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jueves, 21 de marzo de 2019

La Cámara ratificó la falta de mérito a Cristina en la causa conocida como "la ruta del diner K"

El tribunal ratificó la decisión de primera instancia dictada por el juez Casanello. Por esa causa está preso el empresario Lázaro Báez.


La Cámara Federal porteña ratificó ayer la decisión del juez federal Sebastián Casanello de dictar la falta de mérito para la ex presidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa por lavado de dinero por la que está detenido el empresario Lázaro Báez.

El fallo lleva la firma de los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzziquienes resolvieron sobre la apelación presentada por la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA) contra el fallo de Casanello.

Ambos organismos habían impugnado el fallo con el que Casanello afirmó que "no existe mérito suficiente como para procesar o sobreseer a Cristina Fernández por los hechos por los que fuera intimada", en el marco de la causa de lavado de dinero contra Báez.

Sobre la apelación de la OA y la UIF, los jueces de la Cámara Federal sostuvieron que "las objeciones de las querellas, que encierran en definitiva un disenso con la cuestión de fondo, se exhiben insuficientes como para justificar una sanción procesal que invalide el resolutorio".

"Con relación a los planteos que tildaron de infundada y arbitraria la decisión del magistrado de grado se observa que el juzgador ha expresado las razones de hecho y de derecho que lo condujeron a adoptar la decisión criticada, y se advierte, más allá de su acierto o error, la existencia de una conexión lógica entre las conclusiones y las premisas valoradas", remarcaron Llorens y Bertuzzi.

Más allá de respaldar la decisión de Casanello, los camaristas sostuvieron que aún resta "corroborar la hipótesis que podría dar cuenta del conocimiento de la encartada sobre el accionar de Báez como posible prestanombre".

La idea de que Báez podría ser un testaferro de la exmandataria fue introducida en el expediente por el valijero Leonardo Fariña, quien sostuvo que, frente a una comunicación de la Embajada de los Estados Unidos, Fernández de Kirchner le habría pedido a Báez que sea más prudente con los movimientos de dinero.

"Luce como acertado proceder también a la evaluación de los dichos del contador Víctor Manzanares, los de Juan Manuel Campillo, como así también los de José López y cualquier otra declaración brindada en el marco de la ley 27.304", sostuvieron los jueces de la Cámara Federal en referencia a las declaraciones brindadas por imputados de la causa de las fotocopias de los supuestos cuadernos.

Tanto el ex secretario de Obras Públicas José López, como el ex ministro de Hacienda de Santa Cruz, Juan Manuel Campillo, fueron admitidos como arrepentidos en la causa de las fotocopias, pero aún no ocurrió lo mismo con Manzanares, quien pidió ser arrepentido y declaró ante los fiscales del caso pero aún no fue aceptado por el juez Claudio Bonadio por lo que su declaración no fue incorporada al expediente.

viernes, 23 de noviembre de 2018

Apartan al sorete de Irurzun en la causa de la denominada "ruta del dinero k" y revocan el procesamiento de Echegaray

Con esa decisión, el camarista no podrá intervenir sobre el fallo del juez Casanello que dictó la falta de mérito a Cristina Fernández de Kirchner. Además, el tribunal anuló la acusación contra el ex titular de la AFIP de no controlar la actividad de Lázaro Báez.


La Cámara Federal de Casación Penal apartó al camarista Martín Irurzun y anuló el procesamiento del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray en el marco de la causa por lavado conocida como la "ruta del dinero K", en la que estaba acusado de no controlar al empresario Lázaro Báez. 

Fuentes judiciales informaron que el tribunal aceptó un planteo de recusación hecho por Echegaray contra el presidente de la Cámara Federal porteña.

En ese fallo, los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña decidieron revocar el procesamiento por encubrimiento agravado que pesaba en contra del ex funcionario y que lo tenía al borde del juicio oral por este hecho.

A partir de la recusación y apartamiento de Irurzun, el camarista no podrá intervenir para resolver si corresponde o no la falta de mérito que el juez federal Sebastián Casanello le dictó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En primera instancia, Echegaray y el ex titular de la DGI Ángel Toninelli estaban acusados de encubrimiento agravado y violación de los deberes de funcionario público. El ex jefe de la AFIP había recusado a Irurzun por temor de parcialidad y ahora la Cámara Federal de Casación Penal le dio la razón. 

"Soy de la opinión que se darían las circunstancias de excepción previstas en la normativa vigente por lo que se encuentra debidamente fundado el temor de parcialidad invocado por la parte, según los estándares establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto al alcance de dicha garantía", sostuvo Hornos.

En su voto, señaló que "en materia de imparcialidad, las apariencias juegan un rol fundamental, el juez no sólo debe ser imparcial sino también parecerlo".

"Los motivos suficientemente señalados por la defensa, especialmente, respecto a la intervención respecto del asunto, podrían razonablemente trasladarse siquiera a una sospecha sobre la dirección su pronunciamiento, cualquiera fuere éste en definitiva. Y eso es, precisamente, lo que la garantía de imparcialidad en su aspecto objetivo pretende evitar", expresó.

miércoles, 19 de septiembre de 2018

Cristina se presentó ante el juez Casanello: "Podrán excavar toda la Patagonia, que nunca van a encontrar nada con lo que involucrarme

La ex presidenta presentó un escrito ante el juez Sebastián Casanello, quien la había citado por orden de la Cámara Federal, en la causa que investiga el presunto lavado de dinero. La senadora criticó en el texto la irregularidad de la citación. 



Cristina Fernández de Kirchner se presentó ayer a la mañana en los tribunales federales de Retiro, citada en una causa en la que se la investiga por presunto lavado de dinero y presentó un escrito en el que denunció nuevamente una "larga persecución" política y la "irregularidad" de la citación.

La semana pasada, la Cámara Federal porteña rechazó un planteo que hizo contra los jueces de ese tribunal que habían dispuesto su indagatoria. Fuentes judiciales informaron que los camaristas Martín Irurzun y Mariano Llorensrechazaron por "improcedente" el pedido de recusación en su contra formulado por la defensa de la líder de Unidad Ciudadana.

Los dos camaristas le habían ordenado al juez federal de primera instancia Casanello que citara a la ex mandataria a declaración indagatoria en el marco de la causa por las maniobras de lavado de dinero realizadas a través de la financiera SGI, conocida como "La Rosadita".

Hasta el momento, Casanello había evitado llamar a la senadora, pese a los pedidos en ese sentido del fiscal Guillermo Marijuan y de la Oficina Anticorrupción (OA), querellante en el caso, ya que considera que Cristina es investigada por los mismos hechos en la causa por supuesto direccionamiento de la obra pública en favor de las empresas de Báez.


Esta causa por lavado de dinero en gran parte está elevada al Tribunal Oral Federal 4, que va a fijar fecha de juicio a fines de octubre próximo, y allí hay unas veinte personas imputadas, entre ellas Báez, Leonardo Fariña y el financista Federico Elaskar.

En el extenso escrito que presentó ante el juez Sebastián Casanello, Cristina Fernández de Kirchner aclara y refuta una a una las supuestas maniobras delictivas que se le imputan en el marco de la causa y remarca que “jamás me apoderé de dinero ilícito alguno”. En ese contexto advierte que podrán vigilarla y también “excavar toda la Patagonia argentina o donde mejor se les ocurra, que nunca van a encontrar nada con lo que involucrarme”.

En su presentación ante el magistrado la ex mandataria expuso que el régimen fascista está detrás de la maniobra. También marcó el contraste entre su caso y el de Mugrizio Macri Blanco Villegas, al señalar que ella no tiene cuentas no declaradas, a diferencia del retrasado mental y varios de sus funcionarios, quienes aparecieron mencionados en los Panamá Papers. En ese contexto, dijo que si lo que se pretende es investigar la fuga de dinero al exterior la causa no debería haberse denominado “La ruta del dinero K”, sino “La ruta del dinero M”.

Estos son los principales conceptos del escrito que CFK dejó en su paso por Comodoro Py:

• "La indagatoria es 'una medida dispuesta directamente por los jueces de Cámara Martín Irurzun y Mariano Llorens, haciendo lugar a un pedido expreso efectuado por el Poder Ejecutivo . Nos encontramos frente a una situación inédita, en tanto la convocatoria es el resultado de una decisión del Tribunal revisor' y 'no del magistrado que tiene a cargo la instrucción de esta causa desde su inicio, único habilitado por la ley procesal para adoptar tal temperamento'”.


• “Ante esta grave irregularidad -una más en la larga persecución a la que vengo siendo sometida desde hace dos años y ocho meses- a través de mi defensa he dejado constancia de ello interponiendo un recurso de casación en contra de la resolución inválida dictada por la Cámara y recusé a los jueces que la firmaron, por carecer de toda imparcialidad frente al caso.”

• “Se me cita a prestar declaración indagatoria sin que exista ningún estado de sospecha sobre la comisión de algún delito que me pueda ser atribuido".

• “En cualquier procedimiento judicial normal, la aventura procesal del Poder Ejecutivo de tratar de meterme por la fuerza en este expediente hubiera quedado definitivamente abortada. Sin embargo, en estas actuaciones pasó todo lo contrario".

• “En oposición a lo que disponen expresamente las normas que regulan la competencia de la Cámara de Apelaciones en materia de recursos (art. 445 del CPPN), los jueces que la integran, en particular el Dr. Martín Irurzun, cada vez que les tocó intervenir en este proceso buscaron direccionar la investigación en mi contra".

• “Cuando la jurisdicción actúa fuera de la ley, falta a su deber de imparcialidad e interviene en cuestiones con una inocultable finalidad política, no solo se está generando un perjuicio en mi contra, sino que ello constituye un factor de grave descrédito del servicio de administración de justicia".


• “Me encuentro en una situación inédita que vulnera el derecho de defensa en juicio. Ello así pues, se me obliga a proceder de una manera inversa a la que le corresponde a cualquier persona que se encuentra en mi situación: en lugar de que se precise una intimación concreta en su contra yo debo adivinar cuáles son los hechos por los que tendría que responder”.

• “No existe ningún elemento de prueba” que la vincule a la “conformación de una estructura jurídica, societaria y bancaria en la Argentina y en el extranjero con el fin de canalizar, convertir, transferir, administrar, vender, disimular y/o poner en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita”.

• “Jamás tuve cuentas bancarias no declaradas, ya sea sola, con Lázaro Báez o con cualquier otra persona. Todos los activos de nuestra familia están y seguirán estando en la República Argentina y siempre fueron incorporados a nuestras declaraciones juradas impositivas, así como también a las que presentamos en nuestro carácter de funcionarios públicos. Además, por toda nuestra actividad siempre hemos pagado puntualmente los impuestos correspondientes".

• “Se llegó hasta el absurdo de embargar mi jubilación y bloquear mis tarjetas de crédito e impedirme, siquiera, tener una tarjeta de débito. Todo ello, seguramente, con el propósito de ahogarme financieramente y luego seguir mis movimientos (tal como lo hacen habitualmente los servicios de espionaje gubernamentales) para ver si termino yendo a alguna bóveda en la que guardaría los millones de dólares que un grupo de arrepentidos que ahora se han cartelizado dicen haber pagado".

• “Podrán seguir vigilando mis movimientos y los de mi familia, escuchar de manera clandestina mis conversaciones telefónicas o excavar toda la Patagonia argentina o donde mejor se les ocurra, que nunca van a encontrar nada con lo que involucrarme, porque jamás me apoderé de dinero ilícito alguno"


• “La familia Kirchner jamás se manejó con la constitución de sociedades offshore en paraísos fiscales o en cualquier otro lugar. La prueba más evidente de ello es que en ninguna de las reconocidas investigaciones llevadas a cabo a nivel mundial (vgr., Panamá Papers y Paradise Papers) ni la suscripta ni ningún miembro de mi familia han sido siquiera mencionados de manera directa o indirecta. Por el contrario, tales investigaciones que tuvieron una extraordinaria importancia en otros países, produciendo incluso la renuncia de un primer ministro, fueron minimizadas en la Argentina o directamente ocultadas por la prensa autodenominada independiente inmediatamente después de que apareciera el apellido Macri, entre muchos otros funcionarios de su gobierno".

• “Jamás fui cliente de 'La Rosadita' (SGI) -que tanto alboroto mediático ocasionó-, como sí lo fue, según se consta, la empresa IECSA, por entonces conducida por Ángelo Calcaterra, a quien la OA y la UIF debieron haber investigado máxime si éste ahora se ha reconocido como un 'aportante financiero arrepentido' al Frente para la Victoria".

• “Si de lo que se trata es de investigar a quienes fugaron dinero del país, hace mucho que esta causa debió haber tenido un cambio de carátula: en lugar de 'La ruta del dinero K' debió ser denominada 'La ruta del dinero M'".

• “La familia Kirchner jamás compró o utilizó autos de alta gama. El único rodado que poseo se lo acaba de llevar Bonadio de mi casa de El Calafate: se trata de una camioneta Honda CRV del año 2009 y, aunque parezca grotesco, tal apoderamiento ha sido calificado por la prensa autodenominada independiente como el recupero por parte del Estado de los valiosos bienes producto de la corrupción".

miércoles, 5 de septiembre de 2018

Casanello cedió ante la insistencia de la Cámara Federal y citó a Cristina

El juez Sebastián Casanello cedió a la presión de la Cámara Federal y, a pesar de que en otras oportunidades consideró que no había pruebas suficientes en contra de la senadora y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la citó a indagatoria el 18 de septiembre como supuesta coautora de lavado de dinero en una causa que tiene como protagonista a Lázaro Báez. 


El magistrado tardó cuatro en cumplir el pedido de la Cámara, que había cuestionado su decisión previa y le había advertido que el “sentido común”, si se miraban otros expedientes en trámite, concluiría que el empresario era el testaferro de la ex mandataria. 

La orden de la Cámara llegó en medio de la corrida cambiaria y luego de que Casanello desestimara en tres ocasiones la relación de Cristina como beneficiaria de los movimientos de dinero (más de 60 millones de dólares) detectados en cuentas y sociedades en el exterior que pertenecían a Báez. 

El juez había sentenciado frente a cada pedido de indagación de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Oficina Anticorrupción (OA) que los únicos beneficiarios de los movimientos investigados eran los hijos de Báez. Sin embargo, la Cámara redobló su ofensiva el viernes pasado e insistió en apuntar el foco de esa causa hacia la ex presidenta como sospechosa, además de favorecer la interrelación entre causas (algo que Casanello también había rechazado). 

Al refutar la decisión de Casanello y sin aportar pruebas, la Cámara concluyó que la participación de la ex presidenta en la causa estaba dada por “el rol” que Báez cumplió “en las operaciones delictivas que ella encabezaba (...) porque simultáneamente se encontraba integrando un grupo que se apoderaba de fondos públicos y que bajo contratos de locación y otras operaciones inmobiliarias simuladas recibía parte de esos beneficios ilícitos”.

El caso de “la ruta del dinero”, también bautizado “caso Báez”, se originó con la aparición televisiva de Leonardo Fariña y del financista Federico Eláskar, quienes en el programa Periodismo Para Tontos afirmaron que se habían ocupado de sacar del país dinero vinculado con Baéz a través de un entramado societario. La investigación abarca desde fines de 2010 hasta 2012.

sábado, 1 de septiembre de 2018

Otra vez apelaron al manual: para disimular la corrida cambiaria, la Cámara Federal ordenó citar a Cristina a indagatoria en una causa por lavado

En medio de la crisis financiera que sacude al régimen de la alianza de derecha Cambiemos, la adicta Cámara Federal porteña ordenó la indagatoria de la senadora Cristina Fernández Kirchner en el marco de la causa por presunto lavado de dinero que lleva adelante el juez federal Sebastián Casanello, quien nunca convocó a la ex presidenta por considerar que no existían elementos suficientes para hacerlo.


La Cámara Federal porteña ordenó ayer la indagatoria de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa conocida como la "ruta del dinero k" por presunto lavado de dinero en la que está detenido el empresario Lázaro Báez.

Fuentes judiciales informaron que el Tribunal dispuso que se cite a indagatoria a la ex mandataria y actual senadora, quien nunca fue convocada por el juez federal Sebastián Casanello.

Por mayoría constituida por los camaristas Martín Irurzun y Mariano Llorens, se decidió hacer lugar parcialmente al recurso de queja de la Unidad de Información Financiera y disponer que se convoque a prestar declaración indagatoria a la ex jefa de Estado a efectos que les sean impuestos los cargos por los que se encuentra imputada hace tiempo por la fiscalía y las querellas. 

En disidencia votó el juez Leopoldo Bruglia, quien entendió la queja era improcedente por cuanto no se trataba de una cuestión revisable.