Bonadio manda a juicio oral a Cristina y empresarios por cartelización de la obra pública

Es una de las investigaciones derivada de la causa de las fotocopias de los supuestos uadernos. Están involucrados Calcaterra, Chediack, Cristóbal López y Ferreyra, entre otros empresarios.

El corrupto juez federal clarinista Claudio Bonadío envió a juicio oral a Cristina Fernández de Kirchner y a varios de los principales empresarios de la construcción en la causa que investiga la supuesta cartelización de la obra pública durante el kirchnerismo. Se trata de una de las causas desprendidas del caso de las fotocopias de los supuestos cuadernos del chofer literato Oscar Centeno.

El magistrado dio por cerrada la pesquisa y la remitió a sorteo de un Tribunal Oral con un total de 52 acusados. Además de Cristina, irán a juicio, entre otros, el ex ministro Julio de Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y el financista Ernesto Clarens. También numerosos empresarios acusados de pagar las coimas como Aldo Roggio, Gerardo Ferreyra, Cristóbal López, Juan Chediack, Carlos Román, José Cartellone, Carlos Wagner y el primo del ex presidente Macri, Ángelo Calcaterra.

Según Bonadio, quedó acreditada la existencia de "una maquinaria de corrupción que, a nivel nacional, se instaló desde el comienzo mismo de la presidencia de Néstor Carlos Kirchner, permaneciendo enquistada en nuestra República Argentina, sin solución de continuidad, durante más de doce años".

"Se organizó un esquema de recaudación ilegal de dinero, a través del cual se procedió a digitar la adjudicación de las licitaciones de las obras públicas civiles", detalló el magistrado pistolero.

Los empresarios fueron procesados luego de que Wagner, ex titular de la Cámara de la Construcción, fuera aceptado como imputado colaborador y aludiera a un sistema que habría funcionado durante la gestión kirchnerista para la adjudicación irregular de obra pública mediante el pago de sobornos.

"Los privados y los representantes de la organización paraestatal realizaron un claro pacto, en el cual los primeros entregaban dinero a los segundos para que éstos, ejerciendo sus capacidades, hicieran algo específico y determinado con relación a los procedimientos administrativos o contratos en los cuales estaban involucrados", sostuvo el fiscal del caso, el coimero Carlos Stornelli al pedir el envío a juicio de la causa el mes pasado.