Balbín ocupó la Procuración del Tesoro en la gestión de Macri Blanco Villegas. Pero avaló lo dispuesto por Cristina Fernández de Kirchner, que declaró nula la venta de la Rural gracias a un decreto, sin licitación y sin pasar por el Congreso.
Carlos Balbín fue Procurador del Tesoro del régimen fascista de Mugrizio Macri Blanco Villegas, resultó desplazado por ser crítico de los manejos aplicados en el caso del Correo y volvió a su cargo de camarista contencioso en la justicia porteña.
El miércoles declaró como testigo en el juicio por la venta de la Rural, donde están el turco mufa y Domingo Cavallo en el banquillo, y respaldó en forma contundente el decreto de Cristina Fernández de Kirchner que declaró nula aquella operación por la que la Sociedad Rural Argentina se quedó con el predio a un precio vil, gracias a un decreto, sin licitación y sin pasar por el Congreso. “La venta fue claramente irregular”, sostuvo el ex funcionario, quien como procurador se había pronunciado en ese mismo sentido.
Una curiosidad de la audiencia –que entre el ruido de las fotocopias cuadernos Gloria pasó inadvertida– es que también declaró el abogado Juan Carlos Cassagne, cuyo estudio de representa a la Suciedad Rural Argentina (SRA) y fue convocado por las defensas como experto en derecho administrativo para hablar a favor los intereses de la entidad y justificar la venta. La fiscal Gabriela Baigún le hizo notar que también había trabajado para la administración menemista como colaborador del ex ministro de obras públicas Roberto Dromi. “A él le gustaba decir que yo era su asesor”, intentó negar Cassagne.
La venta del terreno de La Rural ocurrió hace 27 años y la relevancia de este juicio, junto con la posibilidad de condena a ex funcionarios, es que regrese al patrimonio del Estado. Si el caso no prescribió, es por la continuidad del ex presidente oriundo de La Rioja, hoy senador, en cargos públicos a lo largo de los años. La principal imputación en su contra, al igual que para Cavallo, otros ex funcionarios (de Economía y los Bancos Ciudad e Hipotecario), el ex titular de la SRA, Ricardo Zavalía y el secretario Juan Alberto Ravagnan, es por el delito de “peculado”, que prevé de dos a diez años de prisión. La operación para darle el predio a la SRA en 1991 se hizo por decreto, invocando emergencia económica y con una tasación irrisoria, de 30 millones de pesos/dólares.
Los peritos de la Corte Suprema, sin embargo, lo valuaron en 131 millones. Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en diciembre de 2102, un decreto (2252) declaró la nulidad del decreto que había permitido la venta. La ex presidenta llegó a esa decisión en base lo que había resuelto el juez Sergio Torres en el caso, que llevó al juicio ahora en marcha, a lo que sumó un dictamen interno. La validez de la decisión de la ex mandataria fue cuestionada por la SRA en el fuero Civil y Comercial, que frenó su aplicación, aunque todavía no hubo decisión de fondo. En el trámite de ese expediente, Balbín tuvo que expedirse como abogado del Estado, y respaldó la decisión del gobierno anterior. Cuando dejó el cargo incluso preparaba un planteo para que la Suciedad Rural pague una compensación por el uso del lugar durante todos estos años.
Balbín había llegó a su cargo al frente del organismo que aglutina a los abogados del Estado en cuanto asumió el régimen fascista de la alianza de derecha Cambiemos por su cercanía con Elisa Carrió, con quien mantiene un buen vínculo. Para subrayar el carácter técnico de su opinión como testigo en el juicio en el juicio, cuando la fiscal Baigún le preguntó si trabajó para la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, respondió que “no, y no hubiese trabajado”. Luego explicó que un análisis jurídico y técnico lo había llevado a dar aval al decreto de la ex presidenta. Balbín es muy delgado, habla rápido, claro y alterna ironías.
La audiencia de casi tres horas transcurrió en un clima tenso, entre ataques sin respiro de los abogados defensores que intentaban hacerlo trastabillar. Pero el ex funcionario defendió los siguientes conceptos: la venta debió hacerse por licitación; no existió una argumento de la adjudicación directa; se omitió en su momento la intervención del Tribunal de Tasación de la Nación, que con posterioridad calculó un valor que duplicaba al pagado; la venta se escudó en la emergencia económica (dada la necesidad de recaudar), pero el pago se admitió diferido en cuotas, a lo largo de diez años, y el DNU no justificó qué razones llevaban a admitir esa modalidad de pago. Por último, como se trataba de “un bien de dominio público”, dijo que “el modo de desafectación es por ley”.
“No se puede vender, tiene que pasar por el Congreso”, remarcó. De todos modos, quedó en el juicio que si fuera un bien de dominio privado del Estado, debía ir a licitación. Habría una irregularidad por donde se mire el caso. Otros datos: el decreto del turco innombrable no tuvo visado de la secretaría leal y técnica de presidencia, ni dictamen jurídico previo y el único “memo” que existía objetaba la venta.
Cuando la fiscal le preguntó por el tenor de las irregularidades Balbín dijo que “son graves”. El juez Jorge Gorini le preguntó qué puede hacer el Estado. La respuesta fue clara: “está obligado a revocar el acto”. También hizo preguntas la querella de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que se muestra en línea con la fiscalía y alienta la recuperación del predio para el Estado, pese a que se trata de un factor de tensión con el campo.
La presencia de Cassagne, como testigo de la defensa, tenía el propósito de que defendiera como experto en derecho administrativo las pretensiones de la SRA, y su planteo de que era un bien de dominio privado que fue vendido correctamente. Su estudio es el que representa habitualmente a la Suciedad Rural y su hijo Ezequiel Cassagne, cuando comenzaba el juicio publicó en La Nazión que se trataba de “un juicio penal de fuerte carga ideológica sin sustento jurídico alguno”.
Cassagne, además, tiene en su historial la peculiaridad de haber estado en el mostrador estatal y en el empresario. Horacio Verbitsky describió su papel como asesor jurídico estrella de Dromi y Rodolfo Barra en la arquitectura jurídica del desguace del estado y luego su participación en directorios de las empresas que absorbieron los bienes públicos (como Metrogas y Aguas Argentinas, también como síndico en Edenor). La fiscal Baigún resaltó al interrogarlo su paso por la gestión menemista en tiempos de la venta irregular del predio de la Rural y Cassagne intentó negarlo. También hizo notar su paso por la estructura del régimen dictatorial.
La idea original del Tribunal Oral Federal 2 era terminar este juicio en 2018, pero parece difícil. Los imputados pidieron declarar, y las audiencias podrían extenderse. El testimonio de Balbín era evaluado por varios allegados al caso como un aporte fundamental.
Fuente: nota de Irina Hauser para Página/12
No hay comentarios.:
Publicar un comentario