Alberto Fernández atribuyó a una maniobra de Bonadio su citación por el memorándum con Irán

El candidato presidencial advirtió sobre la intención del régimen macrifascista de ensuciar su campaña con su visita a tribunales.

Alberto Fernández, se presentó en los tribunales de Inodoro Py a prestar declaración testimonial por pedido del juez federal clarinista Claudio Bonadio por sus comentarios que realizó en una entrevista sobre el Memorándum con Irán en 2013.

En declaraciones a El Destape radio, el ex jefe de Gabinete señaló que su declaración “fue súper escueta, tampoco tenían mucho por preguntar, fue una declaración que se tomó a instancias de la querella” e ironizó al señalar que “me piden que declare por algo de lo que pienso, en realidad, los testigos declaran sobre algo que conocen a través de los sentidos”.

“Me parece que el único objetivo era hacerme entrar en Comodoro Py en plena campaña electoral”, disparó Alberto, quien también sostuvo que su visita a tribunales tiene que ver con la campaña electoral y advirtió que “esto tiene que ver con la actitud del abogado de los familiares del atentado que tiene vínculos con el gobierno de Cambiemos”.

En ese sentido, explicó su molestia hacia la periodista del Grupo Clarín Mercedes Ninci que le insistió en su cambio de opinión sobre en Memorándum de Irán y recriminó que “yo doy todas las explicaciones que quieran, lo único que me gustaría es que sean un poco más orientadas las preguntas porque si me preguntan 500 veces las mismas cosas con una intención clara".

“Me dicen que es un papelón cambiar de opinión, el papelón es preguntar 500 veces lo mismo buscando una respuesta distinta”, sentenció.

Fernández, dijo también que el memorándum de entendimiento con Irán, que firmó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, fue un error pero que se trató de una "cuestión política no judiciable" que no debe ser investigada penalmente.

El candidato presidencial del Frente de Todos declaró como testigo durante poco menos de una hora en los tribunales federales de Retiro, en el juzgado de Claudio Bonadio. "No tengo dudas de que esto es una cuestión política. Voy a venir todas las veces que me citen", dijo el ex jefe de gabinete de Néstor y Cristina Kirchner en diálogo con los medios tras su declaración. Agregó que en la comparecencia no estuvo Bonadio: "No necesito verlo". También señaló que lo que dijo fue opinión, en el terrero de lo político y no vinculado a lo jurídico.

La declaración de Fernández se dio en el marco del expediente que nació por la denuncia que realizó el fiscal Alberto Nisman antes de morir y por la que su compañera de fórmula, la ex presidenta Cristina Fernández Kirchner, fue acusada de traición a la Patria y encubrimiento y recibió su primer pedido de desafuero, que el Senado nunca activó.

La Corte, Inodoro Py y el régimen macrifascista, socios en la filtración de escuchas

Detrás del escándalo por la difusión de grabaciones a detenidos hay responsabilidad de diversas dependencias gubernamentales, del máximo tribunal y los jueces federales.

La oficina de escuchas de la Corte Suprema presentó ante los integrantes del tribunal una nota en la que se desliga de cualquier responsabilidad en la filtración escandalosa de conversaciones telefónicas privadas de detenidos en el penal de Ezeiza y señala que los problemas en la cadena de custodia están fuera de su incumbencia. 

El informe marca dos posibles culpables: la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y los jueces que ordenan y reciben las grabaciones. Esta dependencia hoy se llama Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), un nombre propio de la burocracia judicial que dice mucho, en especial acerca de lo que la nota dirigida a los supremos no muestra. Hoy, además de pinchar teléfonos es una megaestructura de investigaciones que colabora de manera directa con los jueces federales y que tiene convenios con numerosas dependencias del Poder Ejecutivo, empezando por la AFI, que también difundió un comunicado donde se desliga de las filtraciones. La Corte, Inodoro Py y el régimen macrifascista son socios en esta historia, aunque quieran aparentar lo contrario.

En los últimos meses se conocieron escuchas telefónicas tomadas en pabellones del penal de Ezeiza y, al parecer, también en el de Marcos Paz, ordenadas por el juez Federico Villena en una causa contra el narco Mario Segovia. De todas ellas, la desquiciada diputada Elisa Carrió recibió como por arte de magia las transcripciones de conversaciones convenientemente seleccionadas de ex funcionarios detenidos, que nada tienen que ver con el caso de narcoterrorismo en cuestión. Hay una de Roberto Baratta, ex mano derecha de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación, con el ex funcionario Carlos Zelcovicz, y otra de Juan Pablo Schiavi, ex secretario de Transporte, con Eduardo Valdés, que es su amigo. En el verano fueron difundidas las desgrabaciones y, recientemente, dos canales de televisión pasaron los audios.

Carrió hizo una denuncia con la insólita teoría de que estaban armando un complot contra el fiscal Carlos Stornelli y la causa de los cuadernos. Le tocó al juez clarinista Claudio Bonadio, que pidió copia de las conversaciones. Lo mismo ocurrió con escuchas a Lázaro Báez y una mujer, que fueron utilizadas por la Unidad de Información financiera (UIF) para volver a pedir la indagatoria de Cristina Fernández de Kirchner. Ella ni siquiera es aludida en la charla cuya grabación, de todos modos, no tiene explicación alguna. El mecanismo no es novedoso: en enero de 2017 también se filtraron escuchas a Oscar Parrilli con la ex presidenta y no pararon de aparecer audios desde entonces. El principal interesado en que se conozcan fue y es el régimen fascista de Miauricio Macri Blanco Villegas.

Hay un dato ostensible: cuando el sistema de escuchas estuvo bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, a cargo de la fiscal Cristina Caamaño, no hubo ninguna clase de filtración. ¿Cambió algo en el sistema de registro y entrega? No, no cambió. Las escuchas las ordena un juez o una jueza, le da intervención a una fuerza auxiliar, la orden llega a la Dajudeco, ésta graba, a veces sin intervención humana (a menos que sean escuchas directas, las que se hacen cuando hay peligro de vida, como en un secuestro), y luego entrega las escuchas al juzgado. La desgrabación la suele hacer la fuerza auxiliar. En todos los casos de filtraciones, esa fuerza fue la AFI. Las otras, como la Policía Federal, Prefectura o Gendarmería, suelen limitarse a transcribir lo que atañe a la investigación o la persona bajo la lupa, pero no consignan las conversaciones privadas, explican funcionarios de Inodoro Py.

La Dajudeco asegura que no accedió a las escuchas ventiladas. Sin embargo, no es que no pueda: su personal puede escuchar una intervención en curso o ya terminada. Su presentación ante la Corte no derivó en ninguna denuncia del organismo o investigación por la legalidad de las pinchaduras y las filtraciones. Hay una denuncia hecha por los presos, que tramita paradójicamente en conexidad con la denuncia de Carrió, aunque sean opuestas. Los supremos dicen que tienen otras urgencias.

Las escuchas dejaron de estar a cargo del Ministerio Público en los comienzos del gobierno de Cambiemos que, por decreto, decidió transferirlas a la Corte. El objetivo central era quitarlas de la órbita de la entonces procuradora, Alejandra Gils Carbó. El tribunal, todavía presidido por Ricardo Lorenzetti, estuvo de acuerdo. Por esa época, además, agitaba a los jueces federales para lanzar una ofensiva contra la corrupción, dirigida a ex funcionarios del kirchnerismo. No es casual que haya quedado al frente del aparato de escuchas el presidente de la Cámara Federal, tribunal influyente en Comodoro Py, Martín Irurzun. Como director ejecutivo fue designado Juan Rodríguez Ponte, ex secretario del juez Ariel Lijo. La Dajudeco como tal quedó conformada cuando se le dieron facultades de todo tipo para participar en causas judiciales. Esa dependencia firmó convenios con distintos ministerios y organismos para poder acceder a bases de datos con facilidad, bajo el argumento de la "lucha contra la delincuencia organizada".

Aquellos acuerdos muestran que la Dajudeco no es un ente que funciona de manera aislada. Eso no implica que tal vez las filtraciones hayan provenido de otro lado. Pero es indisimulable el maridaje que existe entre esta dirección y órganos del Poder Ejecutivo. Esto sí marca una diferencia respecto del sistema anterior. La Dajudeco tiene una dependencia tecnológica de origen respecto de la AFI. Un convenio de julio de 2016 disponía que quedara dentro del organismo parte del personal de la AFI con posibilidad de prórroga. El plan era que la central de espías del Gobierno colaborara con la transición de la Procuración a la Corte, con la capacitación y los insumos tecnológicos hasta el 31 de diciembre de 2019, de modo que sigue vigente. A la vez, la dirección de escuchas ponía informes estadísticos a disposición de la AFI.

También hubo acuerdos con la AFIP y con la UIF para que la Dajudeco accediera con facilidad a información sensible y reservada. Otro acuerdo con el Ministerio de Seguridad le otorgó llegada a las bases de datos de los "organismos y fuerzas dependientes del Ministerio", como el sistema de identificación biométrica (incluye al de huellas dactilares); el de información balística; los sistemas de información criminal sobre drogas y trata; y sistema de medidas de seguridad. Como fruto de ese acuerdo se crearon once locutorios adentro del Departamento Central de la Policía Federal para hacer escuchas telefónicas offline, que tienen una demora de entre uno y tres minutos desde que se capta la comunicación. A fin de 2016 también se le dio la facultad de hacer ese tipo de escuchas a la AFI.

Lo que queda en claro es que hay múltiples dependencias del Poder Ejecutivo que participan de uno u otro modo del sistema de espionaje oficial. Y que a la vez la Dajudeco está íntimamente relacionada con los jueces, sobre los que carga responsabilidad. Son una sociedad, en la que nadie asume responsabilidad. Sin embargo, son muchos los que deberían dar explicaciones.

Fuente: nota de Irina Hauser para Página/12

Cristina pasó por Inodoro Py y presentó un escrito para defenderse en 8 indagatorias: "No consiguieron una sola prueba que demuestre que recibí coimas"

La ex presidenta ingresó antes de las 8:50 a los tribunales federales de Retiro acompañada por Eduardo Valdés. Juan Grabois le envió un saludo desde El Vaticano.

Cristina Fernández de Kirchner se presentó a declarar en los tribunales de Inodoro Py ante el juez federal clarinista Claudio Bonadio en el marco de la causa de las fotocopias de los supuestos cuadernos  y otras siete causas. Antes delas 8:50, la ex efa de Estado ingresó a los tribunales, presentó un escrito y luego se retiró sin responder preguntas del magistrado o sus secretarios.

La ex presidenta denunció que "se han armado un montón de causas" en su contra para generar "noticias de un alto impacto mediático" y denunció que el fiscal Carlos Stornelli y el juez Bonadio cometieron "verdaderas actividades delictivas para tratar de inventar pruebas" en su contra.

"No obstante todas las arbitrariedades perpetradas por el juez y el fiscal, no consiguieron una sola prueba -porque no existe- que demuestre que recibí coimas por parte de contratistas del Estado o que cometí delitos en el ejercicio de la función pública", enfatizó Cristina su escrito.

Para la ex mandataria "han quedado en evidencia las gravísimas irregularidades -por no decir verdaderas actividades delictivas- que fueron llevadas a cabo por el juez y por el fiscal" con el objetivo, según dijo, de "tratar de inventar pruebas".

"Tanta ha sido la impudicia de semejante proceder que estos operadores judiciales quedaron atrapados en su propia torpeza. La utilización como elemento de prueba de lo declarado por (Marcelo) D´Alessio es una muestra irrefutable de los niveles de descomposición a los que se ha llegado", señaló.

Siete de los ocho expedientes se vinculan directamente con la causa de las fotocopias de los  supuestos cuadernos, y el restante responde a supuestos sobreprecios en la importación de Gas Natural Licuado durante el gobierno kirchnerista.

Uno de los expedientes investiga la presunta utilización de aviones presidenciales durante los años del kirchnerismo para transportar muebles y diarios entre Buenos Aires y Santa Cruz.

Además, la líder de Unidad Ciudadana es acusada por la concesión de obras viales; los subsidios a ferrocarriles y colectivos; corredores viales; y por los documentos históricos decomisados en los allanamientos en sus propiedades de Río Gallegos y El Calafate.

Cristina está procesada como supuesta jefa de una asociación ilícita que operaba alrededor de la obra pública durante los tres mandatos del kirchnerismo.

Hoy se analizarán los celulares de D’Alessio y Etchebest en el marco de la causa que involucra Stornelli, en lo que se considera un peritaje clave para probar la extorsión

En medio de la presión para quitarle la investigación, el juez Ramos Padilla avanza con medidas para verificar la autenticidad de los chats entre el fiscal macrifascista y el falso abogado.

En la causa por extorsión en la que aparecen en la mira el falso abogado Marcelo D’Alessio y el fiscal oficialista Carlos Stornelli, la justicia de Dolores dará hoy un paso de importancia: se peritarán los celulares, tanto de D’Alessio como del denunciante, el empresario Pedro Etchebest. 

Un punto clave de esa pericia será verificar la autenticidad de los chats entre D’Alessio y Stornelli, que por ahora coinciden mucho con las reuniones y hechos que denunció Etchebest y que derivaron en la exigencia de 300.000 dólares para aliviarlo de una supuesta situación complicada en la causa de las fotocopias de los supuestos cuadernos. 

Ni bien el juez de Dolores le pidió a su par de Inodoro Py, Julián Ercolini, los chats que figuren también en el celular de Stornelli, el magistrado porteño se despachó exigiéndole al de Dolores que deje de investigar y que le entregue el expediente. Tanto Stornelli como D’Alessio quieren jugar de locales en Inodoro Py, por lo que empezó una disputa de competencia para salvar al fiscal. La disputa tardará, como mínimo, un mes. 

En el expediente declaró el lunes Sebastián Barreiro, otro damnificado que igualmente sostuvo que le pidieron plata y que pagó 40.000 dólares a otro abogado que mencionó que gran parte del dinero iba para Stornelli. Y eso fue en octubre, hace cuatro meses. La acusación es que el fiscal no hizo nada, pese a que un hermano de Barreiro le dijo que los estaban extorsionando. 

Fiscal

El que está en el centro de la causa judicial no es D’Alessio sino Stornelli. Pese a ser un referente tomado muy en serio por el fiscal y por el periodismo, ya está probado que D’Alessio no es abogado ni se recibió de nada. El sitio oficialista Infobae publicó su curriculum universitario: en nueve años aprobó 22 materias en la carrera de Contador y lo bocharon en 13 oportunidades. 

Pese a los deshonores académicos, el juez de Dolores lo acusó de integrar una asociación ilícita dedicada a extorsionar. Es obvio que el magistrado investiga también a Stornelli: por eso pide sus whatsapp. Y también se consigna en la imputación el encuentro de Pinamar y se transcribe que el denunciante, Etchebest, recibió un apretón de manos del fiscal, como una especie de firma del acuerdo. 

En la mira están igualmente los dos comisarios retirados de la Policía Bonaerense, Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi, que supuestamente le encargaron a D’Alessio que investigue a Etchebest. Los ex uniformados se presentaron como miembros de la Agencia Federal de Inteligencia. Se supone que ese elenco, más algunos abogados, conforman la asociación ilícita dedicada a extorsionar.

Celulares

Los celulares son claves en esta historia porque hay intercambios de whatsapp entre todos los protagonistas. Hay un mensaje en el que el falso abogado, D’Alessio, le dijo a Stornelli “yo me ocupo de Pedro”, es decir de Etchebest, como prólogo a la extorsión. 

Hay otro mensaje en el que Stornelli le pide a D’Alessio que le arme una cámara oculta a un abogado defensor, José Manuel Ubeira. 

Están los whatsapp en los que pactan el encuentro de Pinamar, en el que D’Alessio y Stornelli se reunieron tres horas, luego se fueron a dar una vuelta en camioneta y, al regreso, D’Alessio le pidió 300.000 dólares a Etchebest. El empresario llegó a pagar 14.700 dólares en dos veces. 

El abogado Maximiliano Rusconi se preguntaba el martes por qué esa larga reunión, en un balneario de Pinamar, o sea fuera de la fiscalía, se realizó sin que haya constancias de nada en el expediente. “¿A qué tienen acceso las defensas?”, inquirió el letrado. 

Toda esta actividad oscura es la que se buscará mañana en las pericias sobre los celulares, en las que intervendrán especialistas de la Prefectura Nacional y técnicos designados por el juzgado que encabeza Alejo Ramos Padilla.

En guardia

Los pasos adelante en Dolores erizaron la piel de Inodoro Py. Stornelli tardó varios días en ponerse en marcha pero terminó denunciando a D’Alessio por defraudación, es decir porque le usó el nombre para pedir dinero. El sorteo dejó a cargo de ese expediente a Julián Ercolini, magistrado alineado con la alianza judicial-mediática-política que sintoniza con Cambiemos. 

Un dato no menor es que Stornelli no entregó su celular para ser peritado inmediatamente, pese a que se trataba de una prueba que -si no tuvo nada que ver- ayudaba a desincriminarlo en forma rápida. 

Lo concreto es que cuando Ramos Padilla le pidió a Ercolini los chats entre Stornelli y D’Alessio en el celular del fiscal, el magistrado de Inodoro Py le reclamó al de Dolores que se aparte del expediente porque los dos pagos se hicieron en Buenos Aires. 

Por lo que se sabe, Ramos Padilla le dará vista a las partes, es decir al fiscal y a los abogados de Etchebest y luego resolverá. Además, desde hace días está el pedido de Etchebest de que todo se investigue en Dolores, o sea que Ercolini se inhiba de intervenir. 

La contienda podría derivar en que Ramos Padilla diga que no y el caso llegue a su superior, la Cámara Federal de Mar del Plata, mientras que Ercolini hará lo propio con la Cámara Federal de Inodoro Py. Si aún así no se dirime la competencia, tendría que resolver la Casación nacional donde también hay un alineamiento mayoritario con la Casa Rosada y una protección previsible para Stornelli. 

Más extorsión

El lunes declaró Sebastián Barreiro, hijo de Ricardo Barreiro, uno de los históricos colaboradores de los Kirchner en El Calafate. Como rige el secreto de sumario no hubo acceso a los textuales de la declaración, pero se sabe que los Barreiro fueron el centro de una puja por sacarles dinero, en nombre de Stornelli, por parte de dos estudios de abogados, uno encabezado por Luis Vila y el otro por D’Alessio. 

Los hermanos Barreiro –Sebastían y Claudio– presentaron grabaciones de cómo los fueron extorsionando e incluso Claudio Barreiro fue a declarar ante Stornelli porque supuestamente corría peligro de ir preso. Es más, su detención fue anunciada por periodistas aliados a D’Alessio. Claudio se presentó espontáneamente ante Stornelli, declaró, le dijo al fiscal que lo estaban extorsionando, pero nada de eso aparece en el expediente. Todo ocurrió en octubre y habrá que ver qué dice el fiscal porque no hubo acción alguna contra los supuestos extorsionadores. 

Quien hizo la gestión para sentar a Barreiro con Stornelli fue el abogado Luis Vila, socio de otro conocido abogado, Fernando Archimbal. Vila invocó que a Stornelli había que pagarle 40.000 dólares por admitir esa declaración espontánea y, según le dijo Barreiro al juez, se entregó esa suma de dinero en casa del abogado Vila. Supuestamente hay audios de la exigencia y del pago y diálogos en los que se dice que de la declaración en la fiscalía “se borró todo, se rompió todo”. El juez tendrá que corroborar los dichos del nuevo denunciante.

Fuente: nota de Irina Hauser y Raúl Kollmann para Página/12

La revelación del fiscal Federico Delgado: "Hay muchos como D'Alessio en Comodoro Py"

El fiscal federal desnudó la trama de poder que hay en los pestilentes tribunales federales, en relación a la investigación contra su colega Carlos Stornelli.

El fiscal federal Federico Delgado se refirió a la denuncia por extorsión contra el abogado Marcelo D'Alessio y el fiscal Carlos Stornelli. 

"Lo de Stornelli afecta la credibilidad de la Justicia”, dijo, al tiempo que señaló, sobre el funcionamiento del Poder Judicial, que "la ley hoy funciona como un arma: para los amigos todo y para los enemigos nada”.

En declaraciones a la AM 530 Somos Radio, Delgado afirmó que "hay muchos D'Alessios en Comodoro Py", aunque subrayó que "no conocí a D’Alessio, yo soy muy odiado por las corporaciones judiciales”.

Por otro lado, calificó al juez Ramos Padilla, que interviene en la causa por extorsión contra D'Alessio, como "un buen juez".

Por último, expresó que "hay que hacer una profunda reforma de Comodoro Py”, y concluyó señalando que  "es un horror lo que está pasando" en la justicia federal.

En Inodoro Py se niegan a devolverle a Cristina las obras de arte que le secuestraron de su casa

La ex presidenta había pedido que se le restituyeran cuadros y esculturaas que siguen en poder de la Cámara Federal. 

Cristina Fernández de Kirchner busca que la cuestionada, corrupta y pestilente Justicia Federal de Inodoro Py le devuelva las 29 esculturas y los 33 cuadros que le fueronsecuestrados durante allanamientos realizados el año pasado en sus inmuebles de Río Gallegos y El Calafate, así como en su departamento de Recoleta. Sin embargo, la Cámara Federal rechazó el pedido.

En el fallo, los camaristas remarcaron que la senadora nacional por Unidad Ciudadana tiene un procesamiento confirmado como presunta jefa de una asociación ilícita y por cohecho pasivo, así como un embargo por un millón y medio de pesos, según publicó el portal oficialista Infobae.

"No corresponde hacer lugar a la devolución pretendida, en atención a que resulta sustancial mantener a resguardo todos los objetos de valor considerable que fueran incautados en el domicilio de la imputada, con el objeto de asegurar la concreción de una eventual acción judicial", respondieron los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzz.

La situación ocurre mientras el régimen macrifascista intenta frenar la escalada de Cristina en las encuestas y, sobre todo, su posible candidatura presidencial (nunca confirmada por ella hasta el momento) a través del polémico decreto de extinción de dominio, que podría ser desactivado en el Congreso.

Los allanamientos habían sido autorizados por el Parlamento incluso con el voto de Cristina, que pidió la presencia de sus abogados durante la redada y solicitó que no se llevaran joyas de uso personal. Además, chicaneó a Claudio Bonadio pidiéndole que "no rompa nada". Sin embargo, nada de eso se cumplió y tras el allanamiento, la ex jefa de Estado se encontró numerosos destrozos en sus viviendas.

A criterio de la ex presidenta, hubo un "registro de domiciliario nulo" para secuestrar esas obras de arte y protestó porque la retención judicial, a través de un depositario, generaba "costos innecesarios y perjuicios ilegítimo".

"Es para que vos creas que en mi casa había un museo y te indignes por eso y no por los nuevos tarifazos de la luz, del gas y del transporte. De manual", escribió a fines de diciembre en las redes sociales junto a imágenes de agentes de la policía retirando cuadros.

"De la descripción efectuada en el acta correspondiente, no se desprende que existan a simple vista, elementos que revistan un escaso valor monetario que permitan ser exceptuados del marco de la medida cuestionada", señaló el fallo que rechazó la devolución de las obras.

Parrilli y Rossi, sobre la denuncia contra Stornelli: la extorsión como moneda corriente en Inodoro Py

El jefe del Bloque de Diputados del FpV y el ex Director de la AFI se refirieron a la denuncia contra el fiscal Stornelli y coincidieron en que el mecanismo de pedir dinero a empresarios para no quedar detenidos es un modus operandi en la causa de los cuadernos.

"Son tantas las atrocidades, cada vez va a ser más grave. Ya van a salir los arrepentidos de arrepentirse, que lo hicieron bajo extorsión, bajo amenaza: esto demuestra que no hay Justicia en Argentina", afirmó Oscar Parrilli, ex Director General de la Agencia Federal de Inteligencia, esta mañana en referencia a la denuncia por extorsión contra el fiscal Carlos Stornelli.

Para Parrilli el modus operandi de la Justicia actual se caracteriza por la “vuelta a métodos que parecían ya lejanos de extorsión y amenazas”. 

“Los fiscales y en especial Stornelli” usan tácticas “que ellos mismos han contado”, que se basan en “amenazar a las personas que interrogan, interrogar sin ninguna garantía, sin dejar registro fílmico, diciéndoles ‘o decís las cosas que nosotros queremos e involucrás a Cristina en algo o quedás preso'”. 

El ex titular del Instituto Patria indicó también que existe en la Argentina “una Justicia totalmente subordinada al poder político y con odio” y en ese marco “no sorprende para nada” que aparezca involucrado en esta denuncia el empresario agropecuario Pedro Etchebest, quien denunció al fiscal Stornelli por haberlo extorsionado a través del abogado Marcelo D'Alessio a cambio de quedar a salvo de la denuncia de un supuesto arrepentido en la causa de los cuadernos.

Además hizo incapié en el perfil del fiscal denunciado: “No nos olvidemos quién es Stornelli: tiene lazos familiares y vinculares con la dictadura militar”. Tampoco, aclaró Parrilli “éste es el primer juez denunciado por coimas: los denuncian y después se investigan ellos mismos”. 

También se debe resaltar, en su opinión, “cómo los periodistas oficialistas y voceros del Gobierno salieron rápidamente a defenderlo” y que “esto cada vez va a ser más grave: van a empezar a aparecer los arrepentidos de los arrepentirse” porque “lo hicieron bajo extorción y bajo amenaza”. Esto demuestra que “estamos en una situación límite en cuanto a la existencia de una democracia en la Argentina”.

Por su parte, Agustín Rossi también hizo hincapié en el tema en declaraciones radiales. El jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria aseguró que "lo de las coimas de Stornelli es una denuncia gravísima. Denota un modus operandi por parte del fiscal que claramente no podría estar limitado a este caso" y agregó que "es un escándalo que demuestra lo putrefacto de varios sectores del Poder Judicial y todo lo que rodea a Comodoro Py". 

“Mirándolo desde afuera parecía que aquellos empresarios que se arrepentían cambiaban su arrepentimiento por su libertad y aquellos que no lo hacían son los que permanecen presos”, indicó Rossi. 

Lo que aporta la denuncia de Pedro Etchebest, que se dio a conocer la semana pasada, es el hecho de que no sólo “cuánto más contundente era la declaración en contra de Cristina (Fernández de Kirchner) más rápidamente se conseguía la libertad”, sino que también “había coimas para que algunos empresarios no resultaran imputados, procesados, allanados”.

Martín Báez quedó detenido por intento de fugar 5,5 millones de dólares al exterior

El fiscal Córdoba pidió la detención del hijo de Lázaro Báez por violar un embargo e inhibición judicial en el marco de la causa y fugar cinco millones y medio de dólares de cuentas en el exterior.

Martín Báez, hijo del empresario Lázaro Báez, quedó detenido ayer a la mañana en los Tribunales Federales de Comodoro Py, por pedido del fiscal de juicio Abel Córdoba, quien el miércoles había solicitado la detención del hijo del dueño de Austral Construcciones por violar un embargo e inhibición judicial en el marco de la causa y fugar cinco millones y medio de dólares de cuentas en el exterior.

El Tribunal Oral Federal Nº 4, a cargo de la causa, consideró que puede peligrar "el recupero de los bienes que fueron el producto de los ilícitos" en caso de que el imputado continúe en libertad.

"Por ello, permite inferir la capacidad de Martín Antonio Báez de abrir cuentas y/o sociedades en el extranjero y así poder transferir y/u operar con fondos que podrían resultar el provecho del delito que se investiga y del que se desconoce su destino, sin la necesidad de cruzar las fronteras de nuestro país", agregaron los jueces.

Además, señalaron que "queda claro que las medidas cautelares adoptadas a su respecto no resultaron suficientes para contener el riesgo procesal que este escenario implica" ya que "se han efectuado movimientos de las cuentas" del hijo del empresario "que datan desde el año 2015 hasta el segundo semestre del año 2018".

Al reanudarse antes de ayer el juicio por la causa conocida mediáticamente como la "ruta del dinero k", el Tribunal advirtió que no estaba presente Martín Báez quien debía estar pues así se había comprometido al ser autorizado a viajar a Santa Cruz en diciembre con motivo de las fiestas, y a raíz que él tiene una restricción a permanecer en el ámbito de la Capital Federal.

Los jueces le dieron un plazo a Martín Báez a presentarse durante la audiencia pero como uno de sus abogados hicieron saber que tenía pasaje de regreso a Buenos Aires para ayer a la madrugada y que se había quedado en Río Gallegos por un problema de uno de sus hijos, el Tribunal le prorrogó ese plazo hasta ayer a las 8 de la mañana.

"Consideramos que los argumentos dados no resultarían suficientes para justificar el incumplimiento advertido", según los jueces respecto a la ausencia del miércoles de Báez en el juicio, por lo cual presumieron que podía existir peligro de fuga. Además, calificaron de "endeble" sus argumentos del por qué no regresó a Buenos Aires ayer tal cual se había comprometido.

No obstante lo ocurrido antes de ayer, los jueces también coincidieron con el pedido fiscal de Abel Cordoba sobre la detención de Báez por haber burlado la inhibición judicial y sustraer de cuentas en el exterior más de cinco millones de dólares en cuentas de las cuales él era beneficiario.

"La prueba documental incorporada permite reconstruir las decisiones recientes que tomó el acusado en el plano societario y financiero que permanece oculto, lo cual da cuenta de la insuficiencia de las medidas cautelares de carácter patrimonial oportunamente impuestas para impedir que el imputado atente contra los fines del proceso", evaluaron los magistrados.

"El encarcelamiento preventivo es admitido bajo estrictas condiciones de excepción y provisionalidad, en tanto la finalidad que se persigue con su aplicación no puede ser otra más que evitar la producción de los graves peligros que puedan acechar a la realización del juicio y a la aplicación de la ley, lo que podría frustrar los fines del proceso", señalaron.

En ese sentido, refirieron que "a partir del mes de abril de 2016 Martín Báez se encontraba procesado con embargo dictado a su respecto, congelamiento de cuentas bancarias y demás medidas cautelares adoptadas, el nombrado continuó realizando actos ocultos que permitieron la circulación de flujos millonarios de dinero burlando de ese modo las medidas adoptadas hasta la fecha".

De esta manera, ahora Martín Báez y su padre Lázaro seguirán detenidos durante el juicio que se está llevando a cabo.

Causa de las fotocopias: Máximo Kirchner negó haber recibido financiamiento para La Cámpora

El diputado cuestionó -mediante un escrito- al juez federal clarinista Claudio Bonadio, por haberse apropiado de la competencia en la polémica causa. También se manifestó sobre la obtención de las declaraciones de los "arrepentidos".

El diputado nacional de Unión por Todos Máximo Kirchner cuestionó ayer que el juez Claudio Bonadio haberse apropiado de la competencia en la causa en la que se investiga el presunto pago de sobornos en la obra pública y dijo que sólo se lo citó a indagatoria por ser líder de la agrupación La Cámpora.

Así se lo hizo saber mediante un escrito de descargo que presentó ante Bonadioel magistrado clarinista, en el que se negó a responder preguntas y cuestionó la obtención de las declaraciones de los "arrepentidos" en el caso.

Máximo se presentó junto con su abogado Carlos Beraldi en un cuarto piso sellado, pues por orden de Bonadio se desalojó el piso y se prohibió la presencia de medios de comunicación en el lugar.

El dirigente de La Cámpora fue citado a raíz de la declaración del "arrepentido" José López, quien lo vinculó con el financiamiento de la campaña electoral a partir de los bolsos con dinero que se recaudaban en concepto de sobornos.

Cuestionó que la causa está plagada de "irregularidades, ilicitudes y actividades delictivas" y que Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli "no podían tomar a su cargo la investigación" pues debían sortearla para evitar el "fórum shopping", esto es la elección a dedo.

"Ningún otro magistrado se hubiese animado a desarrollar un raid delictivo que prácticamente no dejó en pie ninguna garantía constitucional", cuestionó el dirigente, hijo de la ex presidenta Cristina Kirchner y procesada en esta causa como "jefa" de la asociación ilícita.

En ese sentido, cuestionó que Bonadio amplió la cantidad de imputados, entre ellos él mismo pues "el show debía continuar".

Además, dijo que en su contra se dirigió una "imputación falsa constituida con el solo propósito de denostar a dirigentes políticos opositores y al propio tiempo, tomar venganza respecto de algunos de ellos quienes han impulsado en contra de Bonadio su juicio político".

Por otra parte, negó en el escrito el hecho de haber recibido financiamiento como líder de La Cámpora y dijo que "solo se hace referencia a la actividad política" como tal en la acusación en su contra.

"Ni siquiera existe una insinuación directa o tácita de que hubiera sido destinatario de dinero alguno de procedencia ilícita", concluyó.

Cristina se presentó ante el juez Casanello: "Podrán excavar toda la Patagonia, que nunca van a encontrar nada con lo que involucrarme

La ex presidenta presentó un escrito ante el juez Sebastián Casanello, quien la había citado por orden de la Cámara Federal, en la causa que investiga el presunto lavado de dinero. La senadora criticó en el texto la irregularidad de la citación. 

Cristina Fernández de Kirchner se presentó ayer a la mañana en los tribunales federales de Retiro, citada en una causa en la que se la investiga por presunto lavado de dinero y presentó un escrito en el que denunció nuevamente una "larga persecución" política y la "irregularidad" de la citación.

La semana pasada, la Cámara Federal porteña rechazó un planteo que hizo contra los jueces de ese tribunal que habían dispuesto su indagatoria. Fuentes judiciales informaron que los camaristas Martín Irurzun y Mariano Llorensrechazaron por "improcedente" el pedido de recusación en su contra formulado por la defensa de la líder de Unidad Ciudadana.

Los dos camaristas le habían ordenado al juez federal de primera instancia Casanello que citara a la ex mandataria a declaración indagatoria en el marco de la causa por las maniobras de lavado de dinero realizadas a través de la financiera SGI, conocida como "La Rosadita".

Hasta el momento, Casanello había evitado llamar a la senadora, pese a los pedidos en ese sentido del fiscal Guillermo Marijuan y de la Oficina Anticorrupción (OA), querellante en el caso, ya que considera que Cristina es investigada por los mismos hechos en la causa por supuesto direccionamiento de la obra pública en favor de las empresas de Báez.

Esta causa por lavado de dinero en gran parte está elevada al Tribunal Oral Federal 4, que va a fijar fecha de juicio a fines de octubre próximo, y allí hay unas veinte personas imputadas, entre ellas Báez, Leonardo Fariña y el financista Federico Elaskar.

En el extenso escrito que presentó ante el juez Sebastián Casanello, Cristina Fernández de Kirchner aclara y refuta una a una las supuestas maniobras delictivas que se le imputan en el marco de la causa y remarca que “jamás me apoderé de dinero ilícito alguno”. En ese contexto advierte que podrán vigilarla y también “excavar toda la Patagonia argentina o donde mejor se les ocurra, que nunca van a encontrar nada con lo que involucrarme”.

En su presentación ante el magistrado la ex mandataria expuso que el régimen fascista está detrás de la maniobra. También marcó el contraste entre su caso y el de Mugrizio Macri Blanco Villegas, al señalar que ella no tiene cuentas no declaradas, a diferencia del retrasado mental y varios de sus funcionarios, quienes aparecieron mencionados en los Panamá Papers. En ese contexto, dijo que si lo que se pretende es investigar la fuga de dinero al exterior la causa no debería haberse denominado “La ruta del dinero K”, sino “La ruta del dinero M”.

Estos son los principales conceptos del escrito que CFK dejó en su paso por Comodoro Py:

• "La indagatoria es 'una medida dispuesta directamente por los jueces de Cámara Martín Irurzun y Mariano Llorens, haciendo lugar a un pedido expreso efectuado por el Poder Ejecutivo . Nos encontramos frente a una situación inédita, en tanto la convocatoria es el resultado de una decisión del Tribunal revisor' y 'no del magistrado que tiene a cargo la instrucción de esta causa desde su inicio, único habilitado por la ley procesal para adoptar tal temperamento'”.

• “Ante esta grave irregularidad -una más en la larga persecución a la que vengo siendo sometida desde hace dos años y ocho meses- a través de mi defensa he dejado constancia de ello interponiendo un recurso de casación en contra de la resolución inválida dictada por la Cámara y recusé a los jueces que la firmaron, por carecer de toda imparcialidad frente al caso.”

• “Se me cita a prestar declaración indagatoria sin que exista ningún estado de sospecha sobre la comisión de algún delito que me pueda ser atribuido".

• “En cualquier procedimiento judicial normal, la aventura procesal del Poder Ejecutivo de tratar de meterme por la fuerza en este expediente hubiera quedado definitivamente abortada. Sin embargo, en estas actuaciones pasó todo lo contrario".

• “En oposición a lo que disponen expresamente las normas que regulan la competencia de la Cámara de Apelaciones en materia de recursos (art. 445 del CPPN), los jueces que la integran, en particular el Dr. Martín Irurzun, cada vez que les tocó intervenir en este proceso buscaron direccionar la investigación en mi contra".

• “Cuando la jurisdicción actúa fuera de la ley, falta a su deber de imparcialidad e interviene en cuestiones con una inocultable finalidad política, no solo se está generando un perjuicio en mi contra, sino que ello constituye un factor de grave descrédito del servicio de administración de justicia".

• “Me encuentro en una situación inédita que vulnera el derecho de defensa en juicio. Ello así pues, se me obliga a proceder de una manera inversa a la que le corresponde a cualquier persona que se encuentra en mi situación: en lugar de que se precise una intimación concreta en su contra yo debo adivinar cuáles son los hechos por los que tendría que responder”.

• “No existe ningún elemento de prueba” que la vincule a la “conformación de una estructura jurídica, societaria y bancaria en la Argentina y en el extranjero con el fin de canalizar, convertir, transferir, administrar, vender, disimular y/o poner en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita”.

• “Jamás tuve cuentas bancarias no declaradas, ya sea sola, con Lázaro Báez o con cualquier otra persona. Todos los activos de nuestra familia están y seguirán estando en la República Argentina y siempre fueron incorporados a nuestras declaraciones juradas impositivas, así como también a las que presentamos en nuestro carácter de funcionarios públicos. Además, por toda nuestra actividad siempre hemos pagado puntualmente los impuestos correspondientes".

• “Se llegó hasta el absurdo de embargar mi jubilación y bloquear mis tarjetas de crédito e impedirme, siquiera, tener una tarjeta de débito. Todo ello, seguramente, con el propósito de ahogarme financieramente y luego seguir mis movimientos (tal como lo hacen habitualmente los servicios de espionaje gubernamentales) para ver si termino yendo a alguna bóveda en la que guardaría los millones de dólares que un grupo de arrepentidos que ahora se han cartelizado dicen haber pagado".

• “Podrán seguir vigilando mis movimientos y los de mi familia, escuchar de manera clandestina mis conversaciones telefónicas o excavar toda la Patagonia argentina o donde mejor se les ocurra, que nunca van a encontrar nada con lo que involucrarme, porque jamás me apoderé de dinero ilícito alguno". 

• “La familia Kirchner jamás se manejó con la constitución de sociedades offshore en paraísos fiscales o en cualquier otro lugar. La prueba más evidente de ello es que en ninguna de las reconocidas investigaciones llevadas a cabo a nivel mundial (vgr., Panamá Papers y Paradise Papers) ni la suscripta ni ningún miembro de mi familia han sido siquiera mencionados de manera directa o indirecta. Por el contrario, tales investigaciones que tuvieron una extraordinaria importancia en otros países, produciendo incluso la renuncia de un primer ministro, fueron minimizadas en la Argentina o directamente ocultadas por la prensa autodenominada independiente inmediatamente después de que apareciera el apellido Macri, entre muchos otros funcionarios de su gobierno".

• “Jamás fui cliente de 'La Rosadita' (SGI) -que tanto alboroto mediático ocasionó-, como sí lo fue, según se consta, la empresa IECSA, por entonces conducida por Ángelo Calcaterra, a quien la OA y la UIF debieron haber investigado máxime si éste ahora se ha reconocido como un 'aportante financiero arrepentido' al Frente para la Victoria".

• “Si de lo que se trata es de investigar a quienes fugaron dinero del país, hace mucho que esta causa debió haber tenido un cambio de carátula: en lugar de 'La ruta del dinero K' debió ser denominada 'La ruta del dinero M'".

• “La familia Kirchner jamás compró o utilizó autos de alta gama. El único rodado que poseo se lo acaba de llevar Bonadio de mi casa de El Calafate: se trata de una camioneta Honda CRV del año 2009 y, aunque parezca grotesco, tal apoderamiento ha sido calificado por la prensa autodenominada independiente como el recupero por parte del Estado de los valiosos bienes producto de la corrupción".

Calcaterra anduvo otra vez de paseo por Comodoro Py y negó las coimas por el soterramiento del Sarmiento

El primo de Mugrizio Macri Blanco Villegas, Angelo Calcaterra, declaró ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi por la causa por presunto pago y cobro de sobornos por la obra del tren Sarmiento y salió otra vez caminando por la puerta de Comodoro Py. 

A diferencia de su paso previo por los tribunales, cuando afirmó ser aportante para las campañas electorales del kirchnerismo en contra de su primo, el ex titular de la empresa IECSA negó ayer haber pagado sobornos en el proceso licitatorio para acceder a las obras del soterramiento tal cual confesara la brasilera Odebrecht.

Calcaterra se desentendió mediante un escrito técnico de los sobornos que Odebrecht dijo haber pagado en nuestro país por distintas obras, entre ellas la del soterramiento del Sarmiento y negó que haya recibido direccionamiento para que IECSA saliera licitada. También se negó a dar detalles respecto a los encuentros en el Ministerio de Hacienda de Javier Sánchez Caballero y sólo adujo que tuvieron lugar en el contexto en el que se estaban ejecutando obras con el Estado nacional. La firma constructora fue una de las más favorecidas por la contratación de obra pública durante el período kirchnerista en volumen de negocios. Al momento de la asunción de Macri Blanco Villegas mantenía contratos, en ejecución o ya adjudicados, por unos 3500 millones de dólares.

La Unión Transitoria de Empresas (UTE) que se adjudicó la obra para soterrar el Sarmiento entre Caballito y Moreno la integran, además de Odebrecht, las argentinas IECSA S.A. (que preside Calcaterra), Ghella S.P.A. y Comsa S.A. Según mails obtenidos por la Policía de Brasil de la computadora de Mauricio Couri Ribeiro, director de Odebrecht, en junio de 2010 mantuvo reuniones con Sánchez Caballero, de IECSA, para negociar coimas que “excederían los veinte millones de dólares”, apuntó el juez Martínez De Giorgi al solicitar las declaratorias. 

El juez citó a 23 ex funcionarios públicos como imputados. Hoy declararán Sánchez Caballero y otros miembros de IECSA como Santiago Altieri, Pablo Previde, Manuel España, Eduardo Fernández, Diego Alonso Hernández y Alejandra María Kademian. La lista de indagatorias incluye luego a diez hombres de Odebrecht y seis de Comsa S.A. (Héctor Ramón Castro, Juan José Rampoldi, Gianvincenzo Coppi, Mario Blanco, Ricardo Dina y Mario Cenciarini) para los que no se fijó fecha. El 23 de agosto está citado Ignacio Sobra Rojo, presidente de CAESA, y el 17 de octubre Jorge Rodríguez, imputado como intermediario entre Odebrecht y los ex funcionarios.

Calcaterra también figura como implicado en la causa por las fotocopias de los cuadernos del remisero literato Oscar Centeno que narran un presunto sistema de recaudación de dinero por parte de funcionarios del ex Ministerio de Planificación. Al presentarse como imputado-arrepentido, el primo del subnormal adujo la semana pasada que sólo aportó a la campaña electoral y negó el pago de coimas a cambio de licitaciones y adjudicaciones fraudulentas. Sus declaraciones se contradicen con las del ex titular de la Cámara de la Construcción Carlos Wagner, quien el viernes lo situó dentro de la trama.

El primo de Macri Blanco Villegas se presentó en la causa de los cuadernos

Angelo Cálcaterra ofreció “colaborar” con la investigación. Iecsa, la empresa en la que figuró como dueño tras recibirla de manos de la familia Macri, aparece mencionada en las anotaciones del chofer Centeno. Su número dos, Javier Sánchez Caballero, está detenido y tras su presentación formalizará su condición de arrepentido.

Ángelo Calcaterra, el primo de Mugrizio Macri Blanco Villegas, se presentó ayer a primera hora de la mañana en los tribunales de Retiro y ofreció "colaborar" en la causa donde la constructora Iecsa aparece en los supuestos cuadernos del remisero Oscar Centeno que narran un presunto sistema de recaudación de dinero por parte de funcionarios del ex Ministerio de Planificación. Según trascendió en Comodoro Py, el empresario afirmó haber sido forzado a realizar aportes de campaña y quedó imputado, pero en libertad.

Calcaterra, quien a pesar de que su empresa aparece comprometida en los famosos cuadernos de Centeno no está detenido como sí lo están otras personas involucradas, llegó a Comodoro Py 2002 antes de que esa sede judicial abriera sus puertas para adelantar la jugada del ex CEO de Iecsa e imputado en esa causa, Javier Sánchez Caballero, quien anunció su intención de declarar como testigo protegido.

Sánchez Caballero es uno de los empresarios detenidos y estaba previsto que en esa condición se presentase a ampliar su declaración. Hasta ahora, el único que había solicitado ingresar a ese régimen de protección fue el empresario de Isolux, Juan De Goycochea, quien mantuvo vínculos comerciales con la familia Macri, que también fue propietaria de la compañía que luego pasó a comandar Calcaterra.

Tras su declaración en Tribunales, trascendió que Calcaterra admitió haber entregado dinero a los funcionarios del ex Ministerio de Planificación para liberar contrataciones de obras públicas, tal como aparece en las imágenes de los cuadernos que hasta ahora no fueron hallados y que Centeno, ex chofer del ex secretario Roberto Baratta, dijo haber quemado.

Calcaterra fue a Comodoro Py con el abogado Ricardo Rosental, el mismo de Franco Macri. Su presentación no está desconectada del pedido de Sánchez Caballero, con quien comparte estudio de abogados, de pasar a ser arrepentido. El ex CEO de Iecsa mencionará al primo de Macri Blanco Villegas en el relato que hará ante la Justicia.

Sánchez Caballero fue trasladado ayer por la mañana a los tribunales de Retiro. A diferencia de los otros empresarios detenidos, quienes fueron alojados en la División Drogas Peligrosas de la Federal, en Belgrano y Virrey Cevallos, está alojado en las dependencias de esa fuerza en Cavia y Figueroa Alcorta. El otro que goza de las comodidades de ese lugar es De Goycochea, a quien los negocios lo unieron a los Macri y primer arrepentido de la causa.

Al ex CEO de Iecsa se lo acusa de haber realizado pagos millonarios en el garaje del hotel Hilton en Puerto Madero. Ayer pidió ser arrepentido. La acusación en su contra se funda en las supuestas anotaciones de Centeno y habla de pagos realizados en 2013 y 2015 que fueron retirados por Nelson Lazarte, también detenido y ex secretario de Baratta.

Sánchez Caballero también está imputado en la causa por supuestos sobornos del soterramiento del Sarmiento, y citado a indagatoria por el juez Marcelo Martinez de Giorgi para el 15 de agosto.

Hasta aquí el relato de Calcaterra coincide con el de De Goycochea en el sentido de que fue forzado a entregar dinero; lo mismo se espera que diga Sánchez Caballero. No cuentan haber pagado sobornos, sino haber sido extorsionados; o sea, no admiten haber cometido un delito sino haber sido víctimas, con lo cual no se arrepienten de nada. Tampoco están los cuadernos, solo hay fotocopias de ellos y faltan las pruebas que acrediten lo que en ellas puede leerse.

Preparan una nueva y gigantesca ola de detenciones para esta semana

La Justicia piensa avanzar en por lo menos cuatro causas a la vez. Varios empresarios, políticos y ex funcionarios podrían ser detenidos.

La Justicia definirá este martes si el ex vicepresidente Amado Boudou es detenido por el caso Ciccone Calcográfica, pero también se resolverá si empresarios y funcionarios son condenados por la tragedia ferroviaria de Once y, además, habrá novedades sobre la confirmación de las penas sobre el ex presidente mufa y el arrepentido Leonardo Fariña.

Mañana, tras las últimas palabras a Boudou y demás acusado por el juicio de la compra de Ciccone Calcográfica -que se prevé serán a la mañana-, alrededor de las 15:00 el Tribunal definirá las condenas solicitadas por la Fiscalía y las querellas, de las cuales la Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó la inmediata detención del ex vicepresidente sin esperar a que quede firme el fallo.

Luego de allanado el camino por la recusación que Boudou había hecho de Pablo Bertuzzi, presidente del Tribunal Oral Federal 4, este martes se escucharán las últimas palabras de él y del resto de los acusados y sólo resta saber si el ex vicepresidente queda detenido en ese momento.

Según indicaron fuentes judiciales, Boudou será condenado pero resta determinar si se lo detiene mañana mismo en la sala de juicio de Comodoro Py, ante la presunción de fuga, o bien se le aplica alguna medida alternativa como la prohibición de salida del país, la entrega del pasaporte, la obligación de presentarse en Tribunales de manera periódica o el control por tobillera electrónica.

La condena ya está decidida por parte de los jueces Pablo Bertuzzi, Gabriela López Iñiguez y Guillermo Costabel, pero los tres mantendrán este lunes una reunión clave para definir las penas y sobre todo el pedido de detención sobre Boudou: las fuentes judiciales consultadas no descartaron que suceda junto al veredicto condenatorio.

El fiscal de juicio Marcelo Colombo y la Oficina Anticorrupción (OA) pidieron una pena de pena de cinco años y medio para Boudou y la UIF de seis años, acusándolo de los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.

El Tribunal evalúa el contenido de la sentencia que se dará a conocer días después de la lectura del veredicto, pues tendrá mucho cuidado en no descartar la participación de otros ex funcionarios, como el caso del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray y otros empresarios que aún investiga en primera instancia el juez federal Ariel Lijo.

Próximamente, también la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal definirá planteos que podrían tener como consecuencia directa la detención inmediata de empresarios y funcionarios condenados por la tragedia ferroviaria de Once.

En mayo el Tribunal ratificó las condenas fijando la de ocho años para el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime; cinco y medio para su sucesor Juan Pablo Schiavi; siete para el empresario Claudio Cirigliano y tres años y tres meses para el maquinista Marcos Córdoba.

Pero ese Tribunal, con otra integración, también definirá la condena del ex presidente innombrable por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador, cuyo juicio finalizó en 2011, pero luego de idas y vueltas entre la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte Suprema quedó en una pena de siete años.

El fallo que se aguarda para fines de agosto será clave, pues si se confirma la pena se podría ordenar su desafuero a la Cámara de Senadores de la cual Menem es integrante, con la posibilidad de ir a prisión.

También antes de que termine agosto la Sala III definirá si confirma la condena que recibió Leonardo Fariña de cuatro años de prisión por el delito de evasión, a raíz de un campo en Mendoza que compró y luego vendió.

Se trata de un campo por el que había pagado 5 millones de dólares y luego vendió a 1,8 millones: si Casación confirma su condena y luego rechaza sus apelaciones para ir a la Corte, el ex marido de la modelo Karina Jelinek volverá a la cárcel.