El vocero de Horacio Rosatti y el ministro de Horacio Rodríguez Larrata contaron la inestimable ayuda del proceso y corrupto fiscal macrifascista Carlos Stornelli, que dijo que la divulgación de las comunicaciones podría ser un caso de espionaje ilegal.
La dupla conformada por Silvio Robles y Marcelo D’Alessandro consiguió su primer éxito de la temporada 2023: en tiempo récord, el juez federal Sebastián Ramos archivó una denuncia que se había presentado por los chats que se filtraron a finales de diciembre y que mostraban cómo el principal asesor del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, le daba indicaciones al ministro de Justicia y Seguridad de Horacio Rodríguez Larrata. Para el archivo del caso jugó un rol clave el procesado fiscal Carlos Stornelli, quien sostuvo que las comunicaciones eran producto de la inteligencia ilegal.
“No pueden ser admitidas bajo ningún concepto como parte de un juicio respetuoso del debido proceso pruebas o testimonios que hayan sido obtenidos, como a esta altura puede observarse, mediante maniobras organizadas basadas en actividades de inteligencia ilegal”, escribió Ramos en un fallo de trece páginas con el que cerró dos denuncias que estaban radicadas en Inodoro Py.
Después de que se conocieran los chats entre Robles y D’Alessandro, el abogado Gastón Marano –que ejerce como defensor de Nicolás Gabriel Carrizo en la causa del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner– presentó una denuncia contra los dos. Sostenía que Robles no podía estar asesorando a D’Alessandro porque no tiene matrícula como abogado y que tampoco podría hacerlo al ser funcionario de la Corte.
La denuncia quedó radicada en el juzgado de Ariel Lijo, que está de vacaciones. Durante enero, lo reemplazó la jueza María Servini, que se excusó de intervenir. La magistrada –que aparecía mencionada en la filtración de chats– tuvo una disputa con D’Alessandro por su custodia, lo que la obligó a pedir protección de la Policía Federal Argentina (PFA) y abandonar la que le proporcionaba la Policía de la Ciudad. El fiscal que debía intervenir era Carlos Rívolo, pero –como aparecía como contacto frecuente de D’Alessandro en la filtración– también se inhibió.
Después de la excusación de Servini, la causa pasó al juzgado de María Eugenia Capuchetti, pero ella también está de feria. Fue frente a esa desbandada que el expediente quedó en manos de Ramos, uno de los jueces que suele intentar pasar bajo el radar. Ramos le corrió vista al fiscal, que resultó ser Carlos Stornelli.
Stornelli dijo básicamente que él pidió investigar la filtración de los chats de D’Alessandro como un posible caso de espionaje y que, por eso, no podía ahora impulsar una denuncia contra el ministro de Rodríguez Larrata -en uso de licencia- por hechos que surgieron de esa filtración. De hecho, Stornelli llegó a pedir que se investigue al diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade como una de las posibles manos detrás el supuesto hackeo. Tailhade se presentó a hacer un descargo. Entre otras cosas, el legislador dijo que no podía investigarlo un fiscal que estaba procesado por sus andanzas con el espía Marcelo Sebastián D’Alessio.
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| Juez federal Sebastián Ramos |
La cita de Stornelli no es inocente: el caso del memorándum fue invocado por el oficialismo para explicar que los tribunales habilitaron investigar aún cuando la procedencia de una prueba era ilícita. El fiscal mandó un mensaje.
Ante ese escenario, se presentó el lunes último el abogado de Robles, Matías Ledesma, y pidió el archivo de la causa. Lo obtuvo al día siguiente. La noticia recién se conoció en las últimas horas a partir de un artículo del operador periodístico de la derecha vernácula Carlos Pagni en el pasquín mitrista La Nación.
Ramos podría haberse ceñido a que Stornelli no impulsó la acción penal, pero también buscó dar un mensaje. “El juez debe velar porque no haya injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada de las personas sin razón que la justifique”, señaló. Echó mano también a la comparación con la última dictadura en la que dijo que la protección de la privacidad “sufrió su punto de menoscabo más alto” y habló del Juicio a las Juntas –en tiempos en que el proceso contra los nueve comandantes se volvió mainstream gracias al éxito de Argentina, 1985–.
Al no haber querellantes, no habrá quien apele la resolución de Ramos. Contra la dupla Robles-D’Alessandro estaban también las denuncias que presentaron los gobernadores Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Ricardo Quintela (La Rioja).
Lo cierto es el que el fallo no solo favorece a los dos denunciados, sino que sirve como un espaldarazo para Rosatti, que también fue denunciado por este hecho en el pedido de juicio político que presentaron los diputados del Frente de Todos la semana pasada y que deberá empezar a analizarse a partir del lunes próximo. Es probable que la oposición –que se abroquela en defensa de los cuatro supremos– termine enarbolando la resolución como una bandera para decir que, si se sospecha del origen de la prueba, no podrá ser tenida en cuenta tampoco por el Congreso.
Fuente: nota de Luciana Bertoia para Página/12
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