La corrupta justicia jujeña le otorgó una pena de cuatro años por el delito de lesiones agravadas. Los hechos habían ocurrido hace 13 años. La causa fue reactivada en 2016, tras la llegada del fascista Gerardo Morales a la gobernación.
La persecución a la dirigente social Milagro Sala no cesa. Ahora cosechó una nueva condena en los tribunales jujeños luego de que los jueces Ana Pérez Rojas, Mario Puig y Claudia Sadir la hallaran penalmente responsable de lesionar gravemente a un dirigente cooperativista hace 13 años.
La causa había prescrito en 2009, pero fue reabierta luego de que Sala resultara encarcelada en 2016. Su defensa, informaron fuentes allegadas, apelará la condena.
"Es el circo de Gerardo Morales, que cree que dándome más años va a solucionar los préstamos al FMI”, se quejó la referente tupaquera tras conocer la condena que recibió en el quinto juicio que afronta desde que fue detenida en enero de 2016.
Sala fue la única acusada en el juicio que comenzó a fines de abril pasado y culminó ayer y que revisó los hechos que tuvieron a César “Luca” Arias como víctima. Arias era un militante social jujeño vinculado a la Corriente Clasista y Combativa liderada en la provincia por Carlos “Perro” Santillán. El 3 de julio de 2006 había acudido junto a otro dirigente, Juan Carlos Maidana, a la oficina del entonces ministro de Tierra y Vivienda, Luis Cosentini, para dialogar con él sobre planes de vivienda para las cooperativas. Tras esa reunión, ambos denunciaron que allí habían sido fuertemente agredidos. Acusaron a Sala y a otros miembros de la agrupación Tupac Amaru -que nunca fueron identificados--- como los responsables de los golpes recibidos. Arias falleció diez meses después de la agresión víctima de una leucemia.
La causa, en manos del juez de instrucción Marcelo Gutiérrez, no avanzó y fue declarada prescripta en 2009. Pero en 2016, la gestión de Gerardo Morales al frente del Ejecutivo jujeño y la persecución contra Sala y la Tupac Amaru en marcha le dio un empujón impensado. Ese año, Maidana, detenido por la comisión de delitos comunes, se acercó de manera “espontánea” al despacho del juez Pablo Pullén Llermanos, conocido por liderar el cerrojo judicial contra la dirigente social, y reclamó información sobre el expediente de la golpiza sucedida una década atrás. El pedido bastó de argumento a Pullén Llermanos para declarar nula la instrucción y avanzar a paso firme con el expediente que fue elevado a juicio en diciembre pasado.
“Una causa de hace 13 años, fue prescripta, desarchivada delictivamente, declarada nula la prescripción”, describió la abogada de Sala, Elízabeth Gómez Alcorta, a través de Twitter una vez conocida la sentencia a la dirigente, quien fue “imputada y condenada sin pruebas”. “
No nos hace bajar los brazos, sino conocer la profundidad del odio que nos tienen y el tamaño de nuestra dignidad”, concluyó la letrada.
El juicio duró un mes. Los fiscales de Cámara Marcelo Cuellar y Diego Cussel solicitaron la pena de cinco años y cuatro meses de prisión, pero el tribunal definió otorgarle cuatro años de encierro, una pena que desde el entorno de la dirigente adelantaron que apelarán. Desde el Comité por la Libertad de Milagro Sala aseguraron que "los responsables de esta condena son verdaderos verdugos, herederos directos del terrorismo de estado, ejercido hoy por otros medios. No existen reglas, ni normas de fondo, ni procedimientos válidos de los que valerse ante quienes hoy detentan la suma del poder público".
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