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sábado, 21 de enero de 2023
Cristina contra "el absurdo jurídico a cielo abierto" con los chats entre Robles y D'Alessandro
La vicepresidenta rechazó el archivo de la causa por los chats entre el vocero de Rosatti y el ministro de Seguridad porteño. Recordó que el fiscal Stornelli está procesado por espionaje ilegal y cuestionó que se haya usado el voto de minoría de la causa Memorándum como fundamento para no investigar. "Solo con mafia mediática-judicial puede haber tanta impunidad", afirmó.
Cristina Fernández de Kirchner apuntó contra el fallo que archivó la denuncia por los chats que se filtraron a finales de diciembre entre Silvio Robles y Marcelo D'Alessandro. Allí se observaba cómo el principal asesor del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, le daba indicaciones al ministro de Justicia y Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta.
"La mafia mediática-judicial, la impunidad y el absurdo jurídico a cielo abierto. Es hora de despabilarse y advertir que están conduciendo a las instituciones hacia un callejón sin salida", escribió la ex presidenta en su cuenta de Twitter, quien cuestionó la maniobra "para salvar al ladero de Rosatti".
La causa Memorándum y el voto de la jueza Figueroa
CFK recordó que en 2016 se abrió la causa Memorándum con Irán, por la que había sido sobreseída en dos ocasiones, con los votos de los camaristas Hornos y Borinsky. "Lo fundamentaron en 'una escucha ilegal', metieron preso a Zannini y le prohibieron a Timerman tratarse de un cáncer en EE.UU.", rememoró.
En ese momento, votó en disidencia la jueza Ana María Figueroa, quien rechazó que con una escucha ilegal se pretenda reabrir una causa. "Después de la legalización de la escucha, Macri -que era presidente- felicitó públicamente a Hornos y Borinsky y criticó a la otra camarista, Ana María Figueroa, que había votado en minoría contra esa decisión", narró Cristina.
Ramos y Stornelli al rescate de Robles y D'Alessandro
"Ahora en 2023, el Juez Ramos de Comodoro Py en 20 días rechazó la denuncia contra Silvio Robles, que arreglaba fallos de la Corte en chats con D’Alesandro, Mtro. de Seguridad CABA, diciendo que no podía ser imputado de delito porque la denuncia se apoyaba en 'una escucha ilegal", señaló la vicepresidenta.
Y agregó que el fiscal que intervino para archivar esa denuncia fue Carlos Stornelli, procesado por espionaje ilegal e "impulsor de la 'Operación Puf', donde buscó legitimar las escuchas ilegales de la cárcel de Ezeiza para salvarse de su participación en el D`Alessiogate".
En su dictamen, Stornelli citó el voto de Figueroa en la causa Memorándum, aquel que rechazaba abrir una causa a partir de una escucha ilegal.
"Hoy, a esta altura, hay que hacerse la pregunta del millón: ¿Qué hará ahora la Cámara de Casación con la causa Memorandum con Irán?", cerró CFK.
Qué decían los chats entre Robles y D'Alessandro
En los chats que salieron a la luz en diciembre se ve cómo el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, recibe anticipos y asesoramientos por parte de Silvio Robles, el hombre de extrema confianza del presidente supremo, Horacio Rosatti.
Los menajes filtrados entre D’Alessandro y Robles arrancan el 9 de noviembre y se extienden hasta el 1 de diciembre. Tras algunos intercambios, el 15 de noviembre Robles tomó contacto con D’Alessandro y le preguntó si estaba. “Siempre”, contestó el ministro de Rodríguez Larrata. “En 5 te paso letra para que vos lo muevas”, le adelantó. D’Alessandro ni siquiera sabía de qué le hablaba, por lo que Robles le sugirió mirar su WhatsApp. Era un largo texto que perseguía un objetivo: que los senadores de Juntos por el Cambio no participaran en la sesión que estaba convocada para revalidar la lista de senadores que habían sido seleccionados para conformar el Consejo de la Magistratura.
Tres días después, los mensajes del asesor de Rosatti eran más claros en relación a la controversia sobre el Consejo de la Magistratura. Les sugería ir al fuero contencioso administrativo o a la Corte “considerando que hay que ejecutar la sentencia”. Añadía: “Pero todo depende de quien (puede ser Juez o alguien que sea considerado parte)”. El senador Juez hizo efectivamente una presentación en el fuero contencioso-administrativo, donde solo cosechó rechazos.
El último intercambio que figura en la filtración es del 1º de diciembre. En ese momento, Robles le avisa a D’Alessandro que Horacio Rosatti no iría. No se sabe cuál era la cita, pero evidentemente involucra al presidente del máximo tribunal, que desde que llegó a la cima de la Corte motorizó fallos en contra del gobierno del Frente de Todos.
Lula llega mañana a la Argentina para reunirse con Alberto Fernández
El encuentro entre ambos mandatarios se producirá el lunes en Casa Rosada. Será la primera visita de Estado que realice el flamante presidente de Brasil.
El presidente Alberto Fernández recibirá el lunes próximo, en la Casa Rosada, a su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien llegará a la Argentina para cumplir una visita de Estado, que incluirá la firma de acuerdos bilaterales y, al día siguiente, participar de la Cumbre de Jefas y Jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que se desarrollará en el Sheraton Buenos Aires Hotel.
Lula arribará en vuelo especial este domingo por la noche a la Aerostación Militar del Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, donde será recibido por el canciller Santiago Cafiero, informaron fuentes oficiales.
En lo que será su primera visita oficial al país, desde su vuelta al Palacio del Planalto, el flamante mandatario brasileño iniciará sus actividades el lunes a las 10.30, con la tradicional Ofrenda Floral al Libertador General San Martín, en la Plaza homónima, para luego trasladarse a la Casa de Gobierno, donde mantendrá una reunión con el presidente Alberto Fernández.
En el Salón Blanco, realizarán la firma, junto a ministros de diferentes carteras, de acuerdos para cooperación en Soberanía Energética e Integración Financiera, Defensa, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación, y Cooperación Antártica, según indicó la Cancillería argentina en un comunicado.
Posteriormente, Fernández y Lula da Silva realizarán una declaración a la prensa a fin de comunicar los lineamientos básicos de los acuerdos suscriptos y de la declaración conjunta.
Luego de compartir un almuerzo en el Salón Eva Perón para ambas comitivas, a las 15, ambos jefes de Estado participarán de la apertura de un Encuentro Empresarial en el Museo del Bicentenario, para más tarde ser parte de una actividad con representantes de diferentes organismos de derechos humanos.
Según indica el cronograma oficial, partir de las 19 los mandatarios se dirigirán al Centro Cultural Kirchner (CCK), donde se realizará el Concierto de la Hermandad Argentino Brasileña y se inaugurará la muestra fotográfica: "Pueblos Originarios- Guerreros del Tiempo" de Ricardo Stucker.
En tanto, el martes 24, a partir de las 10, Fernández y Lula participarán junto a los demás presidentes, representantes y delegaciones invitadas de la VII Cumbre de Presidentes de la Celac, que se llevará a cabo durante toda la jornada en un hotel céntrico del barrio de Retiro.
El encuentro convocará a los mandatarios, cancilleres y representantes de los 33 países miembros del mecanismo regional, además de observadores de distintos organismos regionales y multilaterales y sus representantes.
Alberto Fernández recibirá a Díaz Canel el miércoles en la Casa Rosada
El encuentro con el mandatario cubano será el día después de la Cumbre de presidentes de la CELAC. Lo confirmó la portavoz presidencial Gabriela Cerruti.
La portavoz presidencial Gabriela Cerruti confirmó ayer a la mañana que el miércoles 25 de enero el presidente Alberto Fernández mantendrá una reunión bilateral con su par cubano, Miguel Díaz Canel.
El encuentro se llevará a cabo el día después de la Cumbre de Presidentes de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) que se realizará en Buenos Aires, en un hotel de la zona de Retiro.
Cerruti remarcó en declaraciones a El Destape radio que en esta reunión de la CELAC estarán “15 presidentes” y que todos “fueron elegidos democráticamente”. Luego manifestó que la oposición “no sabe de qué disfrazarse”, por las críticas que recibió el jefe de Estado al haber invitado a los mandatarios de países que recibieron denuncias por violación de los derechos humanos, como en los casos de Venezuela, Cuba y Nicaragua (en este último caso, Daniel Ortega no vendrá).
“La oposición habla del aislamiento argentino del mundo y la verdad que la Argentina está teniendo una presencia internacional en el G20, en el G7, en la presidencia de la CELAC”, destacó.
Luego confirmó que las bilaterales con Díaz Canel y la que sostendrá con el presidente provisional de Haití, Ariel Henry, son las dos que están confirmadas pero que pueden sumarse otras en las próximas horas.
Díaz Canel fue el primer presidente al que recibió Alberto Fernández en la Casa Rosada el día posterior a su asunción, el 11 de diciembre de 2019. Luego, en 2021, su Gobierno estuvo negociando con Cuba la provisión de vacunas contra el Covid 19. Aunque las negociaciones finalmente no prosperaron.
“La Cumbre está concentrando mucho interés en la región. Vamos a hablar sobre el desafío que tiene Latinoamérica de ser tierra de paz y de democracia”, agregó Cerruti, quien afirmó que será muy importante la visita de Lula da Silva ya que Brasil se sumará a los 32 países que estaban dentro de la CELAC.
La portavoz no confirmó si el actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, estará presente en la Cumbre de la CELAC. Sobre el caso venezolano sostuvo que “siempre tratamos de ver cómo aportamos en estos temas” al referirse a la mesa de diálogo que Alberto Fernández propuso en el Foro por la Paz en París adonde concurrió invitado por el francés Emmanuel Macron. “Se inició una mesa de negociación en la que estuvieran el oficialismo y la oposición, donde están representantes de Francia y de Noruega”, puntualizó la vocera.
Sobre la situación venezolana, Cerruti opinó que “no nos parece del todo bien, pero mucho menos nos parece del todo mal” y aclaró que se trata de una nación “que estuvo bajo asedio y bajo embargos, en las que un señor un día se paró en una plaza y se autoproclamó presidente con el aval de (Donald) Trump y de otros países como Argentina, en ese entonces con Mauricio Macri en el gobierno”, en referencia a Juan Guaidó.
“La Argentina cuando tuvo que condenar en la ONU las violaciones a derechos humanos en determinados lugares y sectores, lo hizo. Ayudó a que Michelle Bachelet y que la oficina de Derechos Humanos estuviera en Caracas y pudiera hacer allí su informe, pero todo eso manteniendo conversaciones con el presidente elegido democráticamente en Venezuela”, explicó.
Una víctima de la dictadura denunció que Rosatti protegió a su secuestrador
La presentación la hizo la ex detenida-desaparecida Patricia Isasa, que denuncia que el supremo no atendió, cuando era intendente de Santa Fe, un pedido suyo para echar al ex policía Eduardo Ramos Campagnolo.
El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, recibió un nuevo pedido de juicio político. La presentación contra el cortesano la formuló la ex detenida-desaparecida Patricia Isasa, quien acusa a Rosatti de haber protegido a uno de los represores que la secuestró y torturó cuando tenía 16 años.
Los diputados del Frente de Todos ya lo habían denunciado por haber firmado el fallo del 2x1 que abría la puerta para una salida temprana de las cárceles a los genocidas de la última dictadura.
A Patricia Isasa la secuestraron el 30 de julio de 1976. Era el último día de vacaciones del colegio, pero ella estaba en cama con rubeola. A su casa ingresó una patota de hombres armados y se la llevó. “Me arrancaron de la cama, de mi casa, de mi mamá, de mi vida cotidiana para llevarme al infierno de los campos de concentración”, relató.
Uno de los que integraba la patota era Eduardo Ramos Campagnolo, un miembro de la policía de Santa Fe. Isasa identificó a Ramos Campagnolo -conocido como “El Curro”- como quien la torturó y violó mientras estaba en cautiverio.
Ramos Campagnolo terminó exonerado de la policía de Santa Fe y se consiguió un trabajo al regreso de la democracia en la municipalidad de Santa Fe. En febrero de 1998, Isasa se enteró de la situación y fue a denunciarla ante Rosatti, que era el intendente por entonces. Según ella consigna en su presentación, se decía que Ramos Campagnolo era cercano a Rosatti y cumplía “funciones gansteriles”.
Isasa llevó la documentación que había logrado reunir sobre Ramos Campagnolo y se la mostró a Rosatti. Le dijo incluso que con su permanencia en el municipio violaba el estatuto que establecía que no podía haber personal exonerado entre los trabajadores municipales. El intendente habría prometido tomar cartas en el asunto, según recuerda Isasa. “El Dr. Rosatti me dijo que se iba a encargar del tema, pero con el tiempo comprobé que no hizo nada, ni siquiera abrió un sumario administrativo, para verificar los hechos por mi denunciados con documentación en mano. El Dr. Rosatti conoció los antecedentes de Ramos, y lo encubrió, manteniéndole el trabajo en la Municipalidad”, escribió Isasa.
En octubre de 1998, Isasa viajó a Madrid para testimoniar ante el juez Baltasar Garzón sobre su secuestro. En noviembre de ese año, el magistrado español pidió la detención de Ramos Campagnolo. Recién cuando se reabrieron las causas en el país por crímenes de lesa humanidad, Ramos Campagnolo fue detenido. En 2005, le dieron la baja del municipio de Santa Fe –según informó Isasa en su pedido de juicio político–.
Ramos Campagnolo acumula varias condenas en su haber. La primera la recibió en 2009 –en el juicio en el que también estuvo como acusado el exjuez Víctor Hermes Brusa–. En 2019, se llevó adelante un nuevo juicio en el que se contempló la violación que ella había sufrido cuando tenía 16 años. En ese proceso, Ramos Campagnolo recibió una condena de 20 años. El represor es uno de los criminales de lesa humanidad que hicieron denuncias ante el sistema interamericano de derechos humanos contra el país por sentarlos en el banquillo.
En la presentación que hizo en las últimas horas ante la presidencia de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, Isasa ofreció aportar toda la prueba necesaria. “Pueden los actos de un funcionario no ajustarse al vocabulario de las leyes penales vigentes, no ser delitos o crímenes calificados por la ley común, pero sí constituir mal desempeño, porque perjudiquen el servicio público, deshonren al país o la investidura pública, impidan el ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución, y entonces son del resorte del juicio político”, concluyó con una cita del jurista Joaquín V. González.
Rosatti fue fuertemente criticado por los organismos de Derechos Humanos por haber conformado junto con Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco la mayoría que le habilitó el beneficio del 2x1 a los genocidas de la última dictadura en 2017 –menos de un año después de haberse sumado a la Corte Suprema–. Después de las multitudinarias marchas de repudio, Rosatti fue el más interesado en dar vuelta el criterio que había establecido en el caso del represor Luis Muiña. En diciembre de 2018, firmó que el 2x1 no era aplicable en casos de lesa humanidad.
Desde la mesa de organismos saludaron la semana pasada el juicio político contra los cuatro integrantes de la execrable Corte Suprema. “En reiteradas oportunidades los organismos de derechos humanos hemos explicitado nuestro rechazo al accionar profundamente antidemocrático de esta Corte Suprema, que ha intentado garantizar, por todos los medios, la impunidad de los genocidas”, escribieron en un comunicado.
Ante Naciones Unidas, los organismos denunciaron las demoras en las que el máximo tribunal incurre a la hora de revisar los expedientes sobre crímenes cometidos durante la última dictadura. Desde 2016, la Corte discontinuó las reuniones de la Comisión Interpoderes, creada para subsanar los obstáculos que impedían que avanzaran los juicios contra los genocidas. En octubre de 2020, Rosenkrantz –ideólogo del 2x1– la convocó después de que la diputada del Frente de Todos Vanesa Siley presentara un pedido de juicio político contra él por su postura frente a las causas sobre crímenes contra la humanidad. El ministerio de Justicia, la Secretaría de Derechos Humanos y la mayoría de los organismos rechazaron el convite. Desde que asumió al frente del máximo tribunal, Rosatti ni siquiera atinó a desempolvar esa comisión.
“Rosatti es un trepador”
En declaraciones a AM750 Isasa abrió una serie de interrogantes y aseguró que la pregunta de fondo es por qué Rosatti encubrió a Ramos. “¿Qué sabe él de Rosatti? Porque, estando preso, de golpe, después de asumir Rosatti, lo trasladan a Campo de Mayo, donde está la crema de la represión. ¿Qué hace este tipo ahí? ¿Por qué él sí y otros no?”, cuestionó.
Luego, aseguró que sintió una “enorme indignación” cuando Macri nombró a Rosatti por decreto como juez de la Corte Suprema. “No es un rechazo, solo lo personal, es lo social. Yo sentí indignación. Fue una vergüenza”, dijo.
“Para mí Rosatti es un trepador. En los '90 se puso la camiseta menemista, en los 2000 se puso la radical y ligó un puesto en la Universidad Nacional del Litoral, después se puso la peronista kirchnerista para ser primero procurador y luego ministro de Seguridad, finalmente se puso la camiseta macrista”, finalizó.
La Comisión de Juicio Político formalizó la convocatoria para analizar los expedientes contra la execrable Corte Suprema
En total, son 12 solicitudes en contra del máximo tribunal, que empezarán a tratarse a partir del jueves 26 de enero.
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| Diputada Carolina Gaillard, presidenta de la Comisión de Juicio Político |
La Comisión de Juicio Político formalizó el pedido de Alberto Fernández -con respaldo del kirchnerismo- para empezar a analizar las acusaciones presentadas por el Gobierno, así como por diputados, contra los corruptos integrantes de la abyecta Corte Suprema.
Comenzarán a tratar los expedientes a partir del próximo 26 de enero, y la bancada oficialista de la Cámara baja ya resolvió el cronograma de trabajo que llevará a cabo para embestir contra el máximo tribunal.
“Por expresa indicación de la señora Presidenta de la Comisión, Diputada Nacional Ana Carolina Gaillard, se lo/a cita a la Reunión de esta Comisión de Juicio Político, a realizarse el próximo día jueves 26 de enero de 2023, a las 11.00 horas, en la Sala 1 del segundo piso del anexo “A”, de esta H. Cámara de Diputados de la Nación, a efectos de considerar los expedientes referidos a solicitudes de Juicio Político a integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, reza la convocatoria formal.
En el temario figuran 12 expedientes presentados por diputados tanto del kirchnerismo como de la oposición, especialmente aquellos que responden a la desquiciada líder de la Coalición Cínica, Elisa Carrió.
Las presentaciones corresponden a los oficialistas Vanesa Siley, Juliana Di Tullio, Eduardo Valdés, Antonio de Martino, María Rosa Martínez, Antonio La Greca, y Patricia Isasa; y los de la Coalición Cínica, Paula Oliveto, y Juan Manuel López; así como también a la Asociación Argentina de Juristas, la Asociación Civil Exigir.
Tras la convocatoria formal a las reuniones de la Comisión de Juicio Político, el derrotero continuará el 2 de febrero con la argumentación formal de los 12 casos ya presentados y seguirá el 9 cuando los 16 miembros peronistas resolverán tratar todas las acusaciones que empujan el presidente y distintos diputados contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.
Parrilli se sumó a Capitanich en el pedido a Alberto Fernández para que avance por DNU contra la execrable Corte Suprema
El senador oficialista consideró que es viable aplicar un Decreto de Necesidad y Urgencia, si la oposición bloquea el debate del juicio político al máximo tribunal y otros temas a tratar en las sesiones extraordinarias. También reclamó la intervención del presidente para liberar a Milagro Sala.
La puerta la había abierto Jorge Capitanich el martes pasado, cuando manifestó públicamente su deseo de que Alberto Fernández apele al recurso del DNU para avanzar con el temario de sesiones extraordinarias que incluye la reforma de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y otros temas de relevancia. Así -entiende el gobernador del Chaco- se podrá sortear la estrategia de bloqueo parlamentario que propone Juntos por el Cambio para frenar los proyectos del kirchnerismo.
A pesar del enorme revuelo que provocaron los dichos de Capitanich, ayer a la mañana el senador nacional Oscar Parrilli se expresó en la misma sintonía: se sumó a la propuesta de utilizar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para evitar el bloqueo al recinto que la coalición opositora de ultraderecha anunció el martes 10 de enero.
“Es un debate que se debe llevar adelante, hay que seguir insistiendo. Yo creo que en Juntos por el Cambio hay un grupo reducido que hoy lamentablemente conduce al conjunto y está en una actitud de imposibilitar la gestión del Gobierno. Hay un núcleo duro que se está fijando una política errada que es ‘cuanto peor, mejor’. No permiten ni siquiera debatir temas trascendentes como el Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema o la deuda. Tienen una actitud destituyente”, dijo Parrilli en declaraciones a El Destape radio.
El temario de Sesiones Extraordinarias fue oficializado días atrás e incluyó el pedido de Juicio Político contra el nefasto máximo tribunal, junto a un paquete de iniciativas económicas como la actualización de la ley de Presupuesto General de gastos y cálculos de la administración nacional, medida que se da a partir de la discusión con la ciudad de Buenos Aires por los fondos de coparticipación.
En este contexto, el legislador oficialista coincidió con el pedido realizado esta semana por Capitanich, quien se mostró en contra de la estrategia política de la oposición, la cual fue definida durante una reunión virtual que mantuvo la mesa nacional de Juntos por el Cambio, en la que se concluyó que la coalición macrifascista trabará en la comisión y en el recinto el juicio político contra la Corte Suprema. “(Los proyectos) tiene que contar con el máximo consenso, pero si no hay ese consenso, por el consenso social y ciudadano que tienen hay que ir y trabajar por la instrumentación a través del DNU”, había expresado el mandatario chaqueño en declaraciones radiales. “Espero que el Poder Ejecutivo asuma las responsabilidades que tiene”, señaló Parrilli al respecto.
Por otra parte, el senador del Frente de Todos se refirió al caso de la líder de Tupac Amarú, Milagro Sala, cuya condena en la causa conocida con el nombre “Pibes Villeros” fue ratificada el pasado diciembre por la Corte Suprema de Justicia. “Está injustamente presa por una causa armada por Gerardo Morales”, dijo.
“El único remedio que queda ante la negativa de la Corte, lo único que queda, es la acción del Poder Ejecutivo y estoy convencido de que el indulto es una variable y una posibilidad de que se lleve adelante, pero esto está en manos del presidente”, añadió. La situación sanitaria de la dirigente piquetera es uno de los argumentos del kirchnerismo y de organismos de Derechos Humanos para presionar a Alberto Fernández, que el pasado 21 de diciembre había manifestado su negativa a firmar un indulto porque la Constitución “se lo prohíbe”.
“No se trata de una cuestión de humanidad sino de estricta justicia y de revertir un proceso penal armado y preparado con claros fines políticos de perseguir a una dirigente social”, consideró Parrilli.
El Gobierno sobrecumplió la meta fiscal pactada con el FMI para el 2022
Se alcanzó un déficit primario de 2,4% del PBI, a partir de una serie de decisiones en materia fiscal llevadas a cabo por las autoridades del Ministerio de Economía, por debajo del 2,5% acordado con el organismo multilateral.
El Gobierno informó que en diciembre el Sector Público Nacional registró un déficit primario de $ 502.128,2 millones. Así, entre enero y diciembre se acumula un déficit primario de $ 1.955.140,8 millones, considerando el límite a los ingresos provenientes de las emisiones primarias de títulos públicos (0,3% del PIB). De esta forma sobrecumplió la meta de déficit acordada con el FMI.
La resultante de esto es que, tras los datos, se alcanzó un déficit primario de 2,4% del PBI. Esto representa el sobrecumplimiento de la meta fiscal establecida en el Programa de Facilidades Extendidas para el Sector Público Nacional No Financiero (2,5% del PBI).
En el periodo de referencia, los Ingresos totales del SPN ascendieron a $ 1.688.118,6 millones, (+92,0 % i.a.). Durante diciembre los ingresos provenientes de las emisiones primarias de títulos públicos fueron de $ 60.616,2 millones.
Por otro lado, los ingresos tributarios crecieron en el mes un 89,5% i.a. impulsados principalmente por el aumento en Ganancias (+126,7% i.a.), en contribuciones a la Seguridad Social (+89,6% i.a.) y en los derechos de exportación (+92,1% i.a) en el marco del Programa de Incremento Exportador (Decreto 787/2022).
El gasto primario del Sector Público Nacional alcanzó los $2.129.631 millones y presentó una suba de +54,8% i.a. Al mismo tiempo, el gasto primario acumulado durante 2022 del Sector Público Nacional arrojó una variación de +70,5% interanual, y lleva seis consecutivos de desaceleración en este indicador.
Por Julián Guarino para Ámbito.com
Massa recibió a la nefasta Mesa de Enlace y prometió una respuesta antes del 1º de febrero
Los dirigentes agrogarcas habían anticipado que pedirían medidas fiscales referidas a cancelar el pago de ganancias anticipadas.
El ministro de Economía, Sergio Massa, se reunió ayer con los dirigentes de la Mesa de Enlace, que le acercaron una serie de reclamos para hacer frente a las consecuencias de la sequía.
Los dirigentes agrogarcas habían anticipado que pedirían medidas fiscales referidas a cancelar el pago de ganancias anticipadas.
La reunión se llevó a cabo en la Estación Experimental del INTA en la ciudad bonaerense de San Pedro. Participaron de la misma, además del ministro, el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, el de Industria, José Ignacio de Mendiguren, y el titular de la AFIP, Carlos Castagneto. Por parte de la Mesa de Enlace lo hicieron el titular de la Suciedad Rural (SRA), Nicolás Pino, el presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, el presidente de Confederaciones Rurales (CRA), Jorge Chemes, y el titular de Coninagro, Elbio Laucirica.
En el encuentro, Massa destacó que "entendemos la gravedad de la situación. También la diferencia que se ha dado a lo largo de las regiones del país respecto de lluvias, humedades de suelos. Entendemos el impacto en la ganadería, en las economías regionales y también en algunas siembras tradicionales. Por eso todo el equipo está acá desde AFIP, INTA, Banco Nación, gente de las Secretarías del Ministerio".
"Entendemos al campo como uno de los pilares y motores de la economía argentina y tenemos todos la responsabilidad de trabajar sin prejuicios ni políticos, ni ideológicos, ni de ningún tipo sino con la convicción de saber que tenemos que resolver problemas", agregó.
"También entendemos que si uno de los grandes motores de la economía argentina tiene problemas, lo que tenemos que hacer es tratar de repararlos y garantizar que ese motor siga funcionando lo mejor posible", señaló.
"Sabemos que muchos de los temas que han planteado públicamente en el día de ayer a partir de la convocatoria son de resolución rápida y fácil de parte nuestra. Queremos dejarlos transparentados en esta reunión para también que las iniciativas que tome el Gobierno tengan la participación en la discusión de las distintas entidades de productores", añadió el ministro pero subrayó que "entendemos que hay otras que son de más difícil solución y en todo caso lo que podemos hacer es trabajar en miradas paliativas en el corto plazo y largo plazo".
Asimismo, remarcó que se atenderán los problemas "con una mirada puesta de manera genuina en los sectores lastimados y no usar la coyuntura para que algunos sectores que a lo mejor no tienen dificultades pretendan sacar ventaja de esta coyuntura. Esto requiere de una mirada macro de todos nosotros, respuesta rápida y queremos tomarnos no más de cinco días de trabajo juntos para después establecer respuestas. El 1° de febrero tenemos que estar dando respuestas".
"Quiero aprovechar para recordar que, con el trabajo conjunto con el Congreso, tener la Ley Agroindustrial nos va a permitir que muchas de estas cuestiones que hoy las tenemos que andar resolviendo de manera mecánica en el trabajo articulado con las entidades, tengan respuesta automática en la propia ley", añadió.
"Les quiero agradecer, pedirles que trabajemos juntos y que entendamos que frente a la emergencia necesitamos responsabilidad de todos y que con una declaración altisonante no resolvemos el problema de los productores; lo resolvemos con la lapicera y con el trabajo serio con los productores, mano a mano. Esa es la tarea que tenemos los próximos días para que el 1°de febrero ya estemos dando respuestas que es lo que esperan los productores", dijo Massa al cierre de su exposición.
Según comentaron los funcionarios luego de la reunión, el Gobierno se comprometió a tener para el primero de febrero próximo soluciones puntuales y específicas para cada problemática.
Castagneto destacó luego del encuentro que "el primero de febrero vamos a tener una respuesta para productores grande y pequeños. Nos encontramos con reclamos de distintos sectores con distintas problemáticas. Lo que quedamos es en tener una mesa de trabajo constante esta semana para darle respuesta a los reclamos impositivos y a todo el sector".
Además, insistió con que "hay que ver por actividad, por región, no tomar medidas globales sino en forma individual para no beneficiar ni perjudicar a nadie".
"Vamos a estudiar (los reclamos) durante la semana, también pedimos colaboración a las provincias y municipios, porque los impuestos no son solo nacionales, también son coparticipables, impuestos provinciales y tasas municipales", rcalcó sobre los reclamos impositivos de la Mesa de Enlace.
"Fue claro el ministro Massa en sus conceptos, lo que se pueda hacer se va a hacer, lo que no se pueda hacer no se va a comprometer a cosas que no se puedan cumplir", agregó.
Por su parte, de Mendiguren detalló que "vamos a hacer juntos un cronograma de los problemas que se plantearon para que antes del primero de febrero podamos tener claro lo que se puede resolver en el corto plazo y en el mediano. Todos comprenden que no es igual la problemática en todo el país".
Endurecen multas a supermercados que no cumplan con Precios Justos
La actualización de los montos se realizó tomando la última canasta publicada en diciembre pasado (de $ 121.420), haciendo que las multas vayan de los $ 60.710 a los $ 254.982.000.
La Secretaría de Comercio estableció multas de hasta $ 71 millones, a los incumplimientos en que pudieran incurrir los supermercados minoristas y mayoristas que venden los productos participantes del programa Precios Justos.
La medida se formalizó a través de la Resolución 12/2023 publicada ayer en el Boletín Oficial.
En concreto, la normativa modifica la Resolución 118/2022 donde se establecían los rangos de multas previstos en los convenios de colaboración entre la Secretaría de Comercio y los municipios de las diversas provincias que contribuyan en las actividades de fiscalización y control de Precios Justos. El endurecimiento de las penas parte de una modificación puntual que se realizó en el Presupuesto 2023 a la Ley de Defensa del Consumidor N° 24.240.
Cómo serán las multas
La normativa de 1994 en su artículo 47 establecía como sanciones, según el caso, un apercibimiento, el decomiso de las mercaderías objeto de la infracción, la clausura del establecimiento o, en el caso de las multas económicas, sanciones de entre $ 100 y $ 5 millones, teniendo como parámetro el alcanzar el triple del beneficio ilegal obtenido por la infracción.
Estos últimos montos habían quedado sin modificar desde el año 2008, perdiendo efecto ante la inflación acumulada desde ese entonces. A través de la Ley de Presupuesto de este año se dispuso un aumento de hasta 4.200% en dichas multas, tomando ahora como parámetro -ajustable a la inflación- la Canasta Básica Total (CBT) para el Hogar 3 que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (Indec). Las multas pueden comprender entre 0,5 y 2.100 CBT.
Por tanto, tomando la última canasta publicada de diciembre pasado (de $ 121.420) , las multas pueden comprender entre los $ 60.710 y los $ 254.982.000. Tomando este marco, el área conducida por Matías Tombolini, actualizó las multas que pueden resultar pasibles los supermercados ante eventuales incumplimientos.
En el cuanto a las ofertas de productos del programa a precios superiores de los establecidos, las multas se ubicarán entre los $ 4.613.960 y los $ 35.697.480, con los montos mínimo y máximo de las multas variando en función del punto de venta, otra novedad de la normativa que anteriormente no los diferenciaba. En el caso de la primera reincidencia, las multas se podrán incrementar en un 40%, mientras que si se incumple por segunda vez podrán aumentarse hasta un 100%, llegando así hasta los $ 71.394.840 en el caso de los mayoristas. Anteriormente, ante estos incumplimientos las multas solo podían ser de entre $ 500.000 y $ 1 millón.
En el caso de que ocurra una falta de oferta en cada sucursal de las empresas de al menos el 80% de los productos previstos, sin que se encoraran ofertados sus respectivos sustitutos, las multas serán de entre $ 1.821.300 y $ 14.327.560. Antes de esta normativa, al igual que en el primer caso, las multas rondaban entre los $ 500.000 y $ 1 millón.
Si existiera una falta en la identificación de la señalética del programa de al menos el 80% de los productos incluidos en los convenios correspondientes, se aplicarán sanciones de entre $ 1.427.040 y $ 13.477.620. Antes las sanciones en este caso rondaban entre los $ 200.000 hasta $ 400.000, por lo que la multa máxima, en el caso de los mayoristas, tendrá un incremento de 3269,41 %.
Asimismo, cuando en el caso de utilizarse la señalética, se dispongan productos que no correspondan, las multas pasarán de un rango de entre $ 150.000 a $ 300.000 a ser de entre $ 1.335.620 y $ 10.684.960, dependiendo el punto de venta.
En el caso de hallarse el "establecimiento de alguna restricción al número de productos de venta por consumidor o grupo familiar sin que esté previamente autorizado por la Secretaría de Comercio", las sanciones pasarán de un rango de entre $ 250.000 a $ 500.000 a ser de entre $ 2.306.980 y $ 17.727.320.
La resolución de hoy también fija multas para el caso de los productos no alimenticios, diferenciando entre “tiendas” y “supertiendas” de dichos productos, al igual que sus plataformas web, y aplicando el mismo porcentaje de incremento en el caso de reincidencias. Para las plataformas web y tiendas se aplicarán las mismas sanciones que los puntos “web” y “express” de los alimentos, mientras que para las “supertiendas” serán equivalentes a las de los supermercados.
Estas son las empresas que boicotean Precios Justos, dentro del plan anti inflación presentado por Sergio Massa
Cerca de 25 de las 30 marcas que están dentro del plan voluntario entregan menos de la mitad de lo demandado. Las compañías que no cumplen con el abastecimiento. Los números en rojo de las nacionales y las multinacionales.
De las 30 empresas más grandes que se encuentran dentro del programa Precios Justos, que congeló los precios de cerca de 2.000 productos de la canasta básica, cerca de 25 entregan menos de la mitad de la mercadería demandada.
Esto quiere decir que cuando un supermercado les pide 10 productos, dan menos de 5 productos promedio, por lo cual hay algunas que entregan cero, otras al 20 o 30 por ciento. Sólo cinco firmas aportan productos del plan por encima del 50 por ciento y apenas dos están arriba del 80.
Lanzado el pasado 11 de noviembre, vigente hasta el 31 de marzo y según el ministro de Economía Sergio Massa con el objetivo de extenderlo cuatro meses más, Precios Justos arrancó con un abastecimiento que arañó el 70 por ciento.
Este registro era por demás favorable, ya que superaba incluso el 50 o 60 por ciento de cumplimiento que había habido en las canastas que negoció Roberto Feletti, antecesor de Matías Tombolini en la Secretaría de Comercio Interior.
Pero a fines de diciembre, cayó radicalmente el volumen entregado, y en los últimos quince días, se expresó de manera más dramática y visible dado que hay góndolas directamente vacías o productos que no se consiguen.
Cabe destacar que los porcentajes son un promedio de la gama de productos que aportan al plan, es decir, el porcentaje no quiere decir que entreguen todo o nada, sino que varía según productos.
Empresa por empresa, las que no cumplen
✒ Fargo: la empresa de panificados, que tiene alrededor de 20 productos en Precios Justos, envió en los últimos 15 días sólo el 19 por ciento de lo que le demandaron los supermercados.
✒ Arcor: la alimenticia de los Pagani cumplió con el 32 por ciento de lo pedido.
✒ Bagley: la compañía especializada en producción de galletas saladas y dulces, también propiedad de Arcor, tiene 27 productos en el programa, pero entregó el 59 por ciento de la mercadería pedida.
✒ Café La Virginia: el grupo que se dedica a la elaboración de infusiones, que también aporta café La Morenita, no está entregando nada de productos.
✒ Quilmes: la popular cervecería aportó en los últimos quince días un 28 por ciento promedio para su gama de productos.
✒ Pepsi: a diferencia de su principal competidor Coca Cola, que entregó un 83 por ciento de cumplimiento del abastecimiento, la marca de gaseosas cumplió sólo con el 38 por ciento de lo comprado.
✒ Colgate Palmolive: la empresa de pastas dentales y jabones cumplió con un 64 por ciento del abastecimiento
✒ Danone: la alimenticia francesa vendió el 53 por ciento de lo pedido por los supermercados.
✒ Las Marías: la empresa que elabora yerba, que produce entre otras marcas a Unión, proveyó sólo un 30 por ciento promedio.
Empresas multinacionales
✒ Johnson & Johnson: la empresa multinacional estadounidense tiene un bajo nivel de entrega, aportando el 23 por ciento.
✒ L'Oréal: la compañía francesa de cosméticos y belleza entregó solo un 18 por ciento de lo solicitado.
✒ Kimberly Clark: una de las multinacionales líderes en productos de higiene a nivel mundial aportó un 42 por ciento.
✒ Unilever: la marca que elabora mercadería de limpieza y alimentos vendió por un 52 por ciento.
✒ Procter and Gamble: conocida como P&G, la empresa estadounidense de bienes de consumo entregó 37 por ciento.
✒ Nestlé: la multinacional suiza dedicada a los dulces, aguas y bebidas abasteció un 52 por ciento de la demanda.
✒ Mondelez: la ex Kraft aportó un nivel intermedio de entrega del 64 por ciento.
✒ Quickfood: la marca de carnes congeladas abasteció por un 53 por ciento.
Empresas nacionales
✒ Morixe: la harinera vendió un 31 por ciento promedio de los productos solicitados.
✒ Molinos Río de la Plata: una de las empresas líderes de la industria alimentaria en América Latina entregó un 35 por ciento.
✒ Papelera del Plata: el gigante nacional del papel sólo abasteció el 32 por ciento de los pedidos.
✒ Manfrey: la fábrica láctea aportó al programa sólo un 28 por ciento de los productos.
La OMS analiza el fin de la pandemia de Covid-19: cuándo lo define
La entidad sanitaria llevará a cabo un encuentro que estaba pactado desde octubre del año pasado, postergado por las nuevas variantes del virus. El comité asesor podría decretar el fin de la emergencia.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) realizará un encuentro el 27 de enero con diferentes especialistas con el objetivo de evaluar si la pandemia del Covid-19 dejó de ser una emergencia de salud pública internacional.
En este contexto, el comité que asesora al director general, el Doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, esgrimirá sus argumentos en contra o a favor de finalizar con el concepto de pandemia. La reunión había sido pactada para octubre de 2022, pero fue postergada por la aparición de nuevas variantes que afectaron a la población mundial.
A pesar de los números y las preocupaciones en China, país donde se originó el virus, el Comité de Emergencia bajo el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) sobre la pandemia de Covid-19 analizará el tipo de impacto que tiene actualmente el Covid-19 en la población y en los sistemas sanitarios.
El organismo, conformado por 17 especialistas, es dirigido por Didier Houssin, profesor de cirugía y especialista en trasplantes de la Universidad de París-Descartes y asesor en seguridad sanitaria de la OMS.
El 30 de enero se cumplirán tres años desde que Houssin, acompañado por Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció el brote de un nuevo coronavirus en China, lo que significa una emergencia de salud pública de preocupación internacional, un mes y medio antes de calificar a la situación como una pandemia.
El director de la OMS fue optimista con el escenario de la pandemia a nivel mundial: “No hay duda de que, globalmente, estamos en una situación significativamente mejor que hace un año".
Además, hizo referencia a la cantidad de muertes, la cual se estancó entre 10.000 y 14.000 decesos semanales desde mediados de septiembre: “El mundo no puede aceptar esa cantidad de muertes cuando contamos con las herramientas para prevenirlas. La semana pasada se notificaron a la OMS casi 11.500 muertes: el 40% de América, el 30% de Europa y el 30% de la región del Pacífico occidental. Pero, seguramente, esa cifra es una subestimación, dada la subnotificación de muertes por Covid en China.”
China, uno de los países más afectados
Uno de los países más perjudicados sigue siendo China, quien reportó el sábado pasado casi 60.000 muertes relacionadas con el Covid-19 en poco más de un mes, la primera cifra importante de fallecidos publicada por el gobierno desde que flexibilizó en diciembre sus estrictas medidas sanitarias.
El presidente chino, Xi Jinping, afirmó que está "preocupado" por la situación del Covid-19 en las áreas rurales de China, según informó la prensa estatal, en momentos que millones de personas viajan al campo por el feriado del Año Nuevo Lunar.
El mandatario también defendió su política de cero Covid, levantada en diciembre tras golpear la economía y motivar protestas en todo el país, y sostuvo que había sido "la decisión correcta".
viernes, 20 de enero de 2023
Alberto Fernández sobre el gasoducto Néstor Kirchner: "Ésta es una obra central para el futuro energético de la Argentina"
El jefe de Estado puso en valor “la tecnología que empresarios argentinos han traído para desarrollar esta obra”.
El presidente Alberto Fernández recorrió ayer al mediodía, junto al gobernador Sergio Ziliotto, las obras del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner en la localidad pampeana de Doblas, donde se puso en marcha un sistema de soldadura automatizada de última generación que se utiliza por primera vez en la Argentina y permitirá alcanzar los niveles de productividad necesarios para cumplir con el proyecto.
“Ésta es una obra central para el futuro de la Argentina que nos va a garantizar contar con el gas que todo este tiempo tuvimos que importar perdiendo divisas y recursos que podremos utilizar en la producción y el trabajo, que es lo que más nos importa”, destacó el mandatario.
Asimismo, puso en valor “la tecnología que empresarios argentinos han traído para desarrollar esta obra” y señaló la importancia de que la misma finalice “a mediados del año que viene, para seguir camino a Santa Fe y desde allí proveer de gas no solo al norte de la Argentina, sino también a Brasil, que está necesitando energía gasífera y se la podremos suministrar”.
El Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, la principal obra de transformación energética en marcha en el país de los últimos 40 años, permitirá ampliar en un 25 por ciento la capacidad del sistema de transporte de gas natural argentino desde Vaca Muerta y ahorrar más de 2.900 millones de dólares al año entre sustitución de importación de combustibles y reducción de subsidios.
Con una extensión total de 573 kilómetros, además de aumentar la disponibilidad de gas a precios competitivos generará 10 mil puestos de trabajo directos y otros 40 mil indirectos, entre la construcción y la mayor producción prevista en Vaca Muerta.
Por su parte el gobernador Ziliotto expresó que “pasar de ser importadores a ser exportadores de gas para llegar a la soberanía energético es un cambio muy importante” y que “nos llena de orgullo que la provincia de La Pampa sea parte de un hecho inédito en la República Argentina”.
Acompañado también por la intendenta local, Anelisa Gómez, Fernández se acercó hasta la instalación móvil donde se ubica el punto de la soldadura que se ejecuta con el sistema automatizado, cerca del kilómetro 440 de la traza del gasoducto que se extenderá entre Tratayén (Neuquén) y Salliqueló (Buenos Aires).
Proveniente de Estados Unidos, este equipamiento para la soldadura automática de caños, que garantiza un nivel de producción y calidad constante, se utilizará en los tramos 1 y 2, los dos más extensos de la iniciativa que lleva adelante la UTE Techint y SACDE y que totalizan 440 kilómetros de tubos con 36 pulgadas de diámetro.
Los trabajos contemplan, además, la duplicación del gasoducto Neuba II, en la localidad de Ordoqui, partido bonaerense de Carlos Casares; y la construcción del nuevo gasoducto Mercedes – Cardales, que creará una vía de interconexión entre los sistemas Norte y Sur.
Acompañaron al jefe de Estado el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; y la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti. También participaron de la recorrida los empresarios Marcelo Mindlin (Pampa Energía SA), Damián Mindlin (SACDE SA), Pablo Brottier (SACDE SA), Daniel Flaks (SACDE SA), Gustavo Gallino (Techint) y David Uriburu (Techint).
Previo a esta actividad, el presidente compartió un encuentro con niños y niñas que asisten a la colonia de verano del Club Independiente de Doblas.
Carla Vizzotti anunció la incorporación de 2 millones de vacunas bivalentes contra el Covid-19
La primera vacuna bivariante en Argentina será la Pfizer mientras que la semana del 6 de febrero llegarán 3 millones de Moderna. Luego, la semana siguiente, se sumarán 1.200.000 más de Pfizer. Las inoculaciones se sumarán como dosis de refuerzo a nivel nacional.
La ministra de Salud, Carla Vizzotti, anunció ayer en la sala de conferencias de la Casa Rosada la incorporación de vacunas bivalentes contra el Covid-19 a la estrategia de aplicación de dosis de refuerzo.
Vizzotti informó que la primera vacuna bivariante en Argentina será la Pfizer mientras que la semana del 6 de febrero llegarán 3 millones de Moderna. Luego, la semana siguiente, se sumarán 1.200.000 más de Pfizer.
"Entre hoy (por ayer) y mañana (por hoy) estaremos recibiendo 1.100.000 dosis de Pfizer y hace unos días ya habíamos recibido unas 900 mil", detalló la ministra.
"La semana que viene empezaremos la distribución a cada provincia. El proceso lleva un tiempo y cada provincia anunciará cuándo se sumará la bivariante al plan de vacunación", señaló en cuanto al comienzo de la aplicación de las dosis bivalentes.
También sostuvo que durante varias semanas ambas vacunas van a coexistir y explicó que es muy importante "recordar que todas las vacunas son seguras y eficaces". En ese sentido aseguró que "la vacuna que mas sirve es la que se aplica".
De todas formas destacó que "no hay un stock muy importante de vacunas monovalentes a nivel nacional porque se ha distribuido la mayoría".
En su anuncio, Vizzotti remarcó que la incorporación de nuevas dosis es para "seguir protegiendo a la población" y expresó que "los casos van a seguir estando y esperamos que eso no se traduzca en hospitalizaciones y muertes".
Calendario de vacunación: cada cuánto habrá que recibir una dosis
Al ser consultada sobre la frecuencia con la que se debe aplicar cada dosis de la vacuna contra el Covid-19, la ministra explicó que aun "se está evaluando la evidencia científica" y que actualmente la recomendación es aplicarse un refuerzo cada 3 o 4 meses.
Sin embargo señaló que se está estudiando en todo el mundo es si la durabilidad de las vacunas puede alcanzar a ser de entre 6 meses y 1 año. Aseguró que cuando la ciencia concluya cuáles serán los plazos, podrán lanzar un calendario de vacunación.
¿Qué son las vacunas bivalentes?
Las vacunas bivalentes son aquellas que contienen dos variantes del coronavirus, una innovación de los laboratorios que producen este tipo de inmunizantes.
En detalle, contienen dos tipos (antígenos) diferentes; uno de la cepa original (Wuhan) y otro de la variante Ómicron BA.1. En cambio, las vacunas anteriores solo contienen el primer antígeno. Cabe destacar que, gracias a esto, la inoculación ofrece un espectro de protección mayor que las monovalentes.
Por ahora, las únicas vacunas bivalentes desarrolladas, estudiadas y aprobadas para su uso en humanos son las versiones adaptadas de las vacunas Moderna Spikevax y Pfizer-BioNTech Comirnaty COVID-19.
Casos de Covid-19 en Argentina
En el último reporte oficial, difundido el lunes, el Ministerio de Salud contabilizó 89 muertes por coronavirus y 19.416 contagios en la última semana en el país.
De acuerdo a los datos, la cantidad de muertes aumentó 14% en relación al informe anterior, cuando se habían reportado 78 fallecimientos.
Inmunización
La funcionaria afirmó que "no hay ninguna dosis de vacuna vencida" y aseguró que el país "no va a volver a una situación como la de años anteriores" respecto a la pandemia.
"Desde el 1° de diciembre, que aumentó el número de casos, se multiplicó por diez la distribución de vacunas y aumentó por lo menos por cinco la aplicación, y en algunas provincias más todavía", explicó Vizzotti y agregó que, "con la percepción del riesgo, el aumento del número de casos, lo que sucede es el aumento de la demanda".
La maquinaria de Inodoro Py al servicio de D'Alessandro, Robles y Rosatti: en tiempo récord, el juez Sebastián Ramos dispuso el cierre de la causa de los chats filtrados
El vocero de Horacio Rosatti y el ministro de Horacio Rodríguez Larrata contaron la inestimable ayuda del proceso y corrupto fiscal macrifascista Carlos Stornelli, que dijo que la divulgación de las comunicaciones podría ser un caso de espionaje ilegal.
La dupla conformada por Silvio Robles y Marcelo D’Alessandro consiguió su primer éxito de la temporada 2023: en tiempo récord, el juez federal Sebastián Ramos archivó una denuncia que se había presentado por los chats que se filtraron a finales de diciembre y que mostraban cómo el principal asesor del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, le daba indicaciones al ministro de Justicia y Seguridad de Horacio Rodríguez Larrata. Para el archivo del caso jugó un rol clave el procesado fiscal Carlos Stornelli, quien sostuvo que las comunicaciones eran producto de la inteligencia ilegal.
“No pueden ser admitidas bajo ningún concepto como parte de un juicio respetuoso del debido proceso pruebas o testimonios que hayan sido obtenidos, como a esta altura puede observarse, mediante maniobras organizadas basadas en actividades de inteligencia ilegal”, escribió Ramos en un fallo de trece páginas con el que cerró dos denuncias que estaban radicadas en Inodoro Py.
Después de que se conocieran los chats entre Robles y D’Alessandro, el abogado Gastón Marano –que ejerce como defensor de Nicolás Gabriel Carrizo en la causa del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner– presentó una denuncia contra los dos. Sostenía que Robles no podía estar asesorando a D’Alessandro porque no tiene matrícula como abogado y que tampoco podría hacerlo al ser funcionario de la Corte.
La denuncia quedó radicada en el juzgado de Ariel Lijo, que está de vacaciones. Durante enero, lo reemplazó la jueza María Servini, que se excusó de intervenir. La magistrada –que aparecía mencionada en la filtración de chats– tuvo una disputa con D’Alessandro por su custodia, lo que la obligó a pedir protección de la Policía Federal Argentina (PFA) y abandonar la que le proporcionaba la Policía de la Ciudad. El fiscal que debía intervenir era Carlos Rívolo, pero –como aparecía como contacto frecuente de D’Alessandro en la filtración– también se inhibió.
Después de la excusación de Servini, la causa pasó al juzgado de María Eugenia Capuchetti, pero ella también está de feria. Fue frente a esa desbandada que el expediente quedó en manos de Ramos, uno de los jueces que suele intentar pasar bajo el radar. Ramos le corrió vista al fiscal, que resultó ser Carlos Stornelli.
Stornelli dijo básicamente que él pidió investigar la filtración de los chats de D’Alessandro como un posible caso de espionaje y que, por eso, no podía ahora impulsar una denuncia contra el ministro de Rodríguez Larrata -en uso de licencia- por hechos que surgieron de esa filtración. De hecho, Stornelli llegó a pedir que se investigue al diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade como una de las posibles manos detrás el supuesto hackeo. Tailhade se presentó a hacer un descargo. Entre otras cosas, el legislador dijo que no podía investigarlo un fiscal que estaba procesado por sus andanzas con el espía Marcelo Sebastián D’Alessio.
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| Juez federal Sebastián Ramos |
La cita de Stornelli no es inocente: el caso del memorándum fue invocado por el oficialismo para explicar que los tribunales habilitaron investigar aún cuando la procedencia de una prueba era ilícita. El fiscal mandó un mensaje.
Ante ese escenario, se presentó el lunes último el abogado de Robles, Matías Ledesma, y pidió el archivo de la causa. Lo obtuvo al día siguiente. La noticia recién se conoció en las últimas horas a partir de un artículo del operador periodístico de la derecha vernácula Carlos Pagni en el pasquín mitrista La Nación.
Ramos podría haberse ceñido a que Stornelli no impulsó la acción penal, pero también buscó dar un mensaje. “El juez debe velar porque no haya injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada de las personas sin razón que la justifique”, señaló. Echó mano también a la comparación con la última dictadura en la que dijo que la protección de la privacidad “sufrió su punto de menoscabo más alto” y habló del Juicio a las Juntas –en tiempos en que el proceso contra los nueve comandantes se volvió mainstream gracias al éxito de Argentina, 1985–.
Al no haber querellantes, no habrá quien apele la resolución de Ramos. Contra la dupla Robles-D’Alessandro estaban también las denuncias que presentaron los gobernadores Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Ricardo Quintela (La Rioja).
Lo cierto es el que el fallo no solo favorece a los dos denunciados, sino que sirve como un espaldarazo para Rosatti, que también fue denunciado por este hecho en el pedido de juicio político que presentaron los diputados del Frente de Todos la semana pasada y que deberá empezar a analizarse a partir del lunes próximo. Es probable que la oposición –que se abroquela en defensa de los cuatro supremos– termine enarbolando la resolución como una bandera para decir que, si se sospecha del origen de la prueba, no podrá ser tenida en cuenta tampoco por el Congreso.
Fuente: nota de Luciana Bertoia para Página/12
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