El hijo del genocida Domingo Bussi y candidato a gobernador tucumano propone en un video forzar a los presos a trabajar bajo la amenaza de no darles de comer. También quiere obligarlos a construir una nueva cárcel para 10 mil personas. Lo intimaron a bajar el spot por usar imágenes sin permiso.
Ricardo Bussi, hijo del genocida tucumano Domingo Bussi, fue denunciado penalmente por hacer apología de la esclavitud y la tortura durante su campaña electoral.
El abogado de la Fundación María de los Ángeles, Carlos Garmendia, el docente Fernando Korstanje, y la realizadora audiovisual Ana María Atienza se presentaron ante el ministerio público tucumano para reclamar que se investigue el spot que difundió el líder de Fuerza Republicana (aspirante a la gobernación en las elecciones del 9 de junio) en el que promete obligar a los presos a trabajar bajo la amenaza de no darles de comer. Además, Bussi es acusado de robar las imágenes producidas por una ONG para realizar el video.
Luego de proponer que el Ejército salga a la calle, Bussi hijo intenta posicionarse como representate de la derecha más extrema con la difusión de un mensaje inhumano en contra las personas privadas de su libertad. "¿Cómo es posible que el tipo que mató, violó, robó, no sólo que no trabaje en la cárcel sino que encima le paguemos un sueldo?. En el gobierno de Fuerza Republicana, preso que no trabaja, preso que no come", dice la voz de Bussi en el video, mientras van pasando imágenes de las cárceles tucumanas. Allí también asegura que construirá una nueva cárcel para 10 mil personas y que será realizada con el trabajo de los propios presos.
Garmendia, abogado de la fundación que preside Susana Trimarco, sostiene junto a los otros dos firmantes de la denuncia que la pieza implica "restablecer la esclavitud, violar la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o dedgradantes y la Constitución Nacional al someter al hambre a las personas".
"Este accionar del denunciado Bussi implica la reivindicación de la esclavitud y la tortura, por tanto la violación de los pactos internacionales y propone que el Estado cometa toturas definidas en el artículo uno de la Convención", sostienen en el escrito.
En paralelo a la presentación judicial, Ana María Atienza envió una carta documento al candidato de Fuerza Republicana. En su calidad de titular de la ONG Centro Latinoamericano para el Desarrollo y la Comunicación Participativa (CDESCO), intimó a Bussi a "eliminar de forma inmediata" el spot de todas las redes sociales y sitios de internet. Argumenta que se utilizaron imágenes propiedad de Cdesco "sin el consentimiento" de la entidad. "El sentido artístico y social de nuestro trabajo, que usted ha robado descaradamente, está en las antípodas de lo que se transmite con ese spot. Propone torturar internos negándole el acceso a los alimentos, entre otras barbaridades", remarca Atienza.
En la carta documento, la titular de CDESCO recuerda que cuando Domingo Bussi era gobernador de la dictadura, en 1977, invadió la finca de la familia Toledo sin permiso ni aviso. Secuestró y torturó a sus integrantes para obligarlos a "donar" esas tierras. "Claramente hoy usted no puede resolver este problema de la misma manera. Ni bajo tortura le donaeremos nuestras imágenes", remata el texto, que concluye remarcando la hipocresía del candidato: "No podemos dejar de remarcar que usted propone que el que roba 'va en cana' y resulta que usted mismo roba los derechos de autor de terceros para realizar su spot".
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