones fundadas en meros prejuicios entre varones y mujeres, contenidos en la Constitución Nacional (art. 16, 37, 75 inc. 23) y en los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional (art. 75. Inc. 22), tal como se ha explicitado en un sinnúmero de pronunciamientos que sobre el tema ha dictado como garante del cumplimiento de las medidas que procuran la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios”.

La ciudad de Buenos Aires lanza un amplio plan de facilidades de pago para todos los impuestos

La política implementada por la AGIP incluye 6 cuotas sin interés para personas humanas y 36 cuotas con tasas de entre el 1,5% y el 3% para el resto de los adherentes.

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) anunció un nuevo plan de facilidades de pago para todos los impuestos, que regirá a partir del 1° de junio. 

De acuerdo a lo comunicado oficialmente, elobjetivo es “encontrar un equilibrio entre el reconocimiento a los contribuyentes que están al día con sus obligaciones tributarias y darle una oportunidad a aquellos que por diferentes razones no pudieron hacerlo”.

La medida incluye 6 cuotas sin interés para el financiamiento de personas humanas y 36 cuotas con tasas del 1,5%, 2,5% y 3%, dependiendo el plazo, para el resto de los adherentes.

El organismo que controla la recaudación de la Ciudad de Buenos Aires informó que no habrá monto máximo para ingresar al plan ni tampoco condonación de intereses resarcitorios para deuda administrativa y judicial. Adicionalmente, se levantarán las medidas cautelares trabadas y podrán incluirse los planes caducos al 31/12/2019.

Para poder adherirse, el contribuyente deberá tener pagas las cuotas vencidas correspondientes al año 2020. Por su parte, aquellos contribuyentes que deseen ponerse al día con sus obligaciones tributarias antes del 31 de mayo del 2020, podrán regularizar su situación a través de los planes vigentes mientras que quienes poseen pequeñas deudas de hasta $ 172.400, podrán acogerse con importantes beneficios.

Se cierra aún más el cerco sobre Rodrigo Sbarra, el macrifascista del sobre con los 10.000 dólares: el fiscal Gerardo Pollicita pidió que le inhiban los bienes

El fiscal remarcó en su solicitud al juez Julián Ercolini que la medida se "torna urgente y necesaria" porque el ex subsecretario de Coordinación del Ministerio de la Producción “ocultó al fisco la tenencia de dinero y de bienes". El ex funcionario es investigado por lavado de dinero y sospechado de ser posible integrante de un sistema de recaudación ilegal.

El fiscal Gerardo Pollicita solicitó la inhibición general de los bienes de Rodrigo Sbarra, el ex subsecretario de Coordinación del Ministerio de la Producción. 

Se trata del pelotuo corrupto macrifascista a quien se investiga por lavado de dinero y sospechado de ser posible integrante de un sistema de recaudación ilegal, tras haberse encontrado en un cajón de su despacho un sobre con un fajo con 10.000 dólares olvidados.

Sbarra “ocultó al fisco la tenencia de dinero y de bienes, lo que torna urgente y necesaria” una inhibición de bienes, indicó Pollicita en el escrito presentado al juez Julián Ercolini, quien lleva la causa.

Si bien el puntapié inicial de la investigación fue el hallazgo del fajo de dólares que al parecer se había caído de un cajón a hacia la parte inferior de un mueble situado en el despacho que Sbarra tenía en el edificio de Paseo Colón 189, lo que intensificó la causa fue el descubrimiento de terrenos que el ex funcionario macrifascista había comprado sin declarar al fisco.

Lo que supone el fiscal es que los billetes encontrados en un cajón habrían estado destinados al pago del lote en Nordelta que tenía un anticipo de 80 mil dólares, que debían ser saldados en cuotas de 3300.

Pollicita, que ya probó que los 10 mil dólares eran de Sbarra , indicó en su escrito a Ercolini que en la investigación hay elementos de prueba “suficientes” como para “tener por acreditada la verosimilitud” de que ni los dólares ni el lote estaban en la declaración patrimonial del sospechoso.

También dio por seguro que el integrante del nefasto régimen macrifascista “ocultó” al fisco “la tenencia del dinero y bienes”. De esta cuestión y de su súbito crecimiento patrimonial deberá rendir cuentas ante la Justicia.

Revocaron el sobreseimiento que el corrupto Bonadio le había dictado al Secretario de Finanzas de Macri Blanco Villegas

Se trata de Santiago Bausili, ex secretario de Finanzas. La Cámara Federal pidió que sea investigado por contratar a un banco en el que había trabajado para colocar bonos de la deuda pública; los argumentos de la defensa.

La Cámara Federal ordenó que Santiago Bausili, ex secretario de Finanzas del régimen macrifascista, siga siendo investigado por haber contratado como colocador de bonos de deuda pública nacional al Deutsche Bank, banco en el que había trabajado antes de asumir en el Poder Ejecutivo.

La decisión la tomaron los jueces de la Sala II de la Cámara, Martín Irurzun y Lepoldo Bruglia, que revocaron el sobreseimiento que el fallecido y corrupto juez Claudio Bonadio le había dictado a Bausili. Los camaristas entendieron que la desvinculación de la causa del ex funcionario era “prematura” y que el juez pistolero hizo “un tratamiento sesgado de los hechos” ya que al caso le quedaban medidas de prueba por hacer que había pedido la fiscal Alejandra Mangano.

Bausili fue secretario de Finanzas y subsecretario de Financiamiento y quien contrató al Deutsche Bank para que hiciera colocaciones de deuda pública por lo que obtuvo de entre el 0,12 y el 0,18 por ciento. Pero el entonces funcionario fue denunciado porque antes de asumir el cargo había trabajado en esa entidad.

Fuentes cercanas a su defensa indicaron que “la Cámara estimó de utilidad contar con el testimonio de los responsables del Deutsche Bank que intervinieron en su desvinculación laboral para que den cuenta de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se llevó a cabo y los alcances de los planes de compensación diferido DB Equity Plan y DB RI Plan. Y, en línea con lo sostenido por la defensa, la Cámara sugirió que se recabe información de otro expediente en el que se encuentran hace mucho tiempo atrás las pruebas que la Fiscalía requirió”.

El diputado nacional Rodolfo Tailhade denunció en abril de 2018 a Bausili para que se investigue si obtuvo beneficios indebidos ya que a principios del año 2016 habría recibido una serie de cuotas en euros y en acciones por parte del banco.

El ex funcionario fue sobreseído por Bonadio y la fiscal Mangano apeló esa decisión. Ahora la Cámara ordenó que el caso se siga investigando. Los camaristas Irurzun y Bruglia señalaron que una serie de medidas de prueba que la fiscal solicitó no se habían hecho.

“Si bien el análisis de las pruebas incorporadas al legajo conllevarían a sostener que las sumas y acciones devengadas en favor del imputado lo fueron en concepto de indemnización laboral lo cierto es que a esta altura de la encuesta los elementos de convicción aunados resultan insuficientes para sustentar una decisión definitiva como la dispuesta por el Instructor, en la que se advierte un tratamiento sesgado de los hechos que conforman el objeto procesal de estas actuaciones”, sostuvieron.

Los camaristas dijeron que se tiene que citar a declarar a los directivos del Deutsch Bank que intervinieron en la salida de Bausili de la entidad “para que den cuenta –desde la óptica del empleador– sobre aquellas circunstancias de modo, tiempo y lugar que rodearon la misma, así como también las características y alcance de los planes de compensación diferido 'DB Equity Plan' y 'DB RI Plan' que le fueron otorgados”.

Los jueces también señalaron que todavía no se sabe cuál fue el movimiento de la totalidad de las acciones que el ex funcionario cobró, cuando se adquirieron y se pusieron a la venta. Así, el tribunal dijo que las medidas de prueba que pidió la fiscal “lucen conducentes para esclarecer dichos extremos así como para determinar si el comportamiento del encartado durante su gestión resulta abarcado o no por alguno de los ilícitos que se le endilgan”.

Por último, los camaristas pidieron que se analice si otra causa que lleva el juez federal Sebastián Casanello se vincula con este expediente.

Con el fallo de la Cámara, el caso volverá al juzgado de primera instancia para que siga la investigación. Por la muerte de Bonadio, el que era su juzgado ahora está a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.

El juez que reemplazó a Bonadio se apartó de un tramo de la causa de las fotocopias de los supuestos cuadernos y podría quedar afuera de toda la investigación

Marcelo Martínez De Giorgi no intervendrá en la parte vinculada al dinero de Daniel Muñoz porque -justificó- tiene trato frecuente con un abogado y con su familia. La decisión podría terminar excluyéndolo de todo el expediente.

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi decidió apartarse de un tramo de la investigación iniciada por las fotocopias de los supuestos cuadernos del chofer literato Oscar Centeno. Se trata de la causa por el presunto lavado del dinero que manejó Daniel Muñoz. El ex secretario de Néstor Kirchner fallecido en 2016 recibía los bolsos con dinero que transportaba Centeno, según las anotaciones y otras pruebas que analiza la Justicia.

El juez que sucedió al corrupto Claudio Bonadio al frente del juzgado federal 11 tras su fallecimiento resolvió inhibirse de seguir interviniendo en esa investigación por “razones de decoro” a raíz de tener un “trato frecuente” con el abogado Miguel Angel Plo y su familia. Plo era el defensor de la viuda de Muñoz y junto a su hija y su yerno están acusados de ser parte del entramado societario que se armó para mover dinero de Muñoz. De hecho, Plo y Zupicih cumplen arresto domiciliario por esa imputación.

El año pasado, la Unidad de Información Financiera (UIF) develó que durante el nefasto régimen fascista y neoliberal de Miauricio Macri Blanco Villegas los Pló blanquearon $ 75 millones. Incluyó la declaración de ocho propiedades compradas en Florida, Estados Unidos, cuatro de las cuales se adquirieron entre los meses de mayo y junio de 2016 cuando los abogados habían comenzado a colaborar con Muñoz y su esposa, Carolina Pochetti, para desarmar la estructura societaria y desprenderse de los bienes adquiridos con dinero ilegal.

“Tras haberme interiorizado de los expedientes que tramitan ante el nuevo Juzgado a mi cargo, advertí que en esta sede tramitan los testimonios del expediente identificado como CFP 17459/2018, en el que fue procesado y elevado a juicio el Dr. Miguel Ángel PLO, su hija María Jesús PLO, y la pareja de esta última, Federico Carlos ZUPICICH, y en el que aún se encuentran en investigación algunas maniobras supuestamente delictivas y personas que podrían estar vinculadas a los nombrados. Así las cosas, corresponde aclarar que tengo un vínculo de conocimiento y trato frecuente a nivel familiar con el Dr. Miguel Ángel PLO y su familia. En ese sentido, considero que por motivos de decoro, me veo obligado a inhibirme de intervenir en el presente proceso”, sostuvo el juez, según la resolución a la que accedió Currín.

El juez planteó “razones de decoro”. Es una posibilidad prevista en un artículo del Código Procesal Civil y Comercial que prescribe que un juez deberá excusarse “cuando existan otras causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de decoro o delicadeza”. Habitualmente, los motivos de recusación más utilizados apuntan a la amistad o enemistad entre el juez con uno de los interesados en el proceso.

El juez entiende que si su decisión prospera quedaría afuera solo del tramo que salpica Plo y a su familia. Sin embargo, fuentes judiciales consultadas por este medio creen que esa jugada podría terminar alejándolo de todo el megaexpediente de los cuadernos que aún está en etapa de instrucción, teniendo en cuenta que Bonadio acumuló todas esas investigaciones y las consideró conexas.

Tras esta resolución de Martínez De Giorgi, explicaron en Inodoro Py, debe sortearse un nuevo magistrado. Si éste acepta el caso, se terminaría la cuestión; si por el contrario entiende que el tema no es suyo, Martínez De Giorgi podría quedárselo o tendría que ir a la Cámara Federal para que se defina quién de los dos debe seguir al frente de la instrucción.

Gran parte de la causa de los cuadernos ya fue elevada a juicio oral. Allí no solo está el capítulo por las anotaciones de Centeno, el chofer de Roberto Baratta, sino otros expedientes, como el de los subsidios al transporte, el de la compra de Gas Licuado o el la cartelización de la obra pública. Pero también hay un capítulo vinculado al dinero de Muñoz.

Fabián Tablado salió de la cárcel tras 23 años preso

Mató de 113 puñaladas a su novia pero fue condenado por homicidio simple. El padre de la víctima pidió una medida de restricción perimetral.

Fabián Gerardo Tablado, el femicida que mató de 113 puñaladas a Carolina Aló en 1996, dejó el penal de Campana ayer al mediodía después de pasar 23 años en prisión por el crimen. “Estoy arrepentido y tengo mucho remordimiento”, dijo al cruzar la reja y dejar atrás la cárcel. Consultado sobre sus planes para el futuro, dijo que le gustaría poder reencontrarse con sus hijas algo que no podrá suceder porque lo tiene prohibido por la Justicia.

“Soy consciente de lo que hice y no hay día que no piense en pedir perdón”, agregó a la salida del penal. Sin embargo, Tablado aseguró que quiere “hacer las cosas bien” y afirmó que "ya no soy la misma persona, no soy solo lo que hice en el pasado. Me esforcé muchísimo todos estos años para hacer todos los tratamientos”.

El hombre aseguró que todavía siente culpa y que por eso quiere seguir reflexionando. “Los años que pasé preso me sirvieron para meditar, reflexionar y e incorporar valores que antes que no tenía”, agregó.

Tablado recuperó su libertad tras haber cumplido su pena. El caso se convirtió en uno de los policiales más resonantes de la historia criminal argentina, cuando todavía el delito de femicidio no estaba legislado. El padre de la joven solicitó el jueves una medida de restricción perimetral para evitar que el asesino de su hija se acerque a su familia.

Tablado, que hoy tiene 43 años. Cometió el crimen cuando tenía 20. Cumplía su condena en la Unidad 21 de Campana, ubicada sobre el kilómetro 5,5 de la Ruta 6, penal donde pasó sus últimos años en el pabellón 5, junto a los internos que profesan el culto evangelista.

La madre del femicida, María Esther Gallardo, anunció que iría a buscarlo a la salida del penal. La mujer no confirmó si a partir de ahora su hijo volverá a vivir con ella y su marido en Albarellos 348 de Tigre, la misma casa donde en 1996 cometió el crimen de las 113 puñaladas.

Desde que en diciembre se enteró que Tablado iba a ser liberado, Edgardo Aló, padre de la víctima, buscó la manera de evitar que "el chacal" -tal como llama habitualmente al asesino de su hija-, saliera de prisión. Cuestionó que se le dé por agotada la pena dos años y nueve meses antes de lo que había dispuesto la Justicia.

Tablado estuvo 23 años, nueve meses y un día encarcelado, cuando la Justicia había dispuesto que pase encarcelado 26 años y seis meses.

Por el crimen de Carolina Aló fue condenado en 1998 a 24 años de prisión, pero en 2013 se le sumó una condena a dos años y medio de prisión por "coacción" tras amenazar de muerte a Roxana Villarejos, la docente con la que en 2007 se casó estando preso y con quien tuvo hijas mellizas.

Si bien se le unificó la condena en 26 años y seis meses de prisión, pena que debía agotarse en 2022, los beneficios de la ya derogada Ley del 2x1 y los cursos que hizo en prisión como "estímulo educativo", hicieron que la pena del femicida llegue a su final ayer al mediodía.

Según las últimas pericias psiquiátricas realizadas sobre Tablado, se determinó que el hombre presenta sus facultades mentales "normales" aunque por el momento no se le permitirá ejercer la "responsabilidad parental" sobre sus hijas mellizas de 11 años.

El caso

El crimen de Carolina Aló ocurrió el 27 de mayo de 1996 en la casa de la familia Tablado, en Albarellos 348 de Tigre. 

La pareja fue hasta allí a la salida de la Escuela N°1 Marcos Sastre de Tigre, colegio al que asistían en el turno nocturno, donde mantuvieron una discusión.

Tablado, por entonces de 20 años, persiguió a Carolina por varios ambientes de la casa -escaleras, cocina y garaje- y la mató de 113 puñaladas aplicadas con cuatro armas blancas halladas en la escena: una cuchilla de cocina, dos cuchillos de mesa Tramontina y un formón de carpintería.

El homicida escapó, le confesó lo sucedido a un amigo y se escondió debajo del puente de la calle Tedín, en Tigre, a unas 20 cuadras del lugar del crimen, donde unas horas más tarde la policía lo detuvo.

En el juicio, querella y fiscalía lo acusaron por homicidio agravado por alevosía para lograr una perpetua y la defensa pretendía que se lo declare "inimputable", pero finalmente, en un fallo dividido, la Sala III de la Cámara Penal de San Isidro condenó a Tablado a 24 años por homicidio simple.

Dos de los rugbiers detenidos por el asesinato de Fernando Báez Sosa pidieron asistencia psiquiátrica

Aludieron que se encuentran afectados por las condiciones de alojamiento estrictas, que les impide tener salidas al patio o realizar actividades físicas.

Dos de los ocho rugbiers detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero pasado en la localidad balnearia de Villa Gesell, solicitaron ante la Justicia que se les brinde asistencia psicológica y psiquiátrica. 

Aludieron que se encuentran afectados por las condiciones de alojamiento estrictas, que les impide tener salidas al patio o realizar actividades físicas.

El pedido de asistencia fue formulado en las últimas horas por el abogado defensor de los imputados, Hugo Tomei, ante el juez de Garantías de Dolores, David Mancinelli, quien giró la solicitud a las autoridades de la Unidad Penitenciaria 6 de Dolores, donde los ocho rugbiers se encuentran detenidos.

Se trata de Lucas Pertossi (21) y Ayrton Viollaz (20), quienes pidieron entrevistas con un psiquiatra y con un psicólogo, las cuales fueron concedidas para el próximo lunes.

Según los investigadores, esos dos imputados quieren exponer respecto a las condiciones de alojamiento, ya que por el lugar en el cual están encerrados no pueden acceder al patio del penal ni realizar actividades físicas o culturales, y apenas tienen una hora por día para poder comunicarse por teléfono con sus familiares.

Las restricciones en el aislamiento de los rugbiers fueron tomadas por cuestiones de seguridad, ya que el resto de los presos los amenazaron con provocarles todo tipo de daños físicos. Tanto ellos como Máximo Thomsen (20), Ciro Pertossi (19), Blas Cinalli (18), Enzo Comelli (20), Luciano Pertossi (18) y Matías Benicelli (20), están alojados en una celda del sector de la Alcaidía del penal, alejados del resto de la población carcelaria.

"El sector donde se encuentran no tiene patio, por lo que los presos que se encuentran alojados en la alcaidía permanecen dentro de sus celdas", dijo un investigador.

Fuentes del SPB aseguraron que los ocho rugbiers se encuentran en perfectas condiciones de salud y negaron que hayan sido amenazados por otros presos o que hayan sufrido algún tipo de ataque desde que fueron trasladados a esa cárcel.

Antes de ayer, los ocho detenidos tuvieron la visita semanal de sus familiares en el penal. Los familiares llegaron a Dolores cerca de las 17.30 sin hacer declaraciones a los periodistas que hacían guardia en la puerta de la cárcel, y pasadas las 18 ingresaron para visitar a los jóvenes durante una hora.

Los ocho rugbiers están acusados por la fiscal del caso, Verónica Zamboni, de ser coautores del delito de "homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas" en perjuicio de Fernando, y de las "lesiones" que sufrieron sus amigos.

Además, permanecen imputados, pero sin prisión preventiva Juan Pedro Guarino (19) y Alejo Milanesi (19), acusados de ser "partícipes necesarios" del mismo delito.