Informe oficial: Rosenkrantz sabía sobre el espionaje ilegal de Irurzun y Bonadio

La Bicameral de Inteligencia tiene una auditoría sobre la oficina de escuchas que revela que el presidente de la Corte fue informado de los manejos de Bonadio para obtener escuchas a presos políticos y lo dejó hacer.

El 14 de febrero de 2019 el presidente de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz fue informado por escrito por camarista Martín Doctrina Irurzun de las maniobras del juez Claudio Bonadio para hacerse de escuchas telefónicas a presos políticos, todo de manera irregular. El dato, hasta ahora desconocido, revela hasta que punto llegó la cobertura hacia los ejecutores del lawfare durante el nefasto régimen fascista de Miauricio Macri Blanco Villegas. Rosenkrantz fue designado por el retrasado mental pero es hombre de Clarín.

La información surge del primer informe semestral realizado por la Comisión Bicameral de Inteligencia sobre la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO), nombre formal de la mini SIDE que se armó la Corte con la venia de Macri Blanco Villegas y la participación de jueces y fiscales de Inodoro Py, que de paso ligaron cargos para hijos y entenados. 

El resumen del caso es el siguiente: Bonadio fue a la cacería de escuchas que pudieran comprometer a CFK La oficina de escuchas, a cargo del camarista Doctrina Irurzun, se las entregó de manera ilegal. El presidente de la Corte, Rosenkrantz, fue informado de todo y lo encubrió. La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) comandada por Gustavo Arribas, amigo personal del hijo bobo de Franco Macri, escuchaba y transcribía. Hay documentos que lo confirman y ya están en poder del Congreso. La trama del lawfare al desnudo.

Rosenkrantz fue informado por Doctrina Irurzun de que le habían dado a Bonadío 40 CDs con escuchas a los ex funcionarios kirchneristas presos realizadas entre el 1 de enero y el 10 de febrero de 2019. Fue el 14 de febrero de 2019, a través de la nota N° 3684 firmada por el propio Irurzun y Juan Tomás Rodríguez Ponte, director ejecutivo de la mini SIDE y hombre de confianza de otro juez clave del lawfare, Ariel Lijo.

El informe que tiene el Congreso da cuenta sobre lo irregular de todo esto: “La comunicación al presidente de la CSJN, Carlos F. Rosenkrantz, dando cuenta de lo sucedido, con explicaciones acerca del procedimiento llevado a cabo por la DAJUDECO. No existen elementos que permitan conocer el motivo de la comunicación”.

Según los documentos, el propio BonadIo llamó a la oficina de escuchas unos días antes, el 11 de febrero de 2019, y preguntó si había intervenciones en 3 números de teléfono. Quería información sobre Roberto Baratta, Nelson Lazarte, Rafael Llorens, Gerardo Ferreyra y José María Olasagasti, todo acusados en la farsa de las Fotocopias de los Cuadernos. Le dijeron que los teléfonos por los que consultaba estaban intervenidos por su colega Federico Villena, a cargo del juzgado N° 2 de Lomas de Zamora. Villena, consta en los documentos, tenía esos teléfonos pinchados por una causa narco y le había dado la escucha y la transcripción de las grabaciones a la AFI.

El mismo día de la consulta de Bonadio el juez Villena le contestó que no tenía transcripciones de escuchas telefónicas de Baratta, Lazarte, Llorens, Ferreyra ni Olasagasti. También le informó que tenía intervenidos los teléfonos del penal de Ezeiza desde el 21 de septiembre de 2018 y que las personas sobre las que preguntaba Bonadio no tenían nada que ver con la causa penal que motivaba esas escuchas. O sea, no había vínculo entre la causa narco y la farsa de las fotocopias de los supuestos cuadernos.

Finalmente, la clave: Villena le dijo por escrito a Bonadio que todas las escuchas y transcripciones estaban “a cargo de la Dirección de Contrainteligencia de la Agencia Federal de Intelingencia, quedando autorizado el Sr. Juez oficiante a requerir a dicho organismo la información y el contenido de las mismas que estime pertinente”. En criollo, Villena le dijo a Bonadio que no tenía nada de lo que buscaba y que cualquier cosa le preguntara a Arribas y a Diego Dalmau Pereyra, director de Contrainteligencia por entonces.

El 13 de febrero Bonadio le pidió a la DAJUDECO que le enviara de forma “urgente” una “copia de las escuchas y transcripciones” que había ordenado Villena. Y dijo que el juez Villena había autorizado que se las dieran. La auditoría que realizó el Congreso concluyó que esto es falso. El escrito de Villena autorizó a pedirle a la AFI, no a la oficina de escuchas de la Corte. No es un dato menor.

En este punto entró en escena el camarista Doctrina Irurzun. Según el informe que tiene la Comisión Bicameral de Inteligencia tanto Irurzun como Rodriguez Ponte le entregaron 40 CDs a Bonadio, del N° 504 al N° 544 de lo escuchado. Todo, dice la auditoría, “pese a que la DAJUDECO no estaba incluida en la autorización de Villena”.

Es más, el informe que tiene el Congreso dice: “solo el Juez Villena estaba en condiciones de separar entre todas las conversaciones, aquellas que estaban alcanzadas por su orden de intervención, de las que debían estar protegidas por el derecho de la inviolabilidad de las comunicaciones. Es decir, era este Magistrado, y no la DAJUDECO ni Bonadío, quien debía que resolver la cuestión”.

Al otro día, el 14 de febrero, Irurzun y Rodríguez Ponte le informaron a Rosenkrantz. El presidente de la Corte no podía desconocer las irregularidades. Dejó correr.

Todo fue irregular incluso bajo las resoluciones confeccionadas en la era macrifascista. El informe que tiene la Bicameral de Inteligencia da cuenta de tres de ellas: las resoluciones institucionales N°16/2017, la N°29/2018 y la resolución operativa N°14/2018. La primera dice que si un juez quiere acceder a escuchas que pidió otro es el que las pidió quien autoriza. La segunda que la DAJUDECO tenía que guardar copias de respaldo de las escuchas. La tercera regula las regrabaciones de CDs, que tienen que tener autorización del juez o fiscal que pidió la escucha.

La auditoría sobre lo que hizo Bonadio revela que le dieron regrabaciones de CDs “no a solicitud del juez Villena, quien fue el magistrado que las ordenó”. El informe agrega: “Puntualmente, Villena autorizó a Bonadío a requerir la información y el contenido de las escuchas ordenadas en el marco de la causa de referencia al organismo de la Agencia Federal de Inteligencia que llevaba adelante la pesquisa (…) Por lo tanto, la autorización que acompañó adjunto el juez Bonadío al solicitar una copia de las escuchas no es estrictamente una autorización expresa para solicitar la regrabación, como así lo interpretó la máxima autoridad de la DAJUDECO al dirigirse a la CSJN informando de lo sucedido”.

Para la auditoría, Irurzun y Rodríguez Ponte pusieron “en crisis el principio de confidencialidad”, violaron la resolución operativa 14/2018 y “devino improcedente la entrega al juez Bonadío de la copia de las escuchas, sin el debido respaldo”.

“La alteración del protocolo generó una falla en el sistema que adoptó la DAJuDeCO, con la constatación posterior del acceso de magistrados, funcionarios judiciales, organismos de inteligencia y medios de comunicación a conversaciones privadas entre particulares, entre abogados y clientes, es decir, actores ajenos a la investigación penal en la que se habían ordenado las intervenciones. Ello implica un serio déficit en el funcionamiento de la DAJUDECO, más allá de la responsabilidad legal del Magistrado solicitante y de las personas que dieron lugar, también, a la filtración indebida de los audios”, detalla el informe que tiene la Comisión Bicameral de Inteligencia.

La DAJUDECO fue producto de la decisión de Macri Blanco Villegas de quitarle la oficina de escuchas al Ministerio Público Fiscal, por entonces conducido por Alejandra Gils Carbó. La oficina era conducida por Cristina Caamaño, actual interventora de la AFI. Durante la gestión Gils Carbó-Caamaño las filtraciones de escuchas a la prensa fueron nulas. No pueden decir lo mismo Ricardo Lorenzetti, Rosenkrantz, Doctrina Irurzun y sus compinches.

Lorenzetti colocó al juez Doctrina Irurzun al frente de la nueva oficina de escuchas. En teoría fue por sorteo, en la realidad no hay registros del mismo. El juez Lijo puso a su histórico ladero, Rodríguez Ponte, a comandar el día a día de la DAJUDECO. El eje Lorenzetti-Irurzun-Lijo reinaba en Inodoro Py. Al resto de los jueces y fiscales federales les ofrecieron un par de cargos a cada uno para familiares, hijos y entenados. El listado de personal de la mini SIDE de Py habla por sí mismo.

Con el tiempo Rosenkrantz reemplazó a Lorenzetti en la presidencia de la Corte pero se ve que heredó al menos el vínculo con Irurzun. Ahora se sabe que le informó de las tropelías de Bonadio y que el cortesano de Clarín lo encubrió.

Fuente: nota de Ari Lijalad para El Destape web

Una disidencia de Rosenkrantz floja de papeles: insólito error del presidente de la Corte para perjudicar a la viuda de un trabajador fallecido ante un reclamo de la ANSeS

El supremo clarinista buscó dejar sin pensión a la viuda de un ferroviario, pese a que el trabajador tenía 27 años de aportes cuando murió, más de lo exigido por la ley.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, hizo propio un insólito error de un juez de primera instancia que había calculado mal el porcentaje de años aportados por un trabajador ferroviario fallecido en 2006. A raíz de ello, se opuso en minoría a que el máximo tribunal desestimará el pasado 2 de julio un recurso extraordinario de la ANSeS y confirmara de ese modo el derecho de su viuda a percibir una pensión. 

Cuando murió a raíz de una enfermedad terminal, Ismael Pablo Decima tenía 27 años, 1 mes y 20 días de servicios con aportes ininterrumpidos sobre un total de vida activa de 40 años, lo que representaba -proporcionalmente- más del 100 por ciento de los aportes requeridos por el sistema. Sin embargo Rosenkrantz, reiterando un error que no fue advertido ni en primera instancia ni en la cámara de apelaciones, aseguró que “la falta de aportes del señor Decima se debió a circunstancias que no estaban fuera de su control y que evidenciaban falta de solidaridad con el sistema previsional”.

El abogado de la mujer no presentó un recurso de queja, pero la ANSeS apeló pidiendo que no se le reconociera pensión alguna porque dio por hecho que el aportante era irregular y a quienes califican en esa categoría el apartado 3 del artículo 1º del decreto 460/1999 les exige un mínimo de 12 meses de aportes dentro de los cinco años anteriores a su fallecimiento para que su respectiva viuda tenga derecho a algún tipo de beneficio.

El error se produjo porque, si bien el juez de primera instancia le había reconocido a la viuda de Decima el derecho a la pensión, calculó mal el porcentaje de aportes del trabajador ferroviario y puso que solo había cumplido con el 50 por ciento del mínimo de servicios requeridos. A raíz de ello, calificó a Decima como “aportante irregular” y determinó que a su viuda solo le correspondía cobrar el 50 por ciento de la pensión cuando en realidad calificaba como “aportante regular” por tener más años de los requeridos por la ley, lo que le daba derecho a la viuda a cobrar el 100 por ciento. El cálculo es sencillo, la ley previsional le exige 30 años de aportes a un hombre de 65 años. Ismael Pablo Decima murió a los 58 años. Por lo tanto, le alcanzaba con 25 años para completar sus aportes y tenía más de 27 años.

Los magistrados Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti desestimaron el recurso extraordinario de la ANSeS, pero el clarinista Rosenkrantz votó en disidencia con un sorprendente escrito en el que criticó con dureza a Ismael Pablo Decima, quien trabajó en relación de dependencia para la empresa Ferrocarril General Belgrano S.A. desde 1966 hasta 1993, y alcanzó a reunir nada menos que 27 años, 1 mes y 20 días de aportes ininterrumpidos sobre un total de vida activa de 40 años, más de lo que exige la ley previsional para considerar a un trabajador como “aportante regular”.

“Entre el 31 de marzo de 1993 y la fecha de su fallecimiento, el 8 de agosto de 2006, el señor Decima no realizó ningún aporte (cfr. fojas 19 del expediente administrativo agregado por cuerda), a pesar de haber continuado trabajando (fojas 25). Por lo tanto, no cumplió con el requisito legalmente exigido de aportar durante doce meses dentro de los cinco años anteriores al fallecimiento para ser considerado aportante irregular con derecho, tal como lo exige el decreto 460/1999”, señala Rosenkrantz pese a que Decima no debía cumplir con ese requisito fijado en el decreto porque esa exigencia es para los “aportantes irregulares” y Decima tenía los años necesarios para ser considerado un “aportante regular”.

Ya montado en el error, Rosenkrantz continúa en su escrito castigando al hombre fallecido en 2006. “La exigencia impuesta por el decreto 460/1999 de efectuar aportes por doce meses dentro de los sesenta meses anteriores a la fecha de solicitud del retiro o fallecimiento no puede considerarse como irrazonable, máxime cuando la omisión del señor Decima sucedió durante años de alto crecimiento económico y bajo desempleo”, agrega el hijo de puta y a continuación es cuando asegura que su conducta “evidencia falta de solidaridad con el sistema previsional”.

Si el juez de primera instancia hubiera hecho bien el cálculo, a la viuda de Decima le hubiera correspondido el 100 por ciento de la pensión, pero por ese error inicial le correspondió solo el 50 por ciento del beneficio. Como la viuda nunca apeló, la mayoría de la Corte no pudo enmendar esa equivocación, pero al menos desestimó el recurso de ANSeS que, junto con Rosenkrantz, buscaron dejarla sin nada.

“Más aún, que el señor Decima no hubiera contribuido al sistema previsional cuando, de acuerdo a las leyes vigentes, pudo (como se dijo, el señor Decima trabajó durante el tiempo en que no realizó aportes) y debió haberlo hecho constituye un síntoma de su desinterés por contribuir a solventar un mecanismo -el sistema previsional argentino- que representa como ningún otro el compromiso de nuestra comunidad con la justicia intergeneracional”, remarca Rosenkrantz, quien a esa altura del fallo ya parecía ensañado con el pobre hombre.

Fuente: nota de Fernando Krakowiak para Página/12

Ni la corte se salvó del espionaje de la banda de D'Alessio

El escándalo D'Alessio trepa a los más altos niveles del Estado. La declaración del espía Hugo Rolando Barreiro dejó al descubierto que la banda de espionaje que investiga el juez Alejo Ramos Padilla también monitoreó los viajes al exterior y los llamados telefónicos de dos miembros de la Corte Suprema.

La banda que integraba Marcelo D'Alessio también hizo espionaje sobre dos jueces de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. A ambos les monitorearon viajes al exterior y las llamadas telefónicas, según declaró el espía Hugo Rolando Barreiro, alias "Rolo". 

El escándalo trepa a los más altos niveles del Estado. Barreiro también reveló cómo hostigaron a la ex abogada del arrepentido Leonardo Fariña, para lo cual la siguieron e intentaron robarle el auto. El objetivo era intimidarla para que no revele la reunión cumbre en la que se pactó el contenido de la declaración de Fariña como arrepentido. En esa reunión, en la oficina del ministro de Justicia, estuvieron el propio Germán Garavano, Fariña y su abogada de ese momento, Giselle Robles, a quien la banda luego hostigó. 

El domingo el juez Alejo Ramos Padilla ordenó dos medidas relacionadas con este caso. Por un lado, citó a declarar a un socio del estudio de Rosenkrantz, que aparentemente notó el espionaje. Por el otro lado, pidió las declaraciones de Fariña para ver la secuencia en que se produjeron. También trata de acreditar que al arrepentido le pagaron y le siguen pagando.

El espía Barreiro declaró por tercer día consecutivo. Por ahora lo hace en indagatoria porque todavía no se pudo concretar la declaración como arrepentido. Está firmado un acuerdo provisional, pero el fiscal puso condiciones para avanzar, algo que exhibe su alineamiento con el aparato judicial ligado a Cambiemos que funciona en Inodoro Py.

Lo más trascendente de la declaración hasta el momento es que Barreiro dijo que se formó una estructura inorgánica de la Agencia Federal de Inteligencia. Según la versión de "Rolo", ese grupo recibía órdenes -y dinero- de altos cargos de la ex SIDE y todo se cursaba a través de los ex comisarios de la Bonaerense, Aníbal Degastaldi y Ricardo Bogoliuk. Ambos ex policías transmitían las órdenes a D'Alessio y al resto.

De acuerdo a los datos que aportó ayer, la banda espió a Rosenkrantz y Rosatti. En el entorno del presidente del máximo tribunal tenían la sospecha de que el espionaje existía, por lo que no se sorprendieron con los datos aportados por el espía. Ramos Padilla citó para este jueves a uno de los socios de Rosenkrantz, Gabriel Bouzat. Ya había indicios, consignados en el análisis que hizo de la documentación la Comisión Provincial de la Memoria. Rolo mencionó que una de las cosas que la banda debía investigar era, supuestamente, la reiteración de viajes de Rosenkranz a Panamá.

Buena parte del espionaje a los miembros de la Corte se habría hecho en base a órdenes judiciales emanadas por el fiscal de Mercedes, Juan Ignacio Bidone. Llama la atención que un funcionario judicial de menos envergadura se atreva a pedir listados telefónicos y de viajes de integrantes de la Corte Suprema. Según lo que dijo Barreiro, Bidone cobró por ese trabajo y una prueba sería el pago de pasajes a Cancún para el fiscal y su familia. La compra del paquete se hizo en una agencia de Canning, donde vive D'Alessio, y el pago lo hizo una mujer que se llama Julieta y que sería la secretaria de D'Alessio. El espía contó que el falso abogado se quejaba de las exigencias de Bidone.

Todo el espionaje a Rosenkrantz y Rosatti se hizo en tiempos de conflicto, cuando se produjo esa especie de golpe de estado, impulsado por el Ejecutivo, en el que destituyeron a Ricardo Lorenzetti como presidente. Su puesto, como se sabe, fue ocupado por Rosenkrantz.

El escándalo llega a los más altos niveles del estado. Este diario publicó, en exclusiva, en la edición de este lunes la persecución a la abogada Giselle Robles, ex abogada del arrepentido Leonardo Fariña. Fuentes cercanas a la letrada confirmaron los datos que aportó el espía Rolo: que la siguieron, que la estaban espiando y que intentaron robarle el auto dos veces. En ambas oportunidades, desconocidos quisieron llevarse el Audi A1 de un estacionamiento de confianza. En un caso, la intentona quedó registrada en las cámaras. Todo indica que a Robles la perseguían y hostigaban para evitar que revele una reunión cumbre, previa a la declaración de Fariña en la justicia, en la oficina del ministro Garavano. Estuvieron Fariña, la abogada Robles y el propio ministro. El encuentro fue denunciado por el diputado nacional Leopoldo Moreau y los aportes de Rolo confirmarían la información. En esa reunión de marzo o abril de 2016 se habría hablado de jueces que se desplazarían -Carlos Rozansky, Eduardo Freiler y Daniel Rafecas- y sobre todo sobre el contenido de lo que Fariña debía declarar. Se hurgó, por ejemplo, en cómo involucrar a Cristina Fernández de Kirchner en la causa por lavado de dinero, el expediente en el que Fariña iba a declarar.

"Rolo" pidió declarar como arrepentido porque quiere hacer más revelaciones, pero reclama los beneficios que otorga la ley. El fiscal pone trabas y aduce que el Miauricio Macri Blanco Villegas debe levantar el secreto ya que Barreiro es un espía. La defensa de Barreiro, en cambio, sostiene que está haciendo revelaciones posteriores a su salida de la AFI, en 2016. En cualquier caso, el fiscal Juan Pablo Curi, que es quien tiene que hacer el acuerdo para que declare como arrepentido, viene poniendo obstáculos, en línea con la inacción del procurador Eduardo Casal -quien ni siquiera suspendió a Carlos Stornelli- y en sintonía con el aparato judicial de Inodoro Py, hoy pieza clave en las estrategias de Cambiemos.

Fuente: nota de Irina Hause y Raúl Kollmann para Página/12

Rosenkrantz: "Los jueces deben ser refractarios a intereses personales y políticos"

El clarinista titular de la Corte Suprema afirmó que la justicia argentina "está ante una crisis de legitimidad" y afirmó que "los argentinos están perdiendo la confianza en el Poder Judicial".

El titular de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, dio inicio formal al año judicial con un discurso en el que dijo que la justicia argentina “está ante una crisis de legitimidad” porque “los argentinos están perdiendo la confianza en el Poder Judicial”.

“Los jueces deben ser refractarios a intereses personales y políticos”, sostuvo el esbirro de Héctor Magnetto, devenido en presidente del máximo tribunal. Antes, consideró que “toda crisis de legitimidad es una crisis de confianza”.

Rosenkrantz expresó que “la Justicia argentina está frente a un desafío institucional que consiste en superar la crisis de legitimidad que nos afecta. No es insuperable, estamos a tiempo de revertirla”. En ese sentido confió “en la capacidad” de los jueces, fiscales y demás funcionarios del Poder Judicial.

“La legitimidad del Poder Judicial es esencial. Un Poder Judicial sin legitimidad no puede ser eficaz”, lanzó el sorete mal cagado, quien remarcó que esa legitimidad surge de los fallos que emiten los jueces.

“Hay dudas de que nos comportemos como verdaderos representantes de una democracia republicana. Debemos demostrarlo todos los días”, añadió.

En otro pasaje de su discurso, el titular de la Corte expresó que “pertenecer al Poder Judicial no es un privilegio” y aseguró que “estamos para servir a la ciudadanía con una particular prestación: el derecho. Para servir no podemos buscar el poder. La percepción de que somos poderosos no ennoblece, sino que por el contrario mansilla nuestra investidura”.

“La desconfianza de nuestros ciudadanos en el Poder Judicial ha nacido en parte porque existe la sospecha de que servimos a intereses diferentes al derecho. Debemos mostrar que no es el caso. No nos servimos del derecho, sino que servimos al derecho. Debemos demostrar que somos refractarios a cualquier tipo de interés personal y político”, afirmó el hijo de puta.

“Lleva tiempo y constancia. Cualquier claudicación dará la idea de que en los jueces no se puede confiar”, y, además, afirmó que ser juez “tiene un precio alto” pero “debemos convivir con la falta de popularidad por nuestras decisiones” porque “la legitimidad de los jueces se basa en las decisiones que toman”.

La polémica entre la AMIA y la DAIA amenaza a Garavano y Rosenkrantz

Las relaciones entre presidente de la Corte y el ministro de Justicia con Agustín Zbar que pusieron en alerta a la desquiciada Elisa Carrió.

La inesperada polémica entre la AMIA y la DAIA por la querella contra Cristina Fernández de Kirchner ya le costó la presidencia de la asociación a Agustín Zbar (promotor del pedido para desistir de la acusación contra la ex presidenta) y ahora amenaza con salpicar al presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, y el ministro de Justicia, Germán Garavano.

Es que hay rumores muy fuertes de que Rosenkrantz y Garavano habrían avalado -o al menos no habrían impedido- el pedido que hizo público Zbar y que generó una fuerte reacción de la DAIA, que terminó ratificando que sostendrá la querella contra Cristina. Los rumores indican que el texto de Zbar habría tenido colaboración de Federico Morgenstern, colaborador de Rosenkrantz y actualmente el secretario letrado en lo penal de su vocalía. Zbar y Morgenstern son amigos y el dirigente de la comunidad judía realizó correcciones y participó de la presentación del libro sobre Cosa Juzgada Fraudulenta.

Zbar también es amigo y fue socio de Rosenkrantz (que en la última cena de la AMIA lo definió como su "amigo de toda la vida"). En 1990 fundaron junto a Gabriel Bouzat el estudio Bouzat, Rosenkrantz & Zbar, que llevó ese nombre hasta 2001, cuando el tercero de ellos asumió como subsecretario de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Las especulaciones indican que se habrían encontrado antes de la difusión de la carta.

Durante su paso por la gestión pública, Zbar quedó en la mira por el caso las hamburguesas contaminadas, cuando frenó una denuncia contra McDonalds, que justamente era defendida por el estudio de su amigo Rosenkrantz. El ahora ex presidente de la AMIA además tenía en su gabinete a Guillermina Rosenkrantz, hermana del juez.

Por otro lado, la carta de Zbar a la DAIA también habría contado con un guiño de Garavano. Según las fuentes, el ministro estaría preocupado por la denuncia que le realizó el radical Mario Cimadevilla por encubrir a los fiscales de la causa AMIA, Eamon Mullen y José Barbaccia. Hay quienes sostienen que Garavano está preocupado por esa denuncia y cree que en un futuro le podría traer problemas legales serios, sobre todo si hay un cambio de gobierno. Es por eso que algunos cree que la carta de Zbar fue un "guiño" a Cristina.

En ese sentido, ayer el periodista Ignacio Zuleta reveló que Elisa Carrió pidió investigar qué hay detrás del pedido de Zbar para desistir de la querella contra Cristina y apuntaría contra Garavano. La infornicable líder de la Coalición Cínica ya había denunciado al ministro cuando desistió de la acusación contra los fiscales y llegó a pedir el juicio político.

Un punto que no pasó desapercibido en toda la polémica por la carta de Zbar es el llamativo silencio del régimen macrifascista, que generalmente es el primero en salir a apurar a la justicia cuando se trata de causas contra el kirchnerismo. En este caso la Rosada se mantuvo al margen, con un silencio más que sugestivo.

Clima complicado en la Corte Suprema: una acordada lo deja dibujado a Rosenkrantz, en un mensaje a Macri Blanco Villegas

Luego de exponerlo con el fallo de los jubilados, Lorenzetti, Rosatti y Maqueda sacaron una acordada que le quita la facultad de nombrar personal.

Los ministros de la Corte Suprema terminaron de demoler la escasa autoridad que le quedaba a Carlos Rosenkrantz, con una inédita resolución que le impide nombrar personal sin el apoyo de al menos dos miembros del tribunal. La decisión se tomó mediante una acordada votada inmediatamente después de aprobar el fallo de las jubilaciones, que lo dejó votando en la más absoluta soledad. 

Fue un mensaje a Macri Blanco Villegas, en el que Rosenkratz -que ya no disimula su alineamiento total con la Casa Rosada,- fue usado como tablero para graficar el desagrado con el ex hijastro de Flavia Palmiero, que muy mal asesorado por Fabián "Pepin" Rodríguez Simón, creyó que con la coronación de este abogado corporativo en la presidencia del máximo tribunal se aseguraba la sumisión de la Corte a los intereses del régimen.

La tríada conformada por los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, firmó la acordada para quitarle a Rosenkrantz la potestad para contratar personal. Antes de eso, estos mismos tres jueces más Ricardo Lorenzetti habían firmado el fallo que rechaza el ajuste de las jubilaciones de la ANSeS, en una doble jugada: por una lado mostrarle los dientes a la Casa Rosada y por el otro ponerle reflectores al oficialismo de Rosenkratz que fue el único que votó en contra. Es decir, el patético presidente de la Corte ni siquiera tuvo los reflejos de evitarse ese bochorno.

Desde hacía 57 años la contratación de personal de la Corte era una atribución del presidente del tribunal. A partir de hoy, la contratación de empleados dependerá de la mayoría (3 miembros) que Rosenkrantz no sólo no consigue reunir sino que no puede evitar que junten Lorenzetti, Rosatti y Maqueda.

En ese contexto, más temprano, Rosenkrantz quedó nuevamente en soledad en un fallo que el Gobierno quería evitar a toda costa: el fallo a favor de los jubilados y contra la ANSeS que sumaría un gasto de 70 mil millones. El presidente de la Corte fue el único de los cinco ministros que votó en disidencia en ese fallo y quedó expuesto una vez más como el juez que cumple órdenes de la Rosada.

Por esa razón se ganó la enemistad de su predecesor Lorenzetti y de Rosatti y Maqueda, que lo habían dejado expuesto en otras votaciones sensibles como la del fallo en contra del 2x1 a represores. Incluso en esa votación el presidente de la Corte no había conseguido alinear a Elena Highton de Nolasco, su única aliada en el Máximo Tribunal. La posición de debilidad en la que quedó el presidente del tribunal alimentaron versiones de su renuncia, que recorrieron los pasillos del Congreso luego de la acordada de hoy. Sin embargo, en la Corte aseguraron que no va a renunciar ningún juez.

Las movidas a fondo de Rosenkrantz tienen un ideólogo en la Rosada: Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, uno de los máximos asesores de Miauricio Macri Blanco Villegas que integra la mesa judicial del régimen.

"Pepín" es quien le sugiere al presidente de la Corte que enfrente a la tríada, para lo que cuenta con el respaldo del Ejecutivo. Esa estrategia feroz ya partió a la mesa judicial, que no comparte esta visión con Rodríguez Simón.

Peña Braun Menéndez le bloquea fondos a la Corte y le abre un conflicto a Rosenkrantz con los judiciales

El jefe de Gabinete avisó que no enviará fondos para pagar el aumento de diciembre y puso en duda el de octubre. Piumato amenaza con un paro.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña Braun Menéndez, le avisó a los integrantes de la Corte Suprema que el régimen macrifascista no le girará los fondos que habían requerido para hacer frente a los aumentos salariales, con lo que se abre un fuerte conflicto entre los poderes y Carlos Rosenkrantz deberá enfrentar su primera pelea con los judiciales, que ya anunciaron un paro.

El ministro coordinador finalmente respondió la nota que la Corte le había enviado a fines de octubre y que había reiterado hace dos semanas, después de una sospechosa demora. El funcionario argumentó que no contestó antes a la espera de que se votara el Presupuesto 2019 en el Senado, aunque en rigor lo que exigían los cortesanos era la modificación de partidas del presupuesto actual.

La solicitud del máximo tribunal eran 1605 millones de pesos para pagar aumentos salariales de un 10% a partir del 1 de octubre y un 10% a partir del 1º de diciembre. Con el 20% otorgado a mitad del año, el salario de empleados judiciales y jueces tendría una suba del 40%. Pero la Rosada puso en duda el pago de la cuota de octubre y le pidió a la Corte que demore la última cuota para el año próximo.

Peña Braun Menéndez argumentó el rechazo en que "el Presupuesto fue sancionado con estricta sujeción a la normativa vigente en materia de responsabilidad fiscal", es decir a la necesidad de ajustar el gasto hasta cero. "En ese contexto y teniendo en cuenta el esfuerzo el gobierno nacional, gobiernos provinciales y otros estamentos del Estado, las modificaciones de partidas presupuestarias, tal como fueron pedidas, afecta fuertemente los recursos del Tesoro", agregó el funcionario.

"En virtud de lo expuesto solicito que el aumento previsto para diciembre de 2018 se otorgue en el próximo ejercicio fiscal", afirma Peña Braun Menéndez, que en el último párrafo adelanta que modificará las partidas para que se pague el otro 10% pero lo deja sujeto a las negociaciones entre los funcionarios del Ministerio de Hacienda y la Corte.

La novedad sacudió a los tribunales, donde ayer hubo un más que caliente acuerdo de la Corte que trató una cautelar que frenó el pago del impuesto a las Ganancias para los nuevos jueces. 

Finalmente fue rechazado y los nuevos magistrados deberán pagar (ver nota aparte en esta misma edición).

La reunión estuvo marcada por la amenaza de paro que lanzó el gremio de los judiciales, que conduce Julio Piumato. 

La UEJN se reunió al mediodía en el Palacio de Justicia y avisó que si no se efectiviza el aumento salarial realizarán un paro nacional el próximo jueves. La amenaza es extender las protestas en diciembre.

El gremio de Piumato afirmó que el rechazo de Peña Braun Menéndez es "una nueva y clara violación de la independencia del Poder Judicial". Por lo bajo en el sindicato sostienen que se trata de una presión encubierta de la Rosada a Rosenkrantz para que utilice los recursos que se acumularon en un fondo anticíclico durante la gestión de Lorenzetti, que siempre rechazó usarlos.

Rosenkrantz sobre Ganancias para los jueces: "No es la búsqueda de privilegio, sino la defensa de un salario adecuado"

El debate alrededor del pago del Impuesto a las Ganancias por parte de jueces sumó ayer un nuevo capítulo a la saga. En esta oportunidad el protagonista de la reyerta fue nada menos que Carlos Rosenkrantz, flamante titular de la Corte Suprema

Durante un almuerzo realizado en el Rotary Club, el titular del máximo tribunal sostuvo que la discusión por el tribuno no es "pagar o no, ni una búsqueda de privilegios, sino la defensa de un salario adecuado para un juez".

"La pregunta correcta es qué jueces queremos y cuánto tenemos que pagar para tener esos jueces", subrayó el magistrado que desde octubre ocupa el lugar del saliente Ricardo Lorenzetti.

En ese contexto, Rosenkrantz negó que existan "conflictos internos" en el máximo tribunal, dijo que los cinco miembros discuten y defienden sus "convicciones con vehemencia". y señaló que "es algo a lo que el país se tiene que acostumbrar".

Lo cierto es que las declaraciones del titular del máximo tribunal llegan nada menos que a una semana de que la Corte se expida sobre la medida cautelar por el pago del impuesto a las Ganancias para los jueces incorporados a partir de 2017.

De acuerdo al cronograma dado a conocer por la Corte, el día D será el próximo 27 de noviembre. Vale recordar que el caso fue iniciado por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional contra el Consejo de la Magistratura

Tensión en la Corte porque "Pepín" Rodríguez Simón ocupó un cargo clave en el equipo de Rosenkrantz

La Corte Suprema de Justicia está convulsionada por la decisión de Carlos Rosenkrantz de contratar al subprocurador del Tesoro -un funcionario clave del Poder Ejecutivo- para manejar la comunicación del máximo tribunal, en una maniobra que le atribuyen a Fabián "Pepín" Rodríguez Simón.

Rosenkrantz con su equipo

A través de la resolución 3384, el presidente de la Corte autorizó la contratación del abogado Juan Pablo Lahitou para cumplir funciones en la recientemente creada Secretaría de Desarrollo Institucional, encargada del manejo de la comunicación del tribunal. Lahitou tendrá un cargo equivalente al de secretario letrado, el más alto en la Corte.

La incorporación del abogado cayó muy mal en el máximo tribunal y hay fuertes críticas a Rosenkrantz por haber contratado a un alto cargo del Ejecutivo, en una decisión que alimenta las especulaciones sobre la cercanía del juez con la Casa Rosada. 

La polémica es porque Lahitou era hasta hoy subprocurador del Tesoro de la Nación, un cargo fundamental en el Gobierno. La Procuración del Tesoro, que conduce Bernardo Saravia Frías, es el organismo que actúa como defensor de los intereses del Estado. Es decir que Lahitou pasará de un día para el otro de defender al Ejecutivo a integrar la Corte.

El cruce de intereses se ve en que por ejemplo Lahitou participó como representante del Estado en audiencias judiciales por el conflicto con Socma por la deuda del Correo Argentino. 

Fuentes del tribunal dijeron que detrás del desembarco de Lahitou estaría la mano de Rodríguez Simón, uno de los operadores judiciales de la Casa Rosada. "Pepín", íntimo de Macri Blanco Villegas, le habría pedido al presidente de la Corte que incorpore al subprocurador. A "Pepín" se le atribuye el haberle recomendado al presidente que nombre a Rosenkrantz en la Corte.

La incorporación se da apenas unos días después del almuerzo entre el hijo bobo de Franco Macri y Rosenkrantz. A esa cita también habían sido invitados el resto de los integrantes de la Corte, pero los jueces Rosatti, Maqueda y Lorenzetti no fueron porque consideraron inapropiado el encuentro. En un principio, trascendió que uno de los comensales sería, justamente, "Pepín" Rodríguez Simón.

Lahitou es uno de los fundadores del blog "Todo sobre la Corte", también realizado por Valentín Thury Cornejo que está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Institucional.

El presidente de la Corte reconoció que "es baja la reputación del Poder Judicial"

El titular del máximo tribunar, Carlos Rosenkrantz, aseguró que el prestigio de la Justicia argentina es inferior al que se observa en otros países.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, afirmó que "el país en algún sentido perdió fe en el derecho y en el Poder Judicial. En las encuestas la reputación del Poder Judicial, cuando se la compara con la de otros países, es baja. Y la de la Corte también".

"La baja reputación en parte es producto de deficiencias, de problemas comunicacionales. Una de las cosas que el Poder Judicial tiene que hacer es comunicar mejor, hay muchas cosas que podrían haber sido explicadas mejor", agregó el esbirro de Hèctor Magnetto en declaraciones al pasquín ultraoficialista La Nazión.

En ese sentido, mencionó el tema del Impuesto a las Ganancias. "No quiero prejuzgar, solo establecer el marco de la discusión. La sociedad argentina se convenció de que los jueces buscan proteger un privilegio. No es la consagración de un privilegio, sino cómo se hace para que los jueces paguen ganancias sin que su sueldo de bolsillo se vea reducido", señaló Rosenkrantz.

Para el titular de la Corte, "la pregunta es cuál es el juez que usted quiere; cuál es el salario referente para determinar cuánto tiene que ganar; cuál es el mercado de referencia que tienen esos jueces, que es el mercado de la abogacía".

También opinó acerca del cuestionado encuentro que sostuvieron hace poco él y la jueza Highton con Mugrizio Macri Blanco Villegas y otros funcionarios del Poder Ejecutivo: "nos pareció a todos que debía aceptarse la invitación del presidente. En el acuerdo se decidió que la representación institucional le cabe a las autoridades. Con la doctora Highton sabemos que un almuerzo no compromete ni nuestra imparcialidad ni la independencia del tribunal. Fue un almuerzo frugal".

Internas en la Corte Suprema: la "mayoría peronista" que deja solo a Rosenkrantz

Dos fallos pusieron al descubierto que al hombre de Clarín en la Corte se le hace difícil torcer el rumbo del máximo tribunal a su gusto.

Una serie de fallos que se conocieron el 30 de octubre expusieron la fractura interna que hoy vive la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ante un nuevo marco de alianzas que parece haberse consolidado desde el 1° de octubre, el flamante presidente del máximo tribunal del país, Carlos Rosenkrantz, queda cada vez en mayor soledad.

Así lo evidencia, por ejemplo, la sentencia sobre la revocación de la prisión domiciliaria que había sido concedida al genocida Miguel Etchecolatz en dos causas de lesa humanidad y una que no tuvo mucha repercusión mediática. El máximo tribunal dio vuelta una decisión del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos por considerar responsable a la municipalidad de Larroque en un caso donde un menor sufrió un accidente tras manipular pirotecnia que encontró en las inmediaciones del lugar donde se había realizado un acto organizado por el ejecutivo local y la Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. El expediente que llegó al máximo tribunal apuntaba al menor como responsable.

El accidente, que según los cortesanos se produjo por “el incumplimiento de los organizadores del evento a los recaudos previstos”, derivó en la amputación parcial de la tercera falange de los dedos medio y anular de la mano derecha del niño, que cuando sucedió el hecho tenía 14 años. De fondo hay una demanda por reparación de daño. Ambas sentencias, con una fuerte impronta social, provocaron otro cimbronazo en el Alto Tribunal: fueron aprobados 4 a 1. La nota en sendos posicionamientos la dio Rosenkrantz, ex abogado de las empresas más grandes del país, quien se amparó en una cuestión de forma para justificar su discrepancia y consternó a sus pares.

Estos sucesos del martes pasado no hicieron más que ratificar la consolidación de una nueva mayoríacortesana integrada por Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti que promete manifestarse como un bloque en temas sociales, laborales y de derechos humanos. Estos dos últimos dejaron sus diferencias personales de lado en pos de una unidad que al menos por ahora los beneficia a ambos.

Esa misma jornada, la Corte definió un nuevo aumento del 20% para todas las categorías del escalafón del Poder Judicial, lo que llevó la recomposición salarial del sector para este año a un 40%. Esto fue festejado por el secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, Julio Piumato, quien le agradeció a “la mayoría peronista” en un tuit.

Sin ir más lejos, el resultado del caso Etchecolatz adelanta lo que sucederá con el nuevo posicionamiento de los supremos respecto al 2x1 que benefició el año pasado con una baja de la pena a los genocidas de la última dictadura cívico-militar, lo que provocó una gran reacción social. Se busca sentar posición en un nuevo expediente para revertir el fallo Muiña. Ya está conformada la mayoría para adecuar la jurisprudencia suprema. Pero Rosenkrantz se niega a tratar el tema. El presidente de la Corte es quien define la agenda temática del máximo tribunal del país.

La demora no sorprende. El ex rector de la Universidad San Andrés fue el impulsor de aquella escandalosa sentencia, que tuvo por proyectista a su asesor Federico Morgenstern, autor de la polémica obra “La Cosa Juzgada Fraudulenta”, prologada por el propio Rosenkrantz. El mandamás de los supremos quedaría muy expuesto si no modifica su postura.

Es que Rosatti cambió su voto desde que el Congreso sancionó, en mayo de 2017, la ley que limita la aplicación del beneficio del 2x1 a los culpables de delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado. Lo cierto es que a un año y medio de aquella normativa aún la Corte no se volvió a expresar sobre el tema y cada vez se eleva con mayor insistencia el pedido interno de emitir una nueva sentencia.

Otro tema espinoso donde el bloque que conformaron Lorenzetti, Maqueda y Rosatti ya sentó posición, según dejan trascender desde el cuarto piso del Palacio de Tribunales, es el de la actualización de los haberes jubilatorios. Una vez más, la dupla Rosenkrantz - Highton de Nolasco, vuelve a quedar en un lugar incómodo.

Esto se suma a una serie de pasos en falsos que dio en el último mes el flamante mandamás del Alto Tribunal. Uno de ellos, como publicó Horacio Verbitsky, fue el intento de unificar administrativamente a la Corte con el Consejo de la Magistratura así como designar a un nuevo administrador. La mayoría peronista rechazó reemplazar a Héctor Marchi, vinculado a Lorenzetti, por un hombre de confianza de Rozenkrantz proveniente de la Universidad de San Andrés. Otro, fue aceptar una invitación controvertida e inoportuna para almorzar en la Casa Rosada con Mugrizio Macri Blanco Villegas, el ministro de Justicia Germán Garavano y los operadores judiciales del Gobierno Fabián “Pepin” Rodríguez Simón (diputado por el Parlasur) y José Torello (jefe de asesores). El convite, pautado para el próximo martes incluía a todos los cortesanos pero la nueva mayoría rechazó ir. Es que el Estado es parte en varios expedientes que la Corte tiene en sus manos.

Si bien desde los tribunales de Talcahuano aseguran que no hay “una mayoría automática”, lo cierto es que en poco más de 30 días Rosenkrantz tomó nota de que el clima interno no es como el que se imaginó cuando fue ungido presidente por 4 votos contra 1.

Fuente: nota de Franco Mizrahi para El Destape web

Rosenkrantz resiste un fallo que beneficiaria a los jubilados

Se trata de un planteo judicial que al que el presidente del máximo tribunal, como buen soldado del régimen macrifascista, le puso un pie encima para que no avance. 

Está ahí por Mugrizio Macri Blanco Villegas y decidió ser fiel a quien lo convirtió en presidente de la Corte Suprema. Carlos Rosenkrantz tiene frenada una presentación sobre la que el máximo tribunal de Justicia del país deberá decidir en las próximas semanas. 

Y no es para menos, ya que se trata de un fallo que podría beneficiar a más de 150 mil jubilados y significaría una suma de dinero que Nicolás Dujovne no quiere aflojar.

Se trata de una causa iniciada por el jubilado Luis Osvaldo Blanco, quien en 2003 se jubiló con un haber muy inferior a lo que le correspondía (algo que le sucede a una gran parte de los pasivos). Según un fallo de la Cámara de Seguridad Social, la ANSeS debería pagarle una jubilación 31% más amplia de la que está recibiendo.

Los jueces ordenaron que se aplique el índice de Salario Básico de la Industria y la Construcción en lugar del la Remuneración Promedio Imponible de los Trabajadores Estables que fijó la ley promovida por el régimen macrifascista.

Finalmente el caso llegó a la Corte y, tras un fuerte debate, tanto el ex titular del cuerpo, Ricardo Lorenzetti, como Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti tienen previsto votar a favor y le solicitaron a Rosenkrantz que se resuelva el caso. Sin embargo, los papeles continúan cajoneados por el presidente del Tribunal, todo un soldado del ex hijastro de Flavia Palmiero que acusó recibo del pedido de la Casa Rosada.

En tanto, en Balcarce 50 cuentan también con el apoyo de una reciente socia del oficialismo en la Suprema Corte: Elena Highton de Nolasco.

El motivo principal del rechazo en el Poder Ejecutivo es que la norma significaría destinar una parte del alicaído presupuesto nacional a un caso que, para colmo, no movería la aguja electoral en un tiempo en que Cambiemos busca la vuelta para que todo lo que hace o haga en materia de dinero sea destinado a ganar votos con miras a las elecciones de 2019.

La situación provoca controversia porque si bien el fallo solo afectaría positivamente al jubilado demandante, al mismo tiempo abriría la puerta a múltiples presentaciones, que se calculan en más de 150 mil.

Con la disidencia del clarinista Rosenkrantz, la Corte Suprema le revocó la prisión domiciliaria a Etchecolatz

El flamante presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, quien habido promovido el nefasto 2x1 a genocidas de la última dictadura militar, votó en disidencia respecto al fallo.

Luego de un fallo en que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz votara en disidencia, el máximo tribunal revocó la prisión domiciliaria al genocida ex comisario de la policía bonaerense, Miguel Etchecolatz.

El fallo refiere a dos causas en las que está condenado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

La jueza Elena Highton de Nolasco, y los jueces Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, citando el fallo "Bergés", argumentaron su decisión de revocatoria.

En la mencionada sentencia de abril de 2016, la Corte falló que para que se le dé el arresto domiciliario por cuestiones de salud se requiere la previa intervención del Cuerpo Médico Forense. 

Rosenkrantz, promotor de la nefasta idea de aplicar el 2x1 a los genocidas de lesa humanidad, y que fuera revocada por el pueblo en las calles y el Congreso a posteriori, votó en disidencia.

El hijo de puta, esburro de Magnetto en la Corta, consideró que los recursos de queja presentados no debían ser atendidos por la Corte por cuestiones técnicas.

Cabe recordar que Etchecolatz fue condenado a prisión perpetua -por cuarta vez- la semana pasada, por su actuación durante la última dictadura militar.

En medio de la escandalosa interna de la Corte, denunciaron a Rozenkrantz por abuso de autoridad

El flamante presidente de la Corte Suprema fue denunciado por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. La presentación fue realizada luego de las quejas públicas de Ricardo Lorenzetti por el manejo del Centro de Informaciones Judiciales (CIJ) que realizó Carlos Rosenkrantz.

Fernando Miguez, el denunciante, es un viejo conocedor de los tribunales porteños donde realizó numerosas denuncias de funcionarios de todos los signos políticos. 

Se define como periodista independiente y califica como algo "inaudito" la posible privatización del CIJ que dejó entrever Lorenzetti.

Titular de la "Fundación por la Paz y el Cambio Climático" y de 63 años, Miguez asegura que realizó la presentación motivado por la nota que el ex titular de la Corte le envió a su reemplazante. "Hicimos un análisis de control de corrupción y creemos que lo que planteó Lorenzetti debe ser investigado", señaló.

Según se presenta en las redes sociales viene "desde 2008 denunciando casos de corrupción, tragedia de Once, Báez, Fútbol para Todas, Tomada vs. MC. Dolands, Cristina Kirchner, título universitario, sigue la lista".

Además de criticar los modos con que Rozenkrantz habría abordado a los ex responsables del CIJ María Bourdin y Pablo Méndez, Miguez cree que el titular de la Corte debe explicar cómo su presunta decisión de contratar a una consultora para que comunique los fallos judiciales.

Miguez reclama que se investigue al "Sr. titular de una contratación eventual bajo una locación de servicios que reviste su título Magister en Periodismo y fuera contratado para hacerse cargo del CIJ así como también la Consultora que surja tras la investigación como elegida para privatizar dicho organismo de la CSJN y otros posibles participes, todas ellas partes y unidad de grupos empresarios que comparten socios, domicilios, correos electrónicos y demás aspectos societarios comunes", según puede leerse en su denuncia.

"¿La consultora intervino en un concurso de precios?, ¿cómo las contrató? Es algo muy desprolijo, que esto pase en la Corte suprema es un escándalo, algo inaudito. Él es una persona que entró por la ventana y se tiene que amoldar al funcionamiento de la Corte, que no es una empresa", criticó.

"Lorenzetti habló de la posible privatización del CIJ y creemos que antes cuestiones de esta magnitud debe reunirse el pleno del cuerpo, no puede ser una decisión de una sola persona", agregó ante la consulta periodística.

Estalló la interna en la Corte Suprema: Lorenzetti no entrega las claves del CIJ y tiene el primer choque con Rosenkrantz

El ex presidente además vació la estructura periodística del sitio que contiene fallos claves y controlaba su protegida María Bourdin.

Ricardo Lorenzetti planeaba abrir ayer junto a Mugrizio Macri Blanco Villegas el acto del J20, el brazo judicial de la cumbre del G20 en la Argentina. Iba a ser uno de sus momentos definitivos, consagratorio, en el relato que venía construyendo con paciencia desde que accedió por primera vez a la presidencia de la Corte Suprema. 

Desplazado de ese lugar semanas atrás, Lorenzetti no tuvo el momento de brillo que había imaginado junto al retrasado mental y lideres del mundo. Tuvo que ceder los reflectores a su reemplazante Carlos Rosenkrantz.

El nuevo titular de la Corte se llevó así la foto junto al ex hijastro de Flavia Palmiero y jueces de todo el mundo, en lo que fue su debut al frente del máximo tribunal. Por eso no pudo ocultar su molestia durante el acto, en un clima de tensión que crece desde la jugada en la que impidieron que fuera reelecto y que ahora tiene al Centro de Información Judicial (CIJ) como campo de batalla.

En duros términos, Rosenkrantz puso en evidencia el malestar al publicar anteaoche una resolución en la que ordena la "restitución" del acceso al CIJ y a sus contenidos, ya que cuando Lorenzetti se fue, se llevó con él las claves del CIJ que controlaba su protegida María Bourdin y en una decisión que bordea lo irracional, cerró el sitio que desde entonces está congelado y sin posibilidad de acceder a sus contenidos.

En Tribunales creen que es un tema delicado porque en el CIJ está la base de datos de los fallos. El secuestro virtual de esa información abre derivaciones inquietantes. Por eso, con esta resolución, Rosenkratz busca también dejar un precedente administrativo como para eventual acciones legales.

La denuncia se agrava porque dicen que Lorenzetti vació el sitio de información de la Justicia, dejándolo sin personal. Como contó este medio, cuando el ex titular supremo se dio cuenta de la maniobra para sacarlo de su lugar, se llevó a su vocalía a Bourdin y a su segundo, Pablo Méndez, al igual que a varios empleados del CIJ a quienes dispersó en distintos organismos que dependen de la Corte, reduciendo el staff de empleados a menos de la mitad. 

El trabajo del CIJ quedó prácticamente congelado, por eso en la Resolución N° 3038/2018, Rosenkrantz hizo un repaso por todas las últimas decisiones de Lorenzetti referidas a "traslados de personal de último momento a su propia vocalía y a otras áreas de la Corte". 

Bourdin manejaba al CIJ casi como un sitio web personal. Incluso, durante mucho tiempo la cuenta de Twitter del CIJ estaba dedicada casi por completo a retuitear sus comentarios y eso llevó a que el juez Horacio Rosatti lanzara su propia página, en un intento por romper el cerco digital que construyó durante más de una década el rafaelino.

Fuentes judiciales creen que la resolución además de golpear a antecesor le hace daño al propio Rosenkrantz ya que muestra que perdió autoridad en sus primeros días. Incluso dicen que a Rosenkrantz le agarró la "onda gradualista" de Macri Blanco Villegas en el primer año. "Hace todo lento, le sacan el CIJ, tiene que publicar una resolución para resolverlo, ahora va a este acto on Macri y no tiene cómo difundirlo", describió una fuente. 

Además de los duros términos en los que se manifestó la batalla, se entiende que la avanzada de Lorenzetti contra Rosenkrantz lo es también contra el hijo bobo de Franco Macri, que durante el acto se mostró muy cómodo con el nuevo titular de la Corte -un hombre que responde en términos políticos a su asesores José Torello y Fabián "Pepin" Rodríguez Simón- y aseguró que juntos están "comprometidos en la lucha contra la corrupción y la impunidad" (ver nota aparte en esta misma edición).

Lorenzetti acusó a Rosenkrantz de promover "un clima de tensión y temor" en la Corte

Ricardo Lorenzetti, le envió una carta a su sucesor en la presidencia de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, en la que blanquea (y potencia) la feroz tensión desatada desde que Rosenkrantz le ganó la pulseada por la presidencia de la Corte Suprema.

El texto del santafecino tiene párrafos por demás duros. "El clima de tensión, de temor, de amenazas telefónicas, de falta de respeto de los derechos del trabajador y de la persona humana, así como de los procedimientos internos de la Corte, fue lo que generó la paralización momentánea", dice Lorenzetti en su escrito.

Rosenkrantz puso en evidencia el malestar al publicar anteanoche una resolución en la que ordena la "restitución" del acceso al Centro de Información Judicial (CIJ) y a sus contenidos, ya que cuando Lorenzetti se fue, se llevó con él las claves de acceso que controlaba su protegida María Bourdin y en una decisión que bordea lo irracional, cerró el sitio que desde entonces está congelado y sin posibilidad de acceder a sus contenidos.

"En el día de la fecha me ha sorprendido su resolución número 3018 que ha publicado con ribetes de escándalo, algo que nunca ha sucedido en los últimos años y propio de épocas que hemos querido superar", expresó Lorenzetti en una carta dirigida a Rosenkrantz.

Desde que Lorenzetti fue desplazado de la presidencia, la agencia de noticias del Poder Judicial quedó en el centro de la pelea.

En su carta, el ex presidente de la Corte dice lamentar "muchísimo semejante mediocridad pero, estando en juego el prestigio de la institución, me veo obligado a contestar". Asimismo, relata que el futuro presidente de la Corte ingresó en el despacho de Bourdin para proponerle una suerte de "privatización del CIJ".

Según Lorenzetti, la secretaria de Comunicaciones respondió que "eso debía ser decidido por la Corte, y no sólo por la futura presidencia". Lo que devino (siempre según la carta de Lorenzetti) en "expresiones que se apartan notoriamente de la política de género y protección de la mujer que la propia Corte lleva adelante".

Este hecho obliga ahora a la intervención de Elena Highton de Nolasco, hoy vicepresidenta de la Corte y titular de la Oficina de la Mujer (OM), un organismo creado en 2009 para incluir una perspectiva de género en el Máximo Tribunal.

Pero además, la carta tendrá rebotes que todavía son impredecibles. Por caso, debería intervenir un juez porque lo que Lorenzetti denuncia son delitos graves, más aún si son realizados por jueces de la Corte.

Otro de los puntos calientes es la amenaza de Rosenkrantz a Pablo Méndez, segundo de Boudin en la secretaria de Comunicaciones. Es que tanto Bourdin como Mendez pidieron pases de inmediato a la vocalía de Lorenzetti antes del desembarco de Rosenkrantz en la CIJ.

Lo que denuncia Lorenzetti en la carta es que el futuro presidente de la Corte amenazó telefónicamente con sumariar a quienes habían pedido traslados.

En otro punto de la carta, el presidente saliente asegura que hubo un pedido de Rosenkrantz por escrito "para entregar toda la documentación de la Secretaría a una persona designada por locación de servicios que pertenece a una consultora privada".

Según trascendió, esa contratación se hizo de cara a la cumbre del J20 y los funcionarios de la secretaria de Comunicaciones no consideraron legal entregar las claves del órgano de noticias a una consultora externa al ámbito de la Corte Suprema.

Con todo, en medio de un escándalo que tiene impacto internacional, hoy todos los ministros de la Corte Suprema deberán estar juntos en la foto de cierre del J20, en el Centro Cultural Kirchner. Allí, Rosenkrantz y Lorenzetti tendrán oportunidad de pautar una tregua para una transición ya de por sí escandalosa.

Cómo queda el juego de poder en Comodoro Py tras la salida de Lorenzetti de la presidencia de la Corte

El ex presidente de la Corte tejió una red de alianzas político-judiciales que ahora fueron desafiadas. Qué pasará con la causa de las fotocopias de los supuestos cuadernos, las escuchas y la AFI.

El apartamiento de Ricardo Lorenzetti de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación después de once años provocará, indefectiblemente, una serie de reacomodamientos en el Poder Judicial. Sobre todo, en los tribunales federales de Comodoro Py, donde tramitan las causas políticas más sensibles del país. Allí, el titular del Alto Tribunal tiene una importante ascendencia.

Uno de los interrogantes que se abre en la nueva etapa es cómo ejercerá su poder la nueva cabeza del máximo tribunal del país, Carlos Rosenkrantz, y, sobre todo, cómo se reposicionará el abogado rafaelino en el tablero político judicial.

Cámara en movimiento

Desde la presidencia de la Corte, Lorenzetti mantuvo un contacto fluido con el presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun. El 13 de septiembre, dos días después de que se oficialice el cambio de presidencia cortesana, el Consejo de la Magistratura definió que el juez Pablo Bertuzzi sea trasladado de forma definitiva a ese tribunal estratégico de Comodoro Py. Bertuzzi preside el TOF 4, que juzgó a Amado Boudou en el caso Ciccone. Ahora solo resta un decreto de designación para que se oficialice el traspaso.

No faltan quienes sospechan en Tribunales que la designación de Bertuzzi busca acorralar a Irurzun. Sobre todo, porque el régimen macrifascista no quiere correr riesgos con la causa de los cuadernos, a través de un ajedrez político-judicial que le permita tener el expediente bajo control.

Bertuzzi recaerá en la sala I donde hará dupla con el “amigable” Leopoldo Bruglia y bloqueará cualquier postura adversa del tercer integrante de esa sala, Mariano Llorens. También será clave cuando haya que completar la sala II, en la que sólo está Irurzun.

El armado, no obstante, puede crujir. Tanto Irurzun como el Llorens rechazaron el traslado de Bertuzzi. Ambos, en una consulta de rigor del consejo, no estuvieron de acuerdo con la designación.

Los jueces cercanos a Lorenzetti

Lorenzetti también tuvo canales de comunicación aceitados con jueces como Ariel Lijo (lleva una de las causas que más preocupan a Macri, la pata penal del Correogate), Julián Ercolini e incluso Claudio Bonadio, entre otros.

En Tribunales aseguran que la decisión de Bonadio de dar un giro en la pesquisa y expandir la investigación de los anotadores Gloria del 2003 al 2015 sumó para que desde la Casa Rosada se impulsase con más fuerza el corrimiento de Lorenzetti. Vieron su mano detrás de ese movimiento. Es que con esa modificación se involucró a Macri Blanco Villegas en la causa, ya que para esos años estaba vinculado a IECSA y a una concesionaria vial (Ausol) que podría entrar en la investigación tras el testimonio del arrepentido Claudio Uberti.

¿Vuelven las escuchas a la AFI?

La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) es una especie de mini SIDE paralela que está bajo la órbita del Alto Tribunal. Se creó en febrero de 2016. 

La DAJuDeCo está comandada por Irurzun y Juan Tomás Rodríguez Ponte (vinculado a Lijo). 

El director suplente es Javier María Leal de Ibarra, presidente de la Junta de titulares de Cámaras Nacionales y Federales, quien llegó a impulsar una carta de respaldo a Lorenzetti en la Cámara de Casación -que no prosperó- durante una de las tantas arremetidas de la desquiciada diputada Elisa Carrió.

Con el ascenso de Rosenkrantz se especula con un cambio de manos en la DAJuDeCO, ya que este tipo de organismo no es de su perfil: en Casación esperan la administración de esta dirección estratégica con los brazos abiertos. Otras opciones que se barajan son que vuelva a la AFI o al Ministerio Público Fiscal, donde ya no está la procuradora general Alejandrá Gils Carbó, como en 2016.

La incógnita Rosenkrantz y el ajuste en la Justicia

“A mí me tomó por sorpresa”, aseguró un juez federal de los tribunales de Retiro respecto a la elección del nuevo presidente de la Corte. Un colega suyo en Comodoro Py habló el mismo martes de “incertidumbre” por la noticia. Otros, en cambio, veían posible este escenario desde que Horacio Rosattiy Rosenkrantz -exabogado de Clarín- llegaron en 2016 al Tribunal Supremo, a propuesta de Macri Blanco Villegas. Insinuaban un cambio de era.

Con la materialización del cambio de mandamás, muchos magistrados interpretan que ahora se allana el camino para un “ajuste en el Poder Judicial”. No faltan en tribunales quienes creen que Lorenzetti “dejó hacer” porque no habría querido asumir el costo de ser él quien realice el recorte.

Entre las medidas que esperan con temor en Tribunales figuran el pago de ganancias -los jueces están en su inmensa mayoría exentos- y un recorte de gastos, algo que desde la propia Corte se rechazó el 24 de agosto pasado cuando se realizó la proyección del presupuesto para 2019.

El alto tribunal solicitó $ 10.118.765.831 para el año próximo (acordada 26/18), es decir, un 22,2% de aumento respecto al de 2018. Ahora deberá pasar por el Congreso, en el marco del presupuesto general.

Fuente: nota de Franco Mizrahi para El Destape web