Informe oficial: Rosenkrantz sabía sobre el espionaje ilegal de Irurzun y Bonadio

La Bicameral de Inteligencia tiene una auditoría sobre la oficina de escuchas que revela que el presidente de la Corte fue informado de los manejos de Bonadio para obtener escuchas a presos políticos y lo dejó hacer.

El 14 de febrero de 2019 el presidente de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz fue informado por escrito por camarista Martín Doctrina Irurzun de las maniobras del juez Claudio Bonadio para hacerse de escuchas telefónicas a presos políticos, todo de manera irregular. El dato, hasta ahora desconocido, revela hasta que punto llegó la cobertura hacia los ejecutores del lawfare durante el nefasto régimen fascista de Miauricio Macri Blanco Villegas. Rosenkrantz fue designado por el retrasado mental pero es hombre de Clarín.

La información surge del primer informe semestral realizado por la Comisión Bicameral de Inteligencia sobre la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO), nombre formal de la mini SIDE que se armó la Corte con la venia de Macri Blanco Villegas y la participación de jueces y fiscales de Inodoro Py, que de paso ligaron cargos para hijos y entenados. 

El resumen del caso es el siguiente: Bonadio fue a la cacería de escuchas que pudieran comprometer a CFK La oficina de escuchas, a cargo del camarista Doctrina Irurzun, se las entregó de manera ilegal. El presidente de la Corte, Rosenkrantz, fue informado de todo y lo encubrió. La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) comandada por Gustavo Arribas, amigo personal del hijo bobo de Franco Macri, escuchaba y transcribía. Hay documentos que lo confirman y ya están en poder del Congreso. La trama del lawfare al desnudo.

Rosenkrantz fue informado por Doctrina Irurzun de que le habían dado a Bonadío 40 CDs con escuchas a los ex funcionarios kirchneristas presos realizadas entre el 1 de enero y el 10 de febrero de 2019. Fue el 14 de febrero de 2019, a través de la nota N° 3684 firmada por el propio Irurzun y Juan Tomás Rodríguez Ponte, director ejecutivo de la mini SIDE y hombre de confianza de otro juez clave del lawfare, Ariel Lijo.

El informe que tiene el Congreso da cuenta sobre lo irregular de todo esto: “La comunicación al presidente de la CSJN, Carlos F. Rosenkrantz, dando cuenta de lo sucedido, con explicaciones acerca del procedimiento llevado a cabo por la DAJUDECO. No existen elementos que permitan conocer el motivo de la comunicación”.

Según los documentos, el propio BonadIo llamó a la oficina de escuchas unos días antes, el 11 de febrero de 2019, y preguntó si había intervenciones en 3 números de teléfono. Quería información sobre Roberto Baratta, Nelson Lazarte, Rafael Llorens, Gerardo Ferreyra y José María Olasagasti, todo acusados en la farsa de las Fotocopias de los Cuadernos. Le dijeron que los teléfonos por los que consultaba estaban intervenidos por su colega Federico Villena, a cargo del juzgado N° 2 de Lomas de Zamora. Villena, consta en los documentos, tenía esos teléfonos pinchados por una causa narco y le había dado la escucha y la transcripción de las grabaciones a la AFI.

El mismo día de la consulta de Bonadio el juez Villena le contestó que no tenía transcripciones de escuchas telefónicas de Baratta, Lazarte, Llorens, Ferreyra ni Olasagasti. También le informó que tenía intervenidos los teléfonos del penal de Ezeiza desde el 21 de septiembre de 2018 y que las personas sobre las que preguntaba Bonadio no tenían nada que ver con la causa penal que motivaba esas escuchas. O sea, no había vínculo entre la causa narco y la farsa de las fotocopias de los supuestos cuadernos.

Finalmente, la clave: Villena le dijo por escrito a Bonadio que todas las escuchas y transcripciones estaban “a cargo de la Dirección de Contrainteligencia de la Agencia Federal de Intelingencia, quedando autorizado el Sr. Juez oficiante a requerir a dicho organismo la información y el contenido de las mismas que estime pertinente”. En criollo, Villena le dijo a Bonadio que no tenía nada de lo que buscaba y que cualquier cosa le preguntara a Arribas y a Diego Dalmau Pereyra, director de Contrainteligencia por entonces.

El 13 de febrero Bonadio le pidió a la DAJUDECO que le enviara de forma “urgente” una “copia de las escuchas y transcripciones” que había ordenado Villena. Y dijo que el juez Villena había autorizado que se las dieran. La auditoría que realizó el Congreso concluyó que esto es falso. El escrito de Villena autorizó a pedirle a la AFI, no a la oficina de escuchas de la Corte. No es un dato menor.

En este punto entró en escena el camarista Doctrina Irurzun. Según el informe que tiene la Comisión Bicameral de Inteligencia tanto Irurzun como Rodriguez Ponte le entregaron 40 CDs a Bonadio, del N° 504 al N° 544 de lo escuchado. Todo, dice la auditoría, “pese a que la DAJUDECO no estaba incluida en la autorización de Villena”.

Es más, el informe que tiene el Congreso dice: “solo el Juez Villena estaba en condiciones de separar entre todas las conversaciones, aquellas que estaban alcanzadas por su orden de intervención, de las que debían estar protegidas por el derecho de la inviolabilidad de las comunicaciones. Es decir, era este Magistrado, y no la DAJUDECO ni Bonadío, quien debía que resolver la cuestión”.

Al otro día, el 14 de febrero, Irurzun y Rodríguez Ponte le informaron a Rosenkrantz. El presidente de la Corte no podía desconocer las irregularidades. Dejó correr.

Todo fue irregular incluso bajo las resoluciones confeccionadas en la era macrifascista. El informe que tiene la Bicameral de Inteligencia da cuenta de tres de ellas: las resoluciones institucionales N°16/2017, la N°29/2018 y la resolución operativa N°14/2018. La primera dice que si un juez quiere acceder a escuchas que pidió otro es el que las pidió quien autoriza. La segunda que la DAJUDECO tenía que guardar copias de respaldo de las escuchas. La tercera regula las regrabaciones de CDs, que tienen que tener autorización del juez o fiscal que pidió la escucha.

La auditoría sobre lo que hizo Bonadio revela que le dieron regrabaciones de CDs “no a solicitud del juez Villena, quien fue el magistrado que las ordenó”. El informe agrega: “Puntualmente, Villena autorizó a Bonadío a requerir la información y el contenido de las escuchas ordenadas en el marco de la causa de referencia al organismo de la Agencia Federal de Inteligencia que llevaba adelante la pesquisa (…) Por lo tanto, la autorización que acompañó adjunto el juez Bonadío al solicitar una copia de las escuchas no es estrictamente una autorización expresa para solicitar la regrabación, como así lo interpretó la máxima autoridad de la DAJUDECO al dirigirse a la CSJN informando de lo sucedido”.

Para la auditoría, Irurzun y Rodríguez Ponte pusieron “en crisis el principio de confidencialidad”, violaron la resolución operativa 14/2018 y “devino improcedente la entrega al juez Bonadío de la copia de las escuchas, sin el debido respaldo”.

“La alteración del protocolo generó una falla en el sistema que adoptó la DAJuDeCO, con la constatación posterior del acceso de magistrados, funcionarios judiciales, organismos de inteligencia y medios de comunicación a conversaciones privadas entre particulares, entre abogados y clientes, es decir, actores ajenos a la investigación penal en la que se habían ordenado las intervenciones. Ello implica un serio déficit en el funcionamiento de la DAJUDECO, más allá de la responsabilidad legal del Magistrado solicitante y de las personas que dieron lugar, también, a la filtración indebida de los audios”, detalla el informe que tiene la Comisión Bicameral de Inteligencia.

La DAJUDECO fue producto de la decisión de Macri Blanco Villegas de quitarle la oficina de escuchas al Ministerio Público Fiscal, por entonces conducido por Alejandra Gils Carbó. La oficina era conducida por Cristina Caamaño, actual interventora de la AFI. Durante la gestión Gils Carbó-Caamaño las filtraciones de escuchas a la prensa fueron nulas. No pueden decir lo mismo Ricardo Lorenzetti, Rosenkrantz, Doctrina Irurzun y sus compinches.

Lorenzetti colocó al juez Doctrina Irurzun al frente de la nueva oficina de escuchas. En teoría fue por sorteo, en la realidad no hay registros del mismo. El juez Lijo puso a su histórico ladero, Rodríguez Ponte, a comandar el día a día de la DAJUDECO. El eje Lorenzetti-Irurzun-Lijo reinaba en Inodoro Py. Al resto de los jueces y fiscales federales les ofrecieron un par de cargos a cada uno para familiares, hijos y entenados. El listado de personal de la mini SIDE de Py habla por sí mismo.

Con el tiempo Rosenkrantz reemplazó a Lorenzetti en la presidencia de la Corte pero se ve que heredó al menos el vínculo con Irurzun. Ahora se sabe que le informó de las tropelías de Bonadio y que el cortesano de Clarín lo encubrió.

Fuente: nota de Ari Lijalad para El Destape web

En otra movida de la (in)Justicia adicta, apartan al juez Sebastián Casanello de la causa por los aportes de campaña

A través de un camarista amigo, Martín Irurzun, el régimen macrifascista le sacó al juez Casanello la investigación sobre los funcionarios PRO, en la causa que empezó con los aportantes truchos a la campaña de María Eugenia Vidal.

En un nuevo movimiento que apunta a desactivar la investigación sobre aportantes truchos de la alianza de derecha Cambiemos, el oficialista presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, decidió apartar del caso al juez Sebastián Casanello y enviar la causa a sorteo. 

El expediente a su cargo avanzaba sobre la responsabilidad de funcionarios en el uso de bases de datos de la ANSeS para hacer aparecer a los beneficiarios de planes sociales como donantes de dinero para las campañas electorales de 2015 y 2017 y analizaba una relación entre el origen de los fondos y empresas beneficiadas con contratos en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, no se trataba únicamente de infracciones electorales, sino que iba más allá, al unir empresas y gobierno en posibles delitos. El mismo camarista ya le había quitado otra parte de la investigación, que fue enviada a la justicia electoral de La Plata, donde quedarían licuadas las responsabilidades penales.

Es impactante cómo, en un período casi similar al del caso de los aportantes, la causa de (las fotocopias de) los cuadernos, avanzó sin trabas de los tribunales superiores y con gran impulso de los fiscales, con decenas de detenidos, arrepentidos y procesamientos. El mismo fiscal, Carlos Stornelli, es el que hizo planteos tendientes a debilitar la pesquisa sobre aportes truchos. 

De hecho, la resolución que adopta Iruzun ayer es respuesta a una apelación de la fiscalía que cuestionó una resolución de Casanello, de diciembre último, donde explicaba por qué se quedaba con la investigación de determinados hechos. Irurzun, sin mayores explicaciones y en un texto cargado de tecnicismos, anuló aquella disposición y acusó al juez de ser errático y confuso. Un repaso cronológico permite entender el escenario: 

• La investigación sobre aportantes se inicia en junio de 2018 cuando el periodista Juan Amorín revela que Cambiemos había utilizado los nombres y datos de cientos de personas (fueron alrededor de 800) para justificar aportes a la campaña legislativa de la provincia de Buenos Aires en 2017. Muchos eran beneficiarios de planes sociales, visiblemente humildes, que declararon que jamás aportaron ni un peso a la campaña y algunos incluso aparecían como afiliados al PRO pese a que nunca habían hecho ese trámite ni les interesaba. Luego fueron surgiendo más aportantes, de otros ámbitos, como concejales, consejeros escolares y hasta intendentes bonaerenses que nunca habían puesto plata pero aparecían en las rendiciones de campaña del oficialismo con donaciones de hasta 50.000 pesos.

• Una parte de las actuaciones quedó en Comodoro Py, en el juzgado de Casanello, y otra, con una denuncia del fiscal Jorge Di Lello, fue a parar a los tribunales de La Plata, donde hasta resultó denunciada María Eugenia Vidal como responsable del partido, y su tesorera María Fernanda Inza, entre otros. En ambas jurisdicciones, hubo maniobras para golpear la investigación y dificultar su progreso.

• En territorio bonaerense, el juez Ernesto Kreplak desplegó medidas de prueba y hasta constató cómo aparecía el dinero de origen desconocido, depositado desde cajeros cercanos a la Casa Rosada. Y uno de sus últimos pasos fue avanzar sobre afirmaciones del periodista de La Nazión Hugo Alconada Mon, que en su libro “La raíz de todos los males” reveló que Miauricio Macri Blanco Villegas les pedía a los empresarios para la campaña presidencial el uno por ciento de su patrimonio (en negro). Pero la Cámara Electoral le quitó la causa, donde se investigaban delitos como asociación ilícita y lavado de dinero y la mandó al juzgado electoral de Adolfo Ziulu, que la reclamaba. Si bien tiene facultades de investigar delitos, el eje del trabajo de Ziulu es establecer las infracciones a la ley electoral, que no prevén más castigo que multas o suspensiones que con suerte se aplican dilatadas en el tiempo. Kreplak se quedó con una pequeña parte sobre la campaña presidencial de 2015, pero se la envió a Casanello, y también está en plena apelación. 

El camarista amigo del régimen, Martín Irurzun

• En los tribunales de Retiro, en un comienzo el fiscal Stornelli impulsó la acción penal ante una denuncia de La Alameda, pero en poco tiempo se inclinó por mandarle todo el juez Ziulu. Casanello pudo cotejar rápidamente que los aportantes que figuraban en la campaña legislativa 2007 eran truchos. Medio centenar de ellos declaró, y puso la lupa sobre el uso de bases de datos de la ANSeS para la maniobra, lo que implicaría la responsabilidad de funcionarios nacionales. Por esa razón, Casanello rechazó el primer planteo de inhibitoria del juez Ziulu. Se trabó un conflicto y lo resolvió, en soledad, el juez Irurzun que ordenó enviar la causa a La Plata. Casanello se limitó a enviar lo que le pedía su colega plantese.

• En el ínterin, la pesquisa se amplió con presentaciones de Margarita Stolbiezer, que fue admitida como amicus curiae, y de la fundación La Alameda. Esta última llevó, por ejemplo, listados que mostraban en la ciudad de Buenos Aires aparecían como aportantes a la campaña presidencial de 2015 funcionarios de segunda línea, algunos de los cuales fueron a esa organización a pedir ayuda y aportar información. Stolbizer por su lado entregó material clave: empresas que habrían hecho aportes de manera camuflada, ya que la ley se los prohíbe, y que habrían sido beneficiadas con contratos del estado. Para justificar esas donaciones, pusieron los nombres de empleados. Un caso es el de la empresa de seguridad Murata. Empleados de ese firma declararon que jamás habían puesto ni un centavo para Cambiemos. Los periodistas Matías Di Santi y Federico Poore sistematizaron una lista de otras empresas tanto de seguridad como de publicidad e Higiene Urbana, entre otros rubros, donde se repetía el mismo patrón.

La resolución que dictó en diciembre Casanello desglosa, una a una, las denuncias recibidas y explica que se queda con las de La Alameda y Stolbiezer “pues ocurrieron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las hipótesis por las que se promovió la acción apuntan a la presunta comisión de delitos de naturaleza federal (presuntas falsedades documentales, delitos contra la administración pública y lavado de activos)”. Sin embargo, Irurzun critica al juez: “El sendero que ha transitado -dice la resolución de ayer– no sólo ha aportado aún más confusión al trámite de este proceso, sino también al de aquellos que se encuentran en conocimiento de la jurisdicción provincial -en particular en los juzgados 1 y 3 de La Plata-dificultando de ese modo el correcto ejercicio de la jurisdicción”.

El panorama para que avance la causa no es auspicioso: el único que podría apelar es el ultraoficialista fiscal de Cámara, Germán Moldes, que viene sosteniendo los planteos de Stornelli. Para Gustavo Vera, titular de La Alameda y coordinador de la Multisectorial 21F, “el fallo era previsible; Irurzun no iba a permitir que se investiguen los aportes de las empresas a las campañas de Cambiemos. Eso provocaría una causa similar a la de los cuadernos, pero PRO. La causa va a quedar en el fuero federal pero lo corren a Casanello porque necesitan un juez manipulable”. Stolbizer agregó que “buscan más impunidad para los delitos del poder, es una vergüenza. Corren al juez Casanello para eso”.

Fuente: nota de Irina Hauser para Página/12

Apartan al sorete de Irurzun en la causa de la denominada "ruta del dinero k" y revocan el procesamiento de Echegaray

Con esa decisión, el camarista no podrá intervenir sobre el fallo del juez Casanello que dictó la falta de mérito a Cristina Fernández de Kirchner. Además, el tribunal anuló la acusación contra el ex titular de la AFIP de no controlar la actividad de Lázaro Báez.

La Cámara Federal de Casación Penal apartó al camarista Martín Irurzun y anuló el procesamiento del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray en el marco de la causa por lavado conocida como la "ruta del dinero K", en la que estaba acusado de no controlar al empresario Lázaro Báez. 

Fuentes judiciales informaron que el tribunal aceptó un planteo de recusación hecho por Echegaray contra el presidente de la Cámara Federal porteña.

En ese fallo, los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña decidieron revocar el procesamiento por encubrimiento agravado que pesaba en contra del ex funcionario y que lo tenía al borde del juicio oral por este hecho.

A partir de la recusación y apartamiento de Irurzun, el camarista no podrá intervenir para resolver si corresponde o no la falta de mérito que el juez federal Sebastián Casanello le dictó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En primera instancia, Echegaray y el ex titular de la DGI Ángel Toninelli estaban acusados de encubrimiento agravado y violación de los deberes de funcionario público. El ex jefe de la AFIP había recusado a Irurzun por temor de parcialidad y ahora la Cámara Federal de Casación Penal le dio la razón. 

"Soy de la opinión que se darían las circunstancias de excepción previstas en la normativa vigente por lo que se encuentra debidamente fundado el temor de parcialidad invocado por la parte, según los estándares establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto al alcance de dicha garantía", sostuvo Hornos.

En su voto, señaló que "en materia de imparcialidad, las apariencias juegan un rol fundamental, el juez no sólo debe ser imparcial sino también parecerlo".

"Los motivos suficientemente señalados por la defensa, especialmente, respecto a la intervención respecto del asunto, podrían razonablemente trasladarse siquiera a una sospecha sobre la dirección su pronunciamiento, cualquiera fuere éste en definitiva. Y eso es, precisamente, lo que la garantía de imparcialidad en su aspecto objetivo pretende evitar", expresó.

Aportantes truchos: Irurzun desplazó a Casanello y mandó la causa al terreno de Vidal

Así lo decidió el juez oficialista Martín Irurzun, de la Cámara Federal porteña, a pedido del fiscal Stornelli. Ordenó remitir ese expediente de corrupción por aportantes irregulares de Cambiemos al juez electoral de La Plata, Adolfo Ziulu.

La Cámara Federal porteña apartó al juez federal Sebastián Casanello de la causa que investiga corrupción con los aportes truchos de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires.

Ordenó remitir ese expediente al juez electoral de La Plata, Adolfo Ziulu. Así lo decidió el juez Martín Irurzun, de la Sala II de la Cámara Federal, al hacer lugar a un pedido del fiscal Carlos Stornelli.

Casanello es uno de los jueces que intervino inicialmente en la causa, pero por casos similares hay expedientes en manos de su par de La Plata Ernesto Kreplak y en la jurisdicción de Ziulu.

La investigación apunta a determinar cómo personas que no dieron el consentimiento ni tienen condición económica suficiente figuran como aportantes de la campana electoral de Cambiemos en 2017 en la provincia de Buenos Aires, la que llevó como candidatos principales a Esteban Bullrich y Graciela Ocaña.

El juez electoral Ziulu le había reclamado la competencia del caso tanto a Casanello como a Kreplak, en línea con lo pedido por el secretario general de la Presidencia Pablo Clusellas, en su rol de apoderado del partido PRO.

Casanello lo había rechazado, pero ahora la Cámara Federal lo corrió del caso: "Como se ve, a la fecha y con independencia de su significación jurídica, tanto el Juzgado n° 7 de este fuero y ciudad como los magistrados a cargo de los Juzgados Federales n° 1 y 3 de la ciudad de La Plata se encuentran investigando la eventual existencia de ilícitos en derredor del proceso electoral llevado a cabo en el año 2017 por la Alianza Cambiemos Buenos Aires. La duplicidad de expedientes iniciados para dilucidar los mismos hechos, que involucrarían a las mismas personas de uno y otro lado del conflicto es inconveniente".

En su resolución, Irurzun entendió que la causa debe ser investigada en La Plata porque "la Alianza Cambiemos Buenos Aires se encontraba constituida por doce fuerzas políticas reconocidas como alianza electoral transitoria del distrito provincial para las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires desarrolladas en el año 2017, sede donde a su vez -y por lógica consecuencia- ha sido presentado el Informe de Ingresos y Egresos cuestionado y donde habitan aquellos cuyos aportes han sido puestos en tela de juicio".

"No conmueve lo expuesto la circunstancia de que una parte de las personas incluidas sean beneficiarias de distintos programas de asistencia social, pues la hipótesis en punto a que la información pudo haber sido obtenida de los registros de la Administración Nacional de Seguridad Social, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y/o el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación no alcanza, por si misma y por la naturaleza descentralizada de los organismos involucrados, para sostener la competencia excluyente de la sede capitalina", concluyó el camarista.

La reacción de Cristina contra Irurzun

La senadora Cristina Fernández Kirchner señaló por Twitter que "Irurzun es el de la foto con el principal operador judicial de Macri y Cambiemos: Pepín Rodríguez Simón. ¿Coincidencia? No. Connivencia".

"Irurzun. El que obligó al juez Casanello a tomarme declaración indagatoria en una causa en la que no tengo nada que ver, ahora le impide investigar los aportantes truchos de Cambiemos para blindar a Vidal de cara a las elecciones del año que viene. Más claro echale agua", agregó la ex jefa de Estado en otro posteo.

De esta manera, Cristina reaccionó ante el hecho de que la Cámara Federal porteña apartase al juez federal Sebastián Casanello de la causa que investiga corrupción con los aportes truchos de la alianza de derecha Cambiemos en la provincia de Buenos Aires.