La Cámara Federal de General Roca ordenó que se investigue a Francisco Javier Pintos por el delito de "homicidio agravado" y no por "exceso en legítima defensa" como pretendía la beoda ministra de Seguridad, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón.
La Cámara Federal de General Roca, provincia de Río Negro, dictó un fallo que demuele el relato construido desde el 25 de noviembre de 2017 por el Ministerio de Seguridad con la complicidad del gobierno de la provincia y del juez federal Gustavo Villanueva.
En su sentencia, la jueza Marian Lozano y sus pares Richard Gallego y Ricardo Barreiro ordenaron la detención del efectivo de Prefectura Naval Francisco Javier Pintos, integrante del grupo Albatros de esa fuerza, bajo la acusación de matar con su fusil al joven mapuche Rafael Nahuel, en territorio recuperado de Villa Mascardi.
A su vez ordenó que se juzgue al prefecto por “homicidio agravado” y no por “exceso en la legítima defensa”, que es el cargo que le había imputado el anterior magistrado de la causa Leónidas Moldes.
Luego de muchas dilaciones, a pesar de los contundentes peritajes, Pintos quedó comprometido en el crimen, ya que se determinó fehacientemente que su arma fue la que contenía el proyectil que mató por la espalda al joven que había acudido tras la feroz represión del 23.
Sin embargo Lozano, Gallego y Barreiro dictaron en el mismo fallo la “falta de mérito” de los compañeros de Pintos, que ese mismo día dispararon junto a él contra el grupo de jóvenes mapuches de la comunidad Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi.
Fuente: nota de Adriana Meyer para Página/12
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