Los trabajadores de la cartera que conduce Germán Garavano reclamaron la continuidad de los programas y las fuentes laborales. Entre ellos, el desmantelamiento del programa “Las Víctimas contra las Violencias”.
Contra la disolución de los Entes Cooperadores y el despido de más de 10 mil empleados, protestaron ayer frente a la cartera de Justicia que conduce Germán Garavano.
“Lxs trabajadorxs de los Centros de Acceso a la justicia, administrativxs, trabajadorxs sociales, piscologxs y abogadxs que realizamos asesoramiento, asistencia y acompañamiento a personas, familias y comunidades en situaciones donde se encuentran vulnerados sus derechos, nos encontramos en estado de alerta y movilización debido a que nuestros puestos de trabajo se encuentran en peligro”, señalaron advirtiendo del cierrre de programas como el de "Víctimas Bajo Vigilancia Electrónica" y otros dependientes del área.
Los empleados nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) realizaron una asamblea pública en las puertas del Ministerio ubicado en la calle Sarmiento 329 desde la mañana, para luego movilizar hacia el Ministerio de Modernización.
Uno de los programas afectados por el ajuste es el de “Las Víctimas contra las Violencias”, cuyos empleados se encuentran en alerta y con cese de actividades debido a los rumores de desfinanciamiento.
“Ante el peligro de la pérdida de 10 mil puestos de trabajo en el Estado, lxs trabajadorxs del Programa Las Víctimas Contra Las Violencias estamos organizadxs y, por primera vez en 12 años, con cese de actividades”, plantearon en un comunicado.
“Desde 2006, el Programa acompaña a víctimas de violencia familiar y sexual ininterrumpidamente hasta el día de hoy. Nos vemos obligadxs a tomar estas medidas en defensa de nuestros puestos de trabajo y de las políticas públicas que garantizan los derechos de las víctimas”, explicaron.
Desde el viernes, el programa dirigido por Eva Gilberti funciona solo con seis personas que atienden las llamadas entrantes a la línea 137 y al el 0800-222-1717, los demás casos son derivados a la Policía de la Ciudad, a pesar de que nada tienen que ver las fuerzas policiales con el trabajo de Víctimas contra la Violencia.
En pos de deslegitimar la medida de fuerza de los y las trabajadoras, desde el Ministerio respondieron que “ante la información del cese de actividades anunciado y difundido en redes sociales respecto a la línea 137, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos comunica que el servicio y la atención del Programa Víctimas Contra las Violencias está funcionado correctamente”. Sin embargo, nada aclara respecto al recorte presupuestario, la continuidad del programa, ni de las trabajadoras.
Desde su nacimiento, el programa atendió un promedio de 200 mil casos de violencia familiar y sexual. Pensado para brindar atención y acompañamiento de calidad a las víctimas, también busca el posicionamiento de las mismas en un lugar activo que implique su decisión de colaborar en tanto responsabilidad ciudadana e interviene en casos de trata de personas y prostitución infantil.
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