El máximo tribunal, por cuatro votos contra uno, reclamó que se le envíe todo el expediente para analizar un pedido de la defensa de la ex presidenta. Esta decisión provocará una demora en el inicio del juicio por la causa conocida como "Vialidad". Los especialistas que trabajan en el peritaje de las obras estiman que culminarán en agosto.
La Corte Suprema de Justicia frenó anoche, por cuatro votos a uno, el juicio por la obra pública que se iba a iniciar la semana próxima, el 21 de mayo, contra Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez y otros imputados. El único que votó en contra fue, como últimamente, el del clarinista presidente Carlos Rosenkranz, que quedó solo otra.
El máximo tribunal le pidió al Tribunal Oral número 2 que le envíe todo el expediente para analizar "una privación de justicia" planteada por el abogado de la ex presidenta, Carlos Alberto Beraldi. El letrado había pedido la realización de pruebas elementales, como una pericia sobre las obras cuestionadas. En total son 51, pero el TOF 2 sólo admitió que se haga sobre cinco obras y el trabajo ni siquiera está terminado. Los especialistas calculan que finalizarán la evaluación de las cinco obras recién en agosto, lo que tornaba descabellada la iniciación del juicio en mayo.
La base de la causa de la obra pública fue una gravísima manipulación concretada al inicio del expediente. Recién designado el 16 de enero de 2016 el flamante titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, ordenó una auditoría sólo sobre las obras viales de Santa Cruz. No le importaron los demás 23 distritos, su objetivo era ir contra el kirchnerismo.
A cargo de la auditoría quedaron dos ingenieros y un contador que presentaron sus conclusiones tres meses después. El estudio resultó favorable a Lázaro Báez y a la administración kirchnerista, ya que se dictaminó que no hubo obras pagadas y no realizadas, las que se hicieron estaban bien hechas, no pudieron determinar sobreprecios y los atrasos resultaron los habituales de todas las constructoras, en muchos casos por razones ajenas a las empresas. Uno de los ingenieros declaró que la diferencia entre lo pagado y lo realizado no alcanzó al 0,1 por ciento. Pese a todo, Iguacel se lanzó a hacer la denuncia.
Como la auditoría hizo naufragar buena parte de las acusaciones, los fiscales y el juez Julián Ercolini se despacharon con estudios en los que no participaron las partes y estimaron sobreprecios para formular la acusación. Y, como quedó claro en la causa de Dolores, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) armó una falsa declaración del arrepentido Leonardo Fariña, diciéndole todo lo que tenía que decir. Fariña no tenía la menor idea de la obra pública.
En toda la etapa previa al juicio, los abogados de los imputados -CFK, Julio De Vido, Lázaro Báez y otras nueve personas- pidieron la realización de las pruebas más elementales, entre ellas un peritaje de las obras cuestionadas. Del total de los 81 tramos de rutas que se hicieron en Santa Cruz, el juicio iba a versar sobre 51, que son las que ganó en las licitaciones Lázaro Báez con distintas empresas. Pero de esas 51, el TOF sólo admitió peritar cinco, elegidas con la óptica de que resultaban las más sospechosas. Se trató del primer estudio con la participación de todas las partes.
En ese proceso, Beraldi siempre insistió en que no se podía arrancar el juicio sin que estuviera lista la pericia y que, además, debía hacerse sobre la totalidad de las obras. Los peritos que están trabajando en la actualidad calculan que el relevamiento de las cinco obras les llevará hasta julio o agosto, lo que torna delirante el inicio la semana próxima de las audiencias. Con ese planteo, Berladi llegó a la Corte Suprema y el máximo tribunal le dio la razón, al menos en el sentido de que corresponde estudiar el tema con profundidad.
Fuente: nota de Irina Hauser para Página/12
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