La incogible no abogada Laura Alonso lo hizo de nuevo. Cjoneó una presentación por el desvío de contratos a empresas fantasma. El "tongo" entre las patronales agropecuarias, la UATRE y el ex ministro de Trabajo.
Es una de las funcionarias favoritas de Miauricio Macri Blanco Villegas y, a su vez, es fanática declarada del "flaco de ojos claros" que gobierna el país desde diciembre de 2015. La infornicable Laura Alonso, una vez más, acaba de ratificar su pertenencia al PRO y su falta total de independencia respecto de la Casa Rosada, algo para lo que su cargo no fue pensado.
La no abogada titular de la Oficina Anticorrupción archivó sin investigar una denuncia que involucra al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) y al ex ministro de Trabajo, Jorge Triaca, por presunta “administración fraudulenta”.
El RENATRE maneja los fondos de la seguridad social para los trabajadores y, según se desprende de la denuncia publicada por el diario Página/12, la entidad manejada por la oficialista UATRE (en la que supo mandar el fallecido Gerónimo Venegas, amigo de las patronales del campo y del ex hijastro de Flavia Palmiero).
Según la presentación, la RENATRE, cubierta por Triaca, desvió millonarios contratos hacia empresas fantasma. Se le había avisado a Triaca de la situación pero el ahora ex ministro no respondió al reclamo.
Según puntualizó Página/12, Abel Guerrieri, que fue presidente del organismo hasta fines del año pasado, contrató a una empresa “fantasma” de nombre Biesles S.A. por más de 9 millones de pesos, sumado a otros contratos mensuales hacia la misma empresa, que se mantienen en la actualidad.
“El RENATRE contrató primeramente en forma ilegítima a una empresa para que audite sus sistemas, y rápidamente la volvió a contratar para que le confeccione una gestión integral en la Secretaría de Informática y además confeccione una solución tecnológica en materia de fiscalización. Guerrieri, y su vínculo muy directo con la Gerente Administrativa y Legal, Erica Vanesa Utrera, administran los recursos del organismo como si fuese dinero propio y sin rendir ningún tipo de cuenta. Esa relación es la que permite la realización por parte del Presidente de una Administración Fraudulenta”, puede leerse en la denuncia presentada ante la Oficina Anticorrupción (OA) el 21 de diciembre de 2018.
En menos de dos meses la OA archivó el expediente y sostuvo que “el RENATRE se maneja como un ente privado”, aunque, puntualmente, es un ente público de carácter no estatal. .
“Puede decirse que el RENATRE, si bien tiene carácter público, reviste el carácter de no estatal, ya que el capital de la entidad pertenece a personas privadas (en este caso a los asociados del registro). Es decir que, si bien el Estado, se reservó a sí mismo la facultad de controlar el registro mediante el nombramiento de dos (2) síndicos, la dirección y administración del Organismo se encuentra a cargo de un Directorio, integrado por representantes de los empresarios y trabajadores de la actividad”, Sseñaló la OA en su dictamen de clausura del expediente, y agregó que “podemos afirmar que el caso bajo análisis no se circunscribe dentro del ámbito de actuación de ésta OA. Ello debido a que de los mismos no se desprende fundamento alguno que permita encuadrar la situación descripta como un hecho de corrupción dentro de la Administración Pública Nacional”.
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