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martes, 21 de mayo de 2019

Nuevo juicio por delitos de lesa humanidad en Santa Fe

Serán juzgados 14 represores por crímenes y desapariciones de militantes políticos entre 1976 y 1977.


Ramón Recio, detenido en 2016 tras estar un año prófugo, 
será uno de los 14 represores que hoy empezarán a ser juzgados 
Un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Santa Fe evaluará, a partir de este martes, la responsabilidad de 14 represores que integraron el Ejército y la Policía de la provincia en los asesinatos y desapariciones de militantes comprendidos en lo que judicialmente se conoce como “Operativos Área 212”, llevados a cabo de manera conjunta por las fuerzas de seguridad durante la última dictadura cívico militar.

A partir de hoy, el Tribunal Oral Federal de Santa fe, compuesto por los jueces Luciano Lauría, Mario Gambacorta y Otmar Paulucci, dará comienzo a este debate que repasará los detalles de una docena de casos crímenes y desapariciones de militantes de agrupaciones políticas setentistas durante el terrorismo de Estado entre 1976 y 1977. Entre los casos a evaluar se encuentran la llamada Masacre de Ituzaingó y Las Heras, un operativo conjunto de la policía local y las fuerzas militares en el que la cúpula de la organización Montoneros de la provincia resultó asesinada.

Años atrás un juicio oral evaluó responsabilidades de cuatro de sus autores sin haberlos condenado, ya que fallecieron antes o durante el debate. 

En esta ocasión, por estos hechos y otros, serán juzgados los ex miembros del Ejército Ramón Recio, Jorge Balla y Luis Gómez; los ex policías Rodolfo Reible, Abel Romero, Carlos Albornoz, Mariol Aquino, Ricardo Brunel, Rolando Martínez, Rubén Vázquez, Luis Alberto Bellini, Juan Perizzotti y Raúl Giménez, y el ex oficial del Departamento de Informaciones Oscar Valdéz.

Se estima que declaren unos 80 testigos mientras que fuentes judiciales calculan que el debate se extenderá hasta agosto próximo.

El viernes, en tanto, la Justicia federal de la provincia emitirá su sentencia en el juicio que se desarrolla desde marzo pasado contra siete ex integrantes de la Policía local y el Ejército que durante la última dictadura cometieron delitos de lesa humanidad como parte de la “Patota santafesina”.

Los imputados, seis hombres y una mujer, están acusados por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos, violación sexual agravada y violación en contra de diez víctimas. Para ellos, la Fiscalía solicitó penas de entre 8 y 23 años de cárcel.

sábado, 11 de mayo de 2019

La Corte Suprema favoreció a Techint, que no tendrá que indemnizar a una hija de desaparecidos

Con los votos de Rosenkrantz, Lorenzetti y Highton, el máximo tribunal rechazó que la empresa de Paolo Rocca indemnice a una mujer cuyo padre fue secuestrado en las oficinas de Techint.


En medio de una fuerte interna, la Corte Suprema falló a favor de la empresa Techint, al rechazar un reclamo indemnizatorio por parte de la hija de un trabajador desaparecido durante la última dictadura cívico militar. 

Con los votos de Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal sentenció que los reclamos patrimoniales vinculados a delitos de lesa humanidad prescriben. Carlos Maqueda y Horacio Rosatti votaron en disidencia sosteniendo que el deber de reparar los daños derivados de los crímenes dictatoriales, que atañen al Estado y las personas que los cometieron, no se extingue.

La demanda estaba encabezada por María Gimena Ingeniero, hija de Enrique Ingeniero, un obrero desaparecido de Techint. Hacía más de diez años litigaba para conseguir que además del Estado, la empresa pague una reparación. La Cámara Laboral había reconocido en un fallo sin precedentes la responsabilidad patrimonial de la compañía de los Rocca, lo que además comprometía a la empresa con la desaparición.

El 5 de mayo de 1977 Enrique Ingeniero e Irma María Pompa fueron secuestrados. Embarazada de tres meses, a Irma la fueron a buscar a su casa, mientras que a su compañero se lo llevaron de las oficinas de Techint. Ambos permanecen desaparecidos y nunca se supo qué pasó con el bebé. María Eugenia, quien tenía un año al momento del secuestro, encabezó el reclamo argumentando que el holding fue cómplice y permitió el operativo en el que desaparecieron a su papá. 

El caso formaba parte de la agenda acordada a principio de año. Debían resolverlo el martes último, pero entre cruces y reproches, quedó trabado, el primer fallo que no salió en el momento pactado. El voto de Maqueda y Rosatti estaba claro desde hacía tiempo. El de Rosenkrantz y Highton también. Definía Lorenzetti, que en 2017 había votado el caso Villamil que disponía que las indemnizaciones en casos de lesa humanidad prescriben. Fue un momento en que la Corte se adaptaba al clima del régimen fascista de Miauricio Macri Blanco Villegas, tanto que al poco tiempo firmó el 2x1 a favor de los represores. Soplaban vientos de fuertes retrocesos en materia de derechos humanos.

Esta vez, Lorenzetti pasó las últimas semanas coqueteando con cambiar de postura. El martes demoró en entregar su voto, que finalmente aportó por la tarde y mantenía su postura anterior. Pero de pronto, el clarinista Rosenkrantz retiró el suyo para modificarlo, algo inédito en el tribunal. Cerca suyo acusaban a sus pares de haber escondido los votos hasta último momento, algo que ellos rechazan. Rosenkrantz buscaba responder a ciertos planteos, en especial a la alusión a un fallo posterior a “Villamil” de la Corte Interamericana señalado por Maqueda y Rosatti. Ese fallo establece la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de delitos de lesa humanidad. 

Para Rosenkrantz no hay ninguna analogía entre el caso analizado por la Corte Interamericana y el de Ingeniero, al considerar que en este caso “no se juzga la responsabilidad del Estado ni la suficiencia de las reparaciones que este ya otorgó”. Rosatti y Maqueda entendieron que el deber de reparar los daños derivados de los delitos de lesa humanidad, pesa tanto sobre el Estado que los cometió como sobre los particulares que actuaron como cómplices, y no se extingue por el paso del tiempo.
Fuente: nota de Irina Hauser y Sofía Caram para Página/12

viernes, 13 de julio de 2018

Piden la detención de un ex vicepresidente del Banco Central por delitos de lesa humanidad

El ex vicepresidente del BCRA, Alejandro Reynal, fue ejecutivo del JP. Morgan en Nueva York, fundó su propia entidad y en 2007 Mugrizio Macri Blanco Villegas lo designó al frente de ArteBA, pero por presión de un grupo de artistas tuvo que renunciar al cargo.


Alejandro Reynal
El ex banquero Eduardo Saiegh pidió el procesamiento, la indagatoria y la detención de Alejandro Reynal, ex vicepresidente del Banco Central entre 1979 y 1980, en el marco de una causa por delitos de lesa humanidad. 

El ex presidente y dueño del Banco Latinoamericano de Inversión (BLA) presentó el pedido en el juzgado federal a cargo de María Romilda Servini, luego que la Sala II de la Cámara de Casación Penal anuló el sobreseimiento de Reynal, acusado de "ordenar" el secuestro, torturas y extorsión contra Saiegh durante la última dictadura cívico militar.

En el escrito, Saiegh denunció que fue "violentamente secuestrado el 31 de octubre de 1980 por un grupo de tareas de la División Bancos de la Policía Federal, que actuó al modo paramilitar, agentes del Estado dictatorial que, como se sabe y está probado, operaban bajo las directivas inmediatas de las autoridades del Banco Central", entre las que se encontraba Reynal.

Durante los seis días que duró el cautiverio hasta el pago de un rescate, el ex titular del BLA aseguró que fue "sometido a tormentos, salvajemente maltratado y torturado física y moralmente, para que confesara delitos inexistentes, delatara falsamente a los demás miembros del directorio del banco, e inclusive, ante mi resistencia, fui instigado al suicidio, y sometido a un plus de ensañamiento en razón de mi condición de judío"

Según el arquitecto Saiegh, el secuestro fue planeado para lograr la "liquidación" del BLA y el "desapoderamiento" de las acciones que en ese entonces poseía de la aerolínea Austral (Makin S.A.), en garantía por haberle otorgado un préstamo de U$S 7 millones para operar. Una investigación de Juan Mattio reveló que en 1980 Austral estaba a un paso de la quiebra y que a los U$S 7 millones que le prestó Saiegh, se le sumó en mayo otro crédito por U$S 5 millones del Banco Nación. Pero la compañía continuó en rojo hasta que los accionistas le suplicaron al gobierno de facto que la aerolínea fuera estatizada. 

Eduardo Saiegh
A través de una carta fechada el 10 de septiembre de 1980 y dirigida al ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, los propietarios de Austral ofrecieron "la totalidad de sus tenencias accionarias" y se comprometieron a mantener vigentes los avales que habían otorgado. La misiva fue firmada por William Reynal, primo de Alejandro y dueño del 36% de la compañía, Federico y Pablo Braun, dueños del 11% y Eduardo Braun Cantilo, que contaba con el 9%, entre otros. El actual jefe de Gabinete, Marcos Peña Braun Menéndez, es sobrino de Eduardo, y el secretario de Comercio, Miguel Braun, es el primo de Federico y Pablo. 

"Los militares necesitaban sí o sí estos comprobantes para poder transferirle al Estado las acciones y el pasivo de la compañía y estatizar la misma por decreto", explicó Saiegh.

Una semana después de enviar la carta, el fallecido Jorge Rafael Videla firmó el Decreto 1922/80 que estatizó Austral y el Estado pasó de principal acreedor a dueño de una aerolínea fundida. Sin embargo, el Banco Latinoamericano todavía retenía en garantía las acciones, que representaban el 35% de la empresa, y era el único acreedor privado. En ese marco, Saiegh fue secuestrado y torturado por la División Bancos de la PFA. "Mientras duró su cautiverio Alejandro Reynal se reunió con Bernardo Grinspun, quien era vicepresidente del banco, -y el director Jorge Alberto Shaw-, para exigirle la autoliquidación del banco y, por tanto, el traspaso al Estado de las acciones de Austral. La operación se hizo y Saiegh fue liberado", relató el periodista Mattio.

Por aquellos años, Saiegh estaba en plena negociación para vender su banco al Crédit Lyonnais. Pero durante su secuestro, la entidad francesa fue desviada para comprar el Tornquist, propiedad de Francisco Capozzolo, involucrado a una maniobra similar en el caso Oddone. "Fue un operativo tijera: me secuestraron, luego me dejaron sin comprador y desviaron a los inversores franceses para salvar a Capozzolo, y después me empujaron para que me autoliquidara", recordó el ex banquero, víctima de los tormentos.

Finalmente el Banco Latinoamericano fue liquidado en enero de 1981. Dos meses después, Reynal dejó la vicepresidencia del Central y fundó su propia entidad financiera en sociedad con Nicholas Brady: el Merchant Bankers Asociados (MBA), que operó durante años en la Argentina y América latina, y que hoy está bajo control de Lazard. Saiegh cree que el cierre del BLA le sirvió a Reynal para llevarse la cartera de clientes e iniciar su propio emprendimiento financiero.

Durante 36 años de demanda judicial Saiegh recopiló decenas de testimonios, informes oficiales y hasta documentos secretos de la dictadura -hallados en el Edificio Cóndor- que sostienen que fue víctima de delitos de lesa humanidad, y por lo tanto "resultan imprescriptibles". Su caso hasta aparece desclasificado en siete cables de WikiLeaks.

En su escrito de 75 páginas, además mencionó que su padecimiento fue similar a los casos Papel Prensa, los Gutheim, el Grupo Greco, la Caja Murillo, la algodonera Sadeco, los hermanos Iaccarino, el de Rafael Perrota, entre otros. Para el empresario supuestamente desapoderado, "el método empleado en nuestro caso" responde a "un modus operandi utilizado por el elenco gobernante del Banco Central para liquidar entidades financieras". 

El viernes pasado los camaristas Ana María Figueroa, Ángela Ledesma y Alejandro Slokar, que integran la Sala II de la Casación, coincidieron en que el secuestro extorsivo, torturas, el robo y la asociación ilícita que sufrió Saiegh fueron violaciones a los derechos humanos y remitió la pesquisa al despacho de Servini, a quien le exigieron que para que "sin incurrir en mayores dilaciones se continúe con la celeridad en la sustanciación de la causa"

En el escrito presentado por Eduardo Saiegh se incluye una pieza gráfica publicada por el diario Ámbito Financiero, que recrea su hipótesis. "Vengo...vengo a pedir mi...mi autoliquidación vo...vo...voluntaria. Las 'autoliquidaciones' están al día, cierran bancos y financieras"

En 2007 Mugrizio Macri Blanco Villegas nombró a Reynal al frente de la Fundación ArteBa. Pero la presión de un grupo de intelectuales y artistas que denunciaron los vínculos con la dictadura obligaron al entonces jefe de Gobierno porteño a separarlo del puesto. 

En su descargo público, el ex vice del BCRA -que ahora podría quedar detenido- recordó que en 1999 había sido absuelto por primera vez de estos cargos y negó su responsabilidad en delitos de lesa humanidad. "Soy víctima del señor Saiegh, quien me acusa falsamente de cuestiones que me son ajenas como el cierre de su banco o de haberlo perseguido ideológicamente por judío y peronista. Jamás tuve conocimiento acerca de desapariciones. Fui llamado como un técnico en materia económica y nada tuve que ver con políticas de gobierno que no tuvieran que ver con la materia económica", sostuvo por entonces.

miércoles, 28 de marzo de 2018

Procesan por delitos de lesa humanidad a un juez que integró la Corte en San Juan

Se trata del ex juez de la Corte suprema sanjuanina Juan Carlos Caballero Vidal. En la época de la última dictadura era juez de primera instancia y omitió realizar investigaciones sobre dos desapariciones. 


El ex juez de la Corte suprema sanjuanina Juan Carlos Caballero Vidal fue procesado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura y que omitió investigar en ese tiempo, cuando era juez de primera instancia.

El juez federal Leopoldo Rago Gallo lo procesó al considerarlo partícipe necesario y miembro de una asociación ilícita en los delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados en dos casos de detenidos por la dictadura en San Juan.

Rago Gallo sostuvo que el procesado omitió investigar los secuestros y las torturas a Héctor Cevinelli y el homicidio de Ángel José Alberto Carvajal, y brindó impunidad a los autores directos de estos crímenes.

Caballero Vidal integró la Corte de Justicia de San Juan hasta que renunció a ese cargo a fines de 2017, como consecuencia del avance de la investigación de Rago Gallo sobre su actuación como juez durante la última dictadura.

El ex juez imputado renunció en diciembre del año pasado y se jubiló, mientras ya tenía sobre sí un pedido de destitución y desafuero.

Caballero Vidal debió activar las denuncias de abogados del dirigente universitario Héctor Cervinelli, quien estaba secuestrado y torturado. Pero no lo hizo.

También debió actuar ante la denuncia de que al militante comunista Angel José Alberto Carbajal lo golpearon hasta matarlo en el Penal del departamento sanjuanino de Chimbas, sin embargo tampoco lo hizo.

Cabe destacar que esta causa se inició en el marco del mega juicio contra 21 represores que se está desarrollando en San Juan. Por entonces, el abogado Pedro Bayugar brindó su testimonio y denunció que, al tramitar en la época un hábeas corpus ante Caballero Vidal, éste lo recibió con un revolver encima del escritorio y le dijo que mejor se olvidaban de lo ocurrido.

Las denuncias contra el ex integrante de la Corte se ampliaron cuando el abogado Carlos Bula, quien durante la dictadura representó a Alberto Carbajal, dijo que Caballero se negó a investigar las circunstancias de su muerte, pese a contar con una autopsia que indicaba que fue "salvajemente golpeado".