El juez Sebastián Casanello procesó a una decena de empresarios de la construcción por cohecho activo y trabó un embargo por 511 millones de pesos a cada uno de ellos, en en el marco de la causa que investiga los supuestas coimas de la brasilera Odebrecht.
Entre los nombres de los dueños de las importantes compañías figuran Aldo Roggio, del grupo Roggio S.A.; Carlos Wagner, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción y presidente de Esuco, y "Tito" Biagini. La misma carátula le impusieron al empresario Jorge “Corcho” Rodríguez, bajo sospecha de haber actuado de intermediario. El Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7 también ordenó procesar a los ex funcionarios Julio De Vido, José López, Roberto Baratta y Raúl Biancuzzo por cohecho pasivo.
El magistrado entendió que los funcionarios recibieron coimas de parte de los empresarios que realizaron las obras de una planta potabilizadora de agua y tratamiento de líquidos cloacales por la empresa estatal AySA de Paraná de las Palmas (en Tigre) y de la planta de pre-tratamiento de residuos cloacales de Berazategui. Los procesamientos incluyen al entonces titular de AySA, Carlos Ben, y a su segundo, Biancuzzo.
La licitación para realizar la planta fue ganada por una unión transitoria de empresas (UTE), conformada por la brasileña Odebrecht y por Benito Roggio e Hijos, Supercemento SAIC y José Cartellone Construcciones Civiles S.A. En tanto que la licitación de la obra del Bicentenario fue ganada por la firma brasileña Camargo Correa, que conformó una UTE con la argentina Esuco S.A., cuyos directivos también fueron procesados.
En esta causa, Casanello ya había procesado a los ex funcionarios de AySA y a los empresarios que ganaron licitaciones de grandes obras supuestamente direccionadas, por defraudación. Para el magistrado, las licitaciones fueron direccionadas en favor de las dos UTE que ya estaban seleccionadas desde antes de la adjudicación de las obras, y se desnaturalizó el proceso de selección que tiene por objetivo elevar los niveles de transparencia y conseguir mejores precios. AySA, del también procesado Carlos Ben, Esuco y Roggio figuran hoy entre las principales contratistas del Estado administrado por el régimen fascista de la alianza de derecha Cambiemos.
La empresa de Benito Roggio, emblema de la patria contratista y concesionaria del subte, comenzó sus obras de construcción en Córdoba en 1908 y en pocos años se convirtió en una de las compañías argentinas más importantes del sector y hoy es una de las cien empresas que manejan la economía argentina, según el ranking de la revista Forbes.
Es uno de los grupos beneficiados por la última dictadura cívico-militar porque fue la empresa responsable de la construcción de ATC y el estadio Chateaux Carreras, de Córdoba; realizó obras en la Central Térmica y los aeropuertos de Tucumán y Córdoba. Además, se sumó al negocio de la recolección de basura en la ciudad de Buenos Aires gracias a su relación con el intendente de facto, Osvaldo Cacciatore.
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