Detrás del escándalo por la difusión de grabaciones a detenidos hay responsabilidad de diversas dependencias gubernamentales, del máximo tribunal y los jueces federales.
La oficina de escuchas de la Corte Suprema presentó ante los integrantes del tribunal una nota en la que se desliga de cualquier responsabilidad en la filtración escandalosa de conversaciones telefónicas privadas de detenidos en el penal de Ezeiza y señala que los problemas en la cadena de custodia están fuera de su incumbencia.
El informe marca dos posibles culpables: la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y los jueces que ordenan y reciben las grabaciones. Esta dependencia hoy se llama Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), un nombre propio de la burocracia judicial que dice mucho, en especial acerca de lo que la nota dirigida a los supremos no muestra. Hoy, además de pinchar teléfonos es una megaestructura de investigaciones que colabora de manera directa con los jueces federales y que tiene convenios con numerosas dependencias del Poder Ejecutivo, empezando por la AFI, que también difundió un comunicado donde se desliga de las filtraciones. La Corte, Inodoro Py y el régimen macrifascista son socios en esta historia, aunque quieran aparentar lo contrario.
En los últimos meses se conocieron escuchas telefónicas tomadas en pabellones del penal de Ezeiza y, al parecer, también en el de Marcos Paz, ordenadas por el juez Federico Villena en una causa contra el narco Mario Segovia. De todas ellas, la desquiciada diputada Elisa Carrió recibió como por arte de magia las transcripciones de conversaciones convenientemente seleccionadas de ex funcionarios detenidos, que nada tienen que ver con el caso de narcoterrorismo en cuestión. Hay una de Roberto Baratta, ex mano derecha de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación, con el ex funcionario Carlos Zelcovicz, y otra de Juan Pablo Schiavi, ex secretario de Transporte, con Eduardo Valdés, que es su amigo. En el verano fueron difundidas las desgrabaciones y, recientemente, dos canales de televisión pasaron los audios.
Carrió hizo una denuncia con la insólita teoría de que estaban armando un complot contra el fiscal Carlos Stornelli y la causa de los cuadernos. Le tocó al juez clarinista Claudio Bonadio, que pidió copia de las conversaciones. Lo mismo ocurrió con escuchas a Lázaro Báez y una mujer, que fueron utilizadas por la Unidad de Información financiera (UIF) para volver a pedir la indagatoria de Cristina Fernández de Kirchner. Ella ni siquiera es aludida en la charla cuya grabación, de todos modos, no tiene explicación alguna. El mecanismo no es novedoso: en enero de 2017 también se filtraron escuchas a Oscar Parrilli con la ex presidenta y no pararon de aparecer audios desde entonces. El principal interesado en que se conozcan fue y es el régimen fascista de Miauricio Macri Blanco Villegas.
Hay un dato ostensible: cuando el sistema de escuchas estuvo bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, a cargo de la fiscal Cristina Caamaño, no hubo ninguna clase de filtración. ¿Cambió algo en el sistema de registro y entrega? No, no cambió. Las escuchas las ordena un juez o una jueza, le da intervención a una fuerza auxiliar, la orden llega a la Dajudeco, ésta graba, a veces sin intervención humana (a menos que sean escuchas directas, las que se hacen cuando hay peligro de vida, como en un secuestro), y luego entrega las escuchas al juzgado. La desgrabación la suele hacer la fuerza auxiliar. En todos los casos de filtraciones, esa fuerza fue la AFI. Las otras, como la Policía Federal, Prefectura o Gendarmería, suelen limitarse a transcribir lo que atañe a la investigación o la persona bajo la lupa, pero no consignan las conversaciones privadas, explican funcionarios de Inodoro Py.
La Dajudeco asegura que no accedió a las escuchas ventiladas. Sin embargo, no es que no pueda: su personal puede escuchar una intervención en curso o ya terminada. Su presentación ante la Corte no derivó en ninguna denuncia del organismo o investigación por la legalidad de las pinchaduras y las filtraciones. Hay una denuncia hecha por los presos, que tramita paradójicamente en conexidad con la denuncia de Carrió, aunque sean opuestas. Los supremos dicen que tienen otras urgencias.
Las escuchas dejaron de estar a cargo del Ministerio Público en los comienzos del gobierno de Cambiemos que, por decreto, decidió transferirlas a la Corte. El objetivo central era quitarlas de la órbita de la entonces procuradora, Alejandra Gils Carbó. El tribunal, todavía presidido por Ricardo Lorenzetti, estuvo de acuerdo. Por esa época, además, agitaba a los jueces federales para lanzar una ofensiva contra la corrupción, dirigida a ex funcionarios del kirchnerismo. No es casual que haya quedado al frente del aparato de escuchas el presidente de la Cámara Federal, tribunal influyente en Comodoro Py, Martín Irurzun. Como director ejecutivo fue designado Juan Rodríguez Ponte, ex secretario del juez Ariel Lijo. La Dajudeco como tal quedó conformada cuando se le dieron facultades de todo tipo para participar en causas judiciales. Esa dependencia firmó convenios con distintos ministerios y organismos para poder acceder a bases de datos con facilidad, bajo el argumento de la "lucha contra la delincuencia organizada".
Aquellos acuerdos muestran que la Dajudeco no es un ente que funciona de manera aislada. Eso no implica que tal vez las filtraciones hayan provenido de otro lado. Pero es indisimulable el maridaje que existe entre esta dirección y órganos del Poder Ejecutivo. Esto sí marca una diferencia respecto del sistema anterior. La Dajudeco tiene una dependencia tecnológica de origen respecto de la AFI. Un convenio de julio de 2016 disponía que quedara dentro del organismo parte del personal de la AFI con posibilidad de prórroga. El plan era que la central de espías del Gobierno colaborara con la transición de la Procuración a la Corte, con la capacitación y los insumos tecnológicos hasta el 31 de diciembre de 2019, de modo que sigue vigente. A la vez, la dirección de escuchas ponía informes estadísticos a disposición de la AFI.
También hubo acuerdos con la AFIP y con la UIF para que la Dajudeco accediera con facilidad a información sensible y reservada. Otro acuerdo con el Ministerio de Seguridad le otorgó llegada a las bases de datos de los "organismos y fuerzas dependientes del Ministerio", como el sistema de identificación biométrica (incluye al de huellas dactilares); el de información balística; los sistemas de información criminal sobre drogas y trata; y sistema de medidas de seguridad. Como fruto de ese acuerdo se crearon once locutorios adentro del Departamento Central de la Policía Federal para hacer escuchas telefónicas offline, que tienen una demora de entre uno y tres minutos desde que se capta la comunicación. A fin de 2016 también se le dio la facultad de hacer ese tipo de escuchas a la AFI.
Lo que queda en claro es que hay múltiples dependencias del Poder Ejecutivo que participan de uno u otro modo del sistema de espionaje oficial. Y que a la vez la Dajudeco está íntimamente relacionada con los jueces, sobre los que carga responsabilidad. Son una sociedad, en la que nadie asume responsabilidad. Sin embargo, son muchos los que deberían dar explicaciones.
Fuente: nota de Irina Hauser para Página/12
