Germán Garavano, Laura Alonso y Pablo Tonelli acusaron a los jueces supremos de hacer "especulación electoral" por solicitar un expediente y postergar de hecho el primer juicio oral contra la ex mandataria.
Preocupada por la posibilidad de no contar con una foto de Cristina Fernández de Kirchner paseándose por los tribunales en pleno año electoral, la alianza de derecha Cambiemos salió a cuestionar la decisión de la Corte Suprema de postergar de hecho el comienzo del primer juicio oral contra la ex presidenta previsto para el 21 de mayo.
Tal fue el grado de impacto en el régimen que las críticas las encabezó el jefe de gabinete, Marcos Peña Braun Menéndez, quien le apuntó a los "jueces que se rigen por las encuestas", en clara alusión a los integrantes del máximo tribunal. No hizo otra cosa que admitir que la ex presidenta está al frente de todos los sondeos y que hay chances reales de que vuelva al gobierno.
El ministro coordinador consideró que la decisión de la Corte "genera mucha bronca en la sociedad porque hay una demanda concreta de que se haga justicia" contra el kirchnerismo. Asimismo, dijo que con esto "se debilita la credibilidad de todo el proceso judicial" y se quejó porque "no puede dilatarse un proceso eternamente".
"Es una causa de gran sensibilidad, es una ex presidenta, pero también hablamos de decenas, de miles de millones de pesos, que quedó probado que han sido desviados de los fondos públicos, que en lugar de ir a rutas han ido a las arcas de personas particulares", planteó el sorete mal cagado en declaraciones radiales.
"La verdad que es un fallo muy inusual con un condimento político muy grande, preocupa. Esto lo que hace es impedir la realización de un juicio oral, que es el momento donde los fiscales acusan y las partes acusadas se defiendan", aseguró por su parte el impresentable ministro de Justicia, Germán Garavano, quien salió a criticar al máximo tribunal en coro con funcionarios como la infornicable titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso o el patético diputado y consejero de la Magistratura, Pablo Tonelli.
El oficio emitido el martes por los jueces Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Higton de Nolasco, enfureció al macrifascismo. Los supremos, con la excepción del clarinista Carlos Rosenkrantz, solicitaron "con carácter de urgente" el expediente al TOF 2 para analizar las intervenciones de la Cámara de Casación durante el proceso y determinar si los planteos hechos por los acusados son admisibles.
"La revisión de la Corte o de las Cámaras son después de hecho el juicio y dictada la sentencia, en ningún lugar del mundo se producen antes de la decisión de los casos, eso también es muy peculiar de nuestro sistema que ha servido para generar impunidad o demoras de entre 10 y 13 años", se quejó Garavano, quien remarcó que la Oficina Anticorrupción había solicitado que igualmente se realice el juicio.
"Esperamos que los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, den inicio al juicio de Obra Pública el 21 de mayo porque saben perfectamente que pueden hacerlo y que ni siquiera esta alocada decisión de la Corte lo suspende", sostuvo por su parte Alonso.
La incogible funcionaria, que semanas atrás reconoció que durante su gestión no impulsará acciones judiciales contra el régimen fascista de Miauricio Macri Villegas, aseguró que la de antes de ayer es "una escandalosa resolución con olor a (el ex jefe de Gabinete) Alberto Fernández en busca de impunidad para la ex presidenta". "Es una vergüenza republicana", se escandalizó la pelotuda hija de puta.
Tonelli, uno de los integrantes de la mesa judicial del régimen, fue un poco más diplomático que su compañera. Sostuvo que la decisión de los magistrados "parece una especulación en un año electoral". Agregó que le llamaba "la atención" y que le parecía "muy rara" la decisión. "No me gustó", concluyó.
En esa causa están procesados, además de la ex mandataria, el ex ministro de Planificación del kirchnerismo, Julio De Vido y el empresario santacruceño Lázaro Báez, detenido desde 2016, entre otros imputados. Entre los pedidos de prueba que formuló Cristina Fernández de Kirchner en la causa, y que no fueron realizados, figuran una auditoría sobre todas las obras públicas que se ejecutaron durante los doce años de los gobiernos kirchneristas.
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