El inicio del gobierno de Axel Kicillof parece orientarse hacia un modelo muy distinto al que plantean los grandes medios y Juntos por el Cambio.
Las últimas horas estuvieron marcadas por una ofensiva contra la ley impositiva en la provincia de Buenos Aires que promueve el gobierno de Axel Kicillof.
Tanto la oposición como los grupos mediáticos hegemónicos signaron al paquete de medidas y a la nueva gestión como los símbolos de un "ajuste" o "impuestazo" contra los sectores populares. Sin embargo, la realidad anticipa una perspectiva muy diferente.
Apenas llegado a la gobernación, Kicillof aseguró el congelamiento, por al menos 180 días, de las tarifas eléctricas en los distritos del interior de la provincia y La Plata. La medida puso un freno al aumento del 50% a efectivizarse en marzo, una cifra que iba a resultar suculenta para el megaempresario Rogelio Pagano, quien controla las distribuidoras que operan en esas jurisdicciones.
Las negociaciones habían comenzado con un encuentro del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Agustín Simone, y del subsecretario de Energía, Gastón Ghioni, con Pagano, el presidente del Grupo Desa, que controla Eden, Edes, Edea y Edelap. El incremento del 50% iba a reflejarse en una suba del 25% en las facturas de los hogares residenciales. Cabe destacar que el tarifazo había sido autorizado por la administración de María Eugenia Vidal durante el traspaso del poder.
Esto significaba que a partir del 1º de enero se continuaría aplicando el Incremento de Costos Tarifarios -pérdidas por inflación y devaluación del peso-, hasta que se recuperen las diferencias no obtenidas por el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2019. De esta manera, los usuarios residenciales iban a pagar $ 3,53 el kilowatt hora, contra los $ 3,20 que se pagan actualmente.
En tanto, los cargos fijos se iban a incrementar más de 40%, para ubicarse en $ 121,26 para usuarios residenciales. Según cálculos oficiales, la ganancia del emporio empresarial energético fue cercana a los $ 20.000 millones en los últimos cuatro años. Por ende, revisar lo actuado será una misión muy importante para la gestión entrante.
En la misma línea con Nación, el marco regulatorio será reestructurado durante el lapso estipulado bajo la premisa de generar un esquema que sea ameno para los usuarios -ya se deslizó la decisión de pesificar- y consecuente con el modelo productivo energético, sin que se afecte la sustentabilidad del mismo
Otra resolución que beneficiará a las arcas provinciales fue negociada entre Kicillof y el presidente, Alberto Fernández. Al disponer el mantenimiento de la competencia del ENRE sobre el servicio público, se dejó sin función al Ente Metropolitano Servicio Eléctrico (EMSE) que iba a ser creado para regular la energía eléctrica.
El EMSE había sido ideado el 28 de febrero, por lo que el Estado transfería a la provincia y a la Ciudad de Buenos Aires la titularidad de la distribución de energía eléctrica prestado por Edenor y Edesur en la región metropolitana. Iba a tratarse de un ente autárquico con independencia económica y financiera, con personalidad jurídica propia para actuar sobre las empresas.
Así, la provincia se ahorrará importantes recursos que iban a destinarse a la administración del organismo. En su momento, Vidal había estimado en $ 25.000 millones el monto que iba a tener que afrontar para hacerlo funcionar y dirigirlo.
¿Impuestazo?
El proyecto de ley que apunta a cambiar el régimen impositivo fija una escala progresiva por valuación fiscal, que parte de un 15% para las propiedades de menor valor, pero llega hasta un 75% de aumento. El ascenso apunta a ser menor a la proyección de la inflación en 2020.
¿Cuántas propiedades rurales serán afectadas por la suba de hasta 75%? cuando la tierra libre de mejoras haya sido valuada en 2019 en más de $ 3.000.000 y la superficie de la tierra libre de mejoras sea superior a 2000 hectáreas. Según la gobernación, se trata del 7% de las propiedades. También afirman que, descontada la inflación de 2019, el aumento para este sector será del 12,9% en términos reales.
Según el documento, se otorgarán exenciones para propiedades de hasta 100 hectáreas dedicadas total o parcialmente a la producción tambera y de hasta 50 hectáreas para la producción agropecuaria.
Asimismo, para el impuesto inmobiliario urbano baldío se fija una escala progresiva que parte del 15% para las propiedades no edificadas de menor valuación, pero que llega hasta el 90% de aumento para los terrenos de mayor valor fiscal. El objetivo declarado es "desincentivar la especulación inmobiliaria".
Es que las subas son inferiores a las dispuestas por la mayoría de los municipios y, en especial, mucho menores que los dispuestos por la gestión de Vidal en 2018, cuando el Inmobiliario Urbano aumentó hasta 60%, frente a una inflación del 27% en 2017.
En términos más abarcativos, el 86% de los inmuebles provinciales (3,8 millones de propiedades) tendrán un incremento inferior a $ 3.500 anuales.
► Para ingresos brutos y sellos, el texto define:
• “Dada la suspensión del Consenso Fiscal establecida por el gobierno nacional, se replican las alícuotas de 2019”.
• “En algunos sectores se incrementan las alícuotas en valores nunca superiores al 1% y siempre por debajo del máximo establecido”.
► Para Automotores y embarcaciones deportivas, se define:
• "No se modifica la tabla de alícuotas".
• "Se ajustan las alícuotas y se modifican los rangos, con el fin de lograr una mayor progresividad. Pagarán más quienes posean embarcaciones de mayor valor".
• "La alícuota mínima para el impuesto sobre embarcaciones deportivas será de 5,5% y la máxima de 13%".
En este contexto, tras la decisión de la oposición de boicotear la sesión para perjudicar a la nueva gestión, el gobierno del Frente de Todos analiza convocar a sesiones extraordinarias para retomar el debate legislativo esta semana.
Fuente: nota de Rodrigo Núñez para El Destape web
En el marco de la ley de "Solidaridad y Reactivación Productiva", el presidente Alberto Fernández congeló las tarifas en los peajes y frenó los aumentos previstos. 
