Pese al expresó pedido de su madre y de la niña de acceder a un aborto legal, con la innecesaria judicialización del caso, el Sistema Provincial de Salud (SIPROSA) ordenó realizarle una cesárea con el objetivo de "salvar las dos vidas".
La niña violada en Tucumán por la pareja de su abuela fue nuevamente vulnerada en sus derechos.
Esta vez por el Estado tucumano que hizo oídos sordos a su pedido y el de su madre de poder acceder a un aborto legal y la obligó a ser madre a los 11 años a través de una cesárea, convirtiéndola en una incubadora.
En caso, fue injustamente judicializado, ya que el embarazo de la menor había sido descubierto hace dos meses en el Centro de Atención Primaria de la Salud del Este en Tucumán, cuando llevaba 19 semanas de gestación, y según dicta el fallo FAL de la Corte Suprema estaban dadas todas las condiciones para que pudiera acceder a una Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
La propia menor y su madre lo solicitaron a las autoridades en reiteradas oportunidades: "Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo", dijo la menor con sus propias palabras.
Como ocurrió hace pocas semanas en Jujuy, con un resultado lamentable, el Sistema Provincial de Salud (SIPROSA), dilató el caso y finalmente ordenó a las autoridades del Hospital del Este "Eva Perón", de la ciudad de tucumana de Banda del Río Salí que le realizarán a la menor una cesárea con el objetivo de "salvar las dos vidas".
La operación, según informaron medios locales, se realizó anteanoche y la menor se encontraba fuera de peligro. Según supo el diario Página/12, el feto que dio luz pesa alrededor de 600 gramos y está internado en una sala de Neonatología del hospital, con pocas posibilidades de sobrevida.
La abogada Soledad Deza, de la entidad Católicas por el Derecho a Decidir y Mujeres X Mujeres, advirtió que en el caso de la niña "hubo un accionar político conservador iniciado desde el Poder Ejecutivo y convalidado por el Ministerio Público, dirigido meticulosamente a intentar que Tucumán vuelva atrás en derechos".
"El caso es bisagra porque evidencia el accionar articulado desde lo institucional para obstruir el acceso a la salud de la niña", advirtió la letrada.
Por su parte, la abogada Florencia Vallino, de la organización de derechos humanos ANDHES, que representa a la familia de la niña, denunció en el mismo medio "la serie de vulneraciones de derechos" que sufrió la misma. Esa acción, según Vallino, implicó "dilaciones injustificadas para evitar aplicar el protocolo de atención de la interrupción legal de embarazo".
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