El juez Casanello procesó a empresarios y ex funcionarios por Odebrecht y fijó embargos por $ 511 millones

El juez Sebastián Casanello procesó a una decena de empresarios de la construcción por cohecho activo y trabó un embargo por 511 millones de pesos a cada uno de ellos, en en el marco de la causa que investiga los supuestas coimas de la brasilera Odebrecht. 

Entre los nombres de los dueños de las importantes compañías figuran Aldo Roggio, del grupo Roggio S.A.; Carlos Wagner, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción y presidente de Esuco, y "Tito" Biagini. La misma carátula le impusieron al empresario Jorge “Corcho” Rodríguez, bajo sospecha de haber actuado de intermediario. El Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7 también ordenó procesar a los ex funcionarios Julio De Vido, José López, Roberto Baratta y Raúl Biancuzzo por cohecho pasivo. 

El magistrado entendió que los funcionarios recibieron coimas de parte de los empresarios que realizaron las obras de una planta potabilizadora de agua y tratamiento de líquidos cloacales por la empresa estatal AySA de Paraná de las Palmas (en Tigre) y de la planta de pre-tratamiento de residuos cloacales de Berazategui. Los procesamientos incluyen al entonces titular de AySA, Carlos Ben, y a su segundo, Biancuzzo. 

La licitación para realizar la planta fue ganada por una unión transitoria de empresas (UTE), conformada por la brasileña Odebrecht y por Benito Roggio e Hijos, Supercemento SAIC y José Cartellone Construcciones Civiles S.A. En tanto que la licitación de la obra del Bicentenario fue ganada por la firma brasileña Camargo Correa, que conformó una UTE con la argentina Esuco S.A., cuyos directivos también fueron procesados.

En esta causa, Casanello ya había procesado a los ex funcionarios de AySA y a los empresarios que ganaron licitaciones de grandes obras supuestamente direccionadas, por defraudación. Para el magistrado, las licitaciones fueron direccionadas en favor de las dos UTE que ya estaban seleccionadas desde antes de la adjudicación de las obras, y se desnaturalizó el proceso de selección que tiene por objetivo elevar los niveles de transparencia y conseguir mejores precios. AySA, del también procesado Carlos Ben, Esuco y Roggio figuran hoy entre las principales contratistas del Estado administrado por el régimen fascista de la alianza de derecha Cambiemos. 

La empresa de Benito Roggio, emblema de la patria contratista y concesionaria del subte, comenzó sus obras de construcción en Córdoba en 1908 y en pocos años se convirtió en una de las compañías argentinas más importantes del sector y hoy es una de las cien empresas que manejan la economía argentina, según el ranking de la revista Forbes. 

Es uno de los grupos beneficiados por la última dictadura cívico-militar porque fue la empresa responsable de la construcción de ATC y el estadio Chateaux Carreras, de Córdoba; realizó obras en la Central Térmica y los aeropuertos de Tucumán y Córdoba. Además, se sumó al negocio de la recolección de basura en la ciudad de Buenos Aires gracias a su relación con el intendente de facto, Osvaldo Cacciatore.

En otra movida de la (in)Justicia adicta, apartan al juez Sebastián Casanello de la causa por los aportes de campaña

A través de un camarista amigo, Martín Irurzun, el régimen macrifascista le sacó al juez Casanello la investigación sobre los funcionarios PRO, en la causa que empezó con los aportantes truchos a la campaña de María Eugenia Vidal.

En un nuevo movimiento que apunta a desactivar la investigación sobre aportantes truchos de la alianza de derecha Cambiemos, el oficialista presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, decidió apartar del caso al juez Sebastián Casanello y enviar la causa a sorteo. 

El expediente a su cargo avanzaba sobre la responsabilidad de funcionarios en el uso de bases de datos de la ANSeS para hacer aparecer a los beneficiarios de planes sociales como donantes de dinero para las campañas electorales de 2015 y 2017 y analizaba una relación entre el origen de los fondos y empresas beneficiadas con contratos en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, no se trataba únicamente de infracciones electorales, sino que iba más allá, al unir empresas y gobierno en posibles delitos. El mismo camarista ya le había quitado otra parte de la investigación, que fue enviada a la justicia electoral de La Plata, donde quedarían licuadas las responsabilidades penales.

Es impactante cómo, en un período casi similar al del caso de los aportantes, la causa de (las fotocopias de) los cuadernos, avanzó sin trabas de los tribunales superiores y con gran impulso de los fiscales, con decenas de detenidos, arrepentidos y procesamientos. El mismo fiscal, Carlos Stornelli, es el que hizo planteos tendientes a debilitar la pesquisa sobre aportes truchos. 

De hecho, la resolución que adopta Iruzun ayer es respuesta a una apelación de la fiscalía que cuestionó una resolución de Casanello, de diciembre último, donde explicaba por qué se quedaba con la investigación de determinados hechos. Irurzun, sin mayores explicaciones y en un texto cargado de tecnicismos, anuló aquella disposición y acusó al juez de ser errático y confuso. Un repaso cronológico permite entender el escenario: 

• La investigación sobre aportantes se inicia en junio de 2018 cuando el periodista Juan Amorín revela que Cambiemos había utilizado los nombres y datos de cientos de personas (fueron alrededor de 800) para justificar aportes a la campaña legislativa de la provincia de Buenos Aires en 2017. Muchos eran beneficiarios de planes sociales, visiblemente humildes, que declararon que jamás aportaron ni un peso a la campaña y algunos incluso aparecían como afiliados al PRO pese a que nunca habían hecho ese trámite ni les interesaba. Luego fueron surgiendo más aportantes, de otros ámbitos, como concejales, consejeros escolares y hasta intendentes bonaerenses que nunca habían puesto plata pero aparecían en las rendiciones de campaña del oficialismo con donaciones de hasta 50.000 pesos.

• Una parte de las actuaciones quedó en Comodoro Py, en el juzgado de Casanello, y otra, con una denuncia del fiscal Jorge Di Lello, fue a parar a los tribunales de La Plata, donde hasta resultó denunciada María Eugenia Vidal como responsable del partido, y su tesorera María Fernanda Inza, entre otros. En ambas jurisdicciones, hubo maniobras para golpear la investigación y dificultar su progreso.

• En territorio bonaerense, el juez Ernesto Kreplak desplegó medidas de prueba y hasta constató cómo aparecía el dinero de origen desconocido, depositado desde cajeros cercanos a la Casa Rosada. Y uno de sus últimos pasos fue avanzar sobre afirmaciones del periodista de La Nazión Hugo Alconada Mon, que en su libro “La raíz de todos los males” reveló que Miauricio Macri Blanco Villegas les pedía a los empresarios para la campaña presidencial el uno por ciento de su patrimonio (en negro). Pero la Cámara Electoral le quitó la causa, donde se investigaban delitos como asociación ilícita y lavado de dinero y la mandó al juzgado electoral de Adolfo Ziulu, que la reclamaba. Si bien tiene facultades de investigar delitos, el eje del trabajo de Ziulu es establecer las infracciones a la ley electoral, que no prevén más castigo que multas o suspensiones que con suerte se aplican dilatadas en el tiempo. Kreplak se quedó con una pequeña parte sobre la campaña presidencial de 2015, pero se la envió a Casanello, y también está en plena apelación. 

El camarista amigo del régimen, Martín Irurzun

• En los tribunales de Retiro, en un comienzo el fiscal Stornelli impulsó la acción penal ante una denuncia de La Alameda, pero en poco tiempo se inclinó por mandarle todo el juez Ziulu. Casanello pudo cotejar rápidamente que los aportantes que figuraban en la campaña legislativa 2007 eran truchos. Medio centenar de ellos declaró, y puso la lupa sobre el uso de bases de datos de la ANSeS para la maniobra, lo que implicaría la responsabilidad de funcionarios nacionales. Por esa razón, Casanello rechazó el primer planteo de inhibitoria del juez Ziulu. Se trabó un conflicto y lo resolvió, en soledad, el juez Irurzun que ordenó enviar la causa a La Plata. Casanello se limitó a enviar lo que le pedía su colega plantese.

• En el ínterin, la pesquisa se amplió con presentaciones de Margarita Stolbiezer, que fue admitida como amicus curiae, y de la fundación La Alameda. Esta última llevó, por ejemplo, listados que mostraban en la ciudad de Buenos Aires aparecían como aportantes a la campaña presidencial de 2015 funcionarios de segunda línea, algunos de los cuales fueron a esa organización a pedir ayuda y aportar información. Stolbizer por su lado entregó material clave: empresas que habrían hecho aportes de manera camuflada, ya que la ley se los prohíbe, y que habrían sido beneficiadas con contratos del estado. Para justificar esas donaciones, pusieron los nombres de empleados. Un caso es el de la empresa de seguridad Murata. Empleados de ese firma declararon que jamás habían puesto ni un centavo para Cambiemos. Los periodistas Matías Di Santi y Federico Poore sistematizaron una lista de otras empresas tanto de seguridad como de publicidad e Higiene Urbana, entre otros rubros, donde se repetía el mismo patrón.

La resolución que dictó en diciembre Casanello desglosa, una a una, las denuncias recibidas y explica que se queda con las de La Alameda y Stolbiezer “pues ocurrieron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las hipótesis por las que se promovió la acción apuntan a la presunta comisión de delitos de naturaleza federal (presuntas falsedades documentales, delitos contra la administración pública y lavado de activos)”. Sin embargo, Irurzun critica al juez: “El sendero que ha transitado -dice la resolución de ayer– no sólo ha aportado aún más confusión al trámite de este proceso, sino también al de aquellos que se encuentran en conocimiento de la jurisdicción provincial -en particular en los juzgados 1 y 3 de La Plata-dificultando de ese modo el correcto ejercicio de la jurisdicción”.

El panorama para que avance la causa no es auspicioso: el único que podría apelar es el ultraoficialista fiscal de Cámara, Germán Moldes, que viene sosteniendo los planteos de Stornelli. Para Gustavo Vera, titular de La Alameda y coordinador de la Multisectorial 21F, “el fallo era previsible; Irurzun no iba a permitir que se investiguen los aportes de las empresas a las campañas de Cambiemos. Eso provocaría una causa similar a la de los cuadernos, pero PRO. La causa va a quedar en el fuero federal pero lo corren a Casanello porque necesitan un juez manipulable”. Stolbizer agregó que “buscan más impunidad para los delitos del poder, es una vergüenza. Corren al juez Casanello para eso”.

Fuente: nota de Irina Hauser para Página/12

Falta de mérito para Cristina en la causa contra Lázaro Báez

La decisión la tomó el juez Sebastián Casanello. El magistrado consideró que no hay pruebas suficientes para procesar a la ex presidenta.

El juez federal Sebastián Casanello dictó la "falta de mérito" de Cristina Fernández de Kirchner en la causa por presunto lavado de dinero en la que está detenido el empresario Lázaro Báez. 

El magistrado consideró que no hay pruebas suficientes para procesar a la ex presidenta.

Además de dictar la falta de mérito de CFK, Casanello ordenó nuevas medidas de prueba en la causa. El juez no tiene elementos probatorios para dictar el procesamiento de la senadora, pero entiende que pueden surgir de una profundización de la investigación y por eso tampoco la sobreseyó.

Cristina declaró ante Casanello en septiembre pasado. La causa tiene como personaje central a Báez, procesado y enviado a juicio oral por lavado de dinero. El magistrado se había negado a citarla a indagatoria pese a los reiterados pedidos del fiscal Guillermo Marijuan y de la Oficina Anticorrupción, por considerar que la ex mandataria era investigada ya por los mismos hechos en la causa por la obra pública.

Casanello citó la indagatoria porque fue obligado por la Cámara Federal porteña. En una resolución firmada por los camaristas Martín Irurzun y Mariano Llorens ese tribunal le sugirió al juez apelar al “sentido común” para advertir la supuesta “vinculación” de la ex jefa de Estado con los movimientos de fondos realizados por Báez.

En su resolución de ayer Casanello remarcó que “debe continuarse la investigación para determinar la concreta intervención que ha tenido Cristina Fernández en la conformación de la estructura cuyo grueso se ha elevado a juicio, pues la atribución de responsabilidad pensal como consecuencia de un proceso respetuoso de la Constitución y las leyes se basa en la evidencia”.

Cristina se presentó ante el juez Casanello: "Podrán excavar toda la Patagonia, que nunca van a encontrar nada con lo que involucrarme

La ex presidenta presentó un escrito ante el juez Sebastián Casanello, quien la había citado por orden de la Cámara Federal, en la causa que investiga el presunto lavado de dinero. La senadora criticó en el texto la irregularidad de la citación. 

Cristina Fernández de Kirchner se presentó ayer a la mañana en los tribunales federales de Retiro, citada en una causa en la que se la investiga por presunto lavado de dinero y presentó un escrito en el que denunció nuevamente una "larga persecución" política y la "irregularidad" de la citación.

La semana pasada, la Cámara Federal porteña rechazó un planteo que hizo contra los jueces de ese tribunal que habían dispuesto su indagatoria. Fuentes judiciales informaron que los camaristas Martín Irurzun y Mariano Llorensrechazaron por "improcedente" el pedido de recusación en su contra formulado por la defensa de la líder de Unidad Ciudadana.

Los dos camaristas le habían ordenado al juez federal de primera instancia Casanello que citara a la ex mandataria a declaración indagatoria en el marco de la causa por las maniobras de lavado de dinero realizadas a través de la financiera SGI, conocida como "La Rosadita".

Hasta el momento, Casanello había evitado llamar a la senadora, pese a los pedidos en ese sentido del fiscal Guillermo Marijuan y de la Oficina Anticorrupción (OA), querellante en el caso, ya que considera que Cristina es investigada por los mismos hechos en la causa por supuesto direccionamiento de la obra pública en favor de las empresas de Báez.

Esta causa por lavado de dinero en gran parte está elevada al Tribunal Oral Federal 4, que va a fijar fecha de juicio a fines de octubre próximo, y allí hay unas veinte personas imputadas, entre ellas Báez, Leonardo Fariña y el financista Federico Elaskar.

En el extenso escrito que presentó ante el juez Sebastián Casanello, Cristina Fernández de Kirchner aclara y refuta una a una las supuestas maniobras delictivas que se le imputan en el marco de la causa y remarca que “jamás me apoderé de dinero ilícito alguno”. En ese contexto advierte que podrán vigilarla y también “excavar toda la Patagonia argentina o donde mejor se les ocurra, que nunca van a encontrar nada con lo que involucrarme”.

En su presentación ante el magistrado la ex mandataria expuso que el régimen fascista está detrás de la maniobra. También marcó el contraste entre su caso y el de Mugrizio Macri Blanco Villegas, al señalar que ella no tiene cuentas no declaradas, a diferencia del retrasado mental y varios de sus funcionarios, quienes aparecieron mencionados en los Panamá Papers. En ese contexto, dijo que si lo que se pretende es investigar la fuga de dinero al exterior la causa no debería haberse denominado “La ruta del dinero K”, sino “La ruta del dinero M”.

Estos son los principales conceptos del escrito que CFK dejó en su paso por Comodoro Py:

• "La indagatoria es 'una medida dispuesta directamente por los jueces de Cámara Martín Irurzun y Mariano Llorens, haciendo lugar a un pedido expreso efectuado por el Poder Ejecutivo . Nos encontramos frente a una situación inédita, en tanto la convocatoria es el resultado de una decisión del Tribunal revisor' y 'no del magistrado que tiene a cargo la instrucción de esta causa desde su inicio, único habilitado por la ley procesal para adoptar tal temperamento'”.

• “Ante esta grave irregularidad -una más en la larga persecución a la que vengo siendo sometida desde hace dos años y ocho meses- a través de mi defensa he dejado constancia de ello interponiendo un recurso de casación en contra de la resolución inválida dictada por la Cámara y recusé a los jueces que la firmaron, por carecer de toda imparcialidad frente al caso.”

• “Se me cita a prestar declaración indagatoria sin que exista ningún estado de sospecha sobre la comisión de algún delito que me pueda ser atribuido".

• “En cualquier procedimiento judicial normal, la aventura procesal del Poder Ejecutivo de tratar de meterme por la fuerza en este expediente hubiera quedado definitivamente abortada. Sin embargo, en estas actuaciones pasó todo lo contrario".

• “En oposición a lo que disponen expresamente las normas que regulan la competencia de la Cámara de Apelaciones en materia de recursos (art. 445 del CPPN), los jueces que la integran, en particular el Dr. Martín Irurzun, cada vez que les tocó intervenir en este proceso buscaron direccionar la investigación en mi contra".

• “Cuando la jurisdicción actúa fuera de la ley, falta a su deber de imparcialidad e interviene en cuestiones con una inocultable finalidad política, no solo se está generando un perjuicio en mi contra, sino que ello constituye un factor de grave descrédito del servicio de administración de justicia".

• “Me encuentro en una situación inédita que vulnera el derecho de defensa en juicio. Ello así pues, se me obliga a proceder de una manera inversa a la que le corresponde a cualquier persona que se encuentra en mi situación: en lugar de que se precise una intimación concreta en su contra yo debo adivinar cuáles son los hechos por los que tendría que responder”.

• “No existe ningún elemento de prueba” que la vincule a la “conformación de una estructura jurídica, societaria y bancaria en la Argentina y en el extranjero con el fin de canalizar, convertir, transferir, administrar, vender, disimular y/o poner en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita”.

• “Jamás tuve cuentas bancarias no declaradas, ya sea sola, con Lázaro Báez o con cualquier otra persona. Todos los activos de nuestra familia están y seguirán estando en la República Argentina y siempre fueron incorporados a nuestras declaraciones juradas impositivas, así como también a las que presentamos en nuestro carácter de funcionarios públicos. Además, por toda nuestra actividad siempre hemos pagado puntualmente los impuestos correspondientes".

• “Se llegó hasta el absurdo de embargar mi jubilación y bloquear mis tarjetas de crédito e impedirme, siquiera, tener una tarjeta de débito. Todo ello, seguramente, con el propósito de ahogarme financieramente y luego seguir mis movimientos (tal como lo hacen habitualmente los servicios de espionaje gubernamentales) para ver si termino yendo a alguna bóveda en la que guardaría los millones de dólares que un grupo de arrepentidos que ahora se han cartelizado dicen haber pagado".

• “Podrán seguir vigilando mis movimientos y los de mi familia, escuchar de manera clandestina mis conversaciones telefónicas o excavar toda la Patagonia argentina o donde mejor se les ocurra, que nunca van a encontrar nada con lo que involucrarme, porque jamás me apoderé de dinero ilícito alguno". 

• “La familia Kirchner jamás se manejó con la constitución de sociedades offshore en paraísos fiscales o en cualquier otro lugar. La prueba más evidente de ello es que en ninguna de las reconocidas investigaciones llevadas a cabo a nivel mundial (vgr., Panamá Papers y Paradise Papers) ni la suscripta ni ningún miembro de mi familia han sido siquiera mencionados de manera directa o indirecta. Por el contrario, tales investigaciones que tuvieron una extraordinaria importancia en otros países, produciendo incluso la renuncia de un primer ministro, fueron minimizadas en la Argentina o directamente ocultadas por la prensa autodenominada independiente inmediatamente después de que apareciera el apellido Macri, entre muchos otros funcionarios de su gobierno".

• “Jamás fui cliente de 'La Rosadita' (SGI) -que tanto alboroto mediático ocasionó-, como sí lo fue, según se consta, la empresa IECSA, por entonces conducida por Ángelo Calcaterra, a quien la OA y la UIF debieron haber investigado máxime si éste ahora se ha reconocido como un 'aportante financiero arrepentido' al Frente para la Victoria".

• “Si de lo que se trata es de investigar a quienes fugaron dinero del país, hace mucho que esta causa debió haber tenido un cambio de carátula: en lugar de 'La ruta del dinero K' debió ser denominada 'La ruta del dinero M'".

• “La familia Kirchner jamás compró o utilizó autos de alta gama. El único rodado que poseo se lo acaba de llevar Bonadio de mi casa de El Calafate: se trata de una camioneta Honda CRV del año 2009 y, aunque parezca grotesco, tal apoderamiento ha sido calificado por la prensa autodenominada independiente como el recupero por parte del Estado de los valiosos bienes producto de la corrupción".

Aportantes truchos: Casanello rechazó el planteo de Stornelli y se queda con la causa

Pese a que todas las pruebas demuestran que existió falsedad ideológica, falsificación de documentos e incluso dádivas y lavado de dinero, el fiscal federal macrifascista había intentado desprenderse del expediente.

El juez Sebastián Casanello rechazó el extraño planteo del fiscal Carlos Stornelli y decidió que la causa por los aportantes truchos de Cambiemos continúe siendo investigado en Comodoro Py por los presuntos delitos penales de lavado de dinero, usurpación de identidad, falsedad ideológica, falsificación de documento público y posibles dádivas.

Pocos días después de haber imputado por lavado de dinero a los responsables de campaña de la alianza de derecha Cambiemos en provincia de Buenos Aires, el fiscal Carlos Stornelli realizó un increíble y extraño giro y pidió que la causa de aportantes truchos sea investigada por el fuero electoral, aun cuando todas las pruebas recolectadas en el juzgado de Sebastián Casanello muestran con contundencia un largo listado de posibles delitos penales.

Según pudo saberse, el fiscal federal decidió negar su competencia electoral, y en su último dictamen, le pidió al juez Sebastián Casanello que envíe la causa al juzgado Electoral de La Plata, a cargo del magistrado Adolfo Ziulu, algo que era anhelado por el régimen macrifascista desde el inicio de las causas.

Esta semana, el magistrado de Comodoro Py deberá determinar si hace lugar al pedido de Stornelli o si decide continuar con la investigación bajo su competencia, entendiendo que entre los posibles delitos incurridos por la alianza Cambiemos podrían existir infracciones al Código Penal.

Hasta el momento, por el juzgado federal desfilaron 50 falsos aportantes, quienes, en su mayoría, confirmaron ser beneficiarios de planes sociales y corroboraron estar afiliados al PRO en la provincia de Buenos Aires.

Según dijeron, esas afiliaciones nunca fueron realizadas por ellos, por lo que el magistrado decidió enviar a peritar las firmas mediante expertos de la Corte Suprema y el resultado fue sorpresivo: el 90% de las fichas de afiliación fueron falsificadas, por lo que el juez podría decidir continuar con la investigación bajo el delito de falsedad ideológica y falsificación de documento público.

Sin embargo, también hay otros posibles delitos en carpeta: dádivas. Según informó la periodista Emilia Delfino en Perfil, algunos de los damnificados son empleados de empresas privadas proveedoras del Estado, en especial de la ciudad de Buenos Aires, por lo que Casanello también investiga la hipótesis de que los nombres de estas personas fueros utilizados para camuflar aportes de los empresarios, que tienen prohibido realizarlos.

Casanello cedió ante la insistencia de la Cámara Federal y citó a Cristina

El juez Sebastián Casanello cedió a la presión de la Cámara Federal y, a pesar de que en otras oportunidades consideró que no había pruebas suficientes en contra de la senadora y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la citó a indagatoria el 18 de septiembre como supuesta coautora de lavado de dinero en una causa que tiene como protagonista a Lázaro Báez. 

El magistrado tardó cuatro en cumplir el pedido de la Cámara, que había cuestionado su decisión previa y le había advertido que el “sentido común”, si se miraban otros expedientes en trámite, concluiría que el empresario era el testaferro de la ex mandataria. 

La orden de la Cámara llegó en medio de la corrida cambiaria y luego de que Casanello desestimara en tres ocasiones la relación de Cristina como beneficiaria de los movimientos de dinero (más de 60 millones de dólares) detectados en cuentas y sociedades en el exterior que pertenecían a Báez. 

El juez había sentenciado frente a cada pedido de indagación de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Oficina Anticorrupción (OA) que los únicos beneficiarios de los movimientos investigados eran los hijos de Báez. Sin embargo, la Cámara redobló su ofensiva el viernes pasado e insistió en apuntar el foco de esa causa hacia la ex presidenta como sospechosa, además de favorecer la interrelación entre causas (algo que Casanello también había rechazado). 

Al refutar la decisión de Casanello y sin aportar pruebas, la Cámara concluyó que la participación de la ex presidenta en la causa estaba dada por “el rol” que Báez cumplió “en las operaciones delictivas que ella encabezaba (...) porque simultáneamente se encontraba integrando un grupo que se apoderaba de fondos públicos y que bajo contratos de locación y otras operaciones inmobiliarias simuladas recibía parte de esos beneficios ilícitos”.

El caso de “la ruta del dinero”, también bautizado “caso Báez”, se originó con la aparición televisiva de Leonardo Fariña y del financista Federico Eláskar, quienes en el programa Periodismo Para Tontos afirmaron que se habían ocupado de sacar del país dinero vinculado con Baéz a través de un entramado societario. La investigación abarca desde fines de 2010 hasta 2012.

Avanza la investigación de los aportantes truchos: Casanello citará a algunos donantes

El juez Sebastián Casanello llamará a declarar en calidad de testigos a algunas de las cientos de personas que aparecen como aportantes a la campaña bonaerense de la alianza de derecha Cambiemos en 2017, mientras los donantes analizan presentar acciones legales por separado. "Nos vendieron humo durante tanto tiempo", se quejó un ex candidato bahiense.

El senador Esteban Bullrich y la diputada Graciela Ocaña siguen sin dar explicaciones sobre el escándalo de aportantes truchos en la campaña durante las elecciones bonaerenses de 2017. Mientras tanto, la investigación judicial sigue su curso y se replican los testimonios de personas que se encontraron en la lista de donantes pero aseguran no haber dado su consentimiento. Según trascendió, el juez Sebastián Casanello, llamará a declarar en calidad de testigos a algunos de ellos, quienes están analizando presentar acciones legales por separado. 

La causa que lleva Casanello se abrió el 3 de julio a pedido del fiscal Carlos Stornelli, quien imputó a dos responsables financieros que hicieron la rendición de aportes ante la Cámara Electoral. Stornelli advirtió que detrás de los aportes truchos podría estar el delito de lavado de dinero, ya que el núcleo de la maniobra es la utilización de la identidad de al menos 467 personas, en su mayoría beneficiarias de planes sociales, para hacerlos aparecer como donantes de entre 300 y 2 mil pesos. 

En un comienzo las revelaciones del portal El Destape mencionaban una lista de 205 personas que aparecen haciendo aportes en la rendición de Cambiemos ante la Cámara Electoral, la mayoría de ellos habitantes de barrios muy humildes y beneficiarios de planes sociales. Luego, surgieron más nombres, incluido ex miembros del PRO, y la lista se acerca ya a los 500 donantes truchos. Ayer el mismo medio afirmó que el juez citará próximamente a los donantes en carácter de testigos. 

La lista de aportantes truchos mientras tanto se sigue engrosando y la inclusión en ella de ex candidatos a intendente, concejales y consejeros escolares del PRO, agita las filas internas del oficialismo. “Estos muchachos que nos vendieron humo durante tanto tiempo han demostrado ser más de lo mismo o peor. Yo los voté en 2015 pero después me di cuenta que me había equivocado. Nunca pensé que podían llegar a esto, porque venían a 'moralizar' la política”, señaló ayer a la mañana Fabián Balut, dueño de una automotriz y ex candidato a intendente en Bahía Blanca en 2003 con el partido Recrear de Ricardo López Murphy.

Balut advirtió en declaraciones a FM La Patriada que siente “indignación por haber sido usado de esta forma” y que “hayan manipulado su identidad”. Además, evaluó que su inclusión en la lista fue “al azar” porque Bullrich jamás lo hubiese elegido debido una disputa política que tienen hace tiempo.

"Cuando participé en política, el senador Esteban Bullrich ya nos había robado el partido en 2008, se quedó con todos los afiliados de la provincia en ese momento", afirmó. 

Adelantó además que está evaluando una presentación judicial con su abogado y exhortó al resto de las víctimas a hacer lo mismo. "Quiero incentivar a todos los que están en este lugar incómodo a que vayan a la Justicia para que salga a la luz qué pasó y cómo fue todo, para que las próximas elecciones sean mas transparentes", agregó.