En el Ministerio de Seguridad de Santa Fe sospechan que también podría estar detrás de las balaceras a fiscales, magistrados y personal judicial.
El año pasado, el falso abogado Marcelo D'Alessio ingresó de incógnito al Centro de Justicia Penal de Rosario, donde era enjuiciado el clan Cantero, para reunirse frente a frente con Ramón Machuca, alias el Monchi, jefe de Los Monos.
Según trascendió, D'Alessio le habría propuesto utilizar sus contactos para aliviarlo procesalmente a cambio de que a través de una cámara oculta involucrara al gobierno socialista.
D'Alessio se presentó ante el cabecilla de la banda narco como "la mano derecha de Macri en el tema del narcotráfico" y trató de armar una operación para perjudicar al oficialismo provincial. Previamente se había contactado con Lorena Verdún, la viuda del "Pájaro" Cantero, que la semana pasada fue fotografiada junto a Antonio Bonfatti durante los festejos del carnaval, una imagen que se viralizó rápidamente y que el socialismo denunció como una "vil maniobra de desprestigio".
La información fue revelada por el periodista Agustín Lago por Radio Dos y confirmada por fuentes del Ministerio de Seguridad provincial, quienes explicaron que se había colado al custodiado edificio junto a una de las abogadas de Monchi argumentando que pertenecía al equipo profesional.
El juez Ramos Padilla, quien investiga una presunta "red de espionaje judicial", le dedicó un pasaje de su exposición en la Cámara de Diputados a las actuaciones de D'Alessio en Rosario: "entre las investigaciones actuales, continúa con las de narcotráfico en Rosario".
Según el magistrado, en una carpeta titulada "Narcotráfico Rosario" que obtuvo tras el allanamiento del departamento del falso abogado "se habla que para llevar adelante esas acciones se utilizaron cámaras ocultas con uno de los principales actores locales" en relación a la banda Los Monos.
Además, describe Ramos Padilla, que la actividad en el terreno incluía "detecciones de filtración de inteligencia, detalles migratorios, detalles de celdas, filmaciones aéreas y capturas fotográficas" y recuerda que el imputado "no es un agente o funcionario público" como para desplegar semejantes recursos.
La noticia, difundida el miércoles, sacudió a la opinión pública y a la clase política santafesina en medio de la campaña para las PASO de abril. De hecho, los tres reconocidos periodistas que participaron del informe fueron sancionados por la empresa y tuvo que intervenir el Sindicato de Prensa de Rosario para que se normalice la situación.
La inteligencia detrás de las balaceras
La revelación de los vínculos entre los Cantero y D'Alessio abrieron interrogantes sobre la injerencia de la supuesta
"agencia de inteligencia paralela" en las balaceras contra funcionarios judiciales, tribunales y técnicos de fiscalía.
"Tenemos derecho de sospechar que los que brindaban la información calificada a Los Monos con los objetivos para las balaceras partían de los servicios de inteligencia", afirmó una alta fuente del Ministerio de Seguridad provincial.
Las investigaciones judiciales pudieron dar con casi todos los responsables materiales de las balaceras contra edificios relacionados a funcionarios judiciales -magistrados y fiscales- que tuvieron algún contacto con la megacausa Los Monos y que terminó con altas penas para los líderes de la banda.
También se recolectaron pruebas de la responsabilidad de Ariel "Guille" Cantero quien desde el penal de Ezeiza dirigió a sus soldaditos para los ataques con el fin de amedrentar a la justicia.
Lo que aún no quedó claro fue la inteligencia que operó previamente para determinar los objetivos a atacar. Es que muchas de las agresiones recayeron sobre inmuebles que habían sido ocupados por jueces o fiscales muchos años atrás o cuando dispararon al Concejo Municipal de Rosario lo hicieron en un punto ciego donde no quedó registros de las cámaras.
Otro suceso que generó preocupación fue el que ocurrió en la madrugada del 31 de enero pasado cuando desconocidos atacaron a tiros la vivienda de una funcionaria que desempeña tareas técnicas dentro de la fiscalía que investiga los otros ataques y cuyo nombre jamás había trascendido públicamente.
Una fuente al tanto de la investigación explicó que de acuerdo a los relevamientos de páginas y aplicaciones de bases de datos personales se observó que quienes averiguaban las direcciones lo hicieron sin superar el primer motor de búsqueda. Esto significa, con conocimientos de cómo evitar registros que puedan ser advertidos por las pericias informáticas.
Todos estos elementos levantaron la sospecha de funcionarios judiciales y de Seguridad provincial que se trataba de un trabajo con una mayor complejidad e inteligencia propia de elementos de la policía o los servicios.
"Si D'Alessio integró el comité de seguridad del G20 por qué no iba a poder visitar a presos de alto perfil y pasar información sensible", se preguntaron en la cartera que conduce Maximiliano Pullaro, donde agregaron que "si todo esto es cierto y se comprueba que hubo un plan para una operación para involucrar a un gobierno con la banda más importante de la provincia, es de una gravedad superlativa".
El jueves de la semana pasada, el fiscal decidió hacer oídos sordos al llamado de Ramos Padilla y luego del faltazo pidió la nulidad de la causa, recusó al juez y planteó objeciones a la competencia del juzgado de Dolores con la intención de que la causa en la que está bajo la lupa deje de tramitarse allí y pase a los tribunales de Inodoro Py.
