El juez Sebastián Casanello cedió a la presión de la Cámara Federal y, a pesar de que en otras oportunidades consideró que no había pruebas suficientes en contra de la senadora y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la citó a indagatoria el 18 de septiembre como supuesta coautora de lavado de dinero en una causa que tiene como protagonista a Lázaro Báez.
El magistrado tardó cuatro en cumplir el pedido de la Cámara, que había cuestionado su decisión previa y le había advertido que el “sentido común”, si se miraban otros expedientes en trámite, concluiría que el empresario era el testaferro de la ex mandataria.
La orden de la Cámara llegó en medio de la corrida cambiaria y luego de que Casanello desestimara en tres ocasiones la relación de Cristina como beneficiaria de los movimientos de dinero (más de 60 millones de dólares) detectados en cuentas y sociedades en el exterior que pertenecían a Báez.
El juez había sentenciado frente a cada pedido de indagación de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Oficina Anticorrupción (OA) que los únicos beneficiarios de los movimientos investigados eran los hijos de Báez. Sin embargo, la Cámara redobló su ofensiva el viernes pasado e insistió en apuntar el foco de esa causa hacia la ex presidenta como sospechosa, además de favorecer la interrelación entre causas (algo que Casanello también había rechazado).
Al refutar la decisión de Casanello y sin aportar pruebas, la Cámara concluyó que la participación de la ex presidenta en la causa estaba dada por “el rol” que Báez cumplió “en las operaciones delictivas que ella encabezaba (...) porque simultáneamente se encontraba integrando un grupo que se apoderaba de fondos públicos y que bajo contratos de locación y otras operaciones inmobiliarias simuladas recibía parte de esos beneficios ilícitos”.
El caso de “la ruta del dinero”, también bautizado “caso Báez”, se originó con la aparición televisiva de Leonardo Fariña y del financista Federico Eláskar, quienes en el programa Periodismo Para Tontos afirmaron que se habían ocupado de sacar del país dinero vinculado con Baéz a través de un entramado societario. La investigación abarca desde fines de 2010 hasta 2012.
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