Por el pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema, Juntos por el Cambio decidió no apoyar ninguna iniciativa impulsada por el Gobierno para ser tratadas en sesiones extraordinarias, como la reforma del máximo tribunal o la modificación de la Ley de Presupuesto.
En medio del fuego cruzado entre el oficialismo y la oposición por el pedido de juicio político que impulsa el Gobierno nacional contra los cuatro integrantes de la execrable Corte Suprema de Justicia, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, planteó ayer que el presidente Alberto Fernández utilice el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para evitar el bloqueo en el Congreso que anticipó la coalición opositora en relación a las iniciativas que impulsa el Ejecutivo en sesiones extraordinarias.
“(Los proyectos) tiene que contar con el máximo consenso, pero si no hay ese consenso, por el consenso social y ciudadano que tienen hay que ir y trabajar por la instrumentación a través del decreto de necesidad y urgencia”, consideró el mandatario provincial. subrayó el gobernador de la provincia de Chaco en declaraciones a El Destape radio.
“Uno está observando que este bloqueo político institucional de Juntos por el Cambio respecto al no tratamiento de otras iniciativas legislativas para generar el bloqueo respecto al juicio político, denota claramente la connivencia”, señaló.
De esta manera, Capitanich se mostró en contra de la advertencia lanzada desde la oposición el martes de la semana pasada, luego de una reunión virtual que mantuvo la mesa nacional de la alianza opositora de ultraderecha Juntos por el Cambio, y en la que se definió que la coalición trabará en la comisión y en el recinto el embate oficialista contra la Corte Suprema.
El pedido de juicio político que encabeza la administración de Alberto Fernández contra Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti por mal desempeño de sus funciones surgió a partir del fallo sobre la coparticipación que le dio la razón a la Ciudad de Buenos Aires y desencadenó la crisis entre el Gobierno y la Justicia.
“Nosotros hemos planteado una injerencia indebida de la Corte Suprema, dándole una categoría a CABA que no la tiene, y generando a través de un criterio antojadizo un procedimiento que en realidad profundiza asimetrías”, argumentó Capitanich, en sintonía con la decisión del Ejecutivo. Y en la misma línea, opinó que “lo que ha hecho la Corte es bochornoso. Voy a ser testigo y eso significa que el 23/01 se generarán las condiciones para la fijación de la agenda”.
Carlos Heller también habló sobre el posible uso del DNU
El diputado nacional por el Frente de Todos Carlos Heller también opinó sobre el planteo de Capitanich y remarcó que “el concepto del DNU tiene que responder a esta idea de la necesidad y la urgencia”. En este sentido, amplió: “Uno podría decir ‘bueno, si el Parlamento no funciona, está dada la necesidad y la urgencia porque hay cosas que resolver que no se están resolviendo’. Ahora, la experiencia muestra que cuando se resuelve por decreto, al ratito hay un juez que hace lugar a un amparo y deja la medida sin aplicar. Como por ejemplo el tan mentado decreto por el cual se declaraba de interés público los servicios de internet”.
También en declaraciones a El Destape radio, Heller dijo que “tenemos un real problema sobre ese funcionamiento que torna inapelables esa decisiones e inaplicables muchísimas de las políticas que el Gobierno intenta llevar a la práctica”.
Sobre el curso parlamentario, legisladores del Frente de Todos adelantaron que la labor de la Comisión de Juicio Político comenzará en la Cámara de Diputados el próximo jueves 26 de enero. Si bien los cuatro integrantes del máximo tribunal no están obligados a presentarse -el artículo 250 del Código de Procedimientos Penal habilita la declaración por escrito para “los miembros del Poder Judicial de la Nación y de las provincias”-, el presidente Fernández considera que deben concurrir a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para ejercer su derecho de defensa.
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